Casi cinco minutos después, una supervisora sale de su oficina y dice que hay que cortar la bomba, porque se terminó lo que quedaba de nafta. “No te preocupes, yo aviso”, le dice al playero, al ver su cara de preocupación por tener que comunicarles la mala noticia a los conductores que estaban haciendo la fila. Uno de los autos desarma la cola enojado, baja la ventana y grita: “Sigan votando a Massa, que así estamos”, y sale a toda velocidad.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, recibió ayer de nuevo a las principales operadoras de combustibles del país: YPF, Raízen (a cargo de las estaciones de servicio Shell), Pan American Energy (dueña de Axion) y Trafigura (Puma Energy). Fue una de reunión de tres horas, en la que no se habló de precios, pese a que hoy vence el acuerdo que se había llegado a fines de agosto. “El encuentro se centró en normalizar en todo el país el tema de nafta. No hubo hasta ayer definiciones”, dijeron en el Palacio de Hacienda.

Las empresas coincidieron en que no se mencionó el tema de precios: “Primero hay que llenar las estaciones de servicio”. Sin embargo, mañana habrá una nueva reunión que incluirá al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa. La idea es negociar un acuerdo de precios en torno al 10%, dijeron fuentes oficiales.

En la industria esperan ver “la letra chica”, ya que tal vez no sería todo una mejora de rentabilidad de las empresas refinadoras, sino que habría una suba para los productores de biocombustibles, que se usan para el corte de nafta y gasoil.

Ayer por la tarde, la industria emitió un comunicado conjunto en el que explicaron que se arbitraron “todos los medios para acelerar la descarga de barcos con combustible importado”. En total, fueron tres barcos con nafta y diesel, y se sumaron dos embarques, que no estaban en la planificación original, que comenzaron a descargarse entre ayer y hoy. “Se prevén tres barcos más que permitirán normalizar la situación de stocks estratégicos de combustibles”, dijeron. Cada buque cuesta entre US$35 y US$40 millones, que serían financiados con dólares al tipo de cambio oficial ($350) del Banco Central.

Los precios de los combustibles aumentaron en el año alrededor de 60%, mientras que la inflación acumulada hasta octubre es del 120%. A cambio, el Ministerio de Economía les ofreció a la industria petrolera diferir los pagos de derecho de exportación (retenciones) hasta fines de marzo, para que les vendan a las refinadoras el barril de petróleo a US$56, muy por debajo de los US$85 al que cotiza el Brent, la referencia internacional utilizada en el país.

La AFIP, en tanto, volvería a postergar el aumento del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) por novena vez seguida, para evitar aplicarle más presión a los precios. Los dirigentes de YPF habían propuesto hace dos años cambiar la manera de actualizar el impuesto, pero el oficialismo nunca impulsó el proyecto en el Congreso. Actualmente, se deberían actualizar de manera trimestral según la inflación pasada.

El Gobierno también les permitió a las refinadoras importar gasoil y naftas sin impuestos hasta hoy, aunque el decreto 461, firmado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y Massa (la fórmula oficialista a presidente y vice), permite a la Secretaría de Energía prorrogar dicho plazo por un mes más, hasta fines de noviembre.

En la práctica, las refinerías que no están controladas por el Estado aplicaron desde fines de agosto al menos tres aumentos de 2,5%. La excepción fue YPF, hizo una suba de 3% para trasladar una suba de biocombustibles. La petrolera cada vez tiene el precio de la nafta y el gasoil más barato con respecto a su competencia.

En la industria prevén que entre hoy y mañana la situación de faltantes de nafta y gasoil se podría normalizar en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que estiman unos días más para abastecer las estaciones de servicio del interior, debido a las mayores distancias con respecto al puerto. “Los barcos están descargando lo importado y se están llenando los tanques en las estaciones. Un día o dos para normalizar el AMBA máximo y el resto un poco más por las distancias”, dijeron en LA NACION en una de las empresas refinadoras.

La cámara que agrupa a todas las estaciones de servicio -la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha)- también emitió un comunicado hoy en que avisa que “se está produciendo un incremento en la provisión de combustibles, en los términos indicados por las petroleras, en el aludido plan de abastecimiento por ellas trazado”.

