Este jueves la esposa del Presidente Alberto Fernández cumple 41 años y podría decirse -según publica TN– que tiene un motivo para festejar: la causa judicial que se inició tras la difusión de la foto en la que se la ve a ella, el Presidente Alberto Fernández y otros nueve invitados (y una menor de edad) va camino a cerrarse por completo, ya que en la última semana las únicas tres imputadas por violar la cuarentena que aún no habían presentado ofertas de dinero en concepto de recomposición lo hicieron.

Se trata de Sofía Pacchi -amiga y exasesora de Fabiola Yáñez- y las hermanas Rocío y Florencia Fernández Peruilh, todas estas defendidas por los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola.

Cada una ofreció $250 mil para intentar evitar ser procesadas luego de haber sido indagadas por la Justicia en el marco del expediente que investiga la violación de las normas sanitarias que el propio Alberto Fernández había dictado.

Si el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli aceptan estos ofrecimientos, tal como lo hicieron con Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y el resto de los invitados (Stefanía Domínguez también presentó una oferta que es evaluada), el caso entrará en su etapa final y ya no quedarán integrantes de la Fiesta VIP que estén en la mira de la Justicia.

De esta forma, el caso podría cerrarse a cambio de una cifra de $5.220.000. Este es el dinero que ofrecieron en total todos los involucrados en el escándalo que puso en jaque al Gobierno durante la segunda etapa del 2021. Claro que la Justicia aún debe aceptar el de estas últimas cuatro imputadas.

Alberto Fernández ($1.600.000)

Fabiola Yáñez ($1.400.000)

Carolina Marafioti (estilista – $200.000)

Emmanuel López (exasesor – $250.000)

Fernando Consagra (pareja de López – $250.000)

Santiago Basavilbaso (amigo – $220.000)

Federico Abraham (peluquero – $300.000)

Sofía Pacchi (exasesora – $250.000). La Justicia define si acepta su oferta.

Rocío Fernández Peruilh (amiga – $250.000). La Justicia define si acepta su oferta.

Florencia Fernández Peruilh (amiga – $250.000). La Justicia define si acepta su oferta.

Stefanía Domínguez (amiga – $250.000). La Justicia define si acepta su oferta.

Dinero en concepto de reparación, una estrategia que le dio un giro a la causa por la fiesta VIP en Olivos

Entre los que ya lograron homologar sus acuerdos se encuentran el propio Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez, los que ofertaron $3.000.000 -el Presidente pidió un préstamo, según se informó-.

En rigor, la primera en hacerlo fue Carolina Marafioti. Lo hizo luego de ofrecer $200.000 en concepto de reparación. El encargado de diseñar esta estrategia de recomposición fue el abogado Juan Pablo Fioribello, que junto a su socio Mariano Lisardo, logró el acuerdo de la mayoría de los imputados, entre estos el de la propia Fabiola Yáñez.

Marafioti sigue siendo asesora ad honorem de Fabiola Yáñez. Trabaja en la Dirección General de Ceremonial de la Secretaría General.

Federico Abraham, peluquero de la Primera Dama, también se alineó con la estrategia de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y otros imputados y presentó una oferta de reparación de $300 mil.

Emmanuel López fue asesor de Fabiola Yáñez entre 2020 y octubre de 2021, mes en el que presentó su renuncia al cargo por motivos que se desconocen. Su salida de la Secretaría General tal vez estuvo vinculada con que tan solo dos meses atrás el rostro de este hombre había circulado por todos los medios de comunicación como uno de los invitados a la fiesta VIP.

Para reparar esta situación, López ofreció $250 mil que fueron aceptados por el fiscal Domínguez. Lo mismo hizo su pareja, Fernando Consagra, que también estuvo en el festejo en plena cuarentena. Ofreció otros $250 mil.

Santiago Basavilbaso, otro amigo de Yáñez que estuvo en el cumpleaños, también propuso $220.000 que fueron aceptados por el fiscal y el juez.

Independientemente de lo que ocurra con Pacchi, las hermanas Fernández Peruilh y Domínguez, los acuerdos de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y el resto de los invitados no corren riesgo alguno, ya que se trata de un proceso individual. Solo falta que la Justicia dicte el sobreseimiento de todos estos.

No es casual que Sofía Pacchi haya estado al lado de Fabiola Yáñez en la foto de la fiesta VIP en Olivos. Por aquellos días de julio de 2020 era su asesora en comunicación y protocolo. Su contacto era diario y Pacchi se había convertido en una de sus personas de mayor confianza. Pero tras la filtración de la fotografía de la Fiesta VIP todo cambió.

Entre Agosto y Diciembre de 2021 dejó de asesorar a la Primera Dama, se la reasignó a otras tareas y una vez que se cumplió su contrato, la Secretaría General de la Nación no se lo renovó. Esto provocó un quiebre en la relación entre Pacchi y Yáñez.

El enojo de la joven fue tal que en su entorno sostienen que este es el motivo por el que decidió encarar una estrategia judicial en la que sostuvo que no cometió delito alguno al haber participado de la fiesta, ya que ella era asesora de Yáñez y se encontraba en el cumplimiento de sus tareas, para las que tenía permiso de circulación.

