La crisis económica que atraviesa la Argentina golpea fuerte a los sectores más desprotegidos y con menores recursos, y también afecta a quienes integran la “Generación Z”, jóvenes de entre 18 y 23 años, ya que el 96% percibe salarios inferiores a los $50.000, según un sondeo privado.

El relevamiento asegura que los integrantes de este grupo etario tienen un bajo nivel de endeudamiento y siguen eligiendo a las entidades financieras tradicionales como medio para tomar financiamiento.

Apenas el 4% de ese sector social tiene ingresos que superan los $50.000, de acuerdo con un análisis realizado por Equifax, compañía global de Big Data & Analytics.Según el informe, estos jóvenes que en la actualidad tienen entre 18 y 23 años, representan el 12% de la estructura poblacional argentina, el 49% son mujeres y el 51% hombres

Cabe recordar que Argentina atraviesa una crisis económica con alta inflación, recesión y caída del empleo, agudizada por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, desde la consultora Equilibra indicaron que entre los asalariados el empleo privado formal llegará a las primarias por debajo de sus niveles de 2019 (177.000 puestos de trabajo menos), mientras que el empleo público habrá sumado 63.000 empleos.

En tanto, remarcó que el segmento informal fue el que más sufrió con la pandemia y llegará a las elecciones habiendo perdido 263.000 empleos respecto a los últimos comicios. Respecto al empleo no asalariado, afirmó que es el que más dinamismo viene mostrando, con un importante aumento del número de monotributistas y autónomos. En ese sentido, destacó que llegará a las elecciones con 147.000 puestos más que en 2019.

Otro indicador que refleja el estado financiero y económico de los “centennials” es que el 11% de ellos están bancarizados y de ese universo el 5,4% posee algún producto crediticio como tarjetas, préstamos (2,5%) o cuentas corrientes (2,5%).

Además, dentro del universo de los bancarizados, el 62% trabaja en relación de dependencia, el 30% son autónomos o monotributistas y el 8% tiene una situación laboral no declarada.

Entre los que tienen crédito de la “Generación Z”, más de la mitad (67%) continúa eligiendo bancos tradicionales para financiarse.En el ranking de las principales actividades de empleo de este grupo etario figura el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, la industria manufacturera, actividades administrativas, alojamiento y servicios de comidas

Según el informe, estos jóvenes que en la actualidad tienen entre 18 y 23 años, representan el 12% de la estructura poblacional argentina, el 49% son mujeres y el 51% hombres. En el ranking de las principales actividades de empleo de este grupo etario figura el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, la industria manufacturera, actividades administrativas, alojamiento y servicios de comidas.

“Los resultados que arroja nuestro análisis ponen de manifiesto que la bancarización, la inclusión financiera y la posibilidad de mayor acceso a productos de crédito continúa siendo un tema a abordar en el segmento de la Generación Z, teniendo en cuenta que cumplen un rol central en el futuro de la fuerza laboral de nuestro país”, indicó Santiago Pordelanne, presidente y CEO de Equifax.

Agregó que “la transformación digital presenta una gran oportunidad a la banca y a las fintech para acercar productos, soluciones y oportunidades que impulsen la inclusión financiera de este grupo”.

Cabe destacar que el análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinados con información laboral de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y segmentó a un universo de 4.474.595 jóvenes.

El ministerio de Trabajo emitió una nota confirmando que los trabajadores inoculados no están dispensados de regresar a la oficina.

A través de una nota, el ministro de Trabajo Claudio Moroni confirmó que los empleadores podrán exigir el retorno a la presencialidad de aquellos trabajadores que recibieron al menos la primera de la dosis de la vacuna contra el coronavirus, luego de que transcurrieran 14 días de la inoculación, con excepción de los trabajadores de la salud, en dicho caso será luego de haber completado el esquema de vacunación, consigna La Nación.

“La medida solo exceptúa a las personas incluidas en el artículo 3°, incisos V y VI de la Resolución N° 627/2020 del MINISTERIO DE SALUD, esto es, los trabajadores con inmunodeficiencias, oncológicos y/o trasplantados”, dice el documento.

De una interpretación de los decretos 241/2021 y 287/2021 y la Resolución 207/20 el ministro consideró: “La cual se dispensa del deber de asistencia al trabajo a los trabajadores y trabajadoras mayores de SESENTA (60) años, embarazadas y/o que se encuentren comprendidos en alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria, es complementada por la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE SALUD y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 4/2021, que regula la posibilidad de convocar a los trabajadores, incluidos los dispensados, debidamente vacunados que podrán retornar a sus actividades luego de transcurrido el tiempo considerado necesario para la inmunidad”

En febrero pasado, el sector privado había pedido al Gobierno que aquellos empleados considerados población de riesgo por el coronavirus puedan volver a trabajar si se habían aplicado al menos una dosis de la vacuna. Para los trabajadores de la salud, deberán tener aplicada las dos dosis para regresar a cumplir tareas. Si bien el retorno a la presencialidad para estos casos había sido avalado por el Gobierno a principios de abril, con el dictado de las nuevas restricciones se generó nuevamente la duda en torno a la interpretación de la norma.

