La secretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, se refirió al posible cierre de la oficina de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Hay un ensañamiento muy grande hacia la gente con discapacidad”, aseveró.

En este sentido, señaló que “no todas las personas tienen las herramientas -celular o computadora- para poder sacar un turno online. La situación es realmente muy preocupante”.

“Sinceramente no creo que la oficina de ANDIS en Comodoro vuelva a abrir pero más allá de eso también estamos muy preocupados por el posible cierre de la Superintendencia de Servicios de Salud”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “mucha gente llama y nadie atiende. Hay un ensañamiento muy grande hacia la gente con discapacidad”.

“Cada vez hay más recortes en los organismos del Estado que lamentablemente golpean a los sectores más vulnerables de la sociedad”, concluyó finalmente Simunovic.

Los precios del petróleo alcanzaron este viernes sus niveles más altos en dos meses, luego que la leve relajación en el mercado laboral de Estados Unidos disipara los temores de que la Fed aumente las tasas hasta el punto de estancar la economía.

El crudo Brent del Mar del Norte para entrega en septiembre aumentó 2,54%, a 78,47 dólares, mientras su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto, ganó un 2,86%, a 73,86 dólares, publicó Ámbito.

La creación de empleo se mantuvo sólida, pero aumentó menos de lo esperado, a 209.000 puestos de trabajo en junio, reseñó la Agencia AFP. Esto sugiere que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría no mantener las tasas de interés altas durante el tiempo esperado, lo que alivia el impacto que esto podría tener en la demanda de energía, consideraron los analistas.

El mercado del petróleo sigue sin embargo preocupado por los persistentes recortes de suministro, que están elevando los precios. El martes, Arabia Saudita y Rusia, dos de los principales productores de crudo, anunciaron recortes.

Las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron 1,5 millones de barriles la semana pasada después de alcanzar los 9,6 millones de barriles la semana anterior.

Frente a lo que parece ser un déficit de oferta, numerosos indicadores económicos alimentan simultáneamente los temores persistentes de un debilitamiento de la demanda.

En China, la actividad en los servicios creció en junio, pero a una de las tasas más débiles del año, la última señal de que la recuperación post-covid del país está perdiendo fuerza.

Las jubilaciones obtendrán el mes que viene una suba del 12,22 por ciento y en diciembre se sumará otro 8,74 por ciento, con lo cual el aumento acumulado a lo largo del año sería del 51,1 por ciento. Sin embargo, el rebrote inflacionario a partir de la devaluación posterior a las PASO elevó las estimaciones de inflación bien por encima del 50 por ciento. 

En consecuencia, los jubilados este año volverían a perder frente a la inflación. La caída del poder adquisitivo de este año se va a sumar a la fuerte merma que se produjo el año pasado. Según las distintas estimaciones, en cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, los jubilados perdieron entre un 15 y un 30 por ciento de su poder adquisitivo.

Los especialistas advierten que el haber mínimo apenas permite comprar un tercio de la canasta básica de adultos mayores. A pesar de esta situación, el Gobierno no incluyó a los jubilados en el paquete de medidas de “alivio” lanzadas para mejorar su performance electoral.

El haber mínimo actualmente se ubica en 11.528 pesos y alcanzará unos 12.936 pesos el mes que viene. Se trata de un incremento del 12,22 por ciento que define la actual ley de movilidad jubilatoria, modificada por el oficialismo a fines de 2017, que está en función de la evolución de los índices de inflación y de evolución salarial (Ripte) de enero y marzo de este año, es decir que el aumento tiene seis meses de rezago con respecto al período de cálculo. La fórmula establece que el aumento se explica a partir de un 70 por ciento del índice de inflación y del 30 por ciento de la evolución salarial. 

Al ser consultado por qué el Gobierno no incluyó a los jubilados en el paquete de medidas post-PASO, el ministro de Producción, Dante Sica, dijo en una entrevista televisiva que la suba de septiembre sería del 20 por ciento y que por esa razón el Gobierno no consideraba prioritario mejorar ese número. Desde el Ministerio de Producción luego salieron a aclarar que la suba sería del 12,22 por ciento (como ya había anticipado la Anses), aunque no hubo novedades en relación a la toma de medidas adicionales para mejorar la situación de los adultos mayores.

Con la inflación y la suba de las remuneraciones del período abril-junio quedó prácticamente definida la suba pautada para diciembre, que sería del 8,74 por ciento. Con eso, el haber mínimo se ubicaría apenas por encima de los 14 mil pesos. Así, los aumentos a lo largo de 2019 sumarían un 51,1 por ciento. Para la Universidad de Avellaneda, la inflación este año quedará por encima del 50 por ciento, más cerca del 55 por ciento, y la jubilación perdería entre dos y cinco puntos porcentuales. Esa casa de estudios calcula una caída acumulada del poder adquisitivo de las jubilaciones del orden del 15 por ciento a lo largo de toda la gestión de Mauricio Macri, a partir de la menor recomposición de la formula frente a la inflación este año y el pasado junto al agujero de ingresos que surgió de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria del macrismo, que está judicializado en la Corte Suprema, y sumando los bonos otorgados.

