La SCPL informó a sus asociados de la Villa Balnearia Rada Tilly, que desde las 16:20 horas de este sábado, se produjo un corte de energía.

A las 17 volvió la energía, manifestaron en un comunicado. Personal operativo eléctrico trabajó para solucionar el inconveniente.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, señaló a Télam que los aumentos de tarifas de los servicios de telecomunicaciones «deben ser justificados» ante el Estado con el «fin de defender los intereses de los ciudadanos».

El funcionario explicó que el congelamiento de precios dispuesto en el DNU respectivo es «por única vez, porque los ciudadanos no estaban en condiciones de soportar un segundo aumento en lo que va de la pandemia, ya que hubo uno en mayo y se contemplaba otro en septiembre».

Recordó que el DNU establece el congelamiento de las tarifas en el sector hasta fin de año y busca darle «previsibilidad a las empresas en cuanto a los costos y ganancias y a los ciudadanos que tienen que saber por qué y de qué manera se van a efectuar esos aumentos».

«A partir de ahora cualquier aumento tiene que ser justificado frente al Estado, en este caso el Enacom, para defender los intereses de los ciudadanos y que sepan cuanto van a pagar y, además, que va a haber una tarifa social», abundó.

También recordó que las autoridades del Enacom mantuvieron un encuentro con representantes de las tres empresas de telefonía móvil del país para trabajar de cara a la reglamentación del decreto que suspende los aumentos de precios de la telefonía móvil y fija, Internet y TV paga.

Sobre los servicios de telefonía celular señaló que «a diferencia de los servicios públicos tradicionales, estos son en competencia y la idea nuestra es respetar porque no hay un prestador por lugar sino hay varios, y en todo caso la calidad y la rentabilidad tienen que ser mas equitativos».

El funcionario también recalcó que los empresarios tendrán que hacer las inversiones «ya que tienen compromiso firmado. Cuando se les otorgó la frecuencia del 4G tenían cinco años para hacer el despliegue, pero Mauricio Macri a los cinco años se los prorrogó. Lo que nosotros queremos es que se retome esa obligación y hacer inversiones desde el Estado para que el servicios alcance a todos».

También se refirió a un encuentro que mantuvo con las cooperativas y, ante algunos reclamos del sector, López dijo que «las medidas son generalizadas y no se puede tomar medidas parciales. Habría otras medidas para buscar soluciones y estamos trabajando en un análisis diferenciado porque no es lo mismo una pyme que una cooperativa».

Ayer por la tarde ingresó a la Legislatura el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo provincial, pidiendo «autorizar al Gobernador a suscribir con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el o los Convenios de Asistencia Financiera que resulten necesarios por hasta la suma máxima de 365 millones de pesos, para ser aplicada a cancelar la deuda que la Provincia mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA)».

Se explica que la deuda con la mayorista de energía supera los 354 millones y que «considerando el estado económico por el que atraviesa la provincia de Chubut, es necesario solicitar asistencia financiera al citado Fondo».

Recuerda además que la ley Nº 661 declaró la emergencia de los servicios públicos, remarcando que «el marco regulatorio vigente responde a la manda constitucional de cumplir con los servicios básicos a la comunidad, a la obligación del Estado de desarrollar políticas tendientes a la protección de los usuarios y consumidores de bienes y servicios (…), en tanto es facultad de éste acordar con los municipios la delegación de los servicios públicos, garantizando los recursos necesarios a los fines de su prestación».

Caber recordar que recientemente Cammesa embargó cuentas de Servicios Públicos de la Provincia por la deuda que arrastra el organismo desde septiembre de 2018 y está vinculada al consumo de energía eléctrica mayorisa en la Comarca Andina y de los medidores de energía del acueducto a Comodoro Rivadavia.

