En la audiencia de cesura se habían pedido 25 y 15 respectivamente para él y para Gustavo Martínez, a quien condenaron a cuatro años y medio. El tribunal judicial definió una sentencia menor a la que había solicitado la fiscalía.
Ayer en la audiencia de cesura, la defensora de Ávila Maya había solicitado la pena mínima de 10 años; en tanto que la defensora de Martínez requirió que le otorguen 5 años de prisión. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal pidió 25 años de prisión para Ávila Maya y de 15 para Gustavo Martínez.
Finalmente hoy la justicia condenó este viernes a Lucas Ávila Maya a la pena de 17 años de prisión y a cuatro años y medio a Gustavo Martínez por el crimen del empresario comodorense Santiago Blanco, según se informó a Diario Patagónico.
El tribunal de debate estuvo compuesto por Mariano Nicosia, Gladys Olavarría y presidido por Jorge Odorisio, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Camila Banfi, fiscal general; la defensa de Ávila Maya fue ejercida por Viviana Barillari, la de Gustavo Martínez por Cristina Sadino, defensoras públicas. Se encontraban presentes también en la sala familiares y amigos de las víctimas, asistidos por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito; como también familiares de los imputados.
En diálogo con Radio Del Mar, la fiscal Camila Banfi, recordó las presentaciones durante el juicio, dijo que respecto a Martínez el tribunal lo condenó a un robo con arma de fuego pero que éste no se llevó nada, lo que obligó a resolver un robo en grado de tentativa. “Vamos a recurrir ante el Superior Tribunal la resolución porque consideramos que hay una aplicación que es errónea porque entendemos que el caso debería haberse resuelto con el plan común para ingresar con fines de robo y que desencadena con la muerte de Blanco”, dijo.
En tanto que la defensora de Ávila Maya también sostuvo que impugnará la sentencia y sostuvo que la pena elegida por la fiscal era excesiva y que se alejaba del mínimo mayor para la figura legal escogida. Oponiéndose a su declaración como reincidente. Considerando como atenuante las condiciones de vida de mi asistido, maltrato infantil y estado de vulnerabilidad. Se está pidiendo una pena máxima sin tener en cuenta otras situaciones que deben valorarse. Solicitando se le aplique el mínimo mayor, de 10 años.
En igual sentido la defensora de Martínez argumentó que el mínimo de la pena ya es desproporcionado, solicitando que la pena perfore el mínimo legal, cinco años, ya que el robo no se alcanzó a consumar, es decir quedó en grado de tentativa. La pena que solicitó la fiscalía es desproporcionada y no contempla la resocialización, sostuvo. El castigo debe ser proporcional al daño causado. Resaltando el arrepentimiento mostrado por su pupilo y que debe tenerse en cuenta el fin resocializador de la pena.
Cabe recordar Blanco murió tras ser baleado en un robo a la vivienda de sus padres, en el barrio Pueyrredón, ocurrido el 5 de agosto pasado.
