Clara Vega, senadora nacional por La Rioja, es la autora del proyecto que incluye entre los delitos tipificados contra la integridad sexual: el abuso, el acoso, la trata y pretende proteger el acceso a derechos por parte de las víctimas.

Al momento de presentar la iniciativa, Vega hizo referencia a “casos que se hicieron públicos en las últimas semanas” en los que “las víctimas hablan cuando pueden y sufren las consecuencias de estos delitos durante toda su vida”.

La senadora, que preside la Comisión Bicameral Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, manifestó que la idea de impulsar este proyecto se basa en que “nunca más una víctima se vea vulnerada primero, por su victimario, y luego, por el sistema judicial”.

”Casos como el ocurrido recientemente en la localidad de Vichigasta (La Rioja), donde se rescató a doce víctimas de trata -entre ellos tres menores-, requieren con urgencia la aprobación de un proyecto de estas características para que el delito no pueda prescribir, resguardando los derechos esenciales de las víctimas y sus familias”, explicó la legisladora del espacio Hay Futuro Argentina.

Tras el ingreso del expediente este lunes, se espera que sea debatido en las próximas semanas por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Ayer, en diálogo con la prensa, Vega habló también de “la necesidad urgente de aprobar la Ley Lucio” y recordó que su tratamiento en el Senado se vio frustrado en la última sesión, luego de que el interbloque de Juntos Por el Cambio se retirara del recinto. En este marco, criticó a los senadores opositores por “darle la espalda al abuelo de Lucio Dupuy y a tantas personas que vienen luchando por esta ley”.

”Fue muy doloroso ver cómo las familias tenían que dejar el Senado sin el resultado que fueron a buscar, pero nos comprometimos a trabajar fuertemente para que en los próximos días esta ley sea aprobada”, concluyó Vega.

El caso de trata al que hizo referencia la autora del proyecto

Clara Vega explicó, al momento de presentar la iniciativa que pretende establecer laimprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de menores de edad, que casos como el ocurrido en Vichigasta “requieren con urgencia la aprobación de un proyecto de estas características”.

El caso al que hizo referencia la senadora trascendió días atrás luego que agentes de la División Unidad Operativa Federal de La Rioja rescataron a 12 personas víctimas de trata en la mencionada localidad de La Rioja y detuvieron a tres hombres.

Entre las víctimas había menores de edad. Desde la Policía Federal informaron que la investigación comenzó a raíz de una denuncia en la que se alertó que los involucrados mantenían retenidas a un grupo de mujeres que eran obligadas a prostituirse.

La investigación avanzó y las fuerzas de seguridad detectaron 7 viviendas vinculadas a la trata de personas. En este marco, el Juzgado Federal provincial, a cargo de Herrera Piedrabuena, ordenó los allanamientos y se logró rescatar a 12 mujeres -9 mayores de edad y 3 menores- que fueron trasladadas al Centro de Asistencia de la Víctima de la provincia.

Con información de Agencia Télam.

Es parte de un proyecto de Ley presentado en la Legislatura de la provincia. La idea es que se publiquen los nombres de quienes acceden a viviendas del IPV para «evitar acomodos políticos».

Según publica El Patagónico, la diputada provincial Rossana Artero presentó a la Legislatura un proyecto de Ley para que se publiquen los listados de adjudicatarios de las viviendas del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda).

El objetivo del proyecto es que se difundan en el Boletín Oficial y en medios de comunicación de la zona los listados de las personas que son beneficiarias de las viviendas que entrega el organismo provincial.

Artero resaltó que con esta Ley se pretende “transparentar” el sistema de entregas, además de “evitar acomodos políticos y que todos los inscriptos en el IPV tengan un fácil acceso a la nómina de beneficiarios que les permita controlar y objetar las adjudicaciones que consideren arbitrarias o que no son correctas”.

“Lo que se pide en este proyecto es algo tan simple y claro que no debería admitir discusión; simplemente que se publiquen los listados completos de los adjudicatarios y los suplentes resultantes de la selección realizada por el IPV”, subrayó Artero.

Añadió que las publicaciones “deben contener la identificación del titular inscripto, nombre y apellido y documento, así como el domicilio autorizado y el puntaje obtenido”.

Por otra parte, Artero pidió el tratamiento sobre tablas ya que solo resta una sesión para terminar el período legislativo 2020, pero la solicitud contó con el voto a favor de 3 diputados por lo que el proyecto fue remitido a Comisión donde será debatido.

