El ministro de Economía y Crédito Público del Chubut, Oscar Antonena, brindó detalles del Proyecto del Ley de Presupuesto 2021, que el gobernador, Mariano Arcioni, elevó días atrás a la Honorable Legislatura de la Provincia. 

Durante la conferencia, presidida por el mandatario provincial, el titular de la cartera económica explicó que “el Gobernador elevó el Proyecto de Ley y los criterios que tomamos tienen que ver con la prudencia, la realidad económica y la coherencia”. 

“El presupuesto es algo dinámico, nosotros tratamos de ajustarlo de manera muy austera, lo que igual implica un incremento del 15,68% y estamos en 140.569.452 pesos”, especificó Antonena remarcando que “habitualmente, en los diferentes presupuestos, no se daban de baja las vacantes, se dejaban libradas al azar de manera tal que se dejaba abierta esta puerta, pero el Gobernador dio instrucciones de dar muestras de austeridad y este presupuesto no tiene vacantes disponibles en masa y cargo”. 

Sobre la ejecución del presupuesto, Antonena sostuvo que “normalmente, a esta altura, un presupuesto normal está en 95% de ejecución, y nosotros estamos en un 72%. Esto muestra a las claras la Administración del gasto que tenemos en función de los recursos escasos”. 

“Estamos posicionados en un presupuesto que vamos a ir tratando de dinamizar en función de la mejoras que vamos a tener y uno de los puntos es la reestructuración de la deuda, que es un tema muy importante y uno de los pilares del plan económico”, puntualizó el Ministro de Economía.

Finalmente, Antonena precisó que “este trabajo que iniciamos en enero informando el déficit total diferenciando del primario, arrojaba un número muy importante, y para el 2021 el déficit primario va a estar ubicado en los 5.700 millones versus a 10 mil millones que teníamos previsto para este año, esto muestra que también vamos a estar ajustados a los ingresos”, y subrayó que “por lo que esperamos que tome estado parlamentario y tener novedades, ya que quedan pocas sesiones y es necesario tener el presupuesto aprobado antes de fin de año”.

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres intervino en la sesión de presupuesto para proponer que se distribuyan los remanentes de los aportes del Tesoro Nacional de una manera más justa. La propuesta contaba con el aval de intendentes de JxC de todo el país e incluso algunos peronistas como el caso del intendente Carambia de Las Heras Santa Cruz.

Además, Torres expresó que «Varios diputados de este recinto vemos con preocupación que estemos debatiendo un proyecto que tiene más que ver con la provincia de Buenos Aires, que con un país verdaderamente federal».

En ese sentido, agregó que «Por ejemplo, se le asignan casi 50 mil millones de pesos a provincia de Buenos Aires por fuera de la coparticipación, porque Axel Kicillof es amigo, pero Chubut no recibe aportes de partidas extraordinarias, a pesar de que ahí también son oficialismo».

«Mientras tanto», continuó diciendo «La provincia sigue agonizando, con los trabajadores sin cobrar en tiempo y forma, y los chicos que siguen sin clases desde hace ya más de dos años». «Hablo de trabajadores que le están poniendo el cuerpo a esta pandemia, de jubilados que aportaron toda su vida y hoy no tienen siquiera la certeza de cobrar como corresponde» aseguró.

Por otro lado, el legislador nacional manifestó que «quiero hacer referencia a todos esos emprendedores, comerciantes, pequeñas y medianas empresas que se han fundido por una decisión irresponsable, de querer dividir a los argentinos mediante una grieta mentirosa, poniendo de un lado la salud y del otro la economía, como si fueran excluyentes». Y agregó que «por eso presentamos con otros colegas distintas propuestas concretas y reales para ayudar efectivamente en medio de esta crisis, pero la respuesta del oficialismo una vez más fue negativa».

Torres apuntó contra el gobierno afirmando que «aún no nos pudieron explicar por qué gastar millones de pesos en patrullaje de medios es inversión, pero ayudar a los trabajadores y jubilados, es para ellos un gasto fiscal».

Y dijo que «Quiero recordarle al gobernador Mariano Arcioni que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los Chubutenses independientemente de quien esté en el gobierno central».

Finalmente, indicó que «aplaudir este presupuesto es seguir dándole la espalda a los chubutenses, por eso vamos a seguir buscando herramientas para poder darle una respuesta a esos miles de trabajadores y jubilados que no encuentran esa respuesta ni en este proyecto, ni en el gobernador de la provincia del Chubut».

