El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó en el Congreso un pedido de informes al Gobierno para que explique por qué los aviones de la Base “Almirante Zar” de Trelew están fuera de servicio, lo cual complica la disuasión de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva. El legislador pidió, en este sentido, conocer por qué el patrullaje se realiza desde Punta Indio, en Provincia de Buenos Aires, y no desde las bases aeronavales ubicadas en la Patagonia, más cerca de los lugares en los que se registra la pesca ilegal.

En el mismo proyecto de Resolución -presentado bajo el expediente 1.547-D-21- Menna solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe los motivos por los cuales uno de los aviones de la Base Zar está en reparación desde hace 6 años, pese a que para ello en 2015, en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se firmó un contrato por sumas millonarias con la empresa portuguesa OGMA. El avión, uno de los tres Orion con asiento en la Base Zar, aún permanece en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA).

Casi 400 buques sin permisos

El pedido de informes que Menna presentó por el estado de los aviones de la Base Zar está vinculado a la preocupación que el legislador planteó a principios de este mes, a través de un proyecto por el cual pidió que el Estado Nacional utilice “todos los medios disponibles” para disuadir la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva, ante la presencia de casi 400 buques extranjeros sin permisos de pesca a la altura del Golfo San Jorge.

En aquel proyecto, Menna y las legisladoras patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) pidieron emplear a los fines defensivos “todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”, y plantearon la necesidad de endurecer las multas.

La pesca ilegal, dijo Menna en el pedido de informes sobre los aviones de la Base Zar, “lesiona la soberanía argentina y además perjudica el caladero por la pesca descontrolada y predatoria que llevan a cabo”.

Con ello, remarcó, “no solo se produce una afectación ambiental que perjudica la sustentabilidad de la pesquería, sino que también causa un grave daño económico al mermar la disponibilidad de capturas para la flota nacional con el perjuicio para las inversiones, el empleo y las exportaciones de nuestro país”.

Y en ese marco dijo que “resulta inexplicable que no se dispongan de los medios de patrullaje aéreo necesarios” para el contralor.

En el caso de la Base Almirante Zar de Trelew, indicó, “de las 6 aeronaves Orion P3-B cuatrimotores turbo hélice con gran capacidad de desplazamiento y la autonomía necesaria para llegar a la Milla 200 y hacer sobrevuelos de varias horas en la zona que se incorporaron hacia fines de los ‘90 no queda ninguna aeronave operativa”.

Esos aviones habían sido incorporados “en reemplazo de los Electra en la dotación de la Escuadrilla de Exploración dependiente de la Escuadra Aeronaval 6, que depende a su vez de la Fuerza Aeronaval 3 de la Armada Argentina destacada en la Base Zar”.

Sin aviones

“Es decir -enfatizó Menna- la Base Almirante Zar no cuenta con un solo avión que lleve a cabo tareas de patrullaje marítimo, detecte buques pescando ilegalmente, obtenga las pruebas fotográficas del caso y dé aviso a los medios navales para su persecución y captura”.

“Esos aviones fueron dejados fuera de servicio por vencimiento de sus fuselajes y al día de la fecha solo quedan tres en condición de ser reparados”, remarcó.

Al respecto, el diputado de Chubut recordó que en 2015 “se celebró un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la firma portuguesa OGMA, para llevar a cabo las reparaciones de los tres aviones Orion destacados en la Base Zar”.

El primero de los aviones “fue enviado en aquella oportunidad a FADEA en Córdoba para que OGMA hiciera el trabajo contratado; se pagaron sumas millonarias, pero transcurridos más de seis años la aeronave aún se encuentra en FADEA y las otras dos permanecen en su base sin poder volar”.

Observó en este contexto que “el resto de las bases aeronavales situadas en la Patagonia tampoco tienen aviones operativos y el control se realiza con aviones de menor porte, bimotores, de poca autonomía, que solo pueden llegar a la zona de la Milla 200 pero que deben inmediatamente regresar a sus bases por esa insuficiencia”.

“Esos aviones están destacados en la Base Punta Indios, en la Provincia de Buenos Aires. Si bien toman las bases de la Patagonia para sus funciones, es inexplicable que estas últimas bases, que están más próximas de la zona a patrullar, no cuenten con medios aéreos”, observó.