La legisladora y exintendenta de Rawson insistió en que “nadie mejor que los propios interesados para controlar, vigilar e impugnar adjudicaciones injustas que marginan a quienes les correspondería acceder evitando acomodos que resultan a todas luces inadmisibles y diría hasta repugnantes”.

La diputada expuso que “esta transparencia no solamente defiende y beneficia a los posibles adjudicatarios sino que es bueno para los gobernantes porque los protege de actos de corrupción como los que en los últimos años se han visto sobradamente”.

Durante las últimas horas se determinó el cronograma de tratamiento del proyecto de aborto legal. Comenzará el próximo martes 1 de diciembre y los “verdes” buscarán firmar dictamen el viernes, con posible fecha de sesión el 10 de diciembre.

Así se acordó en una videoconferencia de la que participaron los presidentes de las comisiones que intervendrán, Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad), junto a los vicepresidentes y -por un rato- el titular de la Cámara, Sergio Massa.

Con la intención de sancionar la ley antes de fin de año, los titulares de las comisiones -todos a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo- decidieron que habrá tres jornadas maratónicas la semana próxima, con la participación de 50 expositores, 25 a favor y 25 en contra, agrupados por temáticas.

El tratamiento iniciará entonces el martes, en dos tandas: de 10 a 13 asistirán a la reunión virtual funcionarios del Poder Ejecutivo, mientras que de 14 a 19 hablarán los invitados, con un tiempo de siete minutos cada uno -el listado definitivo se terminará de cerrar en los próximos días-.

Por el Gobierno se espera que defiendan el proyecto los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, además de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Ténica y redactora de la iniciativa.

El miércoles se repetirá el mismo esquema, con la participación de expositores de 10 a 13 y de 14 a 19, y el jueves por la tarde habrá una nueva reunión dedicada al debate entre los diputados.

Finalmente, los “verdes” esperan dictaminar el viernes, para dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto posiblemente el jueves 10 de diciembre, junto con el denominado “Programa de los 1.000 días”, que obtendría dictamen también la semana próxima tras una ronda informativa con funcionarios.

Según publicó El Parlamentario, los diputados a favor del aborto legal tienen prácticamente asegurado el dictamen de mayoría en las comisiones, donde el panorama está bastante definido, con tan solo cinco legisladores indefinidos que integran esos cuerpos.

En Legislación General, la comisión cabecera, hay 15 miembros a favor, 12 en contra y cuatro indefinidos; en Salud, 21 a favor, 13 en contra y un indefinido; en Legislación Penal hay empate 14 a 14 y dos indefinidos; y en Mujeres y Diversidad, 26 a favor, cinco en contra y ningún indeciso.

En 2018, primera vez que se habló de la legalización del aborto en profundidad, el tratamiento en comisiones insumió más de 20 reuniones informativas, que totalizaron más de 130 horas de debate con la participación de 738 expositores.

A tres semanas del final del período ordinario, la secretaria de Legal y Técnica de Casa Rosada Vilma Ibarra confirmó ayer que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de despenalización y legalización el aborto para su tratamiento. Un sondeo realizado por el sitio Parlamentario.com anticipó que en la cámara de Diputados la mayoría de los legisladores votará a favor.

Aun resta confirmar si la iniciativa ingresará por la Cámara Baja que preside Sergio Massa, aunque todo apunta a que así será, tras la experiencia de 2018 y por la actual conformación del Senado. En esta oportunidad, se suma además el empuje que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda darle al proyecto de ley en la cámara Alta.

De acuerdo con el estudio, la tendencia está inclinada en favor de los «verdes», con 121 votos afirmativos y 106 negativos. Sin embargo, hay 29 indefinidos, con lo cual esa porción podría definir la votación.

Cómo viene el «poroteo»

Luego de la histórica jornada en la que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fuese aprobado en 2018, hubo dos cambios en la conformación de la Cámara. Sin embargo, esta renovación de legisladores no alteró el panorama del próximo debate, ya que los reemplazos fueron «verdes» por «verdes»: Guillermo Carnaghi por Darío Martínez -asumió en la Secretaría de Energía-, y Alcira Figueroa por Juan Ameri -renunció tras el escándalo de la escena erótica-.

Dentro del sector de los votos indecisos, hay tres que en la campaña electoral de 2019 habían propuesto realizar una consulta popular: los mendocinos Alfredo Cornejo, titular de la UCR; y su sucesora en la lista Jimena Latorre; y el cordobés Carlos Gutiérrez, jefe del bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti.

