La diputada radical Marta Raso cuestionó el demorado trámite dado a la reglamentación de la ley provincial de educación y consideró que “lo realizado hasta ahora revela un trabajo muy incompleto y deficitario, que deja vacíos legales difíciles de subsanar”.
La reglamentación pendiente es un paso indispensable para aplicar concretamente una norma presentada el año pasado como “un aporte histórico y un paso fundacional” del gobierno de Mario Das Neves en coincidencia con el bicentenario de la República Argentina, formando parte del acto central por esa circunstancia en Chubut y de numerosísimos avisos publicitarios oficiales.
“Sería una barbaridad que se firmara como decreto reglamentario dentro de cuatro días, según consta en la nota recibida por este bloque”, expresó Raso, con referencia a las respuestas remitidas desde el Gobierno Provincial.
“Estamos hablando de educación y de una ley que se ha sancionado con una publicidad magnífica por parte del gobierno provincial”, expresó para subrayar la insatisfacción radical a los resultados exhibidos con respecto a la reglamentación de la ley provincial de educación.
Sospechas
“Sospechamos que se ha hecho con el apuro por el mandamiento de ejecución que han tenido desde la justicia”, añadió Raso, quien invitó a revisar el contenido de las respuestas llegadas del Poder Ejecutivo para comprobar que “la mayoría de los artículos los dejan librados a resoluciones que puedan tomar las direcciones del nivel correspondiente en conjunto con los gremios”
“Incluso un artículo muy importante, que crea el Instituto Provincial de Evaluación Educativa, dice que se concretará mediante otra ley, dentro del plazo de 90 días”, planteó luego en sus consideraciones, calificando como “una tomada de pelo” las respuestas brindadas desde el Ministerio de Educación.
Rol de los gremios
“Los gremios nos han manifestado que no tienen conocimiento, que no han trabajado en el tema”, reveló a continuación, anticipando que desde el bloque radical.
La diputada radical lamentó que “en un período democrático se tenga que recurrir a la justicia para obtener respuestas a un pedido de informes y hacer uso de nuestras facultades mediante un mandamiento de ejecución, para efectuar el control del gobierno como legisladores”.
Intervención judicial
Raso efectuó tales consideraciones al referirse a las respuestas obtenidas –con intervención judicial – sobre temas educativos y en el marco de la norma provincial de acceso a la información pública, a fin de conocer el estado de la reglamentación a la ley provincial de educación, sancionada en noviembre del año pasado, entre otras cuestiones.
El bloque radical acompañó en general la aprobación de esa propuesta “pero, en su momento, -señaló- manifestó que estaría muy atento a la reglamentación”, recordando que el artículo 121° estableció un período de 180 días para ello, con vencimiento en mayo del corriente año.
Búsqueda
Recordó también que en la primera semana de agosto último el bloque de la UCR decidió enviar una nota en el marco de la ley de acceso a la información pública, ante la paralización de la actividad legislativa por la veda electoral, solicitando distintos puntos y el avance de esta reglamentación.
La ley de acceso a la información pública establece un plazo de diez días para las respuestas por escrito por parte del funcionario responsable. “Pasaron mucho más de diez días y no obtuvimos lo solicitado. Por ello acudimos a la justicia para que expida un mandamiento de ejecución y se obtengan las respuestas”.
Respuestas
Raso expresó que, inicialmente, se recibió una nota del ministro Pablo Korn, “comunicando la derivación del pedido a la ministra de Educación, Mirtha Romero, para que respondiera formalmente al pedido desde nuestro bloque” y prometiendo la ampliación futura “cuando la documentación solicitada llegue a este ministerio”.
“Para la diputada radical tal notificación del ministro de Coordinación de Gabinete admitía que su par de Educación “no había cumplido con su deber de informar lo solicitado”.
Un día después ingresó otra nota del ministro Korn remitiendo “la propuesta de la ministro Romero, quien en la nota de elevación dice que (el proyecto de reglamentación) fue puesto a consideración de las asociaciones gremiales el 29 de agosto y que el texto definitivo será enviado para la firma en la semana del 12 de septiembre, es decir dentro de cuatro días”.
“Nos hemos comunicado con el gremio de ATECH. La Seccional Sur no tiene absolutamente ninguna noticia de que haya sido enviada esa propuesta de reglamentación y desde la Secretaría General nos han informado hoy (por el jueves) que la han recibido -vía correo electrónico- pero que no han tenido tiempo de leerla”, informó Raso.
“La última reunión que tuvieron los gremios para trabajar en el reglamento, junto al Ministerio de Educación, ha sido el 7 de enero”, sostuvo.
