A Silvina Batakis le toca evitar el precipicio. La ministra de Economía que aceptó asumir en las peores circunstancias cerró la semana con pruebas de que le están pidiendo bastante más que un paquete de medidas ortodoxas como el que eligió para debutar, una semana más tarde de haber asumido.

La corrida cambiaria se estira y ya lleva seis semanas. En el marco de la creciente inestabilidad global, la fragilidad del gobierno del Frente de Todos se advierte en la mayor parte de los indicadores, que están en rojo: la brecha cambiaria al 130%, el dólar financiero que subió de 200 a 300 pesos y el descontrol de precios que hace escalar las proyecciones de inflación hacia el 8% en julio y muy por encima del 80% a fin de año.

Para disgusto de las buenas conciencias que fantasean con un shock distributivo, Batakis ya dio indicios de que la épica del sciolismo está atada a la mera supervivencia. De larga militancia peronista y con experiencia en la gestión, la ministra tiene el antecedente de haber sido la piloto de tormentas que ajustó los números en la provincia de Buenos Aires cuando Axel Kicillof actuaba como verdugo del entonces gobernador bonaerense y ni soñaba con llegar a La Plata.

Los anuncios de Batakis alcanzaron para refinanciar los primeros vencimientos de la deuda en pesos pero no conformaron a los agitadores del mercado. Sí lograron amargar por igual al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, a los gobernadores del peronismo y a los movimientos sociales alineados con el gobierno.

Los economistas de Juntos y las consultoras del mercado aprueban desde el escepticismo general las señales de una ministra que -según creen- sabe cuáles son los problemas y tomó nota de que no hay margen para improvisar. Advierten, sin embargo, que deberá acelerar con el ajuste si quiere mantenerse con vida.

A un mundo de distancia de las exigencias de los bancos y los fondos de inversión, las organizaciones sociales que profundizan su plan de lucha contra el gobierno de los Fernández piensan exactamente lo contrario. Las movilizaciones callejeras, que contrastan con las protestas del agronegocio y las demandas del establishment, son la piedra en el zapato del ajuste de shock que reclaman desde el mercado. Puede verse en la persecución que lidera desde San Martín la jueza federal Alicia Vence, la ex secretaria de Claudio Bonadio que fue ascendida por el kirchnerismo en 2011, cuando el magistrado de la Glock y el extinto Frente para la Victoria se entendían de memoria.

Sin embargo, los dirigentes que buscan representar a los millones de trabajadores informales que registra el INDEC coinciden en algo con los economistas que suele escuchar Mauricio Macri: ven al gobierno al borde del abismo. En el encuentro del viernes pasado en Balvanera, donde la oficialista UTEP confluyó con la opositora Unidad Piquetera, un dirigente de las organizaciones que responden a los Fernández argumentó de esta manera su rechazo a una oposición frontal: «Si nosotros rompemos y vamos a fondo con los reclamos, el gobierno se cae», dijo.

En una entrevista con Clarín, Marina Dal Poggetto acaba de expresar el consenso entre las consultoras: «Con estos niveles de inflación y nominalidad no hay más debate: es shock sí o sí. No se llega a 2023 sin hacer nada», afirmó. La directora de Eco Go sostiene que no hay quién financie el gradualismo pero afirma que el gobierno no tiene margen para avanzar con un ajuste de shock -que traerá nuevos padecimientos sociales- sin un apoyo amplio que incluya a sectores de la oposición.

A Batakis, según los economistas de la oposición, le toca a hacer el mal todo junto sino quiere que el mercado se la lleve puesta con una devaluación: lo que Kristalina Georgieva definió como «acciones dolorosas» en una entrevista reciente y figura en la página 13 de la primera revisión del acuerdo que firmó Martín Guzmán. Así, el contrato electoral del Frente de Todos, que según el cristinismo no se cumple, sería reformulado en la emergencia bajo un nuevo eslogan: ajustar hasta que duela.

Más aumentos de tarifas, recortes en las transferencias para las provincias y las empresas públicas y una gran licuación de la inversión social, las jubilaciones y los salarios públicos; ese es el pliego de condiciones del mercado que está sobre el despacho de Batakis.