“Las jubilaciones, en el mejor de los casos, podrían empatar a la inflación este año, pero en 2018 quedaron 20 puntos por debajo de los precios, y se venía de cinco puntos de pérdida por el tipo de empalme entre las dos fórmulas. Es un deterioro muy significativo”, indicó a este diario Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. Semino calcula desde hace varios años una canasta básica relacionada al consumo de adultos mayores que viven en grandes aglomerados urbanos, cuya última medición es de 30.500 pesos en abril. “El nivel de cobertura que tiene el haber mínimo en relación a la canasta viene en caída desde comienzos del año pasado y ahora quedó en el 30 por ciento. El problema no es sólo el cambio de la fórmula de movilidad sino también la particularidad que tiene la canasta de los adultos mayores, en donde hay muchos insumos de farmacia que se mueven por encima de la inflación, atados directamente al dólar”, agrega Semino. Desde esa organización piden al Ejecutivo una fuerte recomposición de ingresos jubilatorios, más allá de los aumentos previstos por la ley de movilidad.

Para Miguel Angel Fernández Pastor, abogado especialista en Seguridad Social, «este año en el mejor de los casos la jubilación le empata a la inflación, aunque hay estimaciones que ubican el alza de precios más cerca del 55 por ciento. Desde septiembre de 2015, la caída acumulada del poder adquisitivo de los haberes es del 30,5 por ciento».

Fuente: Página 12

Durante los primeros nueve meses del año el déficit fiscal primario ascendió hasta los 153.315 millones de pesos, lo que equivale al 1,1 por ciento del PBI. Las cifras fueron celebradas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya que le permiten ofrendar al directorio del FMI el sobrecumplimiento de la meta de ajuste del gasto público. La noticia se conoce cuatro días antes de que los miembros del organismo evalúen las modificaciones al acuerdo Stand-By.

En rigor, para alcanzar al dato establecido por el FMI se deben sumar al rojo erogaciones por 27.927 millones de pesos correspondientes al Programa de Inversiones Prioritarias, que implican otro 0,2 por ciento del producto adicional. Así, el déficit primario acumulado entre enero y septiembre alcanzó al 1,3 por ciento del PBI, mientras que la meta prevista para todo 2018 alcanza a 2,7 por ciento. El recorte del gasto público impulsado por el Gobierno tiene como objetivo garantizar el pago de servicios de la deuda. Cuando se incorpora esa carga de pago de intereses de la deuda, el resultado financiero registra un rojo por 383.942 millones de pesos, equivalente al 2,8 por ciento del PBI.

Los pagos de intereses son el rubro más dinámico del gasto. El nueve meses el Estado destinó 230.627 millones para hacer frente a los vencimientos con los acreedores, con un incremento del 55,2 por ciento frente al mismo período del año anterior. Impulsados por la devaluación que incrementa la carga en moneda local de aquellas colocaciones realizadas en dólares, euros, yenes y francos suizos, los intereses se mantienen como la tercera partida más importante del gasto del Estado, solo detrás de los fondos destinados a la seguridad social y los salarios de los trabajadores estatales.

El sector público utilizó en los primeros nueve meses del año 825.552 millones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones, un alza interanual del 28,2 por ciento. En tanto, para cubrir los sueldos de sus asalariados se utilizaron 280.077 millones de pesos, que marcaron un alza del 17,8 por ciento en relación a igual período de 2017. Ambas partidas evidencian la pérdida de poder de compra de esos ingresos ya que evolucionaron por debajo del 32,4 por ciento de inflación acumulado hasta septiembre. En cambio, los pagos de intereses de la deuda treparon 55,2 por ciento.

El programa de austeridad acordado por el Gobierno con el FMI se concentra en cinco rubros: reducir transferencias a las provincias, profundizar la quita de subsidios, achicar el empleo público, ajustar el sistema de la seguridad social y recortar el gasto en obra pública. El intento de la Casa Rosada para despejar la incertidumbre de los acreedores sobre la capacidad del país para hacer frente al pago de la deuda se complementa con restricción monetaria, tasas altas y flotación cambiaria.

“Este cuidadoso manejo del gasto público nos permitió cumplir nuestras metas fiscales por séptimo trimestre consecutivo, generando entre enero y septiembre una baja de 10 por ciento en el gasto primario en términos reales con respecto a igual período de 2017. Es el nivel más bajo de los últimos seis años”, celebró el titular del Palacio de Hacienda al presentar los resultados.

