En el 2º trimestre del 2020, período en el cual la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional fue la más rígida, el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina se contrajo un -19% respecto a igual período del año anterior –según publica Perfil-.

La estrategia se justificó en la priorización de la salud antes que la economía. En la actualidad, Argentina reporta 700 mil contagiados y 15 mil muertos. En Uruguay, sin cuarentena obligatoria, pero apelando a la responsabilidad ciudadana y a métodos científicos para la eficiencia en los testeos, la producción cayó casi la mitad (-11%) y reporta sólo 2.000 contagiados y 47 muertos.

El 15 de Marzo, cuando se estaba gestando la idea de una cuarentena rígida y extrema, desde IDESA se advertía que esto provocaría enormes daños sociales. La razón es que en el mercado de trabajo argentino sólo la mitad de los ocupados son asalariados registrados con un empleador que puede mantenerles el salario. La otra mitad son cuentapropistas y asalariados no registrados a los cuales el freno de la economía los iba a dejar sin ingresos inmediatamente.

La reciente información oficial sobre el mercado laboral en el 2º trimestre 2020 permite evaluar esta advertencia. Según los datos del INDEC, el empleo total cayó -21%, es decir, una destrucción de 2,5 millones de empleos. La caída se compone de la siguiente manera:

-Los asalariados registrados cayeron en 300 mil personas o -5%.

-Los cuentapropistas cayeron en 900 mil personas o -29%.

-Los asalariados no registrados cayeron en 1,3 millones o -43%.

Estos datos confirman los enormes costos sociales que produjo la cuarentena obligatoria. La predicción de IDESA no era compleja. Sólo se basó en el sentido común observando la información oficial.

Si los cuentapropistas e informales dependen decisivamente del nivel de actividad y la mitad del mercado laboral está conformada por este tipo de empleo, era natural que el freno a la producción iba a provocar una caída del empleo y de los ingresos que ninguna ayuda del Estado podía compensar.

Desde el punto de vista sanitario, el confinamiento estricto sirvió para posponer los contagios y las muertes. Pero la creciente saturación de la población junto con la ausencia de una estrategia eficiente de testeos masivos, llevaron a la multiplicación de los contagios y las muertes.

Desde el punto de vista laboral, la estrategia de prohibir los despidos y subsidiar a las empresas sirvió para contener los despidos en el sector formal. Sin embargo, la mayoría de las empresas privadas están financieramente muy golpeadas. Cabe prever que, así como se multiplicaron los contagios cuando la población se fue liberando, se producirán los despidos que hoy la prohibición y los subsidios están postergando.

El Gobierno prohibió hasta el 30 de Noviembre la prohibición de despidos sin justa causa.

Otro aspecto negativo que tuvo el confinamiento extremo es el impacto muy regresivo en la distribución del ingreso. El Coeficiente de Gini (que mide desigualdad) paso de 0,434 a 0,451 en el 2º trimestre del 2020. Esto está asociado a la abrupta caída en la producción pero también a que las políticas públicas aplicadas distribuyeron los costos de manera muy desigual.

Los empleados públicos, en general, mantuvieron su empleo y sus salarios. Los asalariados privados formales tuvieron pérdidas de empleos y reducciones de salarios en niveles acotados.

Es decir, que el ajuste se concentró entre los cuentapropistas y los asalariados “en negro”, los segmentos más vulnerables de la población. Lo que los datos de desigualdad del INDEC confirman es que, tanto por limitaciones financieras como de capacidad de gestión, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no evitó que sean los pobres los que carguen con la mayor parte del sacrificio del confinamiento.

Con más respaldo científico y visión integral se podría haber desplegado una estrategia menos costosa y regresiva para abordar la pandemia.

Pero las responsabilidades de esta tragedia social son compartidas con todos los gobiernos que durante décadas fomentaron un mercado laboral dual. Manteniendo una legislación laboral arcaica contribuyeron a que la vulnerabilidad laboral y social afecte a la mitad de la población.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que se perdieron 268.000 empleos registrados en el último año, lo que supone un trabajo menos cada 2 minutos. Estos números significan además que, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, se perdieron 30 trabajos por hora, 735 cada día, y 22.360 por mes.

El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV permite observar, en el detalle por sector, caídas de 69.000 empleos en Industria manufacturera, 46.300 en Comercio y reparaciones, 18.300 en Transporte y comunicaciones, y 14.400 en Actividades empresariales.

Al respecto, el informe subraya que “además de la baja del 2,5% en el ‘empleo de calidad’, se registró una reducción de 2,8% entre los independientes autónomos, y del 5,5% entre los monotributistas. Solo repuntan las y los trabajadores de casas particulares, con una suba de 2,4%”.

En base a datos de la Secretaría de Trabajo y Empleo, el documento indica que en el último año se destruyeron 268.000 puestos de trabajo, solamente en el sector registrado de la economía.

“La desocupación alcanzó los dos dígitos y trepó al 10,1% por primera vez desde el año 2006, con lo cual, creció 4,2 puntos porcentuales en relación a 2015 y un 1% en relación al mismo periodo de 2018”, amplía el informe.

En este sentido, el documento de la UNDAV apunta que, desde fines de 2015 hasta la actualidad, se perdieron 138.000 empleos solamente en el sector industrial.