Según la oposición, a Batakis le toca a hacer el mal todo junto sino quiere que el mercado se la lleve puesta con una devaluación: lo que Georgieva definió como «acciones dolorosas» y figura en la página 13 de la primera revisión del acuerdo que firmó Guzmán.  

Si ejecutar ese plan implica sepultar cualquier aspiración electoral del Frente de Todos para el año que viene, conformarse con aguantar tampoco parece la mejor receta. A esta altura, no hay salidas virtuosas y, si existen, desde el poder nadie las señala.

En ese esquema, la disparada del contado con liquidación hacia los 300 pesos se debe al silencio con que los socios del Frente de Todos decidieron escrutar las primeras semanas de la ministra en el quinto piso. Frustrado en su intento de asumir como interventor del gobierno, el mutismo de Sergio Massa era previsible pero el de Cristina Fernández es el que pone nerviosos a todos.

La dueña del poder y los votos, según la definición de un miembro clave del espacio de Juntos, es la que tiene en sus manos el futuro de la ministra y del gobierno. Mientras CFK no exprese su apoyo explícito al programa de austeridad, la familia de los mercados -la misma que le hizo escupir sangre a Macri hasta que terminó su ciclo- no va a confiar.

Guste o no, Batakis avanza por ahora -con más fuerza y más cintura- por el mismo sendero que recorría Guzmán. El hermetismo que prima en el Frente de Todos tras las reuniones del trio de gobierno en Olivos se explica por la debilidad de un presidente que, finalmente, parece haber entendido que filtrar casi todo no lo beneficia. Pero también de la lógica que impone su vice, acostumbrada como nadie a ejercer el poder sin que se filtren sus movimientos y declaraciones.

En la oposición, hay dos percepciones. Por un lado, los que se preguntan por qué CFK le daría a la ministra el aval que no le dio a su antecesor para hacer lo mismo. Por el otro, lo que dice Hernán Lacunza: «Cristina es dogmática pero astuta. Cuando está cerca del precipicio, frena. El riesgo es que un día volanteas y ya es tarde».

Los que aprovechan el silencio de la ex presidenta para primerear con sus propias valoraciones ignoran el mensaje de El Calafate -«Yo hablo por mí, no permito que nadie hable por mí»- y pueden ser desautorizados en cualquier momento. Por ahora, hay dos datos. La vicepresidenta moderó sus críticas en el acto en el Sur la semana pasada y habló con la ministra por teléfono, pero decidió no acompañarla ni en su asunción ni en el anuncio de su primer paquete de ajuste.

Así como le sucedió al peronismo cuando comenzó a asomarse de cerca a la pesadísima herencia que dejaba Macri, le está pasando ahora a algunos en la oposición. Hace tiempo que los altos mandos de Juntos dejaron de divertirse con las dificultades del peronismo en el poder y empezaron a preocuparse por la situación que pueden heredar.

Los números que repasan Macri y Larreta muestran que en el segundo trimestre del año, después del acuerdo con el Fondo, todos los rubros mencionados como parte del ajuste que reclama el mercado subieron por encima de la inflación. Lacunza sostiene que el gasto público subió en abril y mayo 17% por encima de la inflación y en junio 13% arriba del IPC. Es por eso que Macri sigue convencido de que «el Fondo es peronista».

Hace tiempo que los altos mandos de Juntos dejaron de divertirse con las dificultades del peronismo en el poder y empezaron a preocuparse por la situación que pueden heredar

El fundamentalista del déficit cero, que empezó a gastar tras las PASO 2019 para evitar su salida del poder, no repara en que el acuerdo que firmó Guzmán asume la deuda demencial que contrajo en tiempo récord guiado por Donald Trump, Christine Lagarde y Nicolás Dujovne y violando incluso las cláusulas del propio organismo. Al lado del ingeniero piensan, en cambio, que la actuación del FMI ante la deriva del Frente de Todos es vergonzosa. «El Fondo está entregado, desconcertado, débil y escondido abajo de la mesa. Son cómplices de esta situación», dicen.

