“En el Fondo, todo se trata de Memoria: Qué se discute hoy? La manera de arreglar el caos financiero que nos dejó Macri y el propio FMI. Te lo recuerdo: En el 2018, JXC llevó a la Argentina a endeudarse por 57.000 millones de dólares, hipotecando el futuro de hijos y nietos”, expresó Carlos Linares.

Y se preguntó “qué dijo Macri cuando decidió volver al FMI después de 15 años? (Néstor había honrado toda la deuda). Que el contexto internacional estaba bravo y lo necesitaba”, respondiendo que era mentira: “el motivo fue que necesitaba más dólares para vender en el mercado de cambios (el peso no paraba de caer)”, enfatizó.

“O sea, que el país se endeudaba irresponsablemente por impericia del propio Macri y su gobierno y comprometía pagos de 30.000 millones de dólares los primeros dos años y 40.000 millones de dólares para los siguientes dos años”, agregó el legislador nacional.

Linares expresó asimismo: “Ojo! No fue sólo Macri y el gobierno de JXC los responsables de esto que hoy tratamos de arreglar. El propio FMI aprobó el insostenible y descabellado préstamo a sola firma y en el marco de una campaña electoral”.

“Nos toca administrar lo que otros rompieron. Una tarea que jamás hubiéramos querido hacer. Lo que no vamos a ceder en nuestra exigencia de justicia: debe investigarse la deuda hasta el final, los intereses que la motivaron y el destino que tuvo” pidió.

Finalmente dejó una clara reflexión de la postura de su sector político: “El pueblo no fuga”.

El exmandatario, Mauricio Macri, habló en una entrevista sobre la deuda, el FMI y también sobre el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump. Finalmente reveló para qué se usó el préstamo de US$ 44.000 millones que otorgó el Fondo Monetario Internacional durante su gestión.

«La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo», afirmó el expresidente en declaraciones al canal CNN en Español.

Sobre la negociación vigente para alcanzar un acuerdo, Macri expuso: «El FMI pide un plan; si hay un plan, esto se refinancia. No están para ganar plata, sino para que a Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta».

Acerca de la política doméstica, aseguró que en 2023 habrá «muchos candidatos» y que el que represente a Juntos por el Cambio (JxC) se dilucidará en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de ese año.

«Todos los curas quieren ser Papas, y dije ‘Yo los voy a ayudar a todos a crecer, a mostrar su capacidad de liderazgo pero todos acá adentro’, y en el 2023, en una PASO, la gente elegirá», afirmó Macri sobre su rol en estos dos años fuera del gobierno, en los que dijo que se focalizó en «que haya una oposición sólida».

En otro tramo de la entrevista, Macri criticó la actuación del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, y negó responsabilidades en la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

«Yo no espié, no mandé espiar a nadie, nunca tuve ninguna información de espionaje sobre los familiares del ARA San Juan ni ningún otro buque en mi poder, nunca gasté dinero del Estado en ninguna actividad ilícita», reiteró.

Entonces consideró: «Esta intempestiva convocatoria a indagatoria sin fundamentos, en un proceso electoral, tiene una actitud repudiable política».

Macri dijo que todo fue «muy desprolijo» porque «ni siquiera habían pedido la autorización» para que pudiera hablar de temas de inteligencia y agregó: «Lamento, porque en la Justicia argentina hay una enorme mayoría de jueces que hacen las cosas bien».

«En 2015 recibimos un Estado quebrado, en el tercer subsuelo. Prometimos un edificio de 50 pisos. Llegamos a la planta baja, estábamos construyendo el primero, lejos de la expectativa que generamos, por eso no llegamos al 50% (de los votos)», interpretó Macri sobre su derrota electoral en 2019.

Y siguió: «Lamentablemente, en estos 20 meses, este ejército de demolición no sólo no siguió construyendo el edificio sino que volvió, no al tercer subsuelo, sino al sexto subsuelo».

También criticó a la vicepresidenta Cristina Fernández al señalar que «hace rato» que, junto a su entorno, «han perdido contacto con la realidad. Estamos frente al colapso de la insensatez», opinó.

“Hay que dejarse de joder con esto de que los Consejos Deliberantes y algunos intendentes no quieren pagar los llamados “costos políticos”, pidió Petrakosky y planteó alternativas para dar soluciones como la revisión del contrato de concesión de hidroeléctrica Futaleufú, de la que el estado chubutense tiene un 33% del paquete accionario.

Petrakosky consideró que el plan incluido en el Presupuesto nacional y votado en el Congreso que otorga distintos beneficios a las cooperativas para solucionar su deuda “resulta insuficiente” para la situación de las prestatarias chubutenses y consideró que “el Ejecutivo provincial debe ponerse a la cabeza de la crisis”.

En ese marco, contó que “ayer tuve una charla telefónica con el subsecretario de Energía de la provincia, Claudio