El secretario de Energía de la Nación, Daniel Martínez, confirmó que el Gobierno dará fin a la política de congelamiento de tarifas para los servicios de luz y de gas y que a partir de enero de 2021 comenzará a poner en marcha un nuevo sendero de ajuste de precios.

Según explicó el funcionario al diario Río Negro, el Poder Ejecutivo ya definió que no habrá una nueva prórroga del decreto que firmó el ex presidente Mauricio Macri y que, en ese entonces, frenaba el cronograma de suba de las tarifas previsto para 2019, en medio de la campaña electoral de ese año.

El decreto tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre pero, según dijo Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

El funcionario habló con TN e hizo referencia a que en la generación de energía y el transporte no hay problemas, pero admitió que “sí hay” en la distribución, por lo que señaló: “Vamos a trabajar para bajar los cortes de luz; los vamos a tener, pero esperemos lograr bajarlos a lo largo del tiempo”.

En lo que se refiere a las tarifas, el ajuste que están pensando en la Secretaría de Energía junto al equipo del ministro Martín Guzmán es el que acompañe la inflación, por lo que en 2021 será de 29 por ciento según lo establece el presupuesto.

Con este esquema, los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016.

La modificación del proceso tarifario se había conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco adepto a este tipo de subsidios en la reciente misión técnica del organismo que visitó Buenos Aires. Así fue que técnicos del FMI partieron de la Argentina no sólo con la promesa política respecto del incremento de los precios relativos, sino también con los números que demuestran que el Gobierno nacional no solo no tiene la intención de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos sino que no puede hacerlo y las aumentará.

El gasto proyectado para el año próximo en materia de subsidios a la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y representa el mismo nivel que el previsto para 2020. Así se desprende de un trabajo que realizó y publicó hoy la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y que ya se encuentra en los despachos de cada uno de los legisladores. Según el informe, el 77,4% de los fondos serán destinados a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6% se asigna al transporte.

Desde mediados del año pasado que el costo de los servicios tanto residenciales como industriales están congelados. Por lo menos en lo que se refiere al transporte, el gas y la electricidad en la zona del AMBA. Corría agosto de 2019 y el ex presidente Mauricio Macri, ayer se lo reconoció a Infobae, ponía fin a su gobierno desde el punto de vista económico y se extendía hasta diciembre el congelamiento de las tarifas con la intención de recuperar votos de cara a las elecciones.

La nueva gestión dijo que iba a congelar los aumentos de tarifas hasta tener una revisión total del cronograma de incrementos. En medio de esto llegó la pandemia y la cuarentena y se definió no tocarlas hasta diciembre de 2020. Pero las estimaciones del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas es que durante el 2021 no habrá más pandemia y que será el momento en que deberán irse desarmando muchos de los subsidios que se presentaron por la pandemia.

El trabajo de la oficina del Congreso explica que desde 2017 las subvenciones a la energía crecieron 0,5% del PBI y en 2021 se ubicarán en 1,7%, igual que este año. El mayor registro fue en 2014, con 2,8 por ciento.

Las partidas más significativas corresponden al sector eléctrico, con $446.579 millones previstos en el Proyecto de Presupuesto para el 2021, suba real del 4 por ciento.

Se destinarán $71.736 millones en subsidios a la oferta de gas natural, lo que representa un incremento de 5,3% respecto al cierre previsto para 2020. Se prevé también una suba de los subsidios a la demanda de gas, incluyendo una mayor subvención a las garrafas de gas licuado.

En lo que se refiere al transporte, el análisis de la oficina del Congreso señala que los subsidios se mantendrían en 0,5% con relación al PBI, con un aumento para automotores y un recorte para los trenes.

Los viajes en días hábiles se incrementarán 200% y los $12.740 millones para financiar la tarifa social implican una caída en términos reales de 17,7% en relación al cierre previsto para 2020.

En los últimos meses el 91% de los costos fue cubierto con subsidio y el factor de ocupación es del 5%.

Fuente: Infobae

El legislador nacional le envió una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller. El objetivo es que los funcionarios que concurran a las reuniones informativas sobre el presupuesto den respuestas por la falta de partidas para obras comprometidas.

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna envió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Heller, una nota en la que pidió a los funcionarios nacionales que concurran a las reuniones informativas sobre el Presupuesto 2021 información sobre las razones por las cuales no han sido incluidas obras fundamentales para Chubut en la estimación de recursos.