Según Sica, la reforma de un paquete de leyes que flexibilice las condiciones laborales para darle una “competitividad” a la economía “es más importante para los trabajadores que para los empresarios”.

“Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extrasalariales que nos quitan competitividad”, sostuvo el ministro. En sintonía con lo que suele expresar el presidente Mauricio Macri, para Sica “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación” en el país.

“Hace un año que está parada la ley del blanqueo laboral. ¿Cómo no voy a insistir si esto es lo que está desprotegiendo a los trabajadores?”, dijo el ministro. Y agregó: “Hay que tener una discusión sin prejuicios y mirar la realidad de los números entre el sector privado, los empresarios, los trabajadores y el Gobierno para empezar a discutir las nuevas formas de relacionarnos en términos laborales”.

“En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el Gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario”, había sostenido al comienzo de la semana uno de los secretario de la CGT, Héctor Daer.

A partir del mes que viene el Ministerio de Trabajo desconocerá aquellos acuerdos salariales que contengan como aumento sumas no remunerativas. De acuerdo con lo publicado ayer en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Jorge Triaca no dará curso ni homologará o registrará este tipo de convenios, con el objetivo “de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional”. En un escenario de caída de los recursos previsionales por menor empleo y pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante la inflación, el Gobierno aplica una medida con intención recaudatoria que imprime mayor rigidez a los acuerdos en un contexto económico ya complicado para los trabajadores. Se contradice con el fuerte recorte de aportes patronales que incluyó el Gobierno en la reforma tributaria. “Esto no es para transparentar las relaciones laborales y dejar en firme que todo lo que percibe el trabajador sea salario. Es recaudatorio. Primero baja las contribuciones patronales y ahora no les alcanza el dinero”, analizó ante este diario Gustavo Ciampa, presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. También se restituyeron las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial para un universo de 50 actividades de industria, transporte y servicios.

El Gobierno comenzó a rascar el fondo de la olla, tal como sucedió en la última etapa del menemismo. En 1989, a través del decreto 1477 había definido que los tickets (canasta o restaurante) que se entregaban como aumentos salariales no eran remunerativos. En julio de 1996, con una situación presupuestaria más compleja, el gobierno derogaba su propio decreto de 1989 y convertía a los tickets como remunerativos. Pero eso duró tres meses y en septiembre volvió a ser no remunerativo. “Lo que está haciendo ahora el gobierno de Cambiemos tiene olor a deja vu con lo que hizo el entonces ministro Domingo Cavallo”, aseguró Ciama. “Ahora tiene las mismas necesidades y pasa lo mismo. Está en los propios fundamentos de la norma el resguardo de los recursos. Comparto que en el fondo la medida es buena, pero esto es un tema de caja”, agregó el abogado laboralista.

La excepción continuará siendo en los beneficios sociales otorgados por el empleador, viáticos y compensaciones por suspensiones por falta de trabajo.”Las sumas no remunerativas tienen todo lo negativo que uno puede sostener en materia de aportes, pero siempre da flexibilidad. Modera el costo laboral y maximiza el salario de bolsillo”, señaló a PáginaI12 Diego Schlesser, analista del Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín. El especialista cuestionó que se elimine “justo en el actual contexto y luego de que haya reducido lo que recibe en Seguridad Social (por la reducción de aportes). Ya no tiene posibilidad de incluir otras exenciones y va por esto”, agregó Schlesser. Héctor Palomino, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), remarcó que “es una medida de lógica de ajuste fiscal”. “Hay que pensar que tampoco se salvan los estados provinciales y municipales, donde más se utiliza la práctica de sumas no remunerativas. Después van a tener que negociar con maestros, doctores y fuerzas policiales, por ejemplo”, indicó. Se instruye a los ministerios pertinentes (cita a Modernización, Hacienda y Trabajo) para que “procedan al análisis de las estructuras retributivas del sector público”, destaca el texto de la medida.

También se restituyeron las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial para actividades en donde los trabajadores se jubilan en promedio de los 50 años o con 25 de aportes por riesgo de insalubridad o envejecimiento prematuros. Por decreto, la dictadura de 1976 suprimió los aportes diferenciales a cargo de los trabajadores y los unificó en 2 por ciento, pero en 1980 fueron suprimidas mediante otra resolución. Para acceder al beneficio el trabajador de algunas de las 50 ramas de actividad que lo contempla no tiene que realizar “ningún tipo de aporte adicional”.