Entre los indefinidos también se encuentra Sebastián García De Luca (Pro-Buenos Aires), que estaría a favor de la despenalización del aborto pero tiene dudas con la legalización. También por Juntos por el Cambio, el pampeano Martín Berhongaray (UCR) siempre se mostró ambiguo.

En tanto, la chaqueña Aída Ayala, quien votó a favor en 2018 pero luego dijo que se arrepintió, y la cordobesa Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en aquella oportunidad, se suman a las indecisas. Por otra parte, también son incógnitas las posturas de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci y el mendocino Alejandro Bermejo, ambos del Frente de Todos; Mariana Zuvic (Coalición Cívica), espada de Elisa Carrió, firme detractora del aborto legal; el «lavagnista» Jorge Sarghini y de los radicales Gerardo Cipolini, de Chaco; Ximena García, de Santa Fe; Jorge «Colo» Rizzotti, de Jujuy; y Víctor Hugo Romero, de Córdoba.

Por el Frente de Todos hay 14 integrantes que aún no han hecho pública su postura. La secretaria parlamentaria del bloque Cristina Álvarez Rodríguez y la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades Mónica Macha tienen la tarea de juntar los votos al interior del bloque está cargo, principalmente, de su secretaria parlamentaria.

Entre los oficialistas que esquivaron pronunciarse está Massa, el titular de la Cámara, quien la semana pasada recibió a la Campaña por el Aborto Legal y a Unidad Provida. El tigrense busca mostrar equilibrio y apertura en el debate, pero lo sigue de cerca su esposa, Malena Galmarini, que está a favor.

José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia por su cargo en BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), completa la lista de los 257 diputados. En 2018, tras confesar que su postura original era otra, días antes de la sesión confirmó su acompañamiento.

Fuente: perfil.com

La Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, adelantó este lunes que el Gobierno nacional enviará el proyecto de legalización del aborto “en el curso del mes de noviembre”.

En una entrevista con C5N, la funcionaria explicó que se incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias. También adelantó que el Ejecutivo enviará su propio texto pero también tratará “los proyectos que estén”. Tal es el caso de la iniciativa presentada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que todavía mantiene estado parlamentario.

El Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto de ley de legalización del aborto junto con un proyecto de ley que es de acompañamiento a la maternidad y a los tres primeros años de vida de niños y niñas recién nacidos”, agregó.

Vilma Ibarra destacó que el presidente Alberto Fernández cumplirá así con la promesa que hizo durante la campaña y que luego ratificó el 1 de marzo en su discurso ante la Asamblea Legislativa y “cada vez que fue consultado” sobre el tema.

“En la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados y muchas más siguen lesionadas de por vida. No he cambiado un ápice. Simplemente postergue el envío de la ley porque la pandemia debía tener toda nuestra atención. Pero la ley la vamos a mandar, por supuesto que sí”, había asegurado el Presidente el martes 13 de octubre en C5N.

El proyecto del Ejecutivo contempla que las mujeres que necesiten interrumpir el embarazo puedan hacerlo sin miedo al castigo de la cárcel, la clandestinidad, la crueldad médica, la negación de ayuda.

A la vez se sumaría un plan denominado de los mil días para incrementar la ayuda a todas las personas gestantes que quieran continuar con el embarazo. La idea es que sean acompañadas todas las mujeres que decidan ser madres y que las dificultades económicas -incrementadas por la pandemia- no sean un obstáculo en el embarazo.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en el mismo día en dos reuniones distintas a las representantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a militantes de organizaciones autodenominadas “provida”. En ambos casos el titular del cuerpo aseguró que el Congreso es un lugar “neutral” y “abierto al debate de ideas”. Prometió además que se garantizará que no haya faltas de respeto ni agresiones en el marco de las diferencias entre diputadas y diputados.

En el Congreso, cuatro son las comisiones que trabajarían en el tema: Salud, Legislación Penal, Legislación General, y Mujeres y Diversidad. Las cuatro están presididas por diputados del Frente de Todos que ya se expresaron a favor de la IVE. Son Pablo Yedlin, Cecilia Moreau, Carolina Gaillard y Mónica Macha. Las vicepresidencias están repartidas: a Yedlin lo secunda Carmen Polledo (PRO) y a Gaillard la secunda Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), ambas con opinión contraria al aborto. En cambio la vice de Macha es Silvia Lospennato (PRO) que ya dos años atrás integró el grupo que logró la media sanción en Diputados. La vice de Moreau es Carla Carrizo, de Evolución-UCR, una defensora de la ampliación de derechos.

