Al imputado por la toma de rehenes en Clínica del Valle con una réplica de pistola 9 mm. le podría caber una pena de entre 10 y 25 años, mientras en la ciudad hay delincuentes con frondosos prontuarios que caminan libremente, atemorizando barrios enteros y resistiendo a la autoridad, los cuales jamás tienen sentencia firme.
Mauro Muñoz, es cierto, mantuvo como rehenes a tres bebés, dos enfermeras y un médico en la Clínica del Valle. A pedido de la fiscalía, se le dictó la prisión preventiva por un mes. El juez la fundó en la expectativa de la pena y el peligro de entorpecimiento. Y la defensa pidió para hoy una revisión por dos jueces, informó el diario Patagónico.
La audiencia de control de detención contra Muñoz (21) se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y estuvo presidida por el juez penal, Alejandro Soñis. La fiscalía fue representada por la funcionaria, Verona Dagotto, mientras que el imputado recibió la asistencia de la defensora pública, María Cristina Sadino.
En la audiencia de ayer la funcionaria de fiscalía solicitó que se declare legal la detención y se formalice la apertura de investigación contra Muñoz por el delito contemplado a los artículos 142 y 142 bis, inciso 1, del Código Penal. En ellos se hace referencia a la privación ilegítima de la libertad y los casos en los que se agrava dicho delito.
El art. 142 tiene penas que van de los 2 a los 6 años de prisión, por lo que la mínima otorga la posibilidad de excarcelación. No ocurre lo mismo con el 142 bis, inciso 1, en el cual se fija penas de entre 10 y 25 años cuando la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de 18 años; o un mayor de setenta.
El imputado hizo uso de su derecho a prestar declaración. En ese contexto, aseguró que no fue a robar y tampoco quiso poner en riesgo a los bebés, agregó que no exigió nada y que desde hace dos años que está buscando trabajo, pero que en los sindicatos de Camioneros y Petroleros Privados lo tienen a las vueltas.
De todas maneras, desde la fiscalía se solicitó el dictado de la prisión preventiva teniendo en cuenta que existen elementos de convicción suficientes para tener al imputado como probable autor del incidente que se investiga, por tratarse de un hecho grave y por el peligro de fuga que supone la expectativa de pena que podría recibir en el caso de ser declarado culpable.
Mientras tanto, la defensora pública, María Cristina Sadino cuestionó la calificación escogida por la fiscalía. No obstante el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva por el término de un mes y otorgarle tres meses a la acusadora pública para concluir la etapa de investigación, lo cual fundó en la expectativa de pena y el peligro procesal de entorpecimiento.
No conforme con el resultado, la defensa solicitó para hoy la revisión de la resolución por un tribunal colegiado.
