Según publica Consello Patagónico se llevó adelante la audiencia en la Oficina Judicial de Sarmiento, contra los ocho presos que están imputados por el delito de daño agravado por haberse ejecutado en un bien de uso público, incendio agravado por el peligro de muerte y tentativa de evasión.

La fiscal Laura Castagno expuso que el incidente se registró la tarde del 20 de julio de 2018 cuando el grupo de internos, incendiaron y daños el pabellón comunitario de personas condenadas. El lugar quedó inhabitado y los presos fueron trasladados a la alcaidía de Comodoro.

El defensor Gustavo Oyarzun, en tanto, solicitó al magistrado que suspenda el trámite hasta que la Fiscalía brinde una respuesta institucional respecto a la denuncia presentada por los internos y sus familiares contra los policías que actuaron en el episodio.

Los internos realizaban una huelga de hambre en protesta por la falta de respuestas a los petitorios enviados al juez. En los días previos los imputados habían presentado recursos de habeas corpus en reclamo por la falta de calefacción y bañarse con agua fría.

La versión de los internos indica que fueron golpeados y sufrieron torturas por parte del personal policial, aseguró el defensor. Cuestionó además que la investigación fiscal “es sesgada y no tiene objetividad”.

Consideró que por ser una acusación débil no prosperaría en un debate oral y público. Se opuso a la presencia de algunos testigos por sobreabundancia y cuestiono la calificación legal.

El juez elevó la causa a juicio en orden a lo expuesto por la acusadora pública, declaró la admisibilidad de los medios de prueba propuesto, a excepción del testimonio de un empleado policial.  

Son los referentes de ATECh Santiago Goodman y Matías Schierloh, además de las representantes de la CTA, Marcela Ancaleo y Mariana Castro. También están imputados por los destrozos ocasionados también en septiembre del 2019, en Casa de Gobierno en Rawson.

Según publica ADNSur, el juez de Trelew Gustavo Castro, resolvió elevar a juicio oral y público la causa en la que se investiga el atentado contra los edificios de la Legislatura Provincial y Casa de Gobierno, en septiembre del año pasado.

Por estos hechos están imputados los dirigentes gremiales de ATECh Santiago Goodman, Matías Schierloh; y de la CTA, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

Cabe destacar que Castro declaró admisible la totalidad de la prueba ofrecida por las partes y rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por los defensores particulares de los acusados. Ahora, por intermedio de la Oficina Judicial, se conformará un tribunal unipersonal y a la mayor brevedad posible se fijará la audiencia de debate.

Asimismo el juez rechazó el planteo de nulidad presentado por los abogados defensores que sostenían que la acusación era incomprensible y confusa, y que por no saber claramente de qué se los acusaba, los imputados no podían ejercer eficazmente su derecho de defensa.

“El Ministerio Público Fiscal, al relatar los fundamentos de la imputación, ha señalado la prueba que vincula a cada uno de los imputados, tanto documental como testimonial”, manifestó.

En la resolución, Castro sostuvo que “queda clara la conducta que se le atribuye al Sr. Goodman, específicamente, la de transportar los elementos combustibles que a la postre fueron utilizados para provocar los incendios tanto en la Casa de Gobierno como en la Legislatura, como así también la de dar directivas a todas a aquellas personas que se encontraban participando de los incidentes.

Además, señaló que tampoco hay dudas de la conducta que se le atribuye a Marcela Ancaleo y Mariana Castro, de haber realizado varios viajes en la camioneta descripta, transportando un número importante de cubiertas de automóvil usadas para bajarlas en el sector de los incendios, las que fueron utilizadas para avivar el fuego, generando mayor volumen y densidad de humo.

Y respecto de Matías Schierloh, manifestó que “queda claro que se le atribuye haber arrojado cubiertas al fuego que se desarrollaba debajo de la sala de sesiones con el fin de avivar dicho foco ígneo”.

Los fiscales finalizan el martes con la ronda de testigos presenciales. El miércoles comenzarán los testimonios de las defensas y entre la cuarta y la quinta semana del juicio llegarán las intervenciones telefónicas. El último bloque será el de los alegatos.

Según publica diario El Chubut, el juicio oral y público contra 12 imputados por presunta asociación ilícita, autolavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado avanza a un ritmo vertiginoso.

La organización que diseñó la Oficina Judicial de Rawson ayudó al dinamismo de las audiencias y el juicio podría terminar antes de lo previsto, a pesar de todas las complejidades por la paralización de la justicia producto de los incumplimientos salariales del Gobierno provincial.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams prácticamente agotaron la larga lista de testigos y el martes concluirán cuando el profesional del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Guillermo Figueredo continúe exhibiendo mensajes y audios de WhatsApp que quedaron en la memoria de los teléfonos secuestrados. El último testigo presentado por fiscalía será un tasador, que dará un valor aproximado de las propiedades que están a nombre de Diego Correa, Natalia Mc Leod y de las empresas Dual Core y Sepat.