El proyecto de ley tiene como finalidad prorrogar por 10 años más el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina, señaló diario El Chubut.

En concreto, el proyecto busca modificar el artículo 16ø de la ley, y llevar así el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) a 1.500 millones de pesos, con el fin de actualizar el monto de 80 millones de pesos que había sido dispuesto en 2011.

«Los antecedentes que dieron lugar a la creación de este régimen del incentivo y apoyo a una economía regional tan relevante como la vinculada a la ganadería ovina siguen vigentes y, por tal motivo, justifican dar lugar a una nueva prórroga. En este caso por otros 10 años, contados desde la expiración del vigente, el próximo 5 de abril de 2021», dijo el legislador radical en el proyecto.

“El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas fue creado en el año 2002 por diez años, lo que llevó a que en 2009 se prorrogue por 9 años más a partir de su vencimiento en 2012, es decir que caducaría el año que viene”, comentó Tomás Buffa.

Y agregó que “el objetivo de este fondo por un lado es el de financiar el gas domiciliario en la zona sur del país y, por el otro, la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo”.

“Una de las causas de la creación del Fondo es que las zonas beneficiadas presentan condiciones climáticas extremas, que implica bajas temperaturas una buena parte del año, lo cual impide el ahorro o limitación en el consumo de gas”, señaló el edil.

En ese marco, recordó que actualmente, el recargo vigente es de cuatro coma cuarenta y seis por ciento (4,46%), según lo dispuesto por Resolución SE 312/2019, lo que redunda en alrededor del 50% de descuento de los cuadros tarifarios plenos, en beneficio de las regiones alcanzadas.

El legislador nacional Gustavo Menna, señala en su Proyecto de Ley que la prórroga de dicho plazo por 10 años adicionales sean contados desde el vencimiento en 2021.

La diputada provincial Mónica Saso (PJ) presentó un proyecto de ley que pretende la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda de Chubut.

La propuesta es impulsada por “la necesidad de poder analizar y controlar la evolución de la deuda realizar un seguimiento, control y monitoreo de la misma, revisar todos los procedimientos administrativos y legales relacionados con su adquisición”, planteó la legisladora.

Si se aprueba el proyecto, la comisión estará integrada por nueve legisladores propuestos por los bloques parlamentarios y respetando la proporción de las representaciones políticas. Estos integrantes desempeñarán sus funciones durante dos años y podrán ser reelegidos.

Además, anualmente se designará un presidente, un vicepresidente y un secretario. Sin embargo, los dos primeros cargos no podrán recaer sobre legisladores que pertenezcan al bloque que representa al partido de Gobierno.

La comisión dictará su reglamento de funcionamiento para cumplir los objetivos fijados en la presente Ley y supletoriamente se aplicará el reglamento de la Legislatura. El reglamento interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión, en caso de empate el presidente tendrá doble voto.

El proyecto también determina que el quórum para sesionar será el establecido para el caso de las comisiones extraordinarias en el artículo 650 del reglamento orgánico de la Legislatura Provincial. La comisión, obtenido el quórum, tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.

ACCIONES

La comisión tendrá las facultades de requerir informes, expedientes, documentos y todo otro elemento, que pueda aportar datos, información o material de interés para cumplir con los objetivos; solicitar la comparecencia de funcionarios o empleados públicos del Ejecutivo provincial, de entes descentralizados y autárquicos, y empresas del Estado provincial; cursar invitaciones a asistir a la comisión a personas físicas y jurídicas relacionadas con las operaciones de endeudamiento de la ciudad; realizar consultas técnicas a especialistas; y proponer la modificación o sustitución de normas e impulsar su adhesión por parte de los diputados a fin de su tratamiento parlamentario.

En este sentido, la propuesta que presentó Saso implica que el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut deberá concurrir trimestralmente o cuando la comisión lo requiera para informar el estado de la deuda pública de la provincia.

La iniciativa fue elaborada por ambos diputados nacionales, quienes la presentaron ayer al mediodía en una conferencia de prensa brindada a través de la plataforma Zoom y en la que participaron los diputados provinciales Manuel Pagliaroni, María Andrea Aguilera, Sebastián López, y la presidenta del radicalismo provincial, Jacqueline Caminoa.