Los diputados aprobaron ayer jueves por un año la Emergencia en los Servicios Públicos, un proyecto de la diputada del PJ-FpV, Gabriela Dufour. “No hay nada que no se sepa del carácter abusivo de Cammesa y que hay que detenerlo”, subrayó la legisladora al momento de la votación en la Legislatura chubutense.

Cabe aclarar que durante el proceso de emergencia “deberán evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, obra social, como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación de los Convenios Colectivos”.

Al respecto fue consultado esta tarde, en conversación con El Comodorense Radio por FM La Petrolera, Guillermo Costes, vocero de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia. “Según esta Ley, no podemos tomar la plantilla de personal y tenemos que dar los aumentos que fija Luz y Fuerza a través de la Federación de Cooperativas”, apuntó Costes.

El vocero de la entidad habló de la necesidad de realizar “un sinceramiento” ante la situación financiera de la Cooperativas frente a sus deudas con Cammesa.

Asimismo, Costes opinó que la legislación no hace más generar “mayores costos” y reconoció: “tenemos que encontrarle la vuelva a los números. Tenemos una tarifa con retraso de algo más de dos años”.

Durante el proceso de emergencia deberán evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, obra social, como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación de los Convenios Colectivos.

Por su parte, la legisladora Gabriela Dufour sostuvo que “no hay nada que no se sepa del carácter abusivo de Cammesa y que hay que detenerlo, si nos excedemos habrá un juez que nos ponga límites pero debemos declarar la emergencia para poner un freno con los abusos”.

En tanto, el diputado José Grazzini dijo “sentir vergüenza que por cuarto año se declare la emergencia en servicios públicos y sostuvo que la mala administración de las cooperativas eléctricas, los robos, hay que hacerse cargo, Chubut es Venezuela porque todo está en emergencia”.

Indicó que “las cooperativas subieron los servicios pero nadie se hace cargo de las malas administraciones. El gran problema son los controles, nosotros estamos bloqueados porque se robaron todo  y la culpa la tenemos los políticos”.

El diputado Eduardo Conde (Cambiemos), señaló que si bien se acompañó al proyecto en general, se objetó el artículo tercero. Y explicó que “declara la intangibilidad de fondos, recursos, bienes e insumos de las Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos de la provincia, que resulten afectados a la prestación efectiva de los Servicios Públicos Esenciales a su cargo, suspendiéndose las ejecuciones de sentencias, acuerdos conciliatorios, y toda intimación que condene a las Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero”.

EMERGENCIA ALIMENTARIA

Por unanimidad fue aprobado un proyecto de ley de la diputada del PJ-FpV, Estela Hernández para crear en el ámbito del Ministerio de Familia, el fondo especial denominado Programa de Seguridad Alimentaria, luego que fuera vetado totalmente por el Poder Ejecutivo.

Hernández dijo que “es una cuestión de derechos humanos, “no me gusta dar vuelta la cara a esta realidad que duele, la gente ya no puede comer”.

Agregó que la alimentación de los niños es una cuestión de Estado, “con los fondos se deberá comprar alimentos para las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia”.

“Manos al Cartón”, es el primer taller del año que impulsa Urbana, “además de cumplir con el servicio de higiene de las ciudades, también realizamos actividades que promueven la responsabilidad ambiental de la comunidad y la toma de conciencia sobre la generación de residuos a partir de la reducción o reutilización de materiales. En esta oportunidad sumamos una acción vinculada con la reconversión de elementos de desechos, como cajas o packaging de cartón para darle una resignificación y convertirlo en algo útil nuevamente”, indicó Levan Macharashvili, gerente general de la empresa.

El taller teórico-práctico será dictado por el facilitador Helvert Collantes, quien brindará las técnicas necesarias para aprender a armar muebles de cartón con material reciclado. El objetivo de este encuentro es separar el cartón y reutilizarlo para que no sea desechado. En tanto, desde Urbana se destacó que la actividad es libre y gratuita, con cupos limitados. Todos aquellos que deseen participar, deberán inscribirse previamente a través de un formulario electrónico en el website de Urbana.

