Asimismo, sostuvo que el legislativo local trabaja activamente en la formalización de los diagnósticos técnicos relacionados con la emergencia habitacional en varios barrios, lo cual es crucial para justificar las futuras decisiones ejecutivas de asistencia y reasignación de fondos.
Y en relación a los cuidacoches, Luque apoya la necesidad de seguridad vial, pero enfatiza la importancia de encontrar un abordaje integral que solucione la vulnerabilidad social de fondo de estas personas, en lugar de solo reubicarlas físicamente.
La edil se refirió a los trabajos legislativos recientes, destacando la convocatoria a una sesión extraordinaria para «garantizar que todo lo que tenía que ver con la emergencia quede de alguna manera ordenado».
Este paso formaliza el diagnóstico técnico de los barrios afectados por los deslizamientos (Los Tilos, Médanos, El Marquesado), el cual servirá para justificar las decisiones ejecutivas futuras respecto a la asistencia.
Al aire por Radiocracia, Luque explicó que el Consejo Deliberante se comprometió a trabajar con celeridad, no solo ratificando convenios, sino también acompañando las reasignaciones y modificaciones presupuestarias necesarias una vez que el Ejecutivo decida las acciones específicas para cada caso.
Pendientes de licitaciones judicializadas
Respecto al transporte público, la concejal indicó que no hay novedades sobre tarifas, sino que la urgencia radica en la resolución de la licitación que reestructura el servicio, la cual fue intervenida por la justicia.
Se espera que esta semana se cumplan los plazos judiciales para que el Ejecutivo pueda avanzar con el informe de preadjudicación entre las empresas. Además, señaló la urgencia de definir el futuro del transporte de Diadema, cuyo contrato finaliza a fines de marzo, requiriendo una nueva licitación que deberá pasar por el Consejo.
Ordenanza de ‘Trapitos’: Búsqueda de un enfoque integral
Sobre la iniciativa del concejal Lattanzio respecto a los cuidacoches («trapitos»), Luque señaló que su espacio busca un abordaje más integral.
Si bien reconoce que la situación actual es insegura e incómoda, insiste en que la solución no debe ser solo «correr a la persona», sino solucionar la problemática de fondo que lleva a esos individuos, en situación de vulnerabilidad, a esa precariedad laboral.
Se busca que la ordenanza contemple también la intervención provincial ante la presencia de menores involucrados.