El proyecto tiene como eje troncal cubrir el déficit anual de Chubut previsto para este 2020 y de esta manera neutralizar la posibilidad de que la Provincia entre en cesación de pagos, informó diario El Chubut.

Según explicaron, la solicitud del subsidio se basa en el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional que indica que le corresponde al Congreso «acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios».

Estos subsidios «están delineados como un auxilio directo del Estado Federal a las provincias que padecen una situación extrema como la del Chubut en la actualidad, sin afectar los ingresos de los restantes Estados provinciales», precisaron.

El esquema de giros de fondos

La absorción de fondos para la provincia del Chubut que propone la iniciativa de Menna y Torres será en seis cuotas consecutivas de 5.000 millones de pesos cada una.

El primer desembolso sería el 1 de julio y el último se concretaría en diciembre de 2020.

En relación con la procedencia, Menna y Torres indicaron que desde el inicio de 2020 la emisión monetaria del Banco Central ha sido de un billón de pesos. «Pero está claro que esa emisión solo aprovecha y beneficia al Estado Nacional, ya que su producido no se coparticipa.

Déficit de $ 2.000 millones mensuales

Para justificar el monto de asistencia que solicitaron ambos legisladores, la iniciativa indica que el ministro de Economía de la Provincia, Oscar Antonena, «ha venido exponiendo al momento de justificar el incumplimiento y la mora en el pago de salarios de agentes públicos y otras obligaciones estatales, que mensualmente faltan $2.000 millones solo para cancelar obligaciones salariales».

Así, «si tenemos en cuenta que hay que pagar los meses de abril a diciembre y dos medios aguinaldos, tenemos que entonces solo por ese concepto están faltando $20.000 millones».

Además, graficaron que si se computa que ese monto solo contempla el faltante para el pago de obligaciones salariales, y que además los ingresos seguirán cayendo y que también deben atenderse otras funciones esenciales del Estado, «se considera prudente estimar en $ 30.000 millones el monto total de la asistencia que se propone».

Recientemente, mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se anunció un nuevo aumento por decreto presidencial de las jubilaciones y pensiones, mecanismo que se viene realizando desde la suspensión de la fórmula de movilidad establecida por la ley 24.241 en su artículo 32. Al respecto el Torres manifestó que “ya pasaron muchos meses desde que el gobierno nacional derogó la fórmula de movilidad implementada en la gestión de Mauricio Macri, y que viene aplicando los aumentos por decreto de manera totalmente discrecional e imprevisible” y agregó, “lo que ha quedado claro es que no hubo beneficio alguno, sino todo lo contrario, hoy los jubilados están percibiendo menos dinero del que iban a tener si se seguía aplicando la fórmula anterior”.

En el informe “El ajuste es con todos” de Econometrica, establece que en marzo correspondía un aumento del 11,6 % y cerca del 12,2 % para junio. Estos dos aumentos son los que fueron suspendidos por la ley emergencia aprobada, entre ambos sumaría un 25 % en el semestre y permitirían a las jubilaciones un aumento del 52,8 % interanual en junio del 2020. El informe expresa “En un escenario intermedio, donde discrecionalmente se otorgue aumentos que en el promedio sean equivalentes a la mitad de lo que otorgaría la ley ( 12,5 % en vez de 25 %), la jubilación promedio mostraría aumentos del 37 % interanual para junio del 2020. Este menor incremento a lo que expresa la ley suspendida ( 25 %), explica el ajuste de UDS 3.000 millones que estimamos en las erogación por jubilaciones y pensiones”.

En ese mismo sentido, el diputado manifestó que “resulta paradójico que el gobierno haya titulado a la ley de emergencia económica como Ley de Solidaridad, y que eso haya implicado entre muchas otras cosas, el ajuste concreto al bolsillo de los jubilados” y continuó diciendo “lo advertimos hace meses y el tiempo nos dio la razón, lamentablemente hay que decirlo así, la única verdad es la realidad; el gobierno ajustó a los jubilados”.

El diputado nacional del Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso un proyecto de ley para establecer presupuestos mínimos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, aplicable a los proyectos de obras y actividades públicas o privadas con impacto significativo, con el fin de hacer cumplir lo normado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto a “la utilización racional de los recursos naturales”. 