Sorpresivamente, la semana pasada Pacchi presentó ante la justicia un ofrecimiento de reparación de $250 mil. Durante meses les decía a sus más íntimos que no le correspondía pagar porque “no tenía responsabilidad”, pero, ante la posibilidad de que el juez Mirabelli la procese tras el escrito que presentó en la indagatoria de junio pasado, cambió de opinión. De cualquier manera, ahora la Justicia debe determinar si el dinero ofrecido es suficiente.

En su escrito ante el fiscal Domínguez explicó que la plata se la presta familia y amigos porque no tiene trabajo.

Semanas atrás, Pacchi visitó la Casa Rosada en un encuentro que despertó versiones cruzadas. En su entorno juran que tuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández y que este le habría pedido que deje la defensa de Fernando Burlando para regresar con Juan Pablo Fioribello. La reunión se produjo días antes de su indagatoria. El Presidente habría estado preocupado por lo que la joven podía decir ante la Justicia.

En el Gobierno aceptan que Pacchi visitó la casa de Gobierno, pero niegan que haya estado con el Presidente. Dijeron que tuvo un encuentro con Julián Massolo, número dos de Julio Vitobello, secretario General de la Nación.

Pacchi nunca visitó a Massolo. Si estuvo con Alberto Fernández es algo que solo ella, el jefe de Estado y pocos funcionarios o trabajadores de la Casa Rosada saben. Lo que sí está confirmado es que la joven estuvo a metros del despacho presidencial a días de su indagatoria, una visita por demás llamativa.

La joven llegó acompaña de su abogado Fernando Burlando, con el que lleva adelante una estrategia judicial particular: sostiene que no hubo delito ya que ella era asesora en Comunicación de la primera dama Fabiola Yáñez y que por ende era correcta su presencia allí -según publica TN-.

“Hizo una pequeña aclaración de cuál era su función, que tenía un permiso que la habilitaba a estar en la reunión, el permiso que otorgaba el Estado en ese momento. Estaba trabajando a las ordenes de la Primera Dama, esta circunstancia la excluye de todo tipo de vinculación con un hecho delictivo”, explicó Burlando.

Justamente Pacchi se remitió a un escrito en el que explicó los detalles de sus funciones como asesora en comunicación de Fabiola Yáñez.

Esta estrategia judicial complica los planes del Presidente Alberto Fernández, que busca que el caso se cierre cuanto antes. Es que ahora el juez Lino Mirabelli tiene 10 días hábiles para resolver la situación de la joven, es decir, si la procesa, la sobresee o le dicta la falta de mérito.

El Gobierno lo que quiere es que Pacchi ofrezca una recomposición -dinero- tal como lo hizo Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para cerrar el caso y otros ex imputados que ya lograron un acuerdo con el Juez.

“No corresponde poner dinero por algo que no fue responsabilidad de los invitados”, aseguran en el entorno de Pacchi.

De hecho, hace dos semanas, y pese a que el Gobierno lo negó enfáticamente, en el entorno de Pacchi dicen que la joven visitó a Alberto Fernández en la Casa Rosada. Agregan que el Presidente le pidió que cambie de abogado y regrese con Juan Pablo Fiorebello, letrado de la Primera Dama que llevó adelante los acuerdos de homologación de varios de los imputados.

Fioribello logró los acuerdos de Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra y Carolina Marafioti, otros invitados al cumpleaños.

El enojo de Sofia Pacchi con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Pacchi está enojada con la primera dama Fabiola Yáñez, a la que asesoró en comunicación desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández hasta que estalló el escándalo.

En su entorno aseguran que Pacchi repite que tanto Fabiola Yáñez como el Presidente Alberto Fernández “se comportaron muy mal” con ella y que está molesta por toda la situación. Pacchi trabajó entre 2020 y Julio de 2021 junto con Yáñez, de acuerdo a documentación oficial. En Diciembre del año pasado la Secretaría General no le renovó el contrato. Eso la molestó.

Pacchi era pareja del empresario taiwanes Chien Chia Hong, al que se lo vinculó con supuestas adjudicaciones millonarios en su favor que el Gobierno negó.

Pacchi, Stefanía Domínguez y las hermanas Rocío y Florencia Fernández Peruilh aún están imputadas en el expediente.

Las hermanas Peruilh -también representadas por Burlando- tampoco declararon esta semana. Florencia estaba en México y solicitó una postergación de la declaración. Su defensa argumentó que estaba buscando trabajo en ese país. Requirió que la misma se realice, a su vez, de forma virtual.

Rocío si se presentó el martes ante el Juzgado y se negó a declarar. En el caso de las hermanas su estrategia podría ser diferente ya que ellas no tienen una justificación por haber estado en el cumpleaños. No se descarta que pronto puedan presentar una oferta de recomposición, tal como lo hicieron quienes ya lograron librarse de esta causa.

Se trata de Rocío Fernández Peruilh; su hermana Florencia; Sofía Pacchi, ex asistente de la primera dama; y Stefanía Domínguez -según publica TN-.

Las hermanas Fernández Peruilh fueron citadas para el 28 de Junio, en tanto que Pacchi lo hará al día siguiente y Domínguez el jueves 30 de Junio.