De fondo, flota en el aire la máxima que Guillermo Calvo hizo famosa cuando agonizaba el macrismo gubernamental: la idea de que el peronismo de Cristina podía avanzar con las transformaciones estructurales que demandaba el mercado y Macri se había demostrado inservible para ejecutar. El sueño del ajuste con apoyo popular sigue siendo la mayor utopía del mercado. Si en tiempos de Macri era el peronismo colaboracionista el que debía convalidar el reformismo permanente que duró nada, ahora sería la vicepresidenta la que tendría la llave para legitimar ese giro desesperado.

Mientras el gobierno pretende redefinir su orientación, una encuesta de Circuitos en la provincia de Buenos Aires con fecha del 15 de julio da cuenta de la inviabilidad del rumbo actual. La consultora que dirige Pablo Romá hizo una pregunta sencilla entre 1247 bonaerenses: ¿A quién considera que beneficia más la política del gobierno de Alberto Fernández? El 13,4 respondió que «a los que menos tienen» y el 20,3 «a los que más tienen» pero la enorme mayoría (el 57,1%) dijo que «no beneficia a nadie».

De fondo, flota en el aire la máxima que Guillermo Calvo hizo famosa cuando agonizaba el macrismo gubernamental: el sueño del ajuste con apoyo popular sigue siendo la mayor utopía del mercado.

Aunque la polarización no lo permita, en la oposición hay quienes insisten en no subestimar a Cristina y hasta la reconocen como la persona más hábil del sistema político. Pero es la realidad la que pone en jaque el juego de la ambigüedad que practica la vicepresidenta.

La misma pregunta que corre para Batakis (¿por qué con ella sería distinto?) vale para los cambios en YPF, con el reemplazo de Sergio Affronti por Pablo Iuliano como CEO de la compañía. Iuliano era el vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF y es considerado un experto en shale. En 2013, tras firmar el acuerdo entre YPF y Chevron, Miguel Galuccio lo nombró en 2013 como gerente de activo No Convencional en Loma Campana y en 2016 Paolo Rocca lo reclutó para el yacimiento Fortín de Piedra, gran beneficiario de la era Aranguren de subsidios.

Sin embargo, Iuliano viene a reemplazar a un Affronti que pretendía aumentar los precios de las naftas a tono con el mercado internacional y se negaba a importar gasoil a pérdida. Salvo que se tratara de un problema personal entre Pablo González y Affronti, el interrogante es idéntico: ¿por qué con Iuliano sería distinto?. Durante su gestión, Galuccio tuvo con Cristina una relación única y avanzó con reformas a favor de las petroleras que no toleraban otros actores del cristinismo energético. La entonces presidenta que -según dicen- todavía lo considera, le dio todo el apoyo: por eso y porque estaba convencido, pudo hacer lo que quería.

El Frente de Todos lleva la contradicción adentro desde que nació, pero la crisis obliga a saldar la puja interna. Si antes de la renuncia de Guzmán al lado del Presidente soñaban con llegar a diciembre para que el año electoral ordene al peronismo, hoy algunos se ilusionan con una estación previa que los beneficie: un triunfo en primera vuelta de Lula en octubre que pueda ordenar un salvataje para la alianza argentina.

En 10 días, Fernández volverá a buscar oxígeno en el exterior y se lo verá una vez más sonreír en su encuentro con Joe Biden, la primera bilateral importante con un presidente de Latinoamérica si se excluye al vecino AMLO. Alberto tiene unas cuantas razones para empatizar con el sucesor de Trump. Una encuesta reciente del New York Times y la universidad de Siena dio cuenta de que apenas el 33% de los estadounidenses apoya la gestión de un mandatario que, a punto de cumplir 80 años, luce extenuado ante la inflación más alta (9,1%) de las últimas 4 décadas, con alquileres que suben a un ritmo del 15% anual. Peor todavía, el 64% de los votantes demócratas prefieren que el candidato para las presidenciales de 2024 sea otro.