La inversión pública es el rubro más afectado por el “cuidadoso manejo” que ostentó Dujovne. A diferencia de otras partidas que crecen aunque por debajo de la inflación, el gasto en infraestructura se contrae en términos nominales. Durante los primeros nueve meses de 2018 el Gobierno destinó a obra pública 141.101 millones de pesos, una caída del 13,1 por ciento. Son 21.266 millones de pesos menos que igual período del año pasado.

Los recortes más significativos fueron registrados por las erogaciones destinadas a obras de vivienda, que retrocedieron 43,3 por ciento en términos interanuales. También anotaron caídas nominales relevantes los fondos utilizados para proyectos de transporte y sanidad que acumulan un retroceso frente al mismo período del año pasado del 18,1 y 16,3 por ciento, respectivamente. La escasez en el flujo de recursos para obras en provincias y municipios, conceptos fundamentales para apuntalar las economías regionales, es inédita en la última década. La apuesta oficial para contrarrestar el impacto recesivo de esos recortes son los proyectos de Participación Público Privada, donde las obras se financian con nueva deuda que incrementará la carga de intereses.

Según publica diario El Patagónico, Carlos De Marziani, se refirió ayer al proyecto de presupuesto nacional 2019, que está en análisis en la Cámara de Diputados, y que en principio no parece favorable para las universidades en su conjunto.

“Estuve analizando el presupuesto, porque conseguimos las planillas. Estamos viendo, en concreto, las planillas anexas. En principio se prevé un aumento del 25 por ciento, que está muy por debajo de las previsiones que teníamos, sobre todo porque no alcanzará para los gastos no salariales”, señaló.

El conductor de la UNPSJB también señaló que ese aumento porcentual “prácticamente se diluye con los incrementos salariales, con lo cual no solo está en baja en relación a la inflación, en la práctica representa menos de lo que recibimos actualmente”, acotó.

De todos modos, De Marziani recordó: “se trata de un proyecto” por lo que consideró que “todavía está la posibilidad de revertirlo, de mejorarlo”, tarea que dijo comenzará mañana con una reunión que realizará el pleno de rectores de universidades nacionales.

“Vamos a plantear nuestras necesidades y seguramente se definirá una estrategia conjunta, porque el panorama que ya afrontamos es crítico y el 2019 no parece ser mucho mejor. Luego de hablarlo con los rectores, buscaremos las respuestas con los legisladores nacionales”, concluyó.

Según el dirigente, el ajuste de las cuentas públicas “tendrá consecuencias negativas para las industrias y las economías regionales”.

Además, sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional “todavía no ha podido bajar la inflación, que era una de las metas que tenía el presidente Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión”, en diciembre de 2015.

En declaraciones a radio La Red, Acevedo indicó además que “todavía tenemos un problema con el tipo de cambio. La corrida cambiaria sigue existiendo, esa crisis la tenemos latente. Y cuando empieza a devaluarse el dólar, inmediatamente pega en la inflación”, que en julio trepó al 3,1%, según el INDEC.

Para el jefe de la UIA, no hay “un plan a largo plazo por parte del Gobierno, y los que han surgido hasta ahora no han sido los correctos”.

Asimismo, alertó que la industria “va a tener hasta fin de año o más una recesión fuerte, y no creo que eso se revierta, porque hay un problema internacional que no ayuda”.

“Y también tenemos un problema interno que todavía no está solucionado. Se está haciendo un ajuste tipo a lo contador, como se hace en una empresa para abaratar costos”, enfatizó.

Más de noventa congresales en representación de veinticinco universidades públicas de todo el país, tomaron ayer en Buenos Aires la resolución de mantener el paro activo por tiempo indeterminado, sin dictado de clases ni toma de exámenes, a partir de los mandatos de los distintos gremios docentes universitarios del país que integran la CONADU Histórica.

El paro que tuvo durante esta semana un acatamiento de más del 90% en las 57 universidades nacionales –incluida la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- ha sido ratificado ante la falta de una oferta salarial por parte del Ministerio de Educación.

“Desde noviembre de 2017 nuestros salarios sólo han recibido un 5% de ‘mejora’ en el mes de mayo, siendo el salario inicial por cargo de un ayudante de primera de dedicación simple de sólo 6 mil pesos y teniendo una deuda el Estado con la docencia preuniversitaria en concepto de FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), en algunos casos de hasta seis meses”, expresa un comunicado de la CONADU Histórica.

“Las necesidades, los reclamos, el hartazgo y la bronca acumulada son los que motorizan esta lucha de la docencia en defensa de nuestro salario, nuestro convenio y de una universidad estatal, laica, gratuita y científica al servicio de las mayorías populares”, añade el documento.