El miércoles iniciarán los testigos de las defensas, que buscarán descomprimir y contrarrestar los datos rotundos sobre las maniobras que aportaron más de 70 testimonios.

La lista de testigos más extensa de los imputados es la de Juan Carlos Ramón, que había presentado una lista de casi 30 testimonios para su defensa. Una vez finalizados los testimonios de las defensas, llegará el turno de las intervenciones telefónicas y las pruebas documentales, que demostrarán los vínculos, nexos y la concreción de un plan pergeñado para defraudar al Estado Provincial.

Por último, los fiscales y las defensas presentarán los alegatos, que podrían darse entre la quinta y la sexta semana.

En una firma de materiales de Trelew había registradas tres cuentas corrientes a nombre de Correa, Dual Core y Das Neves por un valor de 2,5 millones de pesos.

Según publica diario Jornada, Diego Correa manejaba tres cuentas corrientes para retirar materiales de construcción: la suya, la de Dual Core y la del exgobernador Mario Das Neves. Lo reveló Laura Díaz, empleada administrativa de VS Materiales en Trelew, en el juicio oral y público por el caso El Embrujo.

Díaz tenía contacto mensual directo con el exsecretario privado del mandatario y le informaba los saldos. “Correa pagaba personalmente en efectivo y muy poco veces con cheques. Yo lo llamaba y era muy buen cliente, eran cuentas importantes”. Cuando el monto era alto, llevaba una mochila con fajos de efectivo termosellados. Alguna vez también pagaron Juan Carlos “Tato” Ramón y Daniela Souza. “Eran guardas, grifería, porcelanatos y juegos de baño”.

El movimiento de la cuenta de Correa llegó a $ 2 millones; Dual Core, a $ 170 mil y Das Neves, a $ 300 mil. Díaz reconoció y leyó ante el Tribunal decenas de recibos del dinero que le entregó Correa para las tres cuentas.

También declaró Juan Carlos “Pichón” Moreira, dueño de VS. Dijo conocer a Correa por los diarios pero admitió que también lo vio en “alguna reunión”, sin mayor relación personal. Confirmó las cuentas corrientes pero pese a la insistencia del fiscal Omar Rodríguez, no precisó montos de compra. “Está todo en los resúmenes de cuenta que entregué”.

Otro testigo, Enrique Beltrán, construyó los tres dúplex y la casa de Playa Unión. Consiguió el trabajo porque compartía otra obra con Jorge Godoy en Rawson. El maestro mayor le pidió un presupuesto para el Grupo Correa. Cotizó $ 1.700 el m2 cubierto y lo contrataron. “A Godoy lo conocía porque fue maestro de mi hijo en la Politécnica”.

Describió que la casa tiene living, entrada principal, cocina-comedor y quincho. En planta alta suma tres habitaciones, un baño, una sala de estar y un dormitorio principal con baño privado. En el patio una pileta que “la hizo ´Tato´ con su gente, yo no participé”.

Correa empezó a visitar la obra con los dúplex terminados y la casa avanzada. Por quincena le pagaban en efectivo él, Godoy o Diego Lüters. Entre $ 20 mil y $ 40 mil cada vez. En una ocasión fueron dólares. “Plata y materiales no faltaban”, graficó. En la audiencia reconoció los recibos firmados por Correa.

El Tribunal redujo de 30 a 5 los hechos que le imputan a Souza. Hoy comenzarán a declarar los testigos ofrecidos por Fiscalía. Las defensas fueron optimistas y aseguraron que Rodríguez y Williams “no podrán demostrar un solo hecho”.

Según publica diario El Chubut, el juicio oral y público por la causa “Embrujo” sorteó todos los frenos y artilugios legales de las defensas y después de cinco meses y medio comenzó el proceso de debate que esclarecerá la responsabilidad o no de Diego Correa y otros once imputados por asociación y enriquecimiento ilícito, defraudación contra la Administración Pública y autolavados de activos.

El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Alejandro Soñis; y los vocales Ricardo Rolón y Marcela Pérez, rechazaron al comienzo de la audiencia de ayer la petición del defensor Omar López para suspender el juicio, debido a que los plazos de ir en queja a la Corte Suprema de la Nación por la suspensión de juicio a prueba para su cliente y otros cinco imputados no había vencido.

Los jueces resolvieron rápidamente esta situación, denegando el requerimiento del abogado de Juan Carlos «Tato» Ramón y dando comienzo oficialmente al juicio oral y público.

El plan criminal que comenzó en 2013
Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams relataron los hechos que le enrostraron a los 12 imputados, desentramando el presunto plan criminal que habría comenzado en enero de 2013 y se extendió hasta marzo de 2018, fecha en la que fueron detenidos gran parte de los acusados.

“En enero de 2013, Diego Correa, Natalia Mc Leod, Daniela Souza y Juan Carlos Ramón acordaron asociarse para comer delitos”, detalló Rodríguez, quien agregó que a partir de fines de 2015, se sumaron Diego Luthers y Sandro Figueroa, tío de Natalia Mc Leod.