“De disponerse en forma continua, con los volúmenes comprometidos, el ritmo de llenados de tanques de nuestras estaciones de servicio podrá regularizarse durante la presente semana,  situación que ya comenzó a ser palpable en los grandes centros urbanos”, agregaron.

En una entrevista con La Nación, Massa dijo que “las empresas retuvieron stock” y las amenazó al decir que, “si la situación no se normaliza, no sale más un barco de exportaciones”.

Lo curioso es que una de las petroleras que más aumentó sus exportaciones fue YPF, la empresa controlada por el Estado, que volvió a venderle petróleo regularmente a Chile. Según los datos oficiales de la Secretaría de Energía, pasó de exportar 390 m3/d (2453 barriles diarios) entre enero y marzo, a vender al exterior 3219 m3/d entre julio y septiembre (20.246 barriles). Sin embargo, Massa dijo: “Los Vista, los PAE y Tecpetrol de este mundo no le vendieron a YPF, porque prefieren exportar”.

El ministro de Economía también indicó que las empresas están “batiendo récord de producción histórico”. Si bien es cierto que la producción creció en el último tiempo y actualmente se producen 630.000 barriles diarios, todavía no se superó el récord de 1998, cuando se llegaron a producir más de 844.000 barriles por día.

Del total de la producción, actualmente se necesitan un poco más de 500.000 para satisfacer el mercado interno. El excedente se exportó y alcanzó al 20% de la producción total: 119.000 barriles diarios. Para ello, primero fue necesario que la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, apruebe los permisos de exportación.

Por lo tanto, no solo las empresas se beneficiaron de los mayores precios internacionales, sino que el Gobierno promovió las exportaciones, ofreciendo un tipo de cambio más alto, para beneficiarse del ingreso de dólares. Esto hace poco creíble la amenaza del ministro de que “hasta que no se resuelva el abastecimiento, no sale un barco más”.

En concreto, el país no tiene un problema de faltante de petróleo (la industria del upstream). Las principales productoras son YPF, Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni), Chevron, Vista (fundada por Miguel Galuccio) y Pluspetrol.

Ese petróleo luego es procesado en las refinerías para convertirse en nafta y gasoil. Las principales empresas refinadoras son YPF, Raízen (tiene la licencia de las estaciones de servicio Shell), Axion (propiedad de PAE) y Trafigura (a cargo de Puma Energy).

La capacidad de refinación permite que el país sea casi autosuficiente en nafta, pero todavía necesita importar entre 15% y 20% del consumo total de gasoil. Este es un punto clave para entender el desabastecimiento actual.

En los últimos meses, creció la brecha de precios entre los valores internacionales y los locales. Mientras que la cotización Brent que se toma de referencia en el país está en torno a los US$89, en la Argentina, el barril criollo de petróleo se comercializa a US$56.

Si bien esta distorsión genera un incentivo a que las empresas aumenten sus exportaciones en vez de vender su producción de petróleo en el mercado local, la legislación las obliga a mantener abastecido el mercado interno antes de comercializarlo al exterior. Por lo tanto, antes de exportar, las empresas deben ofrecer su producción a las refinadoras locales. Esta operación es controlada por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.

Sin embargo, existe un problema con la importación de combustible, ya que las empresas no están obligadas a operar a pérdida. En parte, las refinadoras importan lo mínimo e indispensable de buques de gasoil para abastecer a sus clientes (las estaciones de servicio), pero si el consumo aumenta por sobre los volúmenes establecidos en los contratos, las empresas no tienen incentivos para importar de más.

Sistema al límite

Los precios actuales del litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) son $250 en YPF, $290 en Shell y $277 en Axion. Son valores que van desde los 70 a los 82 centavos de dólares, al tipo de cambio oficial ($350), y entre 30 y 35 centavos, al CCL ($850). En todos los casos, los números están muy por debajo del promedio histórico de CABA, de un dólar el litro de nafta súper.

Las empresas que importan gasoil enfrentan otro problema adicional a la brecha de precios internacionales: como el Banco Central no tiene dólares en sus reservas, las refinadoras, además de importar a pérdida, deben recurrir a sus casas matrices para financiar las compras del exterior, aumentando así la deuda comercial.

