La Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia se pronunció a favor de que el amparo por el daño ambiental generado por la actividad petrolera sea tramitado en la Justicia Federal. El dictamen fue presentado luego de que el juez Hugo Sastre se declarara incompetente y considerara que el expediente debía continuar ante la Justicia Provincial de Chubut informó ADNSUR.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá definir qué jurisdicción tendrá competencia para avanzar con el reclamo. Se trata, por el momento, de una discusión vinculada con la competencia judicial y no con el fondo de la cuestión ambiental.
El amparo fue presentado por el docente Jorge Spíndola, un grupo de abogados de la provincia y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, con el acompañamiento del abogado constitucionalista Raúl Heredia. El planteo busca que se declare nulo el convenio firmado entre YPF y el Gobierno de Chubut, mediante el cual se establecieron condiciones vinculadas con la responsabilidad por el saneamiento ambiental de las áreas petroleras explotadas por la compañía.
Los amparistas sostienen que la responsabilidad por la reparación debe recaer sobre YPF y el Estado nacional, teniendo en cuenta el período en que se produjeron los daños y tomando el 31 de diciembre de 1990 como fecha de referencia por la privatización de la empresa.
En ese sentido, el reclamo plantea que el costo de la reparación ambiental no debería ser inferior a los 700 millones de dólares y abarca los impactos registrados en las áreas Escalante-Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido, Manantiales Behr, El Tordillo-Puesto Quiroga-La Tapera y Restinga Alí.
Esta última área presenta una situación diferente debido a que fue revertida a la provincia. Allí también se estableció un acuerdo de indemnidad ambiental por el cual la operadora garantizó el pago de otros 25 millones de dólares ante eventuales daños que puedan detectarse en el futuro.
La discusión sobre la competencia surgió luego de que el juez Sastre considerara que no estaba acreditado que el daño ambiental pudiera extenderse más allá de los límites de Chubut, uno de los argumentos utilizados para determinar que el caso debía ser tratado por la Justicia Provincial.
Sin embargo, la fiscal federal Verónica Escribano consideró que existen elementos suficientes para sostener la posible afectación de recursos ambientales de carácter interjurisdiccional, especialmente a partir de la situación de Restinga Alí.
En su dictamen, señaló que la existencia de numerosos pozos ubicados en el lecho marino, sumada a las características propias del ambiente y a la capacidad de propagación de sus efectos, permite considerar que una eventual contaminación podría superar los límites de una única jurisdicción.
La fiscal también hizo referencia a la dinámica de las corrientes marinas en el golfo San Jorge y al impacto que una eventual contaminación podría tener sobre el ecosistema. El planteo incorpora además una mirada vinculada con la protección ambiental de las futuras generaciones, considerando la posible migración de contaminantes y la afectación de la biodiversidad.
El dictamen de la Fiscalía Federal no resulta vinculante. La decisión final estará en manos de la Cámara Federal, que deberá determinar si mantiene la postura del juez Sastre o si acepta el criterio de la fiscal y establece que el expediente continúe en el fuero federal.
Una vez resuelta esa cuestión, recién podrá avanzar el análisis de fondo: si resulta válido el acuerdo mediante el cual se transfirió a los nuevos operadores la responsabilidad por el saneamiento de las áreas petroleras y si corresponde que YPF y el Estado nacional afronten la reparación reclamada por los amparistas.