No obstante, el magistrado abrió este viernes una carpeta dentro del expediente para tramitar la extinción de la acción contra el presidente Alberto Fernández y la mencionada Fabiola Yáñez, quienes propusieron una conciliación a través de la “reparación integral del daño”.

El mandatario acordó con la Fiscalía pagar 1,6 millones de pesos y Yáñez 1,4, lo que fue aceptado por el juez, de modo tal que una vez cumplido con el depósito la causa quedará cerrada para ambos.

Otros imputados eligieron el mismo camino, pero los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, si bien también propusieron la reparación integral, lo hicieron ante el juez cuando en rigor debieron haberlo tramitado ante la fiscalía.

“Proveyendo la solicitud de formación de incidentes de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio requerida respecto de Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh, hágase saber a sus letrados defensores que deberán ocurrir ante el Ministerio Público Fiscal”, señaló el magistrado.

La resolución de Mirabelli significa que todavía es posible que ambas eludan la acción penal, si la fiscalía acepta la conciliación propuesta.

Distinta es la situación de Sofía Pacchi, exnovia de un empresario taiwanés con fuerte llegada a la Casa Rosada, para quien pidieron el “sobreseimiento por atipicidad”, ya que sostienen que no cometió ningún delito porque estaba cumpliendo funciones laborales el día de la celebración, como asistente de la primera dama.

Asimismo, Stefanía Domínguez, la otra asistente a la cuestionada fiesta en la Quinta de Olivos que fue llamada a indagatoria, es defendida por el abogado Mauricio D’Alessandro. Este planteó como estrategia de defensa la nulidad de los decretos presidenciales que establecieron las restricciones por el COVID-19.

El lunes, el juez Mirabelli homologó los acuerdos celebrados con la Fiscalía por $1,6 millón y $1,4 millón argumentando que eran “proporcionales” al daño causado. “No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el Ministerio Público Fiscal, sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, sostuvo. Como Yañez no cobra un sueldo, el Presidente se tuvo que hacer cargo del monto total -según publica Infobae-.

En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir del acuerdo con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador. “El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en módulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″, sostuvo el fiscal.

Para evitar la indagatoria y una posible condena, el Presidente optó por la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Aunque públicamente defendió esa estrategia jurídica, Alberto Fernández sigue pensando en la intimidad que no hubo delito por la fiesta en la Quinta de Olivos.

A partir de la homologación de los acuerdos, el Presidente tenía hasta diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria del Instituto Malbrán. Pero la necesidad de cerrar la causa aceleró la definición.

Cuando se concrete la transferencia, sus abogados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso, informarán al juzgado con el comprobante de la operación. Lo propio hará la defensa de Yañez, a cargo de Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.

A partir de ese momento solo restará que el juez firme el sobreseimiento de ambos. Es apenas una formalidad.

La causa igualmente sigue abierta para el resto de los imputados. En el caso de Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y esperan la homologación. Si eso ocurre, tendrán que depositar $250 mil, los dos primeros, y $220 mil Basavilbaso.

En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, Pablo Slonimsqui y María Ester Ballestero, ofrecieron una reparación de $250 mil y esperan el cierre de la causa.

El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. El abogado de Stefanía Domínguez, Mauricio D’Alessandro, sigue batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, al frente de la causa Olivos, rechazó este martes el pedido de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales que planteó la defensa de Stefanía Domínguez, una de las imputadas que asistió a la fiesta de olivos en plena cuarentena obligatoria, según informó TN.

El planteo había sido realizado por el abogado Mauricio D ´Alessandro a fines de agosto pasado. Los DNU firmados por Alberto Fernández establecían la prohibición de circulación y reunión como medida para contener la pandemia del coronavirus y estaban vigentes cuando se celebró el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta presidencial de olivos, el 14 de julio de 2020.

“Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos – más allá de su invalidez e inconstitucionalidad – buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19″, sostuvo D’Alessandro al reclamar el sobreseimiento de su defendida por “inexistencia de delito”.

El abogado consideró que los DNU fueron contrarios a la Constitución ya que no existía una circunstancia excepcional que impidiera al Congreso sancionar una ley con las medidas.

Al rechazar el planteo de inconstitucionalidad, el juez Mirabelli consideró que el Gobierno, en plena pandemia, estaba facultado para emitir este tipo de decretos presidenciales con el objetivo de “salvaguardar la salud pública”.

Además del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez y Stefanía Domínguez, en la causa están imputados otros 8 invitados al festejo en Olivos.

Causa Olivos: los argumentos del juez para rechazar el pedido de inconstitucionalidad de los DNU

“Debe repararse en que las medidas entonces vigentes reglamentaban el ejercicio de ciertos derechos con el objetivo de resguardar otros bienes jurídicos sustanciales, como la vida y la salud pública, en el marco de una excepcional situación de emergencia sanitaria, cuya extensión era –por aquel entonces– todavía incipiente, aunque con una proporción dañosa desconocida respecto de la salubridad general de la población”, consideró el juez Lino Mirabelli.