La semana pasada, la secretaria de Energía, Flavia Royon, se comprometió con las empresas a facilitarles los dólares al tipo de cambio oficial para que aumenten las importaciones de gasoil. Las refinadoras, por su parte, anunciaron que importarán en el corto plazo 10 buques, que tienen un costo de entre US$35 y US$40 millones cada uno (entre US$350 y US$400 millones en total). La semana pasada ya se descargaron dos barcos con nafta y esta semana se van a descargar tres barcos de gasoil.

La llegada de los buques debería ayudar a que el abastecimiento se regularice, aunque el problema de fondo continuará mientras dure la brecha de precios, que incentiva a su vez a que los ciudadanos de países limítrofes crucen la frontera para cargar combustible más económico en la Argentina.

El rol de YPF

La empresa con control estatal estuvo en el foco de las acusaciones recientes por la falta de combustible, si bien Massa buscó defenderla. La petrolera es responsable por el 37% de la producción total de petróleo y por el 56% del total de ventas de combustible (nafta y gasoil).

La compañía tenía programadas paradas técnicas para realizar mantenimiento en sus refinerías de La Plata y de Luján de Cuyo (Mendoza). Se trata de un procedimiento común en la industria, pero que tuvo mayores consecuencias debido a las restricciones cambiarias del Banco Central.

Cuando las empresas bajan su capacidad de refinación por los mantenimientos de rutina, se suelen aumentar las importaciones para no afectar el abastecimiento. Sin embargo, en los últimos meses el Banco Central también limitó el acceso a dólares a las empresas controladas por el Estado, lo que obligó a que tres buques proveedores de YPF debieran quedar anclados a unos pocos kilómetros de la costa argentina a la espera que se les gire el pago.

Desde hace meses, además, YPF sufre las consecuencias de mantener congelados sus precios. Mientras que las otras empresas aplicaron al menos tres microaumentos, la compañía con control estatal se mantuvo firme ante el pedido de su principal accionista: el Estado, a través del Ministerio de Economía. Esto hizo crecer aún más la brecha de precios entre YPF y su competencia. Solo en CABA, en algunas estaciones hay más de $30 de diferencia por litro de nafta, mientras que en el interior, la brecha es mayor.

“YPF fue la única compañía que mantuvo sus precios dentro del acuerdo con el gobierno nacional, lo que generó una brecha con la competencia y un aumento de la demanda en estaciones. El mes pasado el share de YPF creció en un 2%”, se defienden en la compañía estatal.

A raíz de esta situación, entre 15% y 20% del consumo de nafta tuvo que ser importado también. “La semana pasada ya se descargaron dos barcos con nafta y esta semana se van a descargar tres barcos de gasoil”, dijeron en la petrolera.

“No compren ni una lata de aceite a Shell”

El kirchnerismo mantiene un enfrentamiento histórico con el sector de combustibles. Las últimas palabras de Massa hacen acordar mucho a aquella época. En los papeles, los precios de las naftas y el gasoil son libres en la Argentina. Es decir, cualquier empresa puede fijar el valor que quiera.

En medio de una situación tensa en la relación entre oferta, demanda y costos, en 2005, el por entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, avanzó con un aumento de precios que disgustó a Kirchner. Allí nació el boicot contra la petrolera. Kirchner invitó a no comprarle “ni una lata de aceite” a Shell, que sufrió piquetes a las puertas de sus oficinas en el centro porteño.

Más tarde, llegó una pelea acérrima del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra la empresa y el propio Aranguren, que sufrió varias demandas penales en contra. La Justicia lo absolvió en todos los casos.

En aquel momento, las cuatro empresas refinadoras relevantes eran YPF, Shell, Petrobras (ahora Trafigura) y Esso (actual Axion). Mientras que YPF y Petrobras —de propiedad estatal brasileña— se alinearon con el acuerdo de precios que planteaba en su momento Kirchner, las empresas privadas aplicaron aumentos en línea con la suba de los precios internacionales.

En resumen, faltan combustibles en la Argentina porque el Gobierno subvierte los términos de los manuales económicos. Busca controlar al mismo tiempo los precios y los volúmenes, de manera que las empresas no tienen alicientes para comprar afuera caro y vender barato en el país si la demanda lo necesita.

