Tendrá lugar desde las 10 del lunes. Será una prueba de cuán decidido está Martín Guzmán a cumplir con el pedido del FMI de reducir los subsidios energéticos, tema en el que debió ceder en 2021.
Este lunes, desde las 10 de la mañana, el “entendimiento” alcanzado el pasado viernes con el Fondo Monetario Internacional tendrá una primera y dura prueba para el gobierno, con la realización de una Audiencia Pública en que se tratará qué porcentaje del precio del gas natural en el llamado “Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” (PIST) asumirá el Estado nacional pagando subsidios en el marco del “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino” que el presidente Alberto Fernández aprobó por decreto el 13 de noviembre de 2020.
Se trata de una cuestión crucial, porque si bien ese precio no define del todo lo que deben pagar los usuarios finales, tanto residenciales como comerciales e industriales, es determinante para el resultado final, pues es dudoso que transportadoras y distribuidoras absorban el aumento del costo del gas y porque, además, el FMI estará observando atentamente si el Gobierno está realmente dispuesto a empezar a disminuir el monto de subsidios, del que los energéticos (gas y electricidad) son la parte del león, al punto casi de explicar por completo el déficit fiscal.
Será una prueba de fuego para Martín Guzmán, que a fines de abril de 2021 debió desistir del intento de echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo Richards, que con el respaldo del kirchnerismo duro se opuso con éxito al intento de Economía de aplicar un aumento de dos dígitos en las tarifas de Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras eléctricas del país.
Pese a contar con el apoyo del presidente Alberto Fernández y del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Guzmán, que había instruido al secretario de Energía, Darío Martínez, comunicar la decisión a Basualdo, debió desistir. Criticó el sesgo “pro-ricos” del esquema, pero se conformó con un aumento del 9% y debió ver cómo siguió aumentando el monto de subsidios energéticos, que en 2021 rozó los USS 11.000 millones.
Otro Federico
En el caso del gas, el escollo de Guzmán es otro Federico, Bernal, interventor del Enargas, también protegido de Cristina Kirchner y coautor, junto a Julio De Vido, de un libro en el que ambos defendieron la política energética de las gestiones kirchneristas entre 2003 y 2015.
La propia Gita Gopinath, número dos del FMI, recordó el domingo en un tuit el compromiso del gobierno argentino de reducir los subsidios de forma gradual. Pero –aunque no lo diga explícitamente- el Fondo apunta a que esa reducción sea sustancial. De continuarse el esquema actual, estimó el especialista energético Daniel Gerold, teniendo en cuenta la inercia y los precios internacionales, los subsidios energéticos insumirían este año la friolera de USD 16.000 millones.
Un documento técnico de la secretaría de Energía, adjunto a la convocatoria a la Audiencia de hoy, señala que actualmente el Estado absorbe el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios afrontan el 29,1% restante.
El documento elaborado por los técnicos de la secretaría de Energía, que encabeza el neuquino Martínez, dice que las tarifas de gas deberían aumentar entre 34 y 35% si se pretende no aumentar la actual factura de subsidios en concepto de gas, el Estado debería limitarse a financiar el 44,4% de la factura (una reducción de casi 26,5 puntos respecto de la situación actual) en marzo de este año y entre 47 y 49% para el mes de julio, en comparación con la tarifa del mismo mes de 2021. Se trata de guarismos muy superiores al 20% de aumento tarifario que mencionó Guzmán.
Los aumentos estimados son mayores para los meses de invierno, porque son aquellos donde el consumo aumenta fuertemente y debe hacerlo también la importación de gas, tanto a través de gasoductos, desde Bolivia, como en la forma de Gas Natural Licuado (GNL), que llega en buques metaneros y se regasifica en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Allí convergen dos problemas. De un lado, Bolivia ya informó que no puede suministrar los volúmenes de gas comprometidos en un acuerdo firmado en 2006 entre los presidentes Néstor Kirchner y el entonces mandatario boliviano Carlos Meza (enviaría un tercio menos de lo comprometido). Del otro, los precios del GNL en el mercado internacional aumentaron fuertemente. El documento técnico de Energía precisa al respecto un valor de 23,7 dólares el millón de BTU para los meses de invierno, a los que debe agregarse un costo de USD 1,3 de regasificación, prácticamente el triple que el precio del gas boliviano y un múltiplo aún mayor del precio de la producción local.
La cuenta, en dólares
La disparada del precio internacional ha llevado a los expertos a estimar que este año sólo la importación de GNL insumiría USD 4.000 millones, en un marco de severísima escasez de reservas internacionales. Guzmán está así doblemente asediado para reducir los subsidios al gas: por su incidencia fiscal y por su costo en materia de divisas, ambas cuestiones bajo la atenta mirada del Fondo Monetario, que –cuando esté listo el acuerdo, del que restan conocerse aún muchos detalles- revisará trimestralmente las cuentas.
El documento de Energía incluye también el cálculo de cuánto debería aumentar el precio del gas si el Estado retirara por completo el subsidio: en tal caso, los aumentos serían de entre 92 y 94% para marzo y de entre 130 y 136% para julio. En todos los ejercicios se supone una categoría particular de usuario, R31, esto es un usuario residencial de un consumo de entre 1.001 y 1.250 metros cúbicos de gas por año. Se trata de un consumo medio-alto: la categoría R1, el consumo anual más bajo, va de 0 a 500 m3, y la R34, la de consumo residencial más alta, supera los 1.801 m3 al año.
La Audiencia y, más concretamente, lo que se decida a partir de ella (pues no se trata de audiencias vinculantes) será así un primer test de si, esta vez, Guzmán está dispuesto a confrontar o no con “los Federicos”. O, más concretamente, con el kirchnerismo duro que los sostiene.