Además, en la misma nota se incluye el pedido de explicaciones sobre las causas por las cuales no existe en el Presupuesto 2021 una partida de recursos para Chubut, pese a su crítica situación económica por la cual debe tres meses de sueldo y el aguinaldo a la mayoría de los empleados públicos; y sí se incluyó una ayuda de casi 10.000 millones de pesos para La Rioja.

“Al comenzar el tratamiento del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 queda confirmada la primera impresión que tuvimos cuando lo leímos a poco de ser presentado: no hay un compromiso de obras con Chubut”, dijo Menna al explicar los motivos de la nota enviada a Heller.

Observó el legislador del Interbloque UCR-Juntos por el Cambio que “salvo la continuación de la autovía Puerto Madryn-Trelew no hay inversiones de relevancia”.

Así, detalló que “la autovía Comodoro-Caleta Olivia tiene fondos insuficientes; el acueducto apenas $ 300 mil; la circunvalación no está. Y tampoco aparece el nodo Comodoro de acceso al Interconectado, pese a que era una obra que estuvo en el Presupuesto 2019 y se había llamado a licitación para el 20 de marzo”.

Respecto de la obra energética para Comodoro, Menna recordó: “Cuando reclamamos por la suspensión sin plazo de esa licitación, el ministro de Obras Públicas de la Provincia dijo que la obra se iba a retomar”. Sin embargo, agregó, “hoy vemos que nuevamente se postergó a la ciudad más grande la Patagonia Sur en su pedido de tener un acceso directo a la Línea de 500, con todo lo que ello implica en materia de desarrollo de nuevos parques y suministro asegurado de energía”.

Por otra parte, marcó Menna, “tampoco está la partida para la Ruta Nacional 260, pese a que se anunció que antes de fin de año comenzaba la obra del Corredor Bioceánico; ni las obras hídricas anunciadas por el propio Presidente de la Nación hace un mes”.

“Por todo eso -fundamentó- formulé los correspondientes pedidos de aclaración en nota que remití al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que sean respondidas por los funcionarios del Poder Ejecutivo que acudirán a las reuniones informativas”.

Además, indicó: “También incluí un pedido de explicación sobre los casi $10.000 millones destinados a la Provincia de La Rioja, y la negativa a considerar un auxilio similar para la Provincia del Chubut, que es la única que acumula tres meses de sueldos y el aguinaldo de junio impagos”.

La escandalosa escena del ahora exdiputado Juan Emilio Ameri en la sesión virtual de ayer en la Cámara Baja pone nuevamente sobre el tapete la calidad personal y del trabajo de los miembros del Congreso argentino. Las explicaciones que dio no mejoran la situación y contrastan con el generoso presupuesto del que los legisladores argentinos disponen para cumplir sus funciones.

Esos recursos serán aún más abundantes el año próximo. Aunque en el Presupuesto 2021 el Gobierno proyecta una tasa de inflación del 29%, la “ley de leyes” aumenta en 53% los fondos para el Poder Legislativo, desde los $26.321 millones de “crédito vigente” en el “presupuesto abierto” del ministerio de Economía para 2020, a $40.273 millones el año próximo.

De todo como en Congreso

Esa suma abarca el total del Poder Legislativo, que incluye el funcionamiento de la Biblioteca y la Imprenta, la Dirección de Ayuda Social del personal del Congreso, la Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y una serie de comisiones bicamerales de revisión, monitoreo, seguimiento, control e implementación que abarcan desde Cuentas Nacionales, Servicios de Inteligencia y Reformas al Código Procesal Penal hasta la administración y refacción del histórico edificio de la confitería El Molino.

Las tareas estrictamente legislativas, ligadas a la “formación y sanción de leyes nacionales” insumen $32.858 millones, un 81,6% del total. En esa función aparecen $13.909 millones para el Senado y $15.620 millones para la Cámara de Diputados.

Estas sumas implican para la Cámara Alta un presupuesto estrictamente “legislativo” de $193,2 millones por cada uno de los 72 senadores, a un promedio de $3,7 millones por cada una de las 52 semanas del año calendario. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las sesiones ordinarias del Congreso se extienden desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Si el cálculo se limita a ese período, la suma por senador por semana aumenta a poco menos de $5 millones, es decir un millón de pesos por día hábil. Esta cifra se explica en buena medida porque en la Cámara Alta hay 5.027 empleados asignados a tareas legislativas, lo cual da un promedio de 70 empleados por senador.

