El líder gremial entró en el rubro petrolero a los 29 años, como changarín en una empresa de Neuquén. Hoy, lleva más de 30 años de secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Aliado histórico de Hugo Moyano, fue elogiado por Mauricio Macri como un hombre clave para el desarrollo de Vaca Muerta y es senador nacional, un cargo normalmente reservado a las élites políticas de las provincias.
Según publica diario La Nación, ahora, la Justicia sospecha de sus negocios: está acusado de haber montado un holding de empresas familiares -en el que participan su mujer y todos sus hijos- con las que habría defraudado al gremio, celebrado contratos espurios con YPF y hasta lavado su propio dinero sucio a través de una sociedad offshore de Austin, Texas, que, creen los investigadores, tiene como socio gerente a uno de sus hijos.
El fiscal federal Carlos Rívolo inició su investigación el año pasado y le pidió al juez Luis Rodríguez una serie de medidas que incluyeron un operativo en las oficinas de YPF para hacerse de documentos. En estos momentos su fiscalía analiza pilas de contratos. Creen que Pereyra, que durante el kirchnerismo integró el directorio de la compañía petrolera en representación de los trabajadores, pudo haber estado de ambos lados del mostrador. Rívolo investiga acuerdos con diferentes grupos de empresas que -sospecha- obligaron a YPF por servicios nunca prestados, con facturas apócrifas o con sobrefacturación.
Originalmente, el caso era por presuntas contrataciones irregulares de YPF a favor de empresas privadas del rubro petrolero «ligadas a personas del poder político y sindical», pero la causa apunta cada vez más a Pereyra. Sobre todo después un informe reciente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que reveló un entramado de sociedades de la familia de Pereyra vinculadas con sus actividades en el sindicato y en YPF.
«Se han detectado al menos 13 compañías en las que son accionistas o directivos su exesposa, Norma Martínez, sus hijos Paola Alejandra, Martín Guillermo y Flavio David y/o sus allegados Juan Carlos Marconetto [asesor legal del gremio] y Estanislao Martín López», dice el informe de la Procelac, firmado por el fiscal general Gabriel Pérez Barberá. «La evidencia recolectada robustece la sospecha de que el grupo Pereyra-Martínez habría constituido una multiplicidad de sociedades al solo efecto de beneficiarse mediante la obtención irregular de contrataciones», afirma. Y sostiene que habría sido «en desmedro de los intereses de los afiliados» en el caso del sindicato, de la mutual y de la obra social (también presididas por Pereyra) y «en perjuicio de los accionistas», en relación con YPF.
La Procelac advierte que «prácticamente la totalidad» de las empresas del grupo «son funcionales a ámbitos en los que Pereyra ha venido detentando posiciones estratégicas de administración». Destaca también que los bienes declarados por el propio Pereyra son ya «de muy improbable justificación» porque, según sus declaraciones juradas, «entre los períodos 2013 y 2016 sus activos fueron duplicándose anualmente». También subraya como «peculiar» el caso de su hijo Flavio, que pese a no estar inscripto en impuestos o actividad alguna ante la AFIP , es titular de múltiples bienes muebles e inmuebles y posee participación en diversas sociedades comerciales.
