Los senadores del Frente para la Victoria firmaron ayer el dictamen favorable al proyecto que estatiza el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y lo dejaron listo para tratarlo y convertirlo en ley el próximo miércoles 9, un día antes de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner -impulsora de la iniciativa- deje el poder.
La negativa del titular de la comisión de Energía, Guillermo Pereyra, a convocar y participar del debate no afectó al kirchnerismo, dado que el tema debía ser tratado en un plenario de dos comisiones: esa y la de Presupuesto y Hacienda, que por reglamento es cabecera. Así, el debate fue convocado por el titular de esta última comisión, Juan Manuel Abal Medina, con quórum de oficialistas y aliados, exclusivamente.
Durante el tratamiento de la iniciativa hubo críticas al designado ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, y para la oposición, por no participar del debate. “Es una lástima que el presidente de la comisión de Energía no esté acá. No tiene solidaridad con estos trabajadores”, se quejó el santacruceño Pablo González tras escuchar las exposiciones de representantes de los trabajadores de Río Turbio. El senador adelantó además: “Vamos a sancionar la ley el 9 porque no confiamos en absoluto (en el futuro gobierno). Tenemos derecho a no confiar”.
El proyecto declara de interés nacional el desarrollo y la explotación de carbón como recurso para la generación de energía eléctrica, y transforma al yacimiento de Río Turbio en la sociedad del Estado Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Con esta iniciativa, el oficialismo busca que la empresa –que se encuentra en una situación jurídica inestable y está intervenida por el Estado– pueda seguir operando después del 10 de diciembre, según informó El Inversor Online.
El texto propone asegurar un “absoluto control de gestión, legalidad y auditoría por parte del Estado Nacional”. Firmado por los ministros Julio De Vido y Aníbal Fernández, establece además que el 45% de las acciones de la nueva empresa pertenecerán a la Nación, otro 45% a la provincia de Santa Cruz ,–que deberá adherir a la ley–, y el 10% restante a los trabajadores, bajo el régimen del programa de propiedad participada. Esos tres niveles, además, tendrán representación en el directorio.
La nueva empresa incluirá a la Central Termoeléctrica, dado que la nueva YCF tendrá derechos exclusivos de “exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados directos e indirectos y de generación de la energía producida”. Además, tendrá potestad sobre “todo el carbón residual que se produzca en el país” y podrá por sí o por medio de terceros “transportar, distribuir y comercializar”energía eléctrica.
Para ello, el texto dispone que el Estado absorberá no sólo los bienes, el personal, el complejo ferroportuario y la central termoeléctrica, sino también los pasivos de Río Turbio. Y establece que la nueva empresa recibirá un capital social de cinco mil millones de pesos.
Si el próximo presidente tiene intenciones de liquidar la nueva empresa, el proyecto establece que para ello necesitará antes de autorización legislativa.