“Ante esas alarmantes circunstancias, las autoridades estimaron primordial adoptar medidas tendientes –entre otras cosas– a disminuir la circulación y limitar la producción de los eventos sociales con concurrencia de múltiples personas (v. antecedentes y considerandos de los DNU 260, 297/2020 y 576/2020), sin que se haya alegado ni demostrado por qué –en este caso– aquella reglamentación de derechos luciría irrazonable o desproporcionada, generándole a la interesada un gravamen inconciliable desde el punto de vista constitucional”, agregó el juez.

Mirabelli admite en su escrito que las disposiciones sanitarias implicaron restricciones a derechos amparados por la Constitución (como circular, reunirse, trabajar o salir del país), pero consideró que fijaba excepciones (provisión de medicamentos y alimentos, casos de fuerza mayor, actividades esenciales), “lo cual armonizaba –a criterio de las autoridades– el ejercicio de los derechos en juego, de manera tolerable para el bien jurídico que se pretendía resguardar”.

“Debe pensarse, además, que negar de manera absoluta la validez de la herramienta cuestionada sería privar a las autoridades ejecutivas de la posibilidad de cumplir con su mandato constitucional de proteger la salud pública”, sostuvo el juez.

En la foto que reveló que el 14 de julio de 2020 se realizó una celebración de cumpleaños en la Quinta de Olivos aparecen once personas mayores. Dos de ellas, el presidente Alberto Fernández y su pareja Fabiola Yañez no necesitaban permiso para estar en la Quinta de Olivos porque es la residencia presidencial. El resto de los invitados para haber llegado aquella noche hasta el partido de Vicente López debía tener un certificado de circulación extendido por el Estado nacional para aquellos que ejercieran alguna actividad esencial o que estuvieran dedicados al cuidado de otras personas. Las reuniones en espacios cerrados estaban prohibidas para evitar la circulación del coronavirus. La prohibición la había dictado mediante DNU el presidente Fernández quien es uno de los imputados en la causa judicial que quedó radicada en la justicia federal de San Isidro.

Los invitados a la fiesta de cumpleaños cuando estaban prohibidas las reuniones sociales fueron: Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

Cuando el caso judicial estaba en el edificio de Comodoro Py, el juzgado federal de Sebastián Casanello y la investigación por la violación de la cuarentena estaba en manos del fiscal Ramiro González, se había pedido información para saber si -al menos- los invitados estaban autorizados a circular. El pedido de información fue hecho por González a la secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en agosto pasado. El 1 de octubre pasado fue reiterado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien disputa la competencia para investigar el caso con la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Según explicaron fuentes vinculadas al caso a Infobae, Cesar Leonardo Gazzo Huck, subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital de la Jefatura de Gabinete, informó hoy al juez Mirabelli que cinco de los nueve invitados no tenían permiso para circular aquel 14 de julio de 2020. De acuerdo a la información enviada por Gazzo Huck al juzgado de Mirabelli no tenían permisos para circular Pacchi, Marafioti, López, Consagra y Rocío Fernandez Peruilh.

El informe oficial señala que cuatro de los asistentes a la fiesta “tenían permisos vigentes” al 14 de julio de 2020. En tanto los otros cinco habían tramitado permisos que “difieren” de la fecha de interés para la causa judicial.

Los cinco que no tenían permiso para circular son amigos de Yañez quien aquel 14 de julio de 2020 festejó sus 39 años. Pacchi revista como personal de la secretaría General de la Presidencia, es asistente personal de Yañez. Marafioti fue invitada a la fiesta en tanto estilista de moda de Yañez. López por su parte es locutor y había sido contratado por la subsecretaría de Gestión Institucional como asesor de la pareja del presidente. Consagra, pareja de López, es actor y modelo publicitario. Rocío Fernández Peruilh es agente inmobiliaria.

Cuatro de los invitados tenían permisos para circular, pero que de ninguna manera, los habilitaban para asistir a una reunión como la del cumpleaños de Yañez.

El caso en el que está imputado el presidente por violar sus propias disposiciones para evitar la propagación del coronavirus todavía no tiene juez. Mientras tanto la información sobre los invitados a la fiesta se suma al expediente.

Apenas unas horas después de las elecciones Primarias, la causa judicial por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en la que está imputado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quedó definitivamente a cargo de la justicia federal de San Isidro, publica Infobae. El juez Lino Mirabelli aceptó hoy la competencia, tal como había planteado su colega Sebastián Casanello. En cambio, rechazó la denuncia contra Elisa Carrió por la fiesta en su casa de Exaltación de la Cruz.

“Comparto la postura del magistrado declinante en cuanto que algunos de los hechos denunciados, en presunta transgresión a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades nacionales con el propósito de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19, cuyo denominador común se posiciona en la Quinta Presidencial de Olivos, deberían ventilarse en este ámbito territorial”, sostuvo Mirabelli en una breve resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El 1 de septiembre, Casanello había dispuesto el pase a San Isidro al entender que los hechos ocurrieron en esa jurisdicción. Las defensas y el fiscal Ramiro González decidieron no apelar y la decisión quedo firme el martes pasado.

Mirabelli está de turno durante el mes de septiembre pero todavía había un margen de duda sobre el destino final del expediente porque su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ya tenía una denuncia sobre la fiesta del 14 de julio de 2020. Esas dudas ya quedaron despejadas.