En Diputados, en tanto, el promedio presupuestario es de $60,8 millones por cada uno de los 257 legisladores del cuerpo, lo que arroja un promedio semanal de $1,2 millones y de 1,56 millones por diputado por semana del período ordinario, poco más de $300.000 por día hábil. En la Cámara Baja hay 5.058 personas asignadas a funciones legislativas, a un promedio de 20 por diputado.

Cabe aclarar que los fondos para “formación y sanción de leyes” no incluyen los $3.470 millones en “asistencia bibliográfica” a los legisladores (casi 67 millones por semana calendario) ni los $1.003 millones para la Imprenta del Congreso, ni los $824 millones asignados a distintas Comisiones Bicamerales, Defensorías y Procuraciones.

Una de las planillas del Presupuesto divide los $40.273 millones en los siguiente ítems:

– Gastos en personal: $33.838 millones, que equivalen al 84 % del total del Presupuesto Legislativo

– Servicios no personales: $4.634 millones, que incluyen $2.252 millones en “Servicios Técnicos y Profesionales” y nada menos que $713 millones en concepto de “Movilidad y Viáticos”, es decir casi $2 millones por cada día del año calendario.

– Bienes de uso: $1.236 millones, incluidos $952 millones en “Maquinaria y Equipo”, que al menos en parte se explican por el parque automotor del Congreso.

– Bienes de consumo: $413 millones en “Bienes de Consumo”, incluido $98,2 millones en “Químicos, combustibles y lubricantes”, relacionado sin duda con el parque automotor del Congreso.

– Transferencias: $152 millones.

El Senado, privilegiado

El texto que acompaña el proyecto oficial dice que el presupuesto legislativo, y “en particular” el del Senado, que preside Cristina Kirchner, se centra “en una adecuada y efectiva política salarial que estimule la función de los agentes y resulte acorde a las tareas que se desarrollan y las circunstancias económicas; la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la estructura edilicia, con el objetivo primordial de preservar el valor histórico y patrimonial de más de 80.000 metros cuadrados que dependen del Honorable Senado”, amén de “la actualización total de su parque informático”.

El aumento del 53% en los fondos asignados al Congreso, y en particular al Senado, contrasta con un período de vacas flacas, aumento del desempleo y la pobreza y medidas como la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria que el Gobierno dispuso apenas asumió, o la suba del 8,5% (menos de un tercio de la inflación proyectada) en el presupuesto 2021 para el INTA, el 17,5% para el INTI o el 20% para el Conicet.

El Parlamento sueco

El contraste es abismal contra, por ejemplo, el funcionamiento del Parlamento de Suecia, un país con el que el Presidente eligió comparar a la Argentina en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Así, por ejemplo, mientras el presupuesto 2021 asigna en “viáticos y movilidad” casi $2 millones por día para los legisladores argentinos, una investigación de la BBC precisó que los 349 miembros del Congreso de Suecia reciben en cambio una tarjeta anual (una especie de SUBE) para usar el transporte público. El parque automotor del Parlamento es de 3 vehículos, que sólo pueden usar el presidente y los 3 vicepresidentes del Congreso y sólo para eventos oficiales. En Suecia, sólo el Primer Ministro (un ex secretario del sindicato metalúrgico) dispone de un vehículo para su exclusivo uso.

Los parlamentarios suecos tampoco disponen ni de asistentes ni de asesores personales y si bien su salario neto equivale a unos USD 4.300, esto es sólo el doble de lo que gana en ese país un docente de escuela primaria.

Los diputados “del interior”, sin residencia en Estocolmo, pueden pedir una ayuda extra exclusivamente para los días de semana que trabajan en la capital sueca. Son 110 coronas, unos 12 dólares que, según precisó la BBC, alcanzan para un café con 3 ó 4 “bullar”, una suerte de equivalente sueco de nuestras medialunas o poco más que una ración del tradicional “kötbullar”, unas albóndigas que en un restaurante popular cuestas unas 100 coronas.

Los legisladores suecos trabajan en despachos de 15 metros cuadrados y no tienen secretaria ni asesores personales. Cada partido con representación legislativa recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asistentes y asesores, el “secretariado” del partido que atiende colectivamente, a todos los diputados de la bancada. La proporción es de 101 funcionarios cada 100 diputados, contra los 70 empleados legislativos por Senador y los 20 por Diputado del Parlamento argentino.

