En una nota de opinión de La Nación se manifiestan sobre la minería en Argentina y la urgente necesidad de recuperar empleos -en medio de una crisis global sin precedente- y que podría llevar a algunos a creer que ello puede ocurrir atendiendo apenas superficialmente una serie de profundos valores (ambientales, sociales, etc.) que han surgido en las últimas décadas en la sociedad global y local.

El cuidado del agua, de los glaciares, de la biodiversidad, una mayor participación social, la transparencia en la información, la zonificación, el trabajo integrado para mitigar y adaptarnos mejor a la creciente crisis climática, la inclusión de los pueblos originarios, los derechos de las comunidades locales involucradas y otros factores han ido creciendo en importancia en relación con los proyectos de desarrollo minero. Son valores que apuntan a integrar un progreso sostenible local con uno global, hoy sintetizados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Es indudable la existencia en el mundo, especialmente en países de América Latina, incluida la Argentina, de una serie de conflictos ambientales y sociales de larga data en la vida de la industria minera. Estos conflictos resurgen cíclicamente en algunas jurisdicciones y, recientemente, han sido objeto de denuncias públicas por parte de asambleas en Chubut, replicadas por conocidas organizaciones no gubernamentales, que mencionan detenciones y allanamientos en los domicilios de personas que impulsan una nueva consulta popular contra la minería en esa provincia.

En relación con tales denuncias y otras que se exponen regularmente en el ámbito provincial, cabe repudiar, si se confirman estos hechos, el uso de la violencia estatal o gremial sobre quienes reclaman en contra de los proyectos. Es una reacción inadmisible que debe ser investigada y, de existir, debería ser severamente penalizada. La nueva industria minera debería tender hacia una modalidad cada vez más sostenible, más innovadora y responsable. El uso de actitudes de siglos pasados para defenderla debería ser desterrado en forma definitiva.

Al mismo tiempo, cabe resaltar que la declaración de «territorio libre de minería» dentro de una jurisdicción, ya sea provincial o municipal, es, en el mediano y largo plazo, insostenible e incluso nociva. Pequeñas poblaciones de la estepa patagónica, muchas veces aisladas y alejadas de otras opciones, esperan desarrollarse con esta actividad y tienen derecho a hacerlo.

En Chubut, por ejemplo, los pobladores de la meseta central patagónica son objeto de egoísmo, de una falta de solidaridad social que se ha traducido en una histórica discriminación cuando aspiran a ser parte del desarrollo minero. En efecto, mientras que en el este y el oeste de la provincia hay más opciones, en la región central los pobladores tienen, ante la prohibición de la industria minera, una ganadería inestable como única forma para intentar salir del subdesarrollo.

Un ordenamiento razonado en el uso del territorio debe aspirar a incorporar la actividad minera allí donde sea viable desarrollarla sosteniblemente. La industria minera genera una cadena de valor que suele ser poco reconocida.

Los impactos ambientales y sociales de la industria minera pueden y deben ser resueltos. Un mayor esfuerzo en la incorporación de mecanismos independientes, transparentes y participativos de ordenamiento territorial, un mejor diseño de los proyectos y un control y monitoreo socioambiental que incorpore la participación de los grupos que se sienten afectados por los proyectos son parte de esa solución. Para alcanzarla también será necesaria una mayor inversión en educación e investigación científica y técnica.

La percepción pública sobre la industria minera no es satisfactoria. Medida en las grandes ciudades, los mismos habitantes que usan un teléfono móvil, un televisor, una heladera, un reloj, una bicicleta o un automóvil cargados de metales suelen opinar que esta industria avanza de modo irreparable sobre nuestros bienes y servicios ambientales. Mientras tanto, el consumo que hacen de esos metales genera una creciente presión de extracción. Podemos hacerlo mejor, y más respetuosamente, entre todos.

En una entrevista con Télam, el funcionario se refirió al diálogo en marcha para la elaboración del plan estratégico, y ante el reconocido potencial geológico del país analizó los problemas de competitividad para su aprovechamiento, el rol de las empresas públicas provinciales, la interacción con los privados y el nuevo escenario minero que asoma para las inversiones de pospandemia.

¿Cómo avanza el diálogo convocado para contar este año con un plan estratégico y qué es lo que está en discusión?
Alberto Hensel: La minería tiene que ser un instrumento que beneficie el desarrollo productivo del país, como lo impulsan el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y lo que tenemos que lograr es unificar la visión sobre la actividad. No podemos estar discutiendo si hacemos minería o no, sino cómo hacer una mejor minería, porque la situación que está atravesando el país no permite prescindir de ninguna actividad.

Por eso constituimos un grupo primario que es la mesa facilitadora con la que compartimos un documento base para buscar una visión compartida de la minería.

Creemos que la minería tiene que ser sostenible ambiental, social, económica e institucionalmente. Inclusiva porque puede generar enormes oportunidades de trabajo y desarrollo de pymes y proveedores locales, Integrada al resto de las actividades económicas como motor no como reemplazo de ninguna otra actividad y a complementar e integrarse al aparato productivo. Y competitiva porque si comparamos la inversión en la región advertimos que estamos muy lejos de lo que recibieron Chile o Perú. Hay algo que está determinando que los inversores no nos hayan elegido y hay factores que deben ser evaluados.

Así estas reuniones llevarán a una gran mesa nacional con un sinnúmero de actores, que en más de una veintena de reuniones esperamos logre consensos para una política por los próximos 30 años.

T:¿Cuáles son los aspectos centrales que necesita mejorar la Argentina en su competitividad minera?
AH: Tenemos que entrar en la competencia a la que llama un sector que mueve enormes volúmenes de inversión, que sólo en la etapa de construcción puede precisar de US$ 600 millones para un proyecto de litio o de US$ 3.000 millones para uno de cobre. Si ponemos en marcha una parte de este potencial podremos tener en lugar del 0,6 % de participación en el PBI en algo más cercano al 10% de Perú o el 12% de Chile.

La minería son grandes inversiones y a largo plazo. Lo más importante es que podamos hacer un esfuerzo para garantizar el no cambio de las reglas de juego que hace a la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y la previsibilidad.

T:¿Cómo será el mundo de pospandemia para la inversión minera y cómo está la Argentina para posicionarse ante ese gran capital?
AH: Argentina tiene enormes posibilidades de competir, por sus enormes recursos y una importante cartera de proyectos en factibilidad avanzada, con posibilidades concretas de inversión por unos US$ 30.000 millones en oro, plata, cobre y litio. La demanda de cobre va en un crecimiento mas acelerado que la oferta, pero tan sólo el desarrollo de un pórfido requiere una inversión de entre 3.000 y 4.500 millones

Por supuesto dependemos de la demanda de economías mas desarrolladas, en especial China que tiene un rol determinante en el valor de los metales. Pero vamos a hacia un lugar importante para conseguir las divisas que el país necesita y contribuir a la puesta en marcha del aparato productivo nacional.

T:¿Qué rol juegan las empresas mineras del Estado en esa atracción de inversiones y qué modelo de inversión se acomoda mejor al país ?
AH: La Argentina tiene que construir su propio modelo, por eso trabajamos en el plan estratégico. La sustentabilidad en múltiples ámbitos todos coinciden en que ya es un estándar, pero hay nuevos desafíos de un mayor involucramiento de las compañías con las comunidades locales, de un fuerte desarrollo de las cadenas de valor, generar pymes proveedores, y otro factor fundamental es la asociación público privada. Las provincias eligieron constituir sus empresas para tener mayor participación en el beneficio económico de la minería, y a través de la asociaciones es un esquema que hay que fortalecer porque son buenos instrumentos que permiten mejorar el nivel de negociación.

No alcanza con recibir inversión extranjera directa. Es necesario un Estado presente mirando la inclusión, e incluso participar en el negocio minero y dar algunos pasos más con el agregado de valor.

T:¿Y con esa visión de las empresas públicas, qué opina sobre una eventual participación de YPF en el sector minero?
AH: La Argentina tiene que seguir trabajando y mucho la exploración de su territorio, y si se arranca de ahí, en una mirada de largo plazo se puede convertir en desarrollador. Si generamos un área dedicada a la minería utilizando gran parte de la experiencia que YPF tiene en exploración, siendo una empresa de participación mayoritaria del Estado, que cotiza en los mercados internacionales y se maneja con estándares globales, bueno tenemos el instrumento. Lo que quedaría por hacer es, en algún momento, definirlo en función de una indicación política. Pero también le diría a las empresas estatales provinciales que aprovechen el recurso que se obtiene de la participación en proyectos, en generar una fuerte política de exploración de su territorio de manera de darle sustentabilidad a la minería porque lo peor que puede pasar es la discontinuidad de las operaciones.