Ahora el magistrado deberá tomar otras decisiones, como contestar el planteo de inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por Alberto Fernández, que hizo la defensa de Stefanía Domínguez.

El expediente tiene a 11 personas imputadas. Son el presidente Fernández, Yañez y nueve amigos de la Primera Dama que participaron del festejo: Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh.

Aunque aceptó la competencia por la fiesta en Olivos, Mirabelli rechazó la competencia sobre el cumpleaños de Elisa Carrió. “El hecho del 26 de diciembre de 2020 habría tenido lugar en la localidad de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, es decir, fuera del espacio de esta jurisdicción territorial”, dijo el juez de San Isidro.

La defensa de Carrió ya había pedido el cierre del caso por inexistencia de delito al plantear la “excepción por falta de acción”, tal como hizo Alberto Fernández en el caso de la fiesta de Yañez. Carrió dijo que no cometió delito porque para entonces en la zona donde se hizo la reunión estaban permitidos los encuentros de hasta 100 personas. En caso de que no le hicieran lugar a la “excepción por falta de acción”, pidió que se declaren inconstitucionales los decretos de necesidad y urgencia dictados para contener la pandemia.

Al rechazar la competencia de ese hecho, el expediente regresa parcialmente al juzgado de Casanello, que deberá volver a opinar sobre el tema.

Algo similar planteó el juez Mirabelli sobre la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por violar la cuarentena. También volverá a Comodoro Py. Sobre ese hecho, sostuvo que “no se ha recabado ningún elemento para despejar en qué lugar concreto se habrían desarrollado esos hechos, como así tampoco precisar si implicarían –llegado el caso– infracciones a la normativa nacional sobre la materia (cf. DNU 260/2020 y complementarias), o bien transgresiones a las normas locales”.

Según publica Infobae el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigando la causa sobre las reuniones en la quinta de Olivos y decidió mandar el expediente a la Justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción territorial sobre la residencia. Se trata de una decisión inesperada para todas las partes, incluso para el Gobierno, porque todavía no había un planteo concreto de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

“La denuncia formulada por Abril Fernández Soto y Marcos Longoni y cada una de las ampliaciones presentadas, apuntan a la “Quinta de Olivos” como el lugar donde se habrían cometido las conductas en infracción. En igual sentido, los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar”, dice la resolución.

Y agrega: “De la lectura de la totalidad del expediente puede concluirse que, salvo el anoticiamiento de un festejo ocurrido en Exaltación de la Cruz – Pcia. De Buenos Aires-, el denominador común de todos los hechos denunciados es el lugar de comisión: la Quinta Presidencial de Olivos. Sólo varían los actores”.

Casanello se expidió sobre la competencia aunque todavía no había un planteo concreto de la jueza Sandra Arroyo Salgado para reclamar el expediente. Hasta ahora, la magistrada solo había pedido acceder al expediente que tramitaba en Comodoro Py porque tenía una denuncia similar.

La decisión de Casanello sorprendió a todas las partes, incluyendo a la Fiscalía y al propio Gobierno. “Fue un baldazo de agua fría, ahora vamos a tener que analizar cómo se comportó la justicia de San Isidro en otros casos similares, empezamos de cero”, admitió uno de los abogados defensores.

Casanello se declaró incompetente ante un incidente por un planteo de inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por Alberto Fernández, realizado por la defensa de Stefanía Domínguez, una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez, ocasión en la que se violó la cuarentena estricta que regía entonces y que incluía la prohibición de las reuniones sociales en el AMBA.

El fiscal Ramiro González ya había dictaminado en contra de ese pedido por lo que se esperaba una resolución del juez. Sin embargo, optó por enviar el expediente a San Isidro.

La defensa de Domínguez, a cargo de Mauricio D’Alessandro, había planteado la inconstitucionalidad de los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el presidente para establecer las restricciones durante la pandemia. En virtud de esos decretos que invocaban dos artículos del Código Penal para castigar a los incumplidores de las normas, es que se inició la causa por la fiesta en Olivos.

El abogado había sostenido que la conducta de Domínguez “encuentra encuadre en el ejercicio de derechos de jerarquía superior, como son ́ la libertad de reunión y, a su vez, no haberse corroborado que en ese entonces se hubieran encontrado cursando la enfermedad causada por el COVID19 o padeciendo algún síntoma compatible con la misma”. La tesis de D´Alessandro asegura que el DNU vigente para la fecha del cumpleaños, así como todos los otros adoptados a raíz de la pandemia que hubieran cercenado libertades individuales, son contrarios a la Constitución y fueron emitidos violando el procedimiento previsto para esos casos.

Casanello no resolvió sobre la constitucionalidad de los DNU porque entendió que debe hacerlo la justicia de San Isidro. El juez, elogiado por el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial, citó jurisprudencia de su propio juzgado para fundamentar el cambio de jurisdicción.

 (NA)

“Si bien el objeto procesal delimitado por la Fiscalía es amplio –dictámenes de fechas 5 y 13 de agosto- no me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado. No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia. Aquí, según los recortes hechos en las denuncias -recogidos por la Fiscalía-, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agrega en su resolución de apenas cuatro carillas.