La idea es promover la motivación de los asistentes con la creación de objetos, generando conciencia sobre consumo responsable. En lo que va del 2019, se verificó que el 65% de los materiales reciclados que ingresan a la Planta de Tratamiento, es cartón o papel.

Helverts Collantes, coordinador del encuentro, aseguró “reutilizar el cartón puede servir para emprender una nueva actividad. Quiero mostrar que con cajas se pueden rediseñar objetos reales y utilizables. Conocer cómo se produce este producto y cuánto tiempo tarda en degradarse son datos que la gente debe saber para evitar la compra o reutilizarlo”.

El concejal José Gaspar y el vocero del Consejo de Administración de la SCPL, Guillermo Costes, se trenzaron en El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz. Después de que el radical describiera algunos puntos de la auditoría a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), el también movilero de Radiovisión lo acusó de haber estado «colgado» de la luz en 2013.

En la sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, el cuerpo legislativo envió la auditoría al intendente Carlos Linares y al gobernador Mariano Arcioni. El concejal Gaspar (UCR-Cambiemos) indicó que siempre se sancionó pedidos de tarifas y otros pedidos como el Fondo de Sustentabilidad, pero que pese a todo se terminó en la situación del embargo por parte de CAMMESA por la multimillonaria deuda.

«Hicimos pedidos a la cooperativo infructuosos pedidos para establecer el cuadro tarifario, información que también se le negó a la auditoría», planteó Gaspar. «Desde el 2011 hasta 2018 se les dio todos los aumentos de agua, cloacas y todo paraguas para que no perdieran la concesión ante el capital privado», disparó.

«Hoy vimos los números de las deudas que tienen otros actores con la SCPL como la Provincia y otras cooperativas. ¿Qué se hizo para cobrar eso? Hoy rápidamente se sale a cortar la luz a la gente, que muchos no la pueden pagar por problemas económicos, sin embargo no se hizo nada a nivel administrativo con dureza y firmeza a los deudores de la cooperativa. Eso también hace a que se desfinancie», remarcó.

Costes pidió la palabra en la radio y arrojó todos los dardos que pudo contra Gaspar. Lo tildó de «decano de los legisladores» por ocupar cargos de ese tipo desde 1991 y hasta reveló que estuvo «colgado» del servicio de energía eléctrica en 2013 siendo concejal.

«Gaspar pidió un listado de sueldos del personal y gerentes, algo que fue presentado en el primer adelanto realizado en el primer semestre del año pasado. Es decir que ni siquiera abrió un papel el señor Gaspar. Nosotros ratificamos la auditoría desde la primera hasta la última línea», expresó Costes.

«Cuando el señor Gaspar dice que la cooperativa es mala porque le corta la luz a la gente, le debe haber corrido un frío por la espalda porque el también fue ‘colgado’ y recibió la sanción de la SCPL. Estaba colgado en los famosos y polémicos departamentos de Alvear al 400. Se le cortó el servicio porque estaba enganchado, la reconoció y pagó la multa», dijo.

Costes manifestó que si el municipio no le da tarifas a la SCPL, la entidad podría activar una «economía de guerra». «Habrá que articular alguna alternativa de urgencia, porque nuestra prioridad es que no nos corten el servicio eléctrico», subrayó. Y mencionó afinar el lápiz en el presupuesto y hasta propuso «ajuste» en el sector trabajador.

Gaspar contraatacó. «Con mi hermano tenemos una sociedad, Gaspar Hnos., y en 2013 construimos departamentos sobre unos locales que tenemos. El contratista cometió la infracción de tomar la luz y nosotros nos hicimos cargo de la multa y la pagamos. No fue José Gaspar el que se colgó. Este señor (por Costes) cree que difamándome a mi va a solucionar los problemas de la cooperativa. El contratista se colgó de la luz porque tenía mucho trabajo con electricidad y nosotros nos hicimos cargo de su error».

