Familias del barrio Los Tilos, ubicado detrás de Marquesado en Comodoro Rivadavia, atraviesan días de incertidumbre y angustia tras el desplazamiento del cerro Hermitte, fenómeno que motivó la declaración de emergencia geológica y urbanística por parte del Municipio. Pese a la vigencia de esta medida excepcional, los vecinos denuncian la ausencia de informes técnicos escritos, notificaciones formales y comunicación institucional clara, elementos clave para garantizar su seguridad y derechos.
Al menos cinco propietarios debieron evacuar sus viviendas siguiendo indicaciones verbales del personal municipal que realizó las evaluaciones en el lugar. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido resoluciones, actas técnicas ni notificaciones administrativas formales que respalden dichas advertencias, lo que genera incertidumbre sobre los criterios utilizados para determinar la habitabilidad de las casas.
Algunos vecinos permanecen en viviendas sin daños estructurales visibles, pero con servicios esenciales interrumpidos. La energía eléctrica se mantiene solo por motivos de seguridad, mientras que el gas y el agua siguen cortados por disposiciones municipales, sin que se haya informado formalmente sobre plazos, protocolos técnicos o condiciones para su restitución. La falta de directrices claras también dificulta las gestiones administrativas relacionadas con los servicios, generando preocupación adicional en un contexto económico ya delicado.
A través de una nota ingresada por Mesa de Entrada, los vecinos exigieron al intendente Othar Macharashvili y al presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Sampaoli, respuestas concretas y «por escrito» en un plazo de 5 días hábiles.
El escrito surge tras días de angustia en los que al menos cinco propietarios debieron evacuar sus viviendas basándose únicamente en indicaciones verbales, sin resoluciones ni actas técnicas que respalden dichas medidas. «Solicitamos que se nos informe por escrito tal decisión y cuáles serán los plazos para llevar a cabo el desalojo», reza el documento, exigiendo además garantías de seguridad para los bienes que queden en las viviendas.
Responsabilidad estatal y antecedentes técnicos
El planteo vecinal obliga al Ejecutivo a tomar una definición tajante: declarar la urbanización como habitable o inhabitable. En caso de que se determine que el barrio no es apto para vivir, los damnificados anticiparon que solicitarán una «reparación económica» para recuperar la inversión realizada. En este punto, el escrito subraya la responsabilidad administrativa del Estado, recordando que fue el propio Municipio quien «ha permitido la urbanización, la venta de los terrenos y la construcción de las edificaciones en la zona», aun teniendo conocimiento de estudios técnicos del SEGEMAR del año 2002 que ya desalentaban la construcción en ese sector.
En contrapartida, si la zona fuera declarada habitable, los vecinos reclamaron conocer formalmente cuáles serán las medidas para asegurar la permanencia y el cronograma de obras tendientes a restablecer los servicios. Específicamente, solicitaron detalles sobre las obras de contención hídrica para asegurar la circulación de aguas de lluvia y evitar nuevos movimientos de suelo, siguiendo las recomendaciones geológicas vigentes.
Además, exigieron la realización de nuevos peritajes en las redes de agua, cloaca y gas que abastecen al barrio. El temor de los residentes es que las roturas provocadas por los movimientos recientes generen circulación de aguas subterráneas, alterando la composición del suelo y provocando futuros colapsos del terreno.
Finalmente, el petitorio reclama la entrega «sin más dilaciones» de los certificados de emergencia necesarios para acceder a los beneficios fiscales anunciados. Se trata de las exenciones del Impuesto Inmobiliario, Tasa de Higiene y Automotor, así como las bonificaciones en los servicios de la SCPL y Camuzzi, medidas que habían sido comprometidas en reuniones previas pero que aún no se han materializado administrativamente para los afectados.