Además, importar algo implica lanzarse a la odisea cotidiana de conseguir que el Banco Central les facilite dólares para sus proveedores, a quienes ya están cansados de pedirles disculpas por los desaguisados cambiarios de la Argentina.

En este sentido, señaló que “el tema del faltante de combustibles es un tema que a cualquier persona le genera grandes inconvenientes”.

“Como bien dijo Sergio Massa necesitamos tener abastecimiento, porque somos un país productor de petróleo”, dijo.

Asimismo, aclaró que “por suerte tenemos un ministro como Sergio Massa que rápidamente toma medidas y que intenta solucionar los problemas”.

“Ayer hablé con el presidente de YPF, es importante que lleguen los barcos necesarios para poder abastecer de combustible a todo el país”, indicó.

En este marco, destacó que “porque la cuestión del día a día no solo se afecta con la falta de nafta o de gasoil, sino también lo que tiene que ver con la producción”.

“Rápidamente se están tomando decisiones para lograr que tengamos abastecimiento”, concluyó finalmente Luque.

El BCRA deberá habilitarle este lunes a YPF unos US$ 80 millones en el Mercado Único de Cambios (MULC) para concretar el pago de tres buques cargados con gasoil por un total de 91.000 metros cúbicos (m3) que esperan desde hace días en el Río de la Plata, tal como adelantó EconoJournal a principios de la semana pasada. La petrolera bajo control estatal logró el viernes, tras participar de una reunión convocada de urgencia por la secretaria de Energía —una vez que se empezaran a repetir las filas de automovilistas en estaciones de servicio de Capital Federal y el Conurbano apiñados por la falta de producto— que funcionarios del gobierno le den acceso a las divisas para descargar dos cargamentos de gasolina.

Sin embargo, aún es temprano para pronosticar que los problemas de abastecimiento se solucionarán en los próximos días, como dio a entender el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que amenazó a las petroleras con frenar las exportaciones de crudo si la crisis no está resuelta a la medianoche del martes; una amenaza de cumplimiento imposible no sólo por una necesidad económica (el gobierno precisa los dólares provenientes de esas ventas), sino principalmente por una razón física: no es factible interrumpir las comercialización de petróleo al exterior sin generar al mismo tiempo, de forma ineludible, una parálisis de la producción local de crudo, dado que la Argentina no cuenta con instalaciones para almacenar petróleo más que por apenas unos días.

En consecuencia, el negocio de crudo funciona como un proceso continuo que no puede frenarse. Todo el crudo que se extrae en Neuquén, por ejemplo, se envía por oleoducto a la terminal de Oiltanking Ebytem en Puerto Rosales, en las afueras de Bahía Blanca. Una parte de ese hidrocarburo se envía a las refinerías locales (Ensenada, Dock Sud y marginalmente a Campana) y el resto se exporta por barco (se despachan unos cinco buques de crudo Medanito por mes). Si el gobierno prohibiera las exportaciones, no habría lugar físico donde acumular el petróleo que se enviaba al exterior. Por eso, no quedaría otra alternativa más que frenar la producción de los yacimientos por falta de capacidad de acopio.

Una corrida de alcance incierto

Lo concreto es que, más allá de la belicosa narrativa con la que reaccionó el titular del Palacio de Hacienda, la corrida que se configuró en los últimos días por la escasez de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país es el resultado de una flagrante mala praxis que deja expuesta y en el centro de escena a la política.

¿Por qué? Porque a la hora de asignar responsabilidades, está claro que esa lista está encabezada por funcionarios del área económica del gobierno, del BCRA y directivos de YPF que, casi de manera inentendible, difirieron —presumiblemente por desconfianzas mutuas— la importación de cargamentos de combustible justo en la recta final de la campaña electoral que tiene a Sergio Massa en el ballotage.

A esta altura, frente a la gravedad de la situación actual y a la trascendencia de lo que está en juego en términos políticos, el análisis de la nociva política de precios que aplicó el Ejecutivo, que propició el atraso del importe local de los combustibles y desincentivó la importación a pérdida de combustibles, puede ser considerada una cuestión de segundo orden. Lo realmente llamativo es por qué Lisandro Cleri, vicepresidente del BCRA y hombre de confianza de Massa en la entidad monetaria, Guillermo Michel, titular de la Aduana y una especie de coordinador dentro del Ministerio de Economía, y en menor medida la propia secretaria de Energía, Flavia Royón, se enfrascaron las últimas dos semanas en una discusión financiera con YPF que derivó en que la petrolera no obtuviera los dólares para pagar unos seis cargamentos de combustible importado (de hecho, reprogramó alguno para noviembre) mientras las estaciones de servicio consumían sus stocks de reserva y la Argentina se quedaba gradualmente sin naftas y gasoil.