«Estoy re cansado de esta persona», sostuvo el concejal del radicalismo. «El Concejo Deliberante jamás ahogó a la SCPL. Y si fui concejal muchas veces es porque la gente me votó, fui a internas en mi partido y me votaron. En las últimas elecciones fui candidato a intendente y salí en segundo lugar».

La inviabilidad de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) es un tema prioritario para la agenda política de Comodoro Rivadavia, más allá de la campaña electoral o las posturas ideológicas. El integrante del Tribunal de Cuentas, Gastón Acevedo, y el vocero del Consejo de Administración, Guillermo Costes, se refirieron al respecto.

Acevedo, uno de los encargados de la auditoría a la SCPL subrayó que uno de los problemas tiene que tener la máxima atención del poder político, que recién se puso de relieve con el embargo de CAMMESA por 600 millones de pesos. «Así como está el sistema, es inviable y va a perjudicar la calidad de vida de todos nosotros», dijo el abogado en contacto con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

«La auditoría no sólo ponía en evidencia y se verificaba el deterioro financiero, sino que también se ponía el acento en otros aspectos como el proceso de readecuación de las tarifas. Ahí advertíamos que no podía estar al arbitrio del Intendente o del poder político de turno, que tenía que tener un procedimiento ágil, transparente y acorde a los aumentos recibidos», indicó.

«En el sector energía superamos la media de personas conectadas de forma irregular. La Secretaría de Energía determina un 12% y nosotros tenemos un 20%. No hay ninguna acción que evidencia en la gestión anterior para solucionar eso», remarcó Acevedo, quien subrayó que la auditoría toma como periodo de análisis del 2012 al 2018. «La cooperativa se fue a la banquina cuando se metió la política, con una inclinación partidaria», agregó.

Por su parte, Guillermo Costes también planteó la injerencia política en la SCPL: «la auditoría no hace mención al Consejo de Administración y eso habla de la realidad con anterioridad del desembarco de ‘la banda de forajidos'».

Como representante de la SCPL expresó que la solución se esperará mañana martes con el gobernador Mariano Arcioni, en la reunión con municipios y cooperativas. «Esperamos que Arcioni rompa el chanchito. Esto se va a terminar resolviendo con la toma de compromisos que tendrán forma de 36 cheques».

«El sistema se construyó en tiempos del 1 a 1 donde había cierta estabilidad. Esto se ve trastocado muy fuertemente en estos últimos diez años donde la cooperativa pasó de todo y hay una actitud de algunos concejales que tienen tono casi extorsiva», afirmó Costes en contacto con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

«Hay dirigentes políticos que pueden asumir una postura de demagogia berreta y decir que los costos no se van a trasladar a la gente. Pero eso se transforma en deuda y esa dueña un día la va a terminar de pagar la gente o el Estado, que también es plata de la gente», aseguró. «La auditoría la tomamos casi como una hoja de ruta para tomar algunas medidas».

En octubre del 2018, un gerente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) cobró casi un millón de pesos. Su nombre lo mantiene resguardado el Consejo de Administración hasta terminar la investigación interna, pero fue en una de revisión de todos los recibos cuando detectaron el ilógico sueldo.

«Nos encontramos con que había percibido un sueldo de 960 mil pesos», detalló Elías Jones, del Consejo de Administración de la SCPL, en una entrevista con Canal 9. «Las funciones que cumplía no eran del todo claras, no estaban definidas en claridad sus actividades», remarcó.

Guillermo Costes, periodista e integrante del Consejo en calidad de vocero, dijo que la persona es un histórico dentro de la cooperativa y que el intendente Carlos Linares tiene que conocer esta situación desde hace mucho. Costes, en Canal 9, señaló que hombres de la política como Ricardo Gaitán y Ricardo Mutio -ligados a la SCPL- sabían de esta persona y, por ende, de estos manejos.