Por Por Diego Genoud para La Política Online

Mauricio Macri en la Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Lenin Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia, y tras ellos los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones globales de la economía financiera, han perdido en los últimos meses duras batallas en la disputa por el sentido común. Son derrotas que sobresalen porque se produjeron a pesar del trabajo inagotable de la prensa dominante en los cuatro países por instalar sus conceptos. El fracaso de los falsos gurúes neoliberales se hizo demasiado evidente, en tanto que el bloqueo a otras opciones económicas fue conformando un dique que terminó por desbordar. La mentira se acabó, se cantaría en las canchas.

El gobierno de Mauricio Macri ha sido prolífico en la propagación de falacias del sentido común neoliberal. También fue exitoso en esa tarea, lo que ahora lo deja más expuesto, porque el contraste entre lo que enuncia y la realidad es tan enorme que le abrió los ojos a trabajadores y empresarios nacionales que antes lo consideraban su representante natural. Fue demasiado rápida la comprobación del fracaso. El discurso quedó a la intemperie. No se vende nada. No se produce nada. No alcanza para nada.

“Muchos creyeron que la energía era gratis porque en el anterior gobierno te la regalaban”, repitió Mauricio Macri hasta el cansancio. Es uno de los ejemplos del sentido común neoliberal en crisis, por el impacto demoledor que tuvieron los tarifazos en las familias y en las empresas. En su momento muchos creyeron que el Presidente tenía razón. Que no era justo que “regalaran” la energía. Que la energía hay que pagarla. Como hay que pagar el fútbol. Trabajadores y empresarios pyme reclamando pagar más tarifa. Porque es lo justo. Después de cuatro años de aumentos exorbitantes comprendieron que les estaban metiendo la mano en el bolsillo, mientras otros se dedicaron a acumular ganancias y fugarlas del país. Eso les pareció todavía más injusto. En Ecuador y Chile ocurrió lo mismo, solo que en este último caso fue la enésima vez y el estallido resultó más fuerte.

En la Argentina el sentido común neoliberal perdió en las urnas. La enseñanza que transmiten otros países en este momento refuerza la posibilidad de advertir que existen procesos similares en la región, con resultados parecidos.

El capítulo inflación es otro emblema del sentido común macrista-neoliberal en retroceso. Por empezar, informa PÁGINA 12 que las metas de inflación no existen más. El primero de los tres presidentes del Banco Central en cuatro años de gobierno, Federico Sturzenegger, decía que las metas de inflación conducirían a una baja del índice de precios al consumidor hasta el 5 por ciento en todo 2019. La próxima vez que los argentinos escuchen hablar de las metas de inflación recuerden ese dato, y que la inflación este año estará arriba del 55 por ciento. Las tasas de interés superiores al 60 por ciento desde hace más de un año se mostraron ineficaces para combatir el incremento de precios, como se prometía.

Las otras tres muletillas de la ortodoxia sobre las causas que originan la inflación en la Argentina también quedaron desacreditadas: el exceso del gasto público, la emisión monetaria y la presión que ejerce la demanda por los aumentos de salarios y jubilaciones. Lo dijeron el primer y segundo ministro de Hacienda de Cambiemos, Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne. Este último lanzó a mediados del año pasado el plan déficit cero. En octubre se sumó el tercer presidente del Banco Central, Guido Sandleris, con el plan emisión cero. Los salarios y jubilaciones, en tanto, perdieron como en la guerra desde el primer momento del gobierno del PRO y la UCR. Pero la inflación de 2016 a 2019 fue todos los años mayor a la que habían heredado del kirchnerismo, en tanto que en 2018 y 2019 se batieron records de suba de precios en casi tres décadas.

El tercer ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dice a pesar de tantas pruebas en contrario que Cambiemos deja mejores cimientos hacia el futuro. Como explicó Alfredo Zaiat en este diario, es otra de las mentiras planificadas. Ni el recontra ajuste fiscal, ni el recontra ajuste monetario ni la destrucción del consumo lograron frenar la inflación. Tampoco lo hizo la apertura importadora, que en los primeros años de gestión de Macri provocó daños irreparables para una gran cantidad de industrias, mientras los precios siguieron volando.