También señala que se evaluará la continuidad del plan de acción gremial el viernes 17 en un plenario de secretarios y secretarias generales.

Javier Iguacel, titular de Energía, anunció el viernes en Neuquén que ya no se recibirán más proyectos para subsidiar en los términos de las resoluciones 46 y 419, que firmó su antecesor Juan José Aranguren, según las cuales se asegura a las productoras beneficiadas un precio sostén de 7,50 dólares por millón de BTU de gas producido. El precio de mercado actual en promedio ronda los 4,50 dólares por millón de BTU.

De todos modos, el grueso de los proyectos con potencial para aprovechar los subsidios en cuestión ya se presentaron. Son 20 en total (16 están radicados en Neuquén, el resto en Río Negro y Santa Cruz), de los cuales ocho ya fueron aprobados por Energía de la Nación y están cobrando o por hacerlo. Los 12 restantes (10 de Neuquén) fueron aprobados en las provincias, pero les falta el aval final de la Nación.

Las demoras o pontenciales rechazos de los proyectos pendientes por parte de la Nación provocarán “una ralentización en las inversiones”, advirtió el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, apelando a una lógica incuestionable: si los subsidios tenían como fin acelerar inversiones, su caída evitará que eso suceda.

Los proyectos que aspiran al subsidio están en etapa piloto, esto es: con unos pocos pozos perforados que confirman el potencial productivo de las áreas. La concesión otorgada por la provincia para la explotación de esas áreas conlleva la obligación de invertir según la exigencia de los planes piloto. La posibilidad de mejorar la renta empresaria por la vía del subsidio le abría la puerta a la aceleración de los planes de producción con un apresuramiento en la inversión y como consecuencia una mejora en los ingresos provinciales por impuestos y fundamentalmente por regalías.

El gobierno neuquino no perdió todas las expectativas sobre la potencial aprobación por parte de la Nación de los proyectos a los que Energía de la provincia les dio el visto bueno (ver recuadro). De todos modos, fuentes gubernamentales dijeron no desconocer las tensiones en el gabinete del presidente Mauricio Macri que conspiran contra el plan diseñado por Aranguren.

Las inversiones frenadas en Neuquén a la espera de la aprobación de los subsidios llegan a los 3170 millones de dólares, de acuerdo a información oficial de la provincia. Si se suman los proyectos parados en Río Negro y Santa Cruz se suman 3400 mollones de dólares.

El plan que diseñó Aranguren previó el sostén de precios para la producción excedente de las áreas aprobadas, esto es la diferencia entre la extracción total y la que se produjo en el mismo lapso del año pasado.

La principal beneficiada con ese plan es Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que activó con fuerza la producción en Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, desde cero. En poco más de un año, con mil millones de dólares de inversión, se convirtió en el área con mayor producción de gas natural de la formación neuquina, con unos 8 millones de metros cúbicos diarios de promedio.

El freno a la aprobación de los subsidios no es el único frente abierto entre la industria petrolera y el gobierno. Hoy se conocerán precisiones sobre el aumento de las tarifas de gas domiciliario. En el esquema diseñado por Aranguren debía reconocerse en este aumento una suba del precio en boca de pozo hasta 5,20 dólares. Según los trascendidos previos al anuncio de las tarifas que irán a las audiencias públicas no se contemplará ese aumento, sino que el gobierno estima dejar planchado el precio a las productoras hasta después de las elecciones del año que viene.

Este plan implica otro golpe a las petroleras, que verán reducidos sus ingresos en dólares. Para colmo, hay en juego una disputa por una millonaria entre las distribuidoras y las productoras. La diferencia se generó en que las distribuidoras pagaron el gas al precio establecido en dólares, pero considerando el valor de la moneda estadounidense previo a la devaluación, que fue superior al 45%. ¿Quién paga la diferencia? Está en dudas.

Se juegan u$s 3700 millones. Es la inversión en proyectos pendientes.

Neuquén no cerró el registro de empresas
El Ministerio de Energía de Neuquén tiene abierto el registro de inscripciones de proyectos de producción de gas natural no convencional que aspiren a los beneficios de la resolución 46 del Ministerio de Energía de la Nación.

El titular de Energía de la Nación, Javier Iguacel, anunció el fin del plan de subsidios, pero hasta ahora no dio de baja la resolución que lo sustenta. El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, le dijo a Economía y Petróleo de LM Neuquén que oficialmente su cartera no recibió ninguna notificación en ese sentido, por lo que no puede rechazar proyectos que se presenten.

46 es la resolución de Aranguren que está en plena discusión entre ministros nacionales.

Los proyectos para ser incorporados en el plan de subsidios deben ser aprobados en última instancia por la Nación, pero no llegan a esa esfera si antes no obtienen la venia del gobierno de la provincia en la que están radicados.