El objetivo de la conformación de la asociación ilícita “era mantener oculto este accionar delictivo y acordaron la sustracción de fondos públicos desde sus roles, principalmente Correa desde un lugar de poder importante”, sostuvo el fiscal.

Desde la óptima de los fiscales, el protagonismo de Mc Leod fue clave “en el ocultamiento de los bienes de Diego Correa”. Asimismo, Rodríguez advirtió que cuando avanzaba firme la candidatura de Mario Das Neves para la gobernación, “Mc Leod dejó de ser la dueña de Dual Core y ocupó el lugar su tío, Sandro Figueroa, con una clara finalidad de esconder a Correa, que sería el hombre clave dentro de la estructura provincial”.

En la causa que investiga el fraude en la administración pública de la provincia, los acusados son 12: Diego Correa, Diego Luther, Natalia McLeod, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Federico Gatica, Jorge Godoy, Giuliana McLeod, Darío Correa, Christian Guisande y Rubén Reinoso.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio, y la incorporación de 230 pruebas documentales. También pidieron que se haga la inspección ocular de los inmuebles embargados y se reproduzcan las intervenciones telefónicas.

Cabe destacar que para Darío Correa, acusado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos, los fiscales adelantaron que al momento de pedir pena la misma no será inferior a los ocho años de prisión.

Según publica el diario Clarín, Cristóbal López se prepara para afrontar el primer juicio oral y público por defraudación, junto a Fabián De Sousa su socio y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En ese juicio también se tratará la demanda por daños y perjuicios que el Estado le realizó al empresario K por haber generado una deuda multimillonaria. Junto a sus abogados, entre ellos Aníbal Fernández, López prepara su defensa: responsabilizar a Mauricio Macri de la quiebra de su principal empresa.

«La AFIP hizo todo para mandar a la quiebra a Oil Combustibles SA y la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa no se decidió en la justicia, sino en la Casa Rosada», señalaron desde la defensa de Cristóbal López a Clarín.

Así, y bajo este principal argumento, se defenderá el empresario K ante la demanda por más de $ 22.000 millones que impulsa la AFIP que dirige Leandro Cuccioli, contra los dueños del Grupo Indalo y Echegaray. Los tres acusados deberán responder con sus respectivos patrimonios ante el reclamo por daños y perjuicios.

La defensa del empresario K, integrada entre otros abogados por Aníbal Fernández, enfocará la ofensiva en el accionar del Gobierno de Cambiemos. El último componente fue la valuación que los interventores judiciales realizaron, en el marco de la quiebra, sobre la petrolera Oil Combustibles.

Según el informe oficial, se le otorgó un valor de mercado de 42,5 millones de dólares, cifra con la que disiente Cristóbal López. «Su principal malestar es con el valor que es muy por debajo del que tiene la empresa, él quiso venderla y el valor de entonces hace más de un año era de más de 500 millones de dólares», señalaron desde su entorno a Clarín.

«Ante el juez Julián Ercolini (que procesó al empresario K y lo detuvo), se presentó una presentación con cuatro definiciones de valuaciones de especialistas, donde se determinó que el Puerto de Oil valía 115 millones de dólares, el stock se cotizó en 100 millones de dólares, un reconocimiento de flujo a tres años por 135 millones de dólares y tres años más por 135 millones de dólares y las estaciones de servicio por 22 millones de dólares», plantearon desde la defensa de López.

La sumatoria de dichas valuaciones, arrojó una valor de 507 millones de dólares para la petrolera que utilizó López para no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto a los Combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, tras el pedido del juez comercial Javier Cosentino, los veedores le asignaron un valor actual de 42,5 millones de dólares, al contemplar diversos factores como el «deterioro de la red de estaciones de servicios y la inactividad de la refinería», entre otros puntos detallados en el informe oficial

López y De Sousa presos ambos en el Penal de Ezeiza, plantearon a sus abogados la semana pasada que el valor de Oil es «muy bajo a propósito» y que de haberlos dejado vender hace un año como propusieron «se hacía por más de 500 millones de dólares y se cancelaba parte de la deuda».

Este planteo para la justicia resulta insuficiente. «Ellos se financiaron con el dinero del Estado y en vez de pagar mes a mes, cuando podían, el impuesto a los combustibles decidieron financiarse y ampliar el conglomerado empresarial», remarcaron fuentes judiciales. La defensa de López insiste que a diciembre de 2015 parte de los planes de pagos estaban cancelados, «hicieron todo el daño para que dejaran de pagar y que Oil quiebre», repitieron.

A través de la demanda, se exige que los acusados respondan por «la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria», ante «los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del Fisco» y por «el lucro cesante que supone para el Estado Nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público».

Durante la etapa de la demanda civil, López buscará «exhibir que el Estado empujó a la empresa a la quiebra». Mientras, la AFIP se prepara para reclamarle más de 22.000 millones de pesos.