El Ministerio de Economía continuó en las primeras dos semanas de octubre el camino de ajuste en el gasto público que le permite ganar margen para viabilizar el pago del bono extraordinario entre noviembre y diciembre y, al mismo tiempo, no alejarse en la última parte del año de la meta de reducción del déficit primario que acordó con el Fondo Monetario Internacional, según publica Infobae.

La consultora Analytica realizó un informe donde midió, con datos oficiales, cuál es el ritmo de la primera mitad del mes, con información más anticipada que el informe de las cuentas públicas que elabora la Secretaría de Hacienda, que dará a conocer esta semana los números de septiembre.

Allí, encontraron que “en la segunda semana de octubre, el gasto primario real cayó 19,5% respecto de igual semana de septiembre, y 24,3% de un año atrás”.

“Todas las partidas muestran el ajuste respecto a igual período de octubre de 2021. Sin embargo, se destacó el aumento en el gasto de obra pública de 24,1% respecto a un mes atrás, principalmente debido a las transferencias realizadas a IEASA para las obras en energía”, calculó la consultora.

Según sus números, dentro de ese 24,3% general de recorte real del gasto en lo que va de octubre algunos rubros se destacan especialmente. Entre ellos están los subsidios económicos, que retrocedieron a ritmo de 58,6%, Asignaciones Familiares y la AUH con 55,3%, Bienes y servicios (-43,4%) y Transferencias a provincias (-23,4 por ciento).

El Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa comenzó desde agosto una etapa de corrección fiscal sobre lo que, consideraban, era una fuerte expansión de las erogaciones que había propiciado el ex ministro Martín Guzmán durante el primer semestre del año, antes de su salida del Palacio de Hacienda.

Fue, además, una tendencia que el Fondo Monetario alertó en uno de sus informes técnicos de seguimiento del acuerdo.

En este sentido, el organismo alentó una reducción en términos reales del gasto para que el Gobierno logre allanar el terreno al cumplimiento de la meta de déficit primario, equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno.

Ante los funcionarios del Fondo, Massa se comprometió a cumplir con ese objetivo sin desviarse, para eso, habilitó ciertas medidas como la puesta en marcha de la segmentación de tarifas con tope de consumo, el adelanto de Ganancias, el tope de fondeo presupuestario a todas las áreas del Estado y el congelamiento de ingresos de nuevos empleados al sector público.

“Estimamos al comienzo de la gestión de Massa cuando anunció esas medidas que representaban el 40% del recorte necesario para alcanzar la meta con el FMI. Hoy está a mitad de camino, queda un 50% por cumplir con un mes muy complejo como diciembre en que tradicionalmente las cuentas se desordenan por el pago de aguinaldos y cierre de presupuestos y eso complica la posibilidad de recortar”, dijo a Infobae Ricardo Delgado, director de Analytica.

“Todavía hay espacio para que lo logre, pero los efectos iniciales en un contexto de incendio financiero, ahora los recortes a provincias a obra pública, si continúan, se van a hacer más difíciles en términos políticos. Y el bono va a ser fondeado por el aumento en la recaudación de retenciones del dólar soja”, aseguró.

En ese sentido, si bien se trató de una medida que apuntó principalmente a alimentar las escasas reservas, también tuvo un correlato fiscal fue el dólar soja.

Además del refuerzo de divisas para las arcas del Banco Central, la liquidación récord de esa oleaginosa generó una recaudación adicional de derechos de exportación, que el Poder Ejecutivo se comprometió a utilizar para el financiamiento de las medidas sociales de emergencia y a un programa para pequeños productores.

De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario tras la finalización del dólar soja a fines de septiembre, por la vía de las retenciones el fisco percibió en septiembre unos $443.000 millones, de los cuales $123.000 millones corresponden al diferencial de tipo de cambio que el Gobierno habilitó para los productores sojeros. Hay una medida que el equipo económico, adrede de esa cuestión, todavía no tomó.

Según reconocieron fuentes del Palacio de Hacienda, aún no quedó reglamentado cuánto del total recaudado por retenciones adicionales por el dólar soja será destinado al bono extraordinario que se pagaría entre noviembre y diciembre y cuánto para los pequeños productores, una atribución que quedó a discreción del Ministerio de Economía en el decreto que estableció la vigencia del dólar soja.