Las devaluaciones constantes y los tarifazos fueron los verdaderos motores de la inflación los últimos cuatro años, junto con la dolarización de combustibles, la eliminación de controles de la Secretaría de Comercio y la reducción o quita de retenciones a las exportaciones de alimentos. Si se quiere bajar la inflación, el gobierno de Alberto Fernández deberá poner el foco primero que nada en corregir esos errores del sentido común neoliberal.

En cuanto a la lluvia de inversiones, Macri decía que su arribo a la Casa Rosada como exponente de la cúpula empresarial generaría una ola de confianza que atraería divisas. Llegaba con el mejor equipo neoliberal en 50 años. Gabriela Michetti todavía está esperando el segundo semestre. El mito neoliberal de favorecer el clima de negocios con baja de impuestos tampoco ayudó. Disminuyeron tributos y cargas a la seguridad social y lo que pasó fue que aumentó el desempleo y el trabajo no registrado. La inversión termina este año con un derrape de 15 puntos, en línea con la tendencia que se verificó a lo largo de todo el gobierno de Cambiemos.

La destrucción del Mercosur y de la integración regional, para dar paso a un alineamiento automático con Estados Unidos, tampoco trajo los beneficios publicitados por el sentido común neoliberal. Macri deja el gobierno insistiendo en que la Argentina se incorporó al mundo. Ya se ven los resultados de esta otra falacia.

El levantamiento de las regulaciones cambiarias, la libre compra de dólares y la quita total de controles a la entrada y salida de capitales, según el sentido común neoliberal, era la solución a la restricción externa, ya que llegarían divisas y se terminarían los problemas de la Argentina con el billete verde. “Van a sobrar dólares”, decía Macri, que ahora no da ninguna explicación por el brutal endeudamiento del Estado que generaron esas políticas, la escalada del dólar a más de 60 pesos, la explosión de las tasas de interés y el default sobre parte de la deuda pública.

Cuando terminó su mandato, a Cristina Fernández de Kirchner se le exigía una autocrítica. ¿El sentido común neoliberal alguna vez hará la suya por las catástrofes que provoca? Difícilmente ocurra, pero en las calles América del Sur se nota que para muchos la mentira se acabó. 

Si el riesgo social se midiera como el riesgo país, el indicador esta semana habría superado los 2000 puntos básicos. La violenta suba de precios que se está produciendo tras la devaluación post PASO agravó un panorama que ya era difícil antes de los comicios. Para colmo, el Gobierno quedó descolocado porque había aumentado la entrega de alimentos durante la campaña electoral y ahora no cuenta con el stock suficiente para responder a una demanda que se ha disparado. Además, la reposición de mercadería se le complicó por la parálisis económica que produjo la estampida del dólar. En comedores y merenderos se vivieron los últimos días momentos de tensión porque hay más personas acudiendo por ayuda y menos comida para repartir. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, está en el ojo de la tormenta por esta situación.

La aceleración inflacionaria no solo golpea el bolsillo familiar sino también a los centros comunitarios, que con el mismo presupuesto pueden comprar menos fideos, arroz, leche, panificados y demás productos esenciales. Margarita Barrientos es una de las responsables de esos espacios de contención social que advirtió que la situación la está desbordando. La dirigente apadrinada por Mauricio Macri contó que tiene filas de vecinos durante la noche esperando el reparto de mercaderías a la mañana siguiente.

En la misma línea, veinte asociaciones de consumidores con contacto directo con la realidad social elevaron la voz para exigir que se declare la emergencia alimentaria y se retrotraigan los incrementos de precios de los medicamentos, también estallados. Son señales de alarma que el Gobierno pareciera no advertir en toda su dimensión, preocupado como está por la crisis cambiaria y la llegada del FMI. El jubilado al que mataron en un supermercado por robar comida expone con dramatismo los grados de estrés social que se están viviendo, así como las consecuencias de los mensajes de mano dura de Patricia Bullrich y Cambiemos en general. Es notable cómo la prensa dominante minimiza hechos de tanta gravedad. Esa ceguera es la que después la lleva a sorprenderse por los resultados en las urnas, que exponen el hartazgo de tantos años de privaciones y la falta de un horizonte de recuperación en caso de continuar las mismas políticas.

