El vocero de los trabajadores afectados, Andrés Vargas, explicó la urgencia de la medida instalada sobre las veredas del municipio a la espera de ser recibidos por el Ejecutivo local.
Al respecto, Vargas sostuvo que “estamos esperando respuesta del Intendente para ver cuál va a ser la situación después del 31 de octubre, que es la fecha límite para que traiga a los colectivos faltantes para completar lo que dice el pliego, 121 unidades”.
Asimismo, el trabajador cuestionó la falta de diálogo directo y la ausencia de información sobre los recientes encuentros informados entre las autoridades municipales y los representantes de la operadora. Vargas remarcó que “nosotros estamos acá porque todavía no tenemos respuesta del Intendente; ayer salió la noticia de que tuvieron una reunión con la gente de Patagonia, pero con nosotros no tuvieron ninguna reunión”, agregando que “no nos dieron aviso de que había una reunión pendiente ni lo que se llegó a negociar”.
Respecto del cronograma original previsto en la concesión para el desembarco de la empresa SolSur y la posterior solicitud de extensión presentada en el Concejo Deliberante, el chofer advirtió sobre la drástica modificación de las condiciones iniciales. Vargas detalló que “la implementación se basó en 95 unidades para el 1 de agosto y 26 unidades restantes para el 1 de septiembre; el que está haciendo la retención de que vengan las unidades es el municipio”, enfatizando que “el Intendente presentó un proyecto ante el Concejo para pedir una prórroga de 18 meses para traer las unidades faltantes”.
En ese sentido, el representante del personal expuso el impacto que esta postergación genera sobre la continuidad laboral del personal que aguarda el traspaso. Vargas remarcó que “nosotros hoy estamos en relación de dependencia con Patagonia Argentina hasta el 31 de octubre, nos están pagando el sueldo conformado, pero ¿qué va a pasar a partir del 1 de noviembre?; si no vienen las unidades, nos quedamos sin trabajo”.
Por último, el vocero puntualizó la cantidad de trabajadores que enfrentan esta situación de vulnerabilidad salarial y ratificó la permanencia de las carpas instaladas sobre el predio municipal. Vargas concluyó con firmeza señalando que “somos 72 familias a las que el municipio decidió sacarles el sustento familiar; por eso el reclamo hoy es hacia el Intendente y estamos de forma pacífica a la espera de que nos dé una respuesta clara y concisa de lo que va a suceder”.