“Estamos convencidos que nuestra proyección sobre el Atlántico y la defensa de los recursos existentes en el Mar Argentino deben salir de la retórica declamativa, asumiendo las autoridades un compromiso real que pasa por el adecuado equipamiento necesario para tener una presencia efectiva y disuasoria en todo ese amplio espacio marítimo”, resumió.

El pedido

El pedido de informes busca que el jefe de Gabinete de Ministros precise cuándo se cumplirá el contrato celebrado con OGMA para tener los Orion en operación; cuánto se pagó a OGMA por ese contrato y las razones por las cuales a más de 6 años de celebrado aún no se reparó un solo avión; cuál es el plan que tiene previsto el Ministerio de Defensa para equipar a la aviación naval y de esa forma proteger en forma efectiva el Mar Argentino y sus recursos; por qué razón ninguna Base Aeronaval de la Patagonia cuenta con aviones y se toma como base operativa a una que está situada sobre el Río de la Plata y no sobre el Océano Atlántico y además lejos de la zona en que opera una flota pesquera ilegal de más de cuatrocientos buques extranjeros; y los motivos por los cuales no se afectan a este reequipamiento los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) aprobado por la ley 27.565.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna pidió, junto a sus pares patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz), que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas urgentes e intensifique los patrullajes con todos los medios a su disposición para desalentar la presencia en la Zona Económica Exclusiva de buques extranjeros sin permisos de pesca, de manera de proteger los recursos y garantizar la soberanía en el mar.

El pedido, a través de un proyecto de Resolución, tuvo como disparador la reciente difusión de imágenes, a través de redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional, en las cuales se observó, a partir de sobrevuelos realizados por particulares, la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización en la Zona Económica Exclusiva.

Los funcionarios pidieron desplegar y emplear “todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”.

“Una flota de casi 400 buques pesqueros de matrícula extranjera que carecen de permisos de pesca otorgados por la República Argentina se encuentra operando en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge”, observaron.

Indicaron los legisladores que aunque la flota opera más allá de la milla 200, “ha sido detectada incursionando en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, con lo que dicha actividad es ilegal”.

 “Sostenemos -agregaron- la necesidad de que el Régimen Federal de Pesca establezca una multa agravada a los barcos extranjeros que pescan ilegalmente en el Mar Argentino”.

Sin embargo, enfatizaron, “ninguna norma jurídica será efectiva para desalentar la pesca ilegal si no se llevan a cabo tareas de patrullaje efectivas y sostenidas empleando todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles”.

Y finalizaron: “El Estado argentino no puede continuar pasivo frente a una situación que ha sido constatada hasta por particulares que sobrevolaron la zona y pudieron registrar la presencia de tales embarcaciones llevando a cabo pesca ilegal en un espacio marítimo sujeto a jurisdicción y dominio argentino”.

 Apenas fuera de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, en la conocida milla 201, la actividad de los pesqueros extranjeros no está alcanzada por las reglamentaciones locales. Sin embargo, las oportunidades de llenar sus bodegas son mejores dentro del sector argentino. La profundidad cambia y el negocio se vuelve más favorable en las millas 196 o 197. Empieza allí el problema de la pesca ilegal, con perjuicios para la Argentina estimados en mil millones de dólares. Y adquiere por eso una vital importante el operativo de vigilancia y control de los recursos naturales.

Con una combinación de medios navales, aéreos y electrónicos, más un fundamental análisis de datos intenta el Estado desalentar esa irregular práctica. Cuando se detecta la infracción, comienza entonces un operativo de búsqueda y captura con unidades de la Armada y la Prefectura. Las autoridades de esas fuerzas consideran que este año cuentan con mayores alternativas para resguardar los intereses económicos nacionales.

«Lo primero que ven ahora esos barcos cuando cruzan el estrecho de Magallanes es a la corbeta Granville y entienden que no están solos, que se los observa, fotografía y se registran sus datos, sienten con esa acción la presencia soberana del Estado», explicó uno de los principales oficiales que en el Edificio Libertad sigue el derrotero diario de esas embarcaciones.