Otro frente fiscal que debe atender el Gobierno hasta fin de año será el de la deuda flotante, un tema que cobró especial relevancia en los últimos meses porque el Fondo Monetario Internacional comenzó a llamar la atención sobre esta cuestión: la magnitud de los pagos atrasados del Estado nacional forma parte del conjunto de metas cuantificables con el FMI, aunque con un nivel de relevancia menor en comparación con déficit primario, reservas o emisión monetaria.

El último informe del staff del organismo se refirió a lo grave que llegó a ser en determinado momento del año la acumulación de deuda flotante (que el FMI llama “atrasos internos”) y cómo en los últimos dos meses el Ministerio de Economía comenzó a acelerar la cancelación de esos pasivos. Para el FMI, parte del cumplimiento de la meta fiscal de fines de junio estuvo apoyada en ese incremento de pagos atrasados.

“El cumplimiento de las metas fiscales tuvo lugar en un contexto de aumento de los atrasos internos (especialmente en el sector energético) en las últimas semanas de junio. Los esfuerzos recientes para endurecer los controles presupuestarios y reducir los atrasos en los gastos están teniendo un efecto con los niveles de atrasos disminuyeron hasta mediados de septiembre, lo que apunta hacia el cumplimiento de la meta de déficit de caja fiscal primario para fines de septiembre y el techo de atrasos internos”, consideró el staff del Fondo.

En ese sentido, el FMI calculó que a fines de junio, tal como había anticipado Infobae, la deuda flotante había ascendido hasta unos $800.000 millones y que desde ese momento hasta mediados de septiembre ese número cayó hasta unos $530.000 millones, más en línea con el techo para este ítem previsto en el acuerdo, que a fines de septiembre fue de $612.000 millones.

Algunas consultoras, por otro lado, prevén que a pesar de las medidas fiscales, el Gobierno no terminará el año con un resultado de déficit primario en la línea con la meta con el FMI sino que se excederá.

Equilibra, por ejemplo, estimó que con un rojo primario equivalente al 1,2% del PBI en el último trimestre, el camino fiscal terminaría a fin de año con un 2,8% del PBI de rojo primario, unos 0,3 puntos por encima de lo pactado con el Fondo.

Así se desprende del informe que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentó ante el Senado de la Nación, donde expondrá este jueves, y en el que dio precisiones sobre la ejecución del gasto destinado a la compañía estatal aérea, que fue expropiada en 2008 y hoy conduce Pablo Ceriani.

Exactamente $ 16.538,2 millones fueron ejecutados en el primer cuatrimestre de 2021, según consigna la Secretaría de Hacienda, que reportó el ritmo del gasto de Aerolíneas Argentinas bajo el concepto de «Aportes de Capital», que se enmarca en el programa 87 del Ministerio de Transporte, denominado «Asistencia financiera a empresas públicas y otros entes» y se engloba dentro de la jurisdicción 91 del presupuesto: «Obligaciones a cargo del Tesoro», según publica Clarín.

Tomando la cotización del dólar oficial del Banco Nación, a $ 100, el gasto cuatrimestral asciende a US$ 165 millones, por encima de las previsiones anuales. Se trata de los fondos que se utilizan principalmente para pagar sueldos en la aérea, en un contexto de fragilidad para el sector aeronáutico, uno de los más afectados por el impacto de la pandemia de Covid-19, con fuertes restricciones y escasos vuelos operados debido al cierre de fronteras.

En el extenso informe que brindó Cafiero ante la Cámara Alta, sobresalió una consulta de la senadora radical Silvia Giacoppo, que en medio de las preguntas realizadas por los legisladores sobre la llegada de vacunas al país se interiorizó especialmente por la actualidad de la compañía aérea.

Giacoppo preguntó primero por el resultado operativo de la firma durante el ejercicio 2020, a lo cual desde la Jefatura de Gabinete, por escrito, respondieron, tras una larga introducción, que Aerolíneas había recibido asistencia financiera en todo el año pasado por $ 45.076,4 millones.

Pero la siguiente consulta, la 431, solicitó mayores precisiones. Y desde Gabinete contestaron que la aérea cuenta con una deuda de «US$ 300 millones, una caja de apenas US$ 9 millones y un déficit operativo de US$ 680 millones.», descriptos por el Gobierno como una herencia de la gestión de Mauricio Macri.

Además, detallaron el gasto que acumula este 2021, de $ 16.538.214.534 en los primeros cuatro meses. En el adjunto de anexos al documento que hicieron, se despieza cómo fue el Estado enviando fondos a Aerolíneas en este período.

