Tras las explosiones registradas en distintos puntos de Venezuela, Nicolás Maduro acusó directamente a Estados Unidos de haber lanzado una “agresión militar”, anunció una serie de medidas excepcionales, entre ellas la declaración del estado de «conmoción exterior» en todo el país.
En un duro comunicado oficial, la administración chavista denunció ataques en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, y sostuvo que se trata de una violación “flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas. Según el texto, la supuesta ofensiva pone en riesgo la paz regional y la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe.
El régimen venezolano afirmó que el objetivo de la agresión sería apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo y los minerales, y forzar un cambio de régimen. “No lo lograrán”, advirtió el comunicado, que reivindica más de dos siglos de independencia y acusa a Washington de impulsar una “guerra colonial” con apoyo de sectores opositores, a los que califica como una “oligarquía fascista”.
En ese contexto, Maduro llamó a la movilización popular y ordenó el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a cuerpos policiales, en lo que definió como una “fusión popular-militar-policial” para garantizar la soberanía y el orden interno. También instruyó a la diplomacia venezolana a presentar denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, publicó Clarín.
El comunicado confirma además que Maduro firmó un decreto para declarar el estado de «conmoción exterior» en todo el territorio nacional, con el objetivo —según detalla— de proteger a la población, asegurar el funcionamiento de las instituciones y activar los planes de defensa nacional previstos por la Constitución y las leyes de seguridad.
Asimismo, se ordenó el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección en estados y municipios. Caracas también invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU para reservarse el derecho a la legítima defensa y convocó a gobiernos y pueblos de la región a manifestar su “solidaridad activa”.