El expediente podría recaer ahora en el juzgado de Arroyo Salgado, que estaba de turno al momento de los hechos, aunque en San Isidro hay otro juez federal, Lino Mirabelli. Al que le toque la causa, podría declinar la competencia y el tema debería ser resuelto por la Cámara Federal, aunque se trata de un escenario improbable.

La particular situación se presenta en la causa judicial en la que el abogado Fernández representa al Presidente Fernández quien la semana pasada fue imputado por el fiscal Ramiro González debido a la violación de la cuarentena estricta sucedida el 14 de Julio de 2020 cuando en la Quinta de Olivos se organizó el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez –según publica Infobae-.

El martes pasado Mauricio D´Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, una de las invitadas de Yañez al festejo en plena la cuarentena cerrada, planteó la inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Presidente para establecer las restricciones durante la pandemia. En virtud de esos Decretos que invocaban dos artículos del Código Penal para castigar a los incumplidores de las normas, es que se inició la causa por la fiesta en Olivos.

El caso recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello que le delegó la investigación al fiscal González quien subroga la fiscalía que ocupó hasta su muerte Jorge Di Lello. El mismo martes de la presentación de D´Alessandro, Casanello notificó a todas las partes para que opinaran sobre el planteo. Es decir que el fiscal y los imputados están en condiciones de sumarse o no al pedido de Domínguez.

D´Alessandro había reclamado el sobreseimiento de su clienta por “inexistencia de delito”. En su presentación había dicho que: “Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos – más allá de su invalidez e inconstitucionalidad – buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de COVID-19”. Y agregó: “de las tomas fotográficas y filmaciones incorporadas podía observarse un grupo de personas que concurrieron a una reunión, sin aparente respeto de los protocolos sanitarios establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, tales como el respectivo distanciamiento social, la utilización de ́ barbijos y/o mascaras faciales”.

El abogado había sostenido que la conducta de su defendida: “Encuentra encuadre en el ejercicio de derechos de jerarquía superior, como son ́ la libertad de reunión y, a su vez, no haberse corroborado que en ese entonces se hubieran encontrado cursando la enfermedad causada por el COVID19 o padeciendo algún síntoma compatible con la misma”. La tesis de D´Alessandro asegura que el DNU vigente para la fecha del cumpleaños, así como todos los otros adoptados a raíz de la pandemia que hubieran cercenado libertades individuales, son contrarios a la Constitución y fueron emitidos violando el procedimiento previsto para esos casos.

“No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, disparó el escrito. Pero aun así, advirtió que “el texto del DNU 576/2020 (vigente a la fecha) permitía las reuniones sociales de hasta diez personas en determinados aglomerados urbanos”, había dicho el defensor de Domínguez quien concluyó: “Aun cuando pudiera argumentarse que habría violado el distanciamiento o aislamiento establecido en dicho decreto – lo que a todo evento niega esta defensa – , lo cierto, lo concreto y real es que existiría, en el caso, un error de derecho y hecho excusable, que haría el accionar inimputable a mi asistida”.

El próximo martes se vence el plazo para que los imputados y el fiscal manifiesten su posición sobre la inconstitucionalidad de los DNU. Si bien Fernández recién se presentó en la causa el viernes y fue imputado minutos después, fuentes judiciales confirmaron que no hace falta que se le notifique de la existencia del incidente que se había abierto por el pedido de inconstucionalidad hecho por D´Alessandro. Se considera que como Fernández puede leer el expediente y analizar el incidente está en condiciones de opinar.

De hecho la que también está en condiciones de opinar sobre la inconstitucionalidad de los decretos de Fernández es Yañez, pareja del presidente de la Nación y homenajeada. Lo mismo pueden hacer Carolina Marafioti , Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh , Santiago Basavilbaso , Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra Consagra , Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham, asistentes a la fiesta. Se descarta que el fiscal dictaminará en contra del planteo realizado por D´Alessandro. Luego de la presentación de todas las partes que quieran sentar su posición sobre la inconstitucionalidad, debe resolver Casanello. Si Casanello rechazara el planteo de inconstitucionalidad el abogado de Domínguez seguramente apelará ante la Cámara Federal. Si lo avalara, el fiscal iría en apelación.

Aún no se sabe cuál de las dos salas de la Cámara Federal intervendrá en el caso iniciado por el cumpleaños en Olivos cuando estaban prohibidas las fiestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires-donde está localizada la residencia presidencial-, epicentro, por entonces, de los contagios de Coronavirus.

En otro incidente aparte se tratará el pedido de “excepción por falta de acción” que hizo Fernández cuando se presentó en la causa y pidió su sobreseimiento. Dijo que no cometió delito -porque nadie se contagió en aquella reunión- aunque sí habló de un reproche “ético y moral” por la realización del festejo del cumpleaños de su pareja. A pesar de sostener que no cometió delito ofreció el equivalente a dos de sus sueldos a pagar en cuatro cuotas como “reparación integral del daño”. Las partes podrán opinar y la decisión que tome Casanello puede ser apelada ante la Cámara Federal.

Hasta ahora ninguna de las partes contestó lo planteado por D´Alessandro. Hasta el martes el abogado Fernández tiene tiempo -si quiere- de brindar su opinión jurídica sobre lo que ha firmado el Presidente Fernández.