Las iglesias, los intendentes, los movimientos sociales, los sindicatos y las ONG que se ocupan de atender las necesidades de los sectores más vulnerables coinciden en la descripción de un agravamiento del cuadro general. “La última devaluación fue un sablazo que desacomodó todo”, indica Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y potencial candidato a volver a esa cartera de la mano de Alberto Fernández. “Hay un desborde en los comedores porque les aumentó la cantidad de familias que necesitan asistencia y no dan abasto. Eso genera situaciones de tensión y más conflicto porque la gente se desespera. Es urgente que el Gobierno declare la emergencia alimentaria y tome partidas de otras áreas del Presupuesto para volcarlas a la asistencia social”, agrega. Y asegura que “el Gobierno se quedó sin stock para responder a la mayor demanda porque habían aumentado la distribución de alimentos antes de las elecciones y ahora no le alcanza para cubrir los mayores pedidos”.

La acumulación de meses y meses de crisis económica fue configurando un escenario difícil que se agudizó con la nueva escalada del dólar y los aumentos generalizados en las góndolas. La primera corrida cambiaria fue en abril del año pasado, cuando el billete verde subió de 20 a 26 pesos. La segunda llegó en septiembre, con el alza hasta los 40 pesos. La tercera corrida fue en mayo de este año, con una cotización para la divisa de 46 pesos. Y la última se inició hace dos semanas, tras las PASO, para acomodarse en los valores actuales en torno a los 58 pesos.

El Gobierno decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a las distintas estampidas, asumiendo para los argentinos el tremendo costo de los programas de ajuste que exige el organismo en cualquier lugar del planeta donde toma intervención. Los momentos de “paz cambiaria” fueron solo transiciones hasta la generación de nuevas tensiones que volvieron a hacer eclosión y dejaron a la vista las inconsistencias del modelo en marcha. Este Gobierno está tan entregado a las exigencias de los capitales financieros que no pudo o no quiso corregir las políticas que lo hicieron lidiar una y otra vez con corridas cambiarias durante los cuatro años de gestión. Las dos principales políticas nocivas son la venta irrestricta de dólares, sin ningún límite, y la apertura de la cuenta Capital, para habilitar la libre entrada y salida de los capitales especulativos. Esa combinación nefasta provocó la inestabilidad constante que caracterizó al gobierno de Macri.

“Las familias están muy endeudadas y ése es otro aspecto que complica las cosas en este momento”, señala Arroyo. Se suponía que los créditos a través de la Anses para jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo provocarían un alza del consumo que le permitiría a Cambiemos llegar con mejores expectativas a las elecciones. Esa era la lectura que transmitían voceros de esa fuerza cuando lanzaron los préstamos a mediados del otoño. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo que se señalaba desde espacios críticos al oficialismo: los jubilados y los titulares de la AUH arrastraban otras deudas y postergaciones de gastos que apenas pudieron compensar con ese financiamiento, pero ahora se encuentran otra vez apretados y forzados a cancelar lo que pidieron prestado. “El Gobierno tiene que instrumentar alguna medida para ayudarlos a salir del endeudamiento porque si no no podrán salir del círculo vicioso”, completa Arroyo.

Los jubilados en particular están padeciendo una grave restricción de consumo. Sus haberes perdieron frente a la inflación desde que el Gobierno consiguió aprobar la reforma de la ley de movilidad, a fines de 2017, con el apoyo clave del entonces jefe de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Esta semana se conoció que la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación volverá a suceder en 2019. Las jubilaciones terminarán el año con una suba del 51,5 por ciento, en tanto que el índice de precios escalaría a no menos de 55.

Más allá de que lo prioritario para el Gobierno debería ser atender a los sectores vulnerables, no deja de llamar la atención que abandone a su suerte a los jubilados siendo uno de los núcleos sociales que más viene apoyando a Macri en su carrera política. Ni siquiera así Cambiemos responde con efectividad al aumento del riesgo social.