En esta nueva causa, Barale está imputada por agredir a otra mujer en el marco de un conflicto familiar. Su defensa propuso la aplicación del mecanismo de “reparación”, una figura prevista en el Código Procesal Penal como salida alternativa en casos de delitos menores. La propuesta consistía en una compensación económica de 60 mil pesos y una prohibición de acercamiento por tres meses.

Sin embargo, para la jueza Ponce, “el conflicto entre las partes persiste”, ya que existen causas paralelas en el fuero de Familia –específicamente en Rawson– y antecedentes que hacen inviable el cierre anticipado de la causa por vías alternativas.

La funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo, siguiendo instrucciones del procurador general Jorge Miquelarena, también se opuso a la aplicación del mecanismo. La Procuración General de la Provincia del Chubut ha dispuesto no aceptar salidas alternativas para imputados y condenados por delitos contra la administración pública, como es el caso de Barale.

La causa por lesiones leves seguirá su curso. Ya se presentó la acusación formal y se prevé que el proceso continúe con una audiencia preliminar y, eventualmente, el juicio oral y público. De ser hallada culpable, Barale podría enfrentar una pena que le revoque la condicionalidad de la condena anterior, y ser enviada a prisión.

La presentación se organizó por circunscripción mediante la plataforma Zoom. Participaron además representantes de la Asesoría de Familia, de las Comisarías de la Mujer y de las respectivas Áreas Programáticas.

La organización y presentación estuvo a cargo de Laura Pizzi, Dirección general de Coordinación de Programas de Salud, Débora Flores Shagun directora provincial de Maternidad Infancia y Adolescencia y Verónica Vivanco, referente del Programa de salud sexual y reproductiva. Por el Ministerio Público Fiscal participaron los fiscales que investigan Abusos Sexuales en cada una de las circunscripciones, así como el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

El protocolo se propone:

– Promover la prevención de la violencia sexual, propiciando acciones tendientes a disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores protectores.

– Conocer la hoja de ruta ante situaciones de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes en primer y segundo nivel de atención adecuada al recurso local.

– Propiciar el abordaje interinstitucional de los ASI, logrando la detección, acompañamiento e implementación de medidas para la protección integral, denunciando ante organismos judiciales proteccionales el hecho o la sospecha de ASI.

Fuente: Ministerio Público Fiscal | diariocronica.com.ar

La sentencia fue cuestionada por la defensa ante la Cámara Penal y esta confirmó la declaración de responsabilidad condenándolo a la pena de dos años y ocho meses de prisión. Su abogado presentó un recurso extraordinario, el que le fue rechazado por inadmisible.

Fabián Gabalachis cuestionó la decisión de la Cámara por considerar que aplicó erróneamente la ley penal, por considerarla arbitraria y que no observó las reglas relativas a la correlación entre la acusación y la sentencia.

Los jueces Martín Zacchino, Flavia Trincheri y Hernán Dal Verme, consideraron que el defensor reeditó de modo fragmentado los argumentos brindados por el tribunal a cargo del debate y que esos mismos argumentos fueron atendidos y “fundadamente descartados por esta Cámara”. Sostienen los camaristas que la “mera discrepancia expuesta, no abastece el concepto de arbitrariedad de sentencia reclamado”. Luego de citar el criterio del Superior Tribunal de Justicia, decidieron declarar inadmisible la impugnación extraordinaria por no reunir los requisitos mínimos de procedencia establecidos por el Código Procesal Penal.  

Fuente: mpfchubut.gov.ar