La línea de defensa de Alberto Fernández para lograr un sobreseimiento en la causa que investiga su presunta violación de ciertos artículos del Código Penal y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020 destinados a prohibir todas las reuniones sociales en Buenos Aires durante la primera ola del COVID-19 abrió un complejo e incierto capítulo procesal en el expediente que investiga la fiesta de cumpleaños en Olivos de la primera dama Fabiola Yañez, publica Infobae.

La causa está delegada en manos del fiscal federal Ramiro González -Sebastián Casanello es el juez federal a cargo- y el escrito del jefe de Estado tiene 36 fojas que redactó a solas entre el sábado 21 y el jueves 26 de agosto. Gregorio Dalbón, abogado experto en daños y perjuicios, colaboró con Alberto Fernández y luego fue desplazado por su particular opinión sobre González y Casanello.

La primera dificultad jurídica que encuentran en Comodoro Py para tratar la defensa presidencial está al comienzo de su escrito incorporado ayer al expediente. Alberto Fernández sostiene lo siguiente (foja 2) en su presentación:

“En este sentido, en los términos del art. 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación –en adelante CPPN–, vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento, en los términos del art. 336, inc. 2°, o subsidiariamente 3° del CPPN, en tanto la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, argumentó el presidente.

El fiscal González ya concluyó que existe un presunto delito vinculado al Código Penal y a los Decretos de Necesidad y Urgencia que firmaba Alberto Fernández y sus 21 ministros. González cita los artículos 205, 239 y 248 del Código Penal y el DNU 260/2020 y subsiguientes.

Si no hubiera supuesto delito, González no lo hubiera imputado al Presidente, la Primera Dama y sus nueve invitados. En este contexto procesal, la línea de defensa de Alberto Fernández ya es cuestionada por su fortaleza y su eficacia, porque el fiscal federal ya consideró que la fiesta de Olivos “encuadra” en la conducta reprochada.

Tras impugnar la existencia de tipo penal que encuadre la fiesta en Olivos, Alberto Fernández avanzó en un terreno argumental que contrasta con la legislación vigente y su aplicación durante toda la pandemia del COVID-19.

“Como ya he expuesto públicamente asumí la total responsabilidad de lo ocurrido en la residencia de Olivos, ante cada uno de los ciudadanos de este país. Debo aclarar que sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, sostiene el jefe de Estado.

“La reunión ocurrida oportunamente, si bien revistió carácter privado, fue realizada en la Quinta de Olivos que es la residencia obligatoria del Presidente de la Nación y su familia. El lugar tiene por objeto atender desde el comienzo y hasta el final de las actividades propias del cargo en forma continua los asuntos familiares y de gestión, en el mismo ámbito, máxime en el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”, añadió Alberto Fernández.

Los argumentos del jefe de Estado complicarían su propia defensa. En derecho se aplica la sana crítica racional: se usa la lógica, la experiencia y el sentido común. Y desde esta perspectiva, es sencillo determinar que la categoría esencial de trabajador es sólo para trabajar. Esto parece una consideración tautológica y circular, pero pone en jaque la explicación jurídica de Alberto Fernández.

Si se aceptara que el Presidente no violó las normas que prohibían las reuniones sociales por su condición de esencial, eso implicaría que todos los trabajadores esenciales podrían festejar sus cumpleaños con sus amigos y familiares después de terminar sus turnos en los hospitales, las escuelas y los medios de comunicación.

“Es obvio que en la foto no está trabajando”, comentó un funcionario de Comodoro Py que sigue de cerca la investigación del fiscal González.

La defensa esgrimida por Alberto Fernández obliga al fiscal González a desplegar incontables medidas de prueba, y no sólo para probar que el Presidente no estaba trabajando cuando festejó el cumpleaños de Fabiola Yañez. González también se avocará a determinar si antes y durante la fiesta se cumplieron todas las medidas sanitarias previstas para evitar el contagio del COVID-19, como sostiene el jefe de Estado en su escrito.

Tras leer una y otra vez la defensa de Alberto Fernández, una consideración clave apareció en Comodoro Py que se debería despejar durante la investigación de los hechos. El jefe de Estado tendría que demostrar -como aseguró en su escrito- que todos los invitados a la fiesta usaron barbijos y había alcohol en gel para todos.

Desde esta perspectiva, el fiscal González estaría obligado a pedir a Alberto Fernández que aportara todas las fotos y todos los vídeos de la fiesta para avalar sus dichos vinculados a que se cumplieron las medidas de prevención sanitaria.

“No se descarta que había barbijos y alcohol en gel durante la fiesta, pero hay que probarlo”, opinó un funcionario judicial que sigue las pesquisas vinculadas a la fiesta de Olivos.

El fiscal González y el juez Casanello leyeron el descargo presidencial. No habrá una conciliación rápida. Se tomaran más medidas de prueba y aún está pendiente la posibilidad de una disputa de competencia con los tribunales de San Isidro.

Las elecciones sucederán con Alberto Fernández imputado.

“El impacto en las elecciones va a ser muy grande, no tienen ninguna convicción en ninguna de las cuestiones que plantean y las pautas de conducta que han pretendido ponernos a  todos”, manifestó Romero al aire para FM La Petrolera.

