El Gobierno analiza habilitar el uso de más de US$150.000 sin declarar. Se trata de una medida que prepara el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo para fomentar la utilización de la moneda extranjera en la compra y venta de bienes -como autos, electrodomésticos y maquinaria- para profundizar el esquema de “competencia de monedas”.
“El número final se está definiendo, pero no va a ser de US$100.000. Va a estar más arriba de los US$150.000”, aseguran en Nación. En la Casa Rosada sostienen que están estudiando las vías legales para impulsar la iniciativa sin pasar por el Congreso.
La propuesta incluye cambios en el marco legal sobre las penalidades de los ingresos no declarados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Las regulaciones actuales están enmarcadas en las leyes de Prevención del Lavado de Activos (25.246), Régimen Penal Cambiario (19.359) y Penal Tributaria (24.769), que contempla penas de tres hasta nueve años en caso de evasiones por montos mayores a los $4.000.000. “Se están analizando cambios para dar seguridad en el uso sin justificar de los dólares”, agregan en el oficialismo.
Según pudo saber TN, la medida no contiene la habilitación del uso de dólares para el pago de impuestos. Javier Milei manifestó en la cadena nacional del 10 de diciembre del 2024 que ″desde ahora cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares o la moneda en que consideren, exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos».
El Gobierno no dio detalles sobre los mecanismos que utilizará para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través del virtual blanqueo que anunciará en las próximas semanas. Se trata de una agenda que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en 2024 no puso a la Argentina en la lista de países grises.
En su último informe, el organismo expresó que el país “enfrenta riesgos de lavado de dinero principalmente por amenazas internas, como el narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el fraude y la trata de personas” y recomendó que mejore su “comprensión de los riesgos del lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales”.
