El procurador general Jorge Miquelarena y el fiscal general Fernando Rivarola alertaron a la población sobre falsos inversores financieros en una conferencia de prensa. Revelaron detalles de una investigación iniciada por una denuncia en Puerto Madryn, que derivó en más de 20 allanamientos en CABA y secuestros millonarios.
La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital lideró cuatro meses de pesquisa tras la denuncia de una damnificada local, una mujer de clase media trabajadora que perdió sus ahorros vitalicios, la herencia de sus padres y el futuro de sus hijos. La víctima invirtió en una falsa plataforma financiera: recibió ganancias iniciales que la tentaron a invertir más, pero al intentar retirar el capital, los estafadores desaparecieron.
“Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles financieros actuales, hay que desconfiar”, recomendó Rivarola, quien describió el esquema como un “rulo financiero”. Las bandas usan empresas “mulas” creadas legalmente para aparentar credibilidad, ofreciendo inversiones en acciones falsas vía apps apócrifas que simulan rentabilidad. Identificó cuatro empresas bajo investigación para prevenir a la población.
Los allanamientos simultáneos en Capital Federal y localidades bonaerenses arrojaron secuestros de 100.000 dólares en efectivo, criptoactivos, celulares, discos rígidos, notebooks, documentación y un vehículo. Hubo una detención y se desmanteló una organización con fachada académica para captar inversores.
Miquelarena felicitó al equipo –integrado por la licenciada en Criminalística Anneris Pamela Morales, el abogado en criptomonedas Juan Uad y el comisario Kevin De Cicco de Ciberdelitos de la Policía del Chubut– y agradeció a los diputados provinciales por una ley reciente que facilitó las herramientas legales usadas en el caso.