«Si el intendente quiere dar la discusión, podemos dar todas las discusiones. Muchos de los actores que él hoy cuestiona, de alguna forma son empleados de esta empresa y llegaron por injerencia política. Y hay algunos personajes beneficiados con determinadas situaciones que el intendente municipal lo utiliza para su trabajo político», criticó Costes.

El jueves último, Linares reveló que el dato de que un directivo cobró ese «súper sueldo». «En la SCPL vieron un recibo de sueldo de un directivo de la cooperativa que cobró un millón de pesos. Pedimos transparencia», manifestó en La 100.1, luego de hablar sobre el embargo.

«Estamos investigando y juntando pruebas de gastos enormes que está haciendo la cooperativa, hay plata que se gasta de manera injustificada. Muchos integrantes del gobierno provincial que son integrantes de la cooperativa, van a tener que dar explicaciones, queremos tener los papeles en mano. Me parece que se tapó todo», remarcó.

Al respecto del embargo millonario que cayó sobre la cooperativa, Linares dijo: “es el final de una historia, la nueva comisión y el gobierno provincial decían que tenían la solución mágica. Es imposible que puedan dejar a una población sin luz. Hacemos responsable a CAMMESA y a la actual conducción».

La concejal Norma Contreras (Chubut Somos Todos) manifestó su apoyo a la gestión de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), tras el embargo de CAMMESA por $600 millones. La edil pidió “a todos los vecinos de nuestra ciudad, víctimas de la corrupción que despierten”.

“Hace un año denuncié penalmente el accionar de cuatro funcionarios; le quitaron facultades al ente de control de los servicios público”, recordó Contreras en un posteo en Facebook, enlazado con el video de aquella presentación ante la justicia.

«Esta situación viene ocurriendo desde varias gestiones anteriores; éstos funcionarios que hoy dicen estar del lado del vecino son tan responsables como aquellos que se encargaron de vaciar nuestra sociedad cooperativa. ¡Es hora que despertemos vecinos! Que sepamos la verdad de lo que ocurre en nuestra ciudad”, afirmó.

“Mientras algunos se llenan los bolsillos tenemos muchos barrios de la ciudad que no cuentan con los servicios básicos como lo son agua, luz y cloacas. Expreso públicamente mi acompañamiento a la actual gestión de la SCPL que con mucho esfuerzo están haciendo lo imposible por sacar esta empresa adelante y seguir buscando la verdad”, manifestó en su mensaje.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) trabó embargo sobre una de las cuentas principales de la SCPL por $600 millones. El reclamo está vinculado a la deuda de la cooperativa comodorense con el proveedor de electricidad y que afectó también a las cooperativas de Rawson y Trelew.

A la Cooperativa Eléctrica de Rawson la llegó la carta documento de la distribuidora mayorista de energía CAMMESA con la intimación por una deuda de $395 millones. Desde la prestadora de la capital provincia aseguraron que la deuda es impagable y cuestionaron los fuertes aumentos que hubo en estos tres años.

La intimación ubica a las entidades de Rawson y Trelew en la categoría de “distribuidor moroso crónico”, lo que podría derivar en menor potencia y problemas futuros con el abastecimiento a los barrios de la ciudad, empresas o incluso fallas del sistema. A la SCPL de Comodoro le embargaron las cuentas por $600 millones.

El titular de la Cooperativa de Rawson, Marcelo Griffiths, señaló al diario Jornada: “Llegó la intimación por más de 15 pedidos adeudados de no pago continuo y CAMMESA, aparte de reclamarnos, nos informa que entramos en la categoría de distribuidor moroso crónico. Así tipificado es posible que seamos objeto de situaciones que no deseamos, como le pasó a Río Negro: el hecho de reducir la potencia en lo que se entrega mensualmente y eso repercute en la distribución del servicio”.