La propuesta retoma, indicó Menna, el proyecto presentado en 2013 por la entonces diputada nacional Hilma Ré, y también una iniciativa de 2016 del legislador Juan Carlos Villalonga. Y obedece, repasó, a “la extrema necesidad de contar con la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en carácter de presupuesto mínimo de protección ambiental”. 

La iniciativa tiene como cofirmantes a Brenda Austin (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Luis Pastori (Misiones), Álvaro de Lamadrid (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Marcela Campagnoli (Buenos Aires), Alejandro Cacace (San Luis), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), Ximena García (Santa Fe), Mario Arce (Formosa), Claudia Najul (Mendoza), Sebastián Salvador (Buenos Aires) y Carlos Fernández (Buenos Aires).

El proyecto de Menna -que consta de 31 artículos y dos anexos que de manera pormenorizada explicitan los ámbitos de aplicación- prevé la implementación de la EIA, “en todo el territorio nacional, incluyendo sus espacios aéreo y marítimo, en los cuales la Nación argentina ejerce soberanía o jurisdicción”, indicó en uno de sus artículos.

Obligatorio

Agregó en que “el procedimiento jurídico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental será obligatorio, previo y aplicable a todos los proyectos de obras y actividades, públicas y privadas, susceptibles de degradar significativamente el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población”.

El proyecto define a la Evaluación de Impacto Ambiental y afirma que “tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas autoridades públicas competentes”.

En los fundamentos se mencionan como ejemplo dos casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia: el desmonte de bosque nativo de Salta (Caso Salas) y el de las represas del Río Santa Cruz. “La falencia de ambos casos se relaciona con en la indebida aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental”, apuntó Menna.

En este contexto indicó que “es innegable que la planificación, el análisis y la evaluación de las intervenciones que se realizarán sobre el ambiente son necesarias a fin de evitar el menoscabo ambiental y que estas acciones responden a la mínima diligencia esperable de las autoridades y de los particulares que buscan concretar sus proyectos”.

Aunque indicó que la actual “Ley General del Ambiente reconoce la EIA como herramienta de la política ambiental nacional”, la misma “requiere una mayor profundización, a efectos de que la protección ambiental mentada por el artículo 41 de la Constitución Nacional pueda concretarse”.

Este artículo constitucional obliga a “la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”, señalo Menna, quien aclaró que esta obligación “no puede cumplirse sin una ley de EIA”.

Es que, se explicó, si bien existe la EIA para las obras hidráulicas y alguna disposición limitada en el Código de Minería “ninguna alcanza para cubrir los requerimientos establecidos por los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente”, observó.

De manera adicional, y atendiendo a normas y tratados nacionales e internacionales, “se prevé una instancia de participación ciudadana, con especial consideración de los pueblos originarios en el marco del Convenio 169 de la OIT”.

Implementación federal

En cuanto a su implementación a nivel federal, Menna explicó que “debe articular dos niveles: el Gobierno Nacional y el Provincial”. Así, precisó, el Gobierno Nacional “establecerá los requerimientos que como un piso tenderán a garantizar una calidad ambiental homogénea para todo el territorio nacional”.

Pero, además, las provincias tienen “la potestad de regular las mismas materias, de manera complementaria, o aún más exigente, a fin de atender las particularidades locales”. De esta manera, “se trata de un sistema novedoso para nuestra Constitución, que busca la coherencia del marco normativo ambiental del país mediante la regulación coordinada de ambos niveles de gobierno, en donde también el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tiene un rol por cumplir”.

Atraso de 50 años

Aunque mencionó que “mientras Argentina está atrasada 50 años en regular el instituto, las provincias adoptaron esta herramienta muy tempranamente”. Entre ellas incluyó a Córdoba y a Chubut, que en 1994 sancionó la Ley 4.032, de la entonces diputada provincial Sylvia Moore de Del Villar. La norma integra, desde 2010, el Código Ambiental de la Provincia.

De esta manera, repasó Menna, la EIA “constituye una herramienta integral, que permite la identificación y valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos de los proyectos, y en tal sentido, aplica el principio de prevención y de corrección en las fuentes, como así también el precautorio”.

La normativa propuesta “permite anticiparse a los daños y conflictos dado que, a través de la intervención de equipos multidisciplinarios, puede avizorar los posibles escenarios que se generarán en caso de ejecutarse el proyecto de obra o actividad bajo análisis, planteando, a su vez, alternativas”.

