La primera definición que adoptó el gobierno de Alberto Fernández para negociar con el FMI fue invertir la lógica habitual de la relación con el organismo. En lugar de aceptar que el Fondo Monetario imponga condiciones sobre la política económica que debe aplicar la Argentina para normalizar su situación financiera, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, le transmitieron a la directora gerente, Kristalina Georgieva, y a la misión técnica que vino al país, que la estrategia para recuperar el crecimiento económico y generar capacidad de pago será heterodoxa y establecida por las autoridades nacionales. Aunque parezca una obviedad para un país que se pretende soberano, representa un cambio radical respecto de lo que ocurrió recientemente, cuando la administración de Mauricio Macri entregó el manejo de la economía a lo que se resolviera en los despachos del organismo en Washington. El entonces presidente asumió una posición de subordinación y se limitó a cumplir lo que le dictaran, como la derogación de lo que había sido durante tres años el plan principal de combate a la suba de precios, las metas de inflación, y hasta el despido del presidente del Banco Central, Luis Caputo, por diferencias en el manejo de la política cambiaria.

El plan en marcha

La recuperación de autonomía en la toma de decisiones se advierte en un amplio catálogo de medidas que se fueron ejecutando desde el 10 de diciembre: los controles a la fuga de capitales, el encarecimiento del dólar a través del impuesto PAIS, los topes a las tasas de interés bancarias, el resguardo de la industria nacional frente a la competencia de importaciones desleales, el congelamiento de tarifas, combustibles y prepagas, los bonos para jubilados y la seguridad social, los aumentos salariales por decreto, la tarjeta alimentaria y la doble indemnización por despido, entre otras.

Esos ejes estructurales le dan forma al plan económico en marcha, basado en la recuperación de los sectores productivos, el empleo y el mercado interno, con enunciada vocación exportadora y de apuesta al desarrollo mediante la educación y la ciencia, más allá de que los voceros del establishment solo puedan asociar la idea de un plan económico con las planillas de Excel del ajuste fiscal y la quita de derechos para las mayorías populares. Como el camino ahora no es ese, machacan con la muletilla de que no hay plan, con la impunidad de mostrarse ajenos al modelo que abrazaron los últimos cuatro años.

El debate en el oficialismo

Puertas adentro, la velocidad y la intensidad con que se avanza en el nuevo rumbo es motivo de debate en el oficialismo y entre sus votantes. El ajuste sobre una cuarta parte de los jubilados para favorecer a más de la mitad y a los titulares de asignaciones es un ejemplo. “Empezar por los más vulnerables para llegar a todos”, es la promesa del Gobierno, que pide paciencia mientras se atienden las urgencias y se avanza con la reestructuración de la deuda. Un resultado exitoso de ese proceso, anticipan, liberará hasta 1,2 billones de pesos, el 20 por ciento de las partidas del presupuesto nacional, para compensar a quienes hoy les toca esperar. Las apelaciones a que Néstor Kirchner hizo lo mismo y luego Cristina Kirchner lo pudo profundizar no terminan de convencer a otros oficialistas más escépticos. Consideran que hay sectores poderosos de la economía que no están haciendo un aporte equivalente al esfuerzo que se pide a una porción de los jubilados. Las marchas y contramarchas en algunos anuncios, como ocurrió en su momento con la propia suspensión de la desastrosa fórmula de movilidad de Macri y Pichetto, o esta semana en torno al descongelamiento de tarifas o el eventual debate de la edad jubilatoria, elevan los resquemores en ese sector.

El tiempo dirá si esas diferencias se profundizan o tienden a cerrarse, también en función de lo que haga el Gobierno. Lo que no deben perder de vista unos y otros es que enfrente está el proyecto neoliberal, así como tampoco hay que olvidar que hoy se opera en un escenario muy delicado, producto de la pesada herencia M.

Las aternativas con el Fondo

Para resguardar los espacios de autonomía conquistados estos dos meses será crucial cómo se resuelva la negociación con los acreedores privados y, especialmente, con el FMI. La declaración del organismo de que la deuda no es sostenible es, al mismo tiempo, una confesión, ya que el Fondo fue participe central de la fiesta de endeudamiento que generó el macrismo. Es un buen punto de partida para poner sobre la mesa cuando se discuta cómo seguir la relación. Una posibilidad es que las autoridades del FMI propongan un nuevo acuerdo bajo el formato de lo que se denomina Programa de Facilidades Extendidas, que es un convenio de hasta diez años con estrictas metas fiscales y cualitativas, como las remanidas reformas de jubilaciones y de flexibilización laboral. Si esa fuera la condición para postergar los vencimientos fuertes que operan desde el año que viene, la Argentina quedaría encajada en una trampa difícil de superar.

Economistas del Gobierno ya han expresado anteriormente su rechazo a esa posibilidad, como la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien sostuvo en un documento de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo que el país debería lograr una refinanciación de la deuda con un nuevo préstamo stand-by, con plazos de pago extendidos, menores exigencias fiscales y sin requerimientos de transformaciones estructurales regresivas.

De Trump a la China

La flexibilidad que por ahora muestra la nueva conducción del FMI bajo la dirección de Georgieva también encuentra razones geopolíticas. El gobierno de Donald Trump asumió el costo de financiar la campaña electoral de Macri y perdió. Poner ahora a la Argentina contra las cuerdas podría conducir al Gobierno a buscar apoyo en otras potencias, como China y Rusia, ampliando su influencia en la región. Fernández también visitó a líderes europeos y al papa Francisco para fortalecer la base de sustentación. Ese trabajo parece arrojar resultados virtuosos, en función de la declaración que emitió el FMI esta semana.

Los acreedores privados también lo observan. El especialista Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, destaca que la negociación con los grandes fondos tenedores de títulos argentinos, como Templeton, Black Rock o Pimco, entre otros, será más fluida con el respaldo del FMI, dado que ellos mismos pidieron la intervención del organismo en su momento cuando el desgobierno de Macri conducía al país directo hacia el default.

El desendeudamiento de la Argentina fue una política de Estado durante los primeros doce años del kichnerismo. El resguardo de la soberanía económica probó ser la estrategia que arroja mejores resultados, una enseñanza que el actual Gobierno se muestra dispuesto a defender.