El primer día de este año expuso que la concentración de barcos será bastante nutrida en las próximas semanas en la habitual zona de pesca. El reporte de ese día en los despachos oficiales indicó que 105 buques están en ese lugar, mientras que 43 navegan desde el sur hacia esa zona y otros 50 llegan desde el este. Esperando el paso en el estrecho de Magallanes se encuentran otras 23 embarcaciones y 77 pesqueros avanzan por el Pacífico. Otros se sumarán en las próximas semanas. La mayoría de esos barcos lleva bandera china, pero también hay embarcaciones que responden a empresas coreanas, españolas, portuguesas y de otras nacionalidades, consignó La Nación.

A diferencia de la situación de gran movimiento de la flota extranjera, ese día solo se registró la navegación de 14 pesqueros argentinos, la mayoría en posiciones cercanas a la costa.

En la zona de la concentración de buques pesqueros navegó en los últimos días también el destructor La Argentina, pendiente que esas embarcaciones extranjeras no arrojasen sus redes en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país. Ese buque de la Armada se turna en la vigilancia con un guardacostas de la Prefectura y las unidades de superficie cuentan con el apoyo del reconocimiento aéreo efectuado por un Beechcraft B-200 y un Tracker.

«La tarea de control de los espacios marítimos, al ser una actividad mucho más amplia que la cuestión específica de la pesca, es una responsabilidad de la Armada», indicaron importantes oficiales navales.

Ese control que empieza cuando los pesqueros cruzan el estrecho de Magallanes no implica que pueda impedirse la navegación de esos buques hacia el caladero fuera de las aguas bajo protección argentina. La Convención del Mar no permite interrumpir el tránsito, aunque se tenga elevadas sospechas que muchas de esas embarcaciones cometerán la infracción de pescar en la zona no autorizada por nuestro país. Deben ser descubiertos en el momento del hecho para que puede llevarse adelante una captura.

La tarea que desarrollan los medios de superficie y aéreos es por ahora preventiva y de recolección de importantes datos para identificar a cada pesquero. Todo barco utiliza un sistema de posicionamiento, una especie de baliza de GPS que permite determinar su ubicación como a manera de un seguro naval para el caso de que necesite apoyo o rescate.

Ese sistema de identificación automático (AIS, en su sigla en inglés) es una forma cooperativa de rastreo. Una de las tareas de la corbeta Granville es, mediante la observación visual, ratificar que coincida el registro que aparece en las computadoras a bordo -replicada de la información de los centros de comando navales- con la identificación de matrícula pintada en cada pesquero. No le llamaría la atención a los oficiales de la Armada encontrar irregularidades en ese aspecto. Es que el AIS puede servir tanto para ser «ubicable» como para volverse un fantasma.

«Uno de los trucos que hacen los pesqueros cuando están en la milla 201 y levantan redes para entrar en la Zona Económica Exclusiva es apagar el AIS. Se meten dos o tres millas nada más, pero la diferencia en la pesca es allí considerable. Por eso se estudia el comportamiento de cada pesquero y con diversas variables, entre ellas el apagado y encendido del AIS, se determina lo que denominamos Buque de Interés para hacer un seguimiento más cercano», contó un integrante del almirantazgo.

Con la reforma dispuesta en octubre pasado al Régimen Federal Pesquero, la ley 24.922, las autoridades esperan que este año las potenciales multas produzcan un efecto disuasivo en la flota fondeada en la milla 201. Es que se actualizaron los montos de las penas y de los $ 10.000.000 que debían pagarse por esas infracciones se pasó a $ 160.000.000.

La autoridad de aplicación que determina si se da intervención a la Justicia por una infracción es la Subsecretaria de Pesca y Agricultura, cuyos técnicos están embarcados en las unidades de la Armada y la Prefectura para inspeccionar los permisos de los pesqueros.

En los últimos días se conoció la información que un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos navegará por el área donde se ubican los pesqueros extranjeros. Al igual que esos barcos de múltiples banderas, el navío norteamericano puede desarrollar actividades libremente en la milla 201, pero dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina solo puede transitar, como cualquier otro barco.