El Servicio Penitenciario Federal está en problemas. El aumento del salario mínimo alcanza a 75% de los 10.441 presos que tienen alojados en sus veintiocho cárceles y cuatro complejos penitenciarios del país.
Como se sabe, el salario mínimo se elevó 18,5%, a $5.588 desde el 1 de agosto y se incrementará 10,5% más en enero, a $6.060.
Este primer tramo del aumento le representa al Servicio Penitenciario Federal un gasto adicional de $130 millones anuales que se los gira Economía. Lo injusto es que una parte de esos giros provienen de la Anses. Cabe recordar que la jubilación mínima es de $3.821,33. Un preso gana 46% más que un jubilado. El interno tiene, además, la ventaja de que ese salario lo disfruta íntegro porque la comida la aporta el SPF, igual que la luz, el gas y los servicios de salud y educación.
En mi libro Tras los muros alerté sobre las distorsiones que trae pagar este salario mes a mes, en lugar de entregarlo al final de la condena como está previsto por la ley.
Pero desde 2012, cuando Víctor Hortel estuvo al frente del SPF, las reglas cambiaron para mal. Con una generosidad desconocida hasta ese momento, el salario mínimo se extendió a casi todos los presos, aún a los que no trabajaban. Hortel, que había formado «Vatayón Militante», un grupo afín a «La Cámpora», pretendió incluir a los presos en el movimiento kirchnerista. Les dijo que iban a ser parte de la revolución y decidió transformarlos en militantes.
Para divertirlos se organizó una murga. Hortel toca muy bien el redoblante y el saxofón. La murga la bautizó «Negros de mierda», que incluyó a femicidas como el asesino de Soledad Bagna. Ellos iban a mítines políticos con mínima custodia. Los presos estaban en el paraíso. Gozaban de privilegios nunca vistos. Sus celdas tenían plasmas, equipos de música. Había lavarropas táctiles y juegos de computadora. A veces los militantes venían de visitas y las pizzas y cervezas corrían por los distintos pabellones. El porro era parte de ese festín.
Los guardias tenían prohibidas las requisas en horas de la noche, lo que le daba a los internos vía libre para la fabricación de «facas», cuchillos tumberos.
Entretanto, se repartían a discreción las anotaciones de trabajo de 200 horas mensuales que permiten cobrar íntegramente el salario mínimo. En Devoto, nadie, trabajara o no, quedó al margen del beneficio. Si alguien no lo percibía hacía una presentación a la justicia e inmediatamente se lo aprobaban.