“No tenemos ninguna manera de pagar el total de esa deuda -siguió el titular de la cooperativa-. Como Trelew y otras cooperativas estamos embargados por otra deuda anterior en un 30%, entonces si sumamos pagar el corriente, más esta deuda que no está judicializada, tenemos que cerrar las puertas mañana si fuera por esto. Pero no vamos a bajar los brazos”.

“No tenemos la opción de cerrar. Y tampoco es una opción reducir la energía, el agua se produce o no. La opción de no entregar o distribuir no la vemos como posible. Ingresarán el lunes al Concejo Deliberante y a la Municipalidad la comunicación, una copia de la Carta Documento, repetirle los cuadros tarifarios que necesitamos que se aprueben y a través de la Federación planteos ante el Gobierno para las gestiones correspondientes. La gente ya no lo resiste más y las instituciones menos”, explicó.

Sobre las implicancias en caso de no poder saldar los pasivos,
Griffiths señaló que se podría dar una disminución de la entrega de energía, fallas producto que la transformación con los equipos, desperfectos en varios puntos de Rawson a la vez y una crisis en el alumbrado público.

Los dos grandes consumidores son el Puerto y la administración pública, dos claves de la economía rawsense. «Al tratarse de potencia, en el caso nuestro cuando el Puerto trabaja la demanda de energía requiere de mucha potencia para el frío y lo que harán es disminuir la posibilidad de tener grandes consumos de energía a disposición. Si no regularizamos, en algún momento llegará el momento de optimizar el servicio de energía y ellos serán los que nos hagan la distribución», apuntó.

Griffiths puntualizó: “Como cooperativas somos la mejilla para las cachetadas, pero alrededor nuestro hay otros actores elementales que son los distribuidores. El que nos vende nos ha llevado en tres años de una quita de más de 2.000% en los subsidios y un aumento de 2000% en el valor, habla de una responsabilidad del otro lado (refiriéndose a CAMMESA)”.

Los diputados provinciales de distintos bloques analizaron con el ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de Chubut, Raúl Chicala, el panorama energético de la provincia. También sobre la situación contractual y la deuda que mantiene el Estado con la empresa Genneia (ex Emgasud), en torno a la concesión de generación de energía (centrales térmicas) en las localidades de Gobernador Costa, Río Mayo, y toda la zona de influencia.

Se recordó que el Estado  otorgó de forma directa a la firma Emgasud en el 2005 la generación de energía en el marco de los contratos del fideicomiso para la construcción del gasoducto cordillerano. La empresa Genneia le reclamó, en su oportunidad al Ministerio de Infraestructura, una deuda millonaria por haber incumplido el contrato ya que el Estado compró energía y no abonó, además la empresa le cobra una indemnización en concepto de daños y perjuicios.

El ministro Chicala aportó documentación sobre Genneia que analizarán los legisladores.

La importancia de avanzar en la constitución del Consejo Consultivo, con participación de representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Intendencias y Concejos Deliberantes como así también de Cooperativas de Servicios Públicos y Sindicatos del sector, fue expuesto en la reunión que tuvo lugar en el Salón de la Presidencia de la Legislatura.

Ello se relaciona con la posibilidad de analizar y adecuar de manera armonizada cuestiones trascendentales como estructura de costos y fijación de tarifas referenciales en materia energética, apuntando a la eficientización del sistema eléctrico destinado a las distintas poblaciones del Chubut.

La situación de municipios del interior en materia de disponibilidad de energía eléctrica como así también respecto de obras de infraestructura escolar fueron planteados al ministro, quien demostró predisposición a tratar las inquietudes de los legisladores, explicando en detalle las acciones encaradas para resolver distintas problemáticas en municipios, principalmente sobre disponibilidad de combustibles para el servicio público de electricidad.

También destacó los trabajos emprendidos en edificios escolares, con personal de las áreas del Ministerio, en este receso invernal para posibilitar el retorno del ciclo educativo provincial.