Igual o más complejo de entender es por qué ninguno de los comisarios políticos de La Cámpora en YPF —el vicepresidente de Asuntos Públicos, Santiago ‘Patucho’ Álvarez, el gerente de Relaciones Institucionales, Santiago Carreras, o la directora de Comunicación, Desiré Cano— alzaron la voz para advertir a los altos mandos del cristinismo sobre la gravedad de la situación.

Al límite

Para que se entienda: la semana que pasó Aerolíneas Argentina estuvo a punto de cancelar o reprogramar unos 10 vuelos de cabotaje por falta de jet fuel de YPF. La petrolera logró descargar a último momento, con varios días de demora, un cargamento de combustible de avión parcelado en un buque de gasoil, que recién este lunes podría empezar a alijarse siempre y cuando aparezcan los dólares. Por eso no se entiende la evidente subestimación en que incurrieron los funcionarios que responden al ministro de Economía, que deberían ser los primeros interesados en evitar sobresaltos en las semanas en que se decidirá quién será el próximo presidente de la Argentina.

¿Cómo es posible no visualizar que el hecho de impedir que YPF descargue seis buques cargados de combustible iba a terminar provocando un problema de abastecimiento? Es sencillamente impensable no vincular una cosa con la otra. ¿Cómo nadie se detuvo a reparar en algo tan evidente si la línea técnica de YPF, que responde al CEO Pablo Iuliano, viene advirtiendo del problema desde hace más de dos semanas?

Existen, además, algunos agravantes que comprometen más a los funcionarios del gobierno. En un escenario de atraso del precio de combustibles como el actual, es esperable que las refinadoras privadas —Raízen, Axion Energy y Puma— no tengan incentivos económicos para traer combustibles del exterior (la Argentina importa estructuralmente alrededor de un 25% de su oferta de naftas y gasoil). Importan a pérdida, si es que lo requieren, sólo los volúmenes para abastecer con lo justo a su red de operadores. Por eso, la responsabilidad de cubrir la demanda recae principalmente en YPF.

Esta dinámica sucede cada año electoral cuando la política decide congelar o pisar los precios en surtidor para no afectar el humor social. Frente a esa realidad, que en algún punto era anticipable, YPF frenó en agosto su refinería en Luján de Cuyo por una parada programada y hoy tiene parada su unidad de topping de la refinería de Ensenada, por lo que puede producir un 30% menos de combustibles que lo usual. A raíz de eso, su capacidad de destilación de derivados medios (naftas y gasoil) se vio resentida en los últimos tres meses.

Cleri cuestionó a la línea técnica de YPF por concretar esas paradas justo al final de la campaña electoral. El vicepresidente del BCRA también se cruzó con Alejandro Lew, CFO de YPF, que fue el encargado de transmitir a principios de octubre que la petrolera se había quedado sin líneas de crédito para pre-financiar importaciones de combustibles. Cleri, al igual que Miguel Pesce, titular del BCRA, no creyeron las explicaciones del directivo de YPF, que quedó debilitado después de tanto tira y afloje.

Más allá de quién tenga razón en esos contrapuntos, lo que no deja de sorprender es la ausencia de un liderazgo superior que se ponga por encima de esos particulares para advertir sobre un riesgo mayor: el seguro desabastecimiento de combustibles si el gobierno en su conjunto no encontraba la manera de pagar los seis cargamentos que YPF preveía importar en octubre y los cuatro que la industria deberá traer en noviembre. Los próximos días marcarán la pauta de la gravedad de la situación. Si como pretende Massa la crisis está resuelta para mediados de la semana, habrá sido un error autoinflingido de alcance moderado en la agenda política. Si, en cambio, como prevén varias fuentes privadas, el reestablecimiento de los stocks requiere de más tiempo, el costo electoral para el candidato oficialista podría ser más mucho más caro.