El juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Número 2, amplió una medida cautelar que impide “el desmembramiento y cambio de sede social” del Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, hasta que esa sociedad cancele la deuda de 8.000 millones de pesos que tiene con la AFIP.
“La empresa Oil Combustibles y sus sociedad controlantes Inversora M&S SA y OIL M&S SA se abstuvieran de realizar cualquier acto que implicare su escisión del Grupo Indalo”, establece el magistrado en su resolución.
De esta forma, el juez amplia la medida a las empresas CPC SA, South Media Investments SA, Ganadera Santa Elena SRL, Indalo Inversiones de Argentina SA y Telepiu SA.
El propósito de la cautelar es evitar la afectación del crédito fiscal que el grupo empresarial de López mantiene con la AFIP.
En ese sentido, Furnari ordenó a la Inspección General de Justicia evitar el desmembramiento de las empresas integrantes de Indalo, ya sea por “medio de transferencia de acciones, escisiones, reorganizaciones empresarias y cambios de sedes” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida se dispuso hasta tanto Oil Combustibles cancele la deuda que tiene con el fisco, por entender que la firma “habría incurrido en mora por falta de pago en término de las últimas cuotas vencidas de los planes vigentes su deuda de deuda corriente”.
En el fallo se cita un informe de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, en el cual se da cuenta de la “existencia de una incertidumbre que puede generar duda sobre la capacidad de Oil Combustibles para continuar como empresa en funcionamiento”.
“Las deudas comerciales (de la empresa) se han incrementado desde el ejercicio de 2012 a la fecha ascendiendo en el período fiscal 2015 a 6.066 millones de pesos”, describe el mencionado informe de la AFIP.
En ese sentido, en el fallo se consigna que la deuda reconocida con en el ente recaudador equivale “a tres meses de facturación del Grupo Indalo”, que llega a 35.000 millones de pesos por año.
El juez prohibió además el cambio de sede social de Oil Combustibles a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde se había presentado un concurso preventivo de acreedores.
Para Furnari, “la actuación de Oil Combustibles como la de sus controlantes pareciera, en principio, violar del deber de obrar con buena fe, mediante la utilización de la persona societaria y en contra de los derechos de la AFIP”.
La empresa deudora aparece con “un patrimonio ostensiblemente disminuido en perjuicio de las arcas fiscales, debido a la transferencia de sumas de dinero destinadas a financiar otras sociedades controlantes” del Grupo Indalo.
El magistrado dispuso además librar oficios a la Inspección de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a organismos similares de Chubut, Catamarca, Santa Cruz, Santa Fe, Catamarca y Neuquén para ponerlas “en conocimiento de las medidas cautelares dictadas”.