En enero giró $ 2.245,7 millones; en febrero, $ 5.000 millones; en marzo, $ 5.300 millones; y en abril, $ 3.992,4 millones. Para la misma época del año pasado, aun después de un primer trimestre con mucha actividad en el tráfico áereo como previa a la pandemia, había erogado un 50% menos de fondos a las arcas de Aerolíneas Argentinas: $ 10.916 millones.

Medido en dólares, el gasto viene siendo elevado, por encima de los niveles de la gestión de Mauricio Macri, que en su último año como Presidente promedió una salida anual de fondos de en torno a los US$ 200 millones. La situación, claro, era bien diferente a la actual, con multiplicidad de vuelos diarios, gasto millonario en combustible y mayor personal activo, lo que suponía una mayor aceleración en la partida destinada al área.

No obstante, el gasto destinado por el Gobierno en Aerolíneas sigue estando muy por debajo de los niveles alcanzados en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Por caso, en 2012, según el sitio web Chequeado, se destinaron US$ 900 millones anuales a la línea aérea de bandera.

En ese momento, el presidente de la compañía era Mariano Recalde, hoy senador nacional y uno de los fundadores de la agrupación La Cámpora, junto a Máximo Kirchner. De 2013 a 2015, su vice allí fue Pablo Ceriani, quien hoy conduce la compañía, con el aval de La Cámpora y del Instituto Patria.

Ceriani suele replicar en su cuenta de Twitter cada uno de los viajes realizados por Aerolíneas Argentinas en búsqueda de vacunas, la principal actividad que viene teniendo la compañía en tiempos de freno casi total de las operaciones comerciales debido a la pandemia por Covid-19.

A través de la Decisión Administrativa 997/2020 publicada en el Boletín Oficial, y con el fundamento de “paliar los efectos del coronavirus COVID-19”, el Jefe de Gabinete amplió en $ 41.261 millones las autorizaciones de gastos del Presupuesto Nacional. Ese mayor gasto en casi su totalidad engrosa el déficit del ejercicio ya que los mayores ingresos sumaron apenas $ 59,2 millones, publica hoy el diario Clarín.

En 140 planillas y con reasignaciones de créditos de otras jurisdicciones, la principal partida por $ 95.500 millones es para la ANSeS para el rubro “Ayudas Sociales a Personas” con “el fin de atender el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.

El PAMI recibe un refuerzo de $ 9.000 millones, en tanto $ $ 9.847.778.891 se destinan al Ministerio de Desarrollo Social, de los cuales $ 7.800 millones son para atender la política alimentaria y el resto para el Programa Apoyo al Empleo de ese Ministerio.

AYSA recibe un refuerzo de $ 4.275.679.115 y la Superintendencia de Servicios de Salud $ 2.379.818.837 para “Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud” (obras sociales) que corresponde “a las prestaciones para la cobertura de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19, como para aquellos Agentes que sufrieron una merma en su recaudación en el marco de la pandemia por el Coronavirus”.

Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino tiene un crédito de $ 7.546.681.767, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) $ 812 millones y el Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP) $ 196 millones.

Otras partidas son para el Ministerio de Seguridad “para la adquisición de repuestos para la puesta en servicio de un helicóptero sanitario de la Policia Federal Argentina, de elementos de protección e insumos sanitarios y de ambulancias de alta y baja complejidad para cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad”. También para la Gendarmería Nacional “con el objeto de afrontar las erogaciones resultantes del desempeño del personal en los distintos operativos emplazados para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio” para el Hospital Naval Puerto Belgrano por “insumos farmacéuticos, de laboratorio y productos químicos, con el fin de atender emergencias en materia sanitaria” y para el Estado Mayor de la Fuerza Aérea “para la adquisición de una aeronave B-737 de transporte estratégico de personal y carga, necesaria para las urgencias de transporte aéreo que derivan de la situación sanitaria actual”.

Con esta modificación ya suman 11 los cambios efectuados en el Presupuesto Nacional. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta fines de mayo se incrementó el gasto presupuestado en $ 788.168 millones, mientras los ingresos subieron $ 540.162 millones, fundamentalmente por transferencias del Banco Central. “Esta dinámica en el aumento de los gastos y de los ingresos desmejoró el resultado financiero en la suma de $ 248.006 millones, que se financió con un aumento de las fuentes financieras, principalmente provenientes del endeudamiento”.