La Cámara Federal de Apelaciones confirmó este miércoles la validez de la investigación que enfrenta el expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, su expareja. El tribunal rechazó el pedido de la defensa para anular todo lo actuado en la causa, aunque ordenó al juez a cargo, Daniel Rafecas, producir nuevas medidas de prueba antes de resolver la situación procesal definitiva del exmandatario.
La resolución fue firmada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes coincidieron en que no existían fundamentos jurídicos para invalidar la causa. Por mayoría, sin embargo, consideraron que Rafecas deberá incorporar determinadas pruebas que la defensa había solicitado y que le habían sido rechazadas durante la instrucción.
La investigación, impulsada por el fiscal Ramiro González, ya contaba con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Yáñez.
La causa por violencia de género se desprendió de otra investigación, en la que se pesquisaban irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados de Fernández. Según la reconstrucción judicial, en el teléfono de la exsecretaria presidencial María Cantero se hallaron conversaciones que darían cuenta de agresiones de Fernández hacia Yáñez, lo que motivó el impulso de la acción penal. En febrero de 2025, Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades y lesiones graves, agravadas por amenazas coactivas; la Cámara Federal confirmó luego ese procesamiento.
Lo que había pedido el expresidente
La estrategia de la defensa, a cargo de la abogada Silvina Carreira, había pedido declarar la nulidad de todas las actuaciones producidas durante la instrucción a cargo del juez Julián Ercolini, quien fue apartado del expediente por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El argumento central sostenía que esas pruebas estaban “contaminadas” y que su exclusión debía arrastrar también el procesamiento del expresidente, el embargo dispuesto en su contra y el resto de las medidas procesales.
Rafecas ya había rechazado ese planteo en abril, al sostener que el apartamiento de Ercolini respondió únicamente a despejar cuestionamientos sobre su imparcialidad, y que la propia Cámara de Casación había ratificado expresamente la validez de todos los actos procesales ya cumplidos. Según su fallo, retrotraer la investigación “supondría un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario al principio de celeridad”.
Ese criterio fue ahora respaldado por la Cámara Federal. Los magistrados recordaron que el fallo de Casación fue claro al disponer el apartamiento del juez anterior “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. El tribunal también consideró que retrotraer el proceso a un estado embrionario “revictimizaría” a la denunciante, y remarcó que la causa ya fue examinada por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y atravesó diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del procedimiento.
Pese a confirmar la validez de lo actuado, Boico y Farah encomendaron a Rafecas a evaluar nuevas pruebas producidas por la defensa de Fernández para luego analizar la situación procesal del exmandatario. La decisión implica que el expediente no será elevado de inmediato a juicio oral.