Así, concluyó, “es entonces una herramienta de gestión ambiental absolutamente necesaria para que el Estado pueda tomar decisiones que respeten al ambiente y a la sociedad, que garanticen la calidad ambiental y de vida, y especialmente tiendan a concretar en la práctica la noción de desarrollo sustentable incorporada por el constituyente de 1994, que hace referencia al equilibrio de lo ambiental, lo económico y lo social”. 

Como parte de sus iniciativas para mitigar el impacto económico de las medidas de prevención del Covid 19, el diputado nacional chubutense Gustavo Menna (Interbloque UCR-Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para facilitar la reinscripción de monotributistas dados de baja por decisión propia o por las razones previstas en la Ley del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

“Es una ayuda para mucha gente que frustró su iniciativa, tuvo que cerrar su negocio o actividad y necesita tener monotributo para poder trabajar”, resumió Menna en relación con el proyecto de ley, y mencionó que el disparador de su elaboración “fue una inquietud que nos acercó el intendente de la capital del Chubut, Rawson, Damián Biss, preocupado por la situación que atraviesan muchos vecinos y comerciantes de la región y, en realidad, de todo el país”.

El proyecto, presentado este lunes en el Congreso bajo el número de expediente 1.721-D-2020, contó con acompañamiento de los legisladores Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Federico Zamarbide (Mendoza), Claudia Najul (Mendoza), Ximena García (Santa Fe), Karina Banfi (Buenos Aires), Diego Mestre (Córdoba), Fabio Quetglas (Buenos Aires), Luis Petri (Mendoza), Lidia Ascárate (Tucumán), José Cano (Mendoza), Estela Regidor (Corrientes), Juan Martín Mussachio (Santa Fe), Mario Arce (Formosa), Hugo Romero (Córdoba), Álvaro de Lamadrid (CABA), Miguel Bazze (Buenos Aires), Jimena Latorre (Mendoza), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Gabriela Lena (Entre Ríos), María Gabriela Burgos (Salta) y Emiliano Yacobitti (CABA).

 “Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la Ley 24.977 o hubiesen renunciado al mismo, podrán volver a adherir sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del Anexo de la Ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, en la medida en que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por el mencionado Anexo”, dice el artículo 1° de la norma, que indica que esta opción “podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Y agrega que “la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y condiciones para efectuar dicha adhesión”.

“La emergencia generada por la propagación del coronavirus y las medidas restrictivas a la circulación de personas y de ejercicio de actividades comerciales, industriales, productivas y de servicios en general dispuestas por las autoridades públicas como modo de prevenir el contagio, han generado dificultades para pequeños comercios, profesionales, trabajadores autónomos y cuentapropistas en general”, dijo Menna en los fundamentos de la iniciativa.

Agregó que muchos de estos tipos de trabajadores y trabajadoras “necesitan inscribirse en el régimen simplificado del ‘monotributo’ pero no pueden hacerlo por haber sido excluidos del sistema por las razones previstas en la Ley 24.977, o bien porque se dieron voluntariamente de baja del mismo por emprender una actividad en relación de dependencia o llevar adelante una nueva inscribiéndose como responsable de IVA y Ganancias”.

Añadió el legislador chubutense que “la inédita caída de la actividad económica generada a partir de marzo de este año -diversos analistas reportan una caída del 15% del PBI en abril, lo cual no registra antecedentes en la historia de nuestro país-, provocó que muchas personas pierdan su empleo o vean frustrada la continuidad de sus emprendimientos”.

De esta manera, “como forma de retomar algún tipo de actividad muchos de ellos necesitan reinscribirse en el monotributo, pero no pueden hacerlo porque el artículo 19 del anexo de la Ley 24.977 dispone que para ello deben transcurrir tres años desde la renuncia o baja”.

Ante ello, consideró, “en estas circunstancias excepcionales y de emergencia que le toca vivir a nuestra economía, el Estado debe facilitar a las personas las herramientas para reencauzar sus actividades”.

Por esa razón, sostuvo, “corresponde dispensar en esta instancia y hasta el 31 de diciembre del corriente año, el plazo mencionado, posibilitando que todo aquel que en los últimos tres años fue dado de baja o renunció voluntariamente a su condición de monotributista, pueda hacerlo sin restricciones”.

“Sin ninguna duda, ello generará un alivio para todas aquellas personas que necesitan en este momento regularizar tal inscripción para poder procurarse un sustento para sí y para su familia”, finalizó.