“No tienen razonabilidad, tenemos interrumpidos los ciclos pedagógicos de los chicos sin un respaldo científico, ni de experiencia que lo demuestre”, agregó sobre la situación de la presencialdad den las escuelas.

 “Es evidente que el proyecto que tienen es otro, primero fue encerrarnos, luego privarnos de nuestras libertades, después vino el vacunatorio VIP. Es el gobierno nacional que tenemos”, sostuvo la edil.

Y se refirió a los concejales del HCD, “los referentes del Frente de Todos que se ocupan minutos de la hora de preferencia con una diatriba gastada y que a la gente no le interesa, y yo lo lamento por quienes están escuchando del otro lado tantas pavadas”.

“Acá venimos a trabajar, a traer propuestas y a estar atentos a las necesidades cotidianas de la gente, el fulbito para la tribuna estaría bueno que lo hagan en otro lugar, no nos pagan para esto”, cerró Ana Clara Romero.

Según informa Infobae finalmente, Alberto Fernández decidió presentarse en la Justicia por voluntad propia por la causa iniciada a raíz del festejo de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta -14 de julio de 2020-, cuando estaba prohibida la circulación en el país.

El Presidente se presentó sin abogado patrocinante -era Gregorio Dalbón- y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Según se explicó en un breve comunicado, la oferta es para “la reparación del daño potencial que se hubiere causado” con la fiesta.

El sueldo de Alberto Fernández es de $315.259 por lo que la donación alcanzaría los 630.518 pesos. En el Gobierno explicaron que es la mitad del salario porque “necesita pagar sus gastos corrientes”.

Desde Casa Rosada informaron que Fernández se presentó en el juzgado criminal y correccional federal 7, secretaría 13 a las 17 50 vía electrónica y que se representará a sí mismo.

El jefe de Estado hizo esta presentación minutos antes de que el fiscal del caso, Ramiro González, hiciera pública la imputación contra él y todos los que participaron del evento. De esta forma, quedaron formalmente imputados en la causa, además de Fernández, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh. Todos los invitados eran amigos o colaboradores de la Primera Dama.

La imputación en una causa penal significa que el fiscal identifica a las personas involucradas en el caso y les informa de los hechos por los cuáles están siendo investigados. Con esa notificación los acusados pueden presentarse en la causa, designar abogados y hacer las presentaciones que quieran sobre la causa. Por ejemplo, dar una explicación sobre los hechos.

Alberto Fernández quiso adelantarse a esto y se presentó por voluntad propia. El Presidente entiende que no hubo delito en el festejo y se ampara en que la conciliación es una manera de cerrar un expediente judicial que está contemplada en la ley. El pedido debe ser aceptado por la Fiscalía y luego homologado por el juez, que en este caso es Sebastián Casanello.

Luego de que se conociera la decisión, Dalbón publicó un breve mensaje en redes sociales que avala este enfoque: “El Presidente se presenta como un Ciudadano. Donará al Malbrand y sigo siendo su abogado, para causas que sean delito. Fin de la estrategia”.

En un escrito de 36 páginas dirigido a Casanello, Alberto Fernández argumentó por qué lo sucedido, a su entender, no es delito y pidió que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento: “Como consecuencia de lo expuesto se haga lugar a la excepción de falta de acción por manifiesta atipicicidad y, como consecuencia de ello, se proceda al dictado del sobreseimiento del suscripto”.

Asimismo, le solicitó al juez que, de no aceptar esto, homologue un posible acuerdo que el Presidente consiga con el fiscal González: “Para el caso de no hacerse lugar a lo solicitado en el punto anterior, en el supuesto de arribarse a un acuerdo con el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, disponga su homologación y, consecuentemente, acreditada la entrega del ofrecimiento conciliatorio, declare extinta la acción penal que actualmente se ejercita en autos contra quien suscribe esta presentación”.

Entre los argumentos fundamentales del escrito se destaca que “no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existen ‘víctimas’” por la violación del DNU que estableció restricciones y la prohibición de las reuniones sociales en el AMBA.

Fernández está convencido de su defensa: “Técnicamente no es un delito pero ofrece resarcimiento. No hay dolo. Es un delito abstracto. Puede haber una conducta reprochable. La reparación no admite culpa. Es como una conciliación y deberá homologar el juez y si lo hace se extingue la acción penal”, explicaron desde Balcarce 50 para reforzar sus argumentos. Además, resaltan que fue el mismo Gobierno el que presentó las listas por las que se lo acusa y aclararon que Dalbón es un hombre de consulta, no su abogado.

Sin embargo, en la Justicia hay otra interpretación. Cuando el Presidente firmó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para determinar lo que debía hacerse durante la cuarentena estableció que aquellos que no cumplieran con la prohibición de circular debían ser investigados en función de lo que dice el artículo 205 del Código Penal. Ese artículo señala que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Según los registros de ingresos a la Quinta de Olivos que la Casa Militar entregó al fiscal González los visitantes que fueron a la fiesta de cumpleaños entraron entre las 21.30 y las 22 y se retiraron a la 1.45 de la mañana del día siguiente.