La agenda 2021 del Congreso argentino

Además de generosos fondos, el presupuesto consigna una frondosa agenda del Poder Legislativo. Para la Biblioteca del Congreso, menciona un “Plan de Eficiencia del Uso Energético” para alcanzar la «certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y para la Imprenta “un incremento de trabajos editoriales para el Estado”, incluida la “Difusión de medidas de prevención del COVID-19”. Economía parece tenerle fe a los ingresos a partir de estas actividades, al punto que menciona la construcción de un nuevo edificio “mediante los recursos que genera”.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, encargada de defender los derechos de las personas ante el propio Estado, el proyecto cita el programa de Diversidad Sexual y Transversalización para “visibilizar los problemas que afectan al colectivo LGBTI”, el “estudio de la Cuenca Matanza-Riachuelo” y la difusión de garantías y mecanismos de tutela a través, por caso, del “Observatorio de Femicidios”.

Otros dos órganos del Legislativo destacados en el proyecto oficial son la Procuración Penitenciaria, con sus 11 delegaciones en el interior: Chaco, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Comahue, Río Negro, Misiones, Mendoza y una “Delegación de Frontera de Centros no Penitenciarios”, en Misiones. Entre las “prioridades” de la Procuración, cuya misión es proteger los Derechos Humanos de las personas presas o a disposición del Estado Nacional, el presupuesto destaca la docencia en las carreras de Abogacía y Trabajo Social de la UBA.

No menos ambiciosa es la agenda que el presupuesto asigna a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, del cual destaca su “tarea pedagógica esencial” en la promoción de una “audiencia consciente de sus derechos”, en particular en el caso de “sujetos históricamente excluidos de los paradigmas de la comunicación”, entre los que menciona “niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, mujeres, personas con discapacidad, escuelas y entidades académicas, las y los privadas de libertad y las organizaciones públicas y comunitarias sin fines de lucro”.

La Defensoría, dice el documento oficial, seguirá monitoreando las producciones audiovisuales para verificar el cumplimiento de la ley de Medios sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner, tarea que incluirá el “Monitoreo Federal en Noticieros de Televisión Abierta para la coordinación a nivel nacional de qué es lo que se construye como lo público-relevante dentro de lo que se llama “noticias” en los medios de comunicación”. El proyecto menciona incluso el objetivo de que la Defensoría tenga sede propia y permanente (actualmente funciona en el ámbito del Congreso) para lo cual se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la disposición de un edificio o se considerará la “compra o construcción con fondos propios remanentes de fuente financiera de recursos afectados por Ley, en cuyo caso la inversión permitirá capitalizarlos y así acrecentar el patrimonio del organismo”.

Lo aseguró el secretario de Infraestructura Maximiliano López al ser consultado por el tratamiento del Presupuesto Nacional 2021. La obra de la Autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia sobre la Ruta Nacional 3 sigue paralizada desde 2017.

Al ser consultado sobre el Presupuesto Nacional 2021, el intendente Juan Pablo Luque dijo este miércoles que “todavía no está definido el Presupuesto, se está trabajando, está en tratamiento, recién está ingresando a la Cámara de Diputados, yo estoy trabajándolo personalmente con diferentes asesores que me están ayudando a poder definir las obras concretamente que tienen que estar incluidas en ese Presupuesto”.

En este sentido, Luque aseguró “Estoy muy confiado en que el Presupuesto incluirá las obras que estratégicamente necesitamos para la ciudad y el acueducto es la numero 1, no solo para nuestra ciudad, así que es una de las obras que más vamos a gestionar”.

Sobre las obras que se esperaban que podrían estar contempladas en el Presupuesto Nacional 2021, el secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio local, Maximiliano López sostuvo que “desde el principio de la gestión cuando viajamos con el intendente a ver a los ministros el planteo era de poder reiniciar aquellas obras que habían sido paralizadas por el gobierno de Macri”.

Finalmente, López manifestó que “Hoy se ha firmado un acuerdo para el reinicio y es muy importante poder avanzar con la obra del acueducto, también el aterrazamiento del Chenque. Estamos dialogando con Vialidad Nacional porque se ha comprometido el pronto reinicio de la autovía entre Comodoro y Caleta”.