La Policía se sorprendió cuando un joven deambulaba a las 6.30 de la mañana por una calle de Catriló, al este de La Pampa, al costado de la ruta nacional 5. Cuando le preguntaron de dónde venía, la respuesta fue rápida​: «De una fiesta«. Y además identificó el lugar, el bar del pueblo: cuando la Policía llegó allí aun quedaban 36 personas.

Catriló es una localidad de 4.300 habitantes ubicado casi en La Pampa húmeda, unos 80 kilómetros al este de Santa Rosa. Es una población con una fuerte actividad agropecuaria, con diversas actividades vinculadas al campo.

La fiesta se hizo en el bar Apolo. Está ubicado sobre la calle Viale, esquina España. A tres cuadras de la plaza principal y de la comisaría. Entre las 36 personas demoradas, había dos menores de edad.

«Acá no había medidas de prevención, no había presencia de gente de acuerdo a los metros cuadrados, no había nada… era lisa y llanamente una fiesta clandestina«, dijo a la prensa una fuente del Ministerio de Seguridad pampeano.

Todos los participantes de esa fiesta clandestina, realizada en plena pandemia de coronavirus​, fueron notificados. Está acusados por el artículo 205 del Código Penal, de violación a las medidas tomadas para impedir la difusión de una enfermedad o una pandemia. La pena va de seis meses a dos años de prisión o una multa.

La Policía también notificó al dueño del local, Santiago Cazenave, quien enfrentará una causa judicial. Además, en el interior del local había dos menores de edad.

La provincia está en la fase denominada de «distanciamiento social». Los bares, pubs o restaurantes pueden permanecer abiertos, los sábados, hasta las doce de la noche, bajo estrictas medidas de prevención. Tienen una hora de tolerancia.

La Pampa es la provincia donde menos casos de coronavirus hubo en todo el país: registró siete personas con diagnóstico positivos, todas recuperadas.

El pub quedó preventivamente clausurado. Había abierto desde el 5 de junio, cuando se retomó la actividad de los bares y restaurantes en toda la provincia.

En el mes de junio, una fiesta clandestina detectada en Santa Rosa terminó por restringir los horarios de fiestas y reuniones. Fue una celebración convocada por Instagram en la que hubo más de 100 personas y cuando se abrieron las puertas, a las 7 de la mañana de un domingo, hubo 81 notificados por violar la cuarentena.

Corresponsalía. La Pampa.

Fuente: Clarín

Leonardo Nahuel García fue denunciado de oficio por Romina Schmidt, fiscal de Estado de La Pampa, luego de viralizar un audio de WhatsApp en donde aseguraba el primer caso positivo en la ciudad de Toay. Según el falso testimonio, se trataba de una persona que trabaja en FAERAC (Fundación de Ayuda a Enfermos Renales y Alta Complejidad).

La denuncia llegó a la fiscalía a través de un llamado anónimo a las líneas rotativas del Servicio de Salud de la Provincia de La Pampa. Allí se consignó que el denunciado hizo circular el mensaje de voz que anunciaba la presencia del COVID-19 en la localidad de Toay. El acusado fue detenido en su casa y trasladado esposado a la Comisaría Cuarta.

En el texto de la denuncia, la fiscal Schmidt señala que el mensaje es «aparentemente grabado por él o cuanto menos reenviado por él (según la denuncia anónima) a numerosos números de teléfonos celular y mediante la aplicación conocida como Whatsapp, generando la viralización de un mensaje falso y atemorizante en relación a la propagación del virus COVID-19, que tiene en vela a toda la población mundial y puntualmente en este caso, a nuestra provincia”.

La fiscal, que consultó a los Servicios de Salud de la Provincia y verificó la falsedad de la noticia, añadió que “aunque fuese verdadera, la manera en la que se viralizó el mensaje, lejos de constituir una forma de ayuda o colaboración con la sociedad, sólo generó desconcierto, miedo e intimación».

En el hecho podría aplicarse el artículo 211 del Código Penal, que indica: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

En la provincia de La Pampa, entre el viernes y el sábado, 500 personas fueron notificadas por violar la cuarentena que dispuso el gobierno nacional. En General Pico detuvieron a 62 personas, y en Santa Rosa y Toay, a un total de 57. El resto fue notificado y regresó a su domicilio, pero igualmente deberán afrontar una causa penal por su accionar según informó Infobae.

Fuente: Infobae

El fabricante de tanques y tuberías de plástico Petroplast despidió a unos 36 trabajadores de la planta que opera en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, debido a la fuerte caída en sus ventas en el mercado interno.

La empresa busca acogerse al resguardo del artículo 247 de la Ley de Contratos de Trabajo para poder abonar sólo el 50% de las indemnizaciones a los trabajadores, mientras los operarios temen más despidos.

Si bien hay un proceso de negociación abierto en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de La Pampa, la firma insiste con que los despidos fueron dispuestos «por causa de fuerza mayor», dado que se le derrumbó la demanda.

 Desde 1981, el Grupo Petroplast se especializa en brindar soluciones integrales para proyectos de transporte, almacenamiento y proceso de fluidos como, así también de transporte de energía eléctrica.

Voceros de la Nueva Organización Sindical de la Industria Plástica (NOSIP) señalaron a la prensa local que los trabajadores piden las reincorporaciones de los 36 despedidos o que las indemnizaciones se paguen de una sola vez y al 100%.

Desde que se inició el conflicto semanas atrás, los portones de la empresa ubicada en el kilómetro 1.005 de la ruta provincial 50, en Santa Rosa, permanecen cerrados y con manifestaciones de los afectados –según publica Urgente24-.

Allí la compañía fabrica productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, como tanques, tuberías y postes.

Ayer hubo una audiencia entre las partes en la Subsecretaría de Trabajo y allí los trabajadores plantearon sus requerimientos y la empresa se comprometió a asistir a la nueva audiencia con una propuesta más favorable para los empleados despedidos.

«Estamos esperando una respuesta por parte de la empresa. Tenemos compañeros despedidos y ante los cuales pedimos que se disminuya la cantidad de cuotas para cobrar la indemnización. Estamos dispuestos al diálogo. Hay gente que lleva más de 20 años trabajando acá, es una locura», explicó Marcelo Aballay, empleado despedido.

Aballay lleva una semana acampando frente a la empresa, tiene un hijo con autismo y su tratamiento es caro, manifestó. Por eso, indicó que a él no le sirven las cuotas en el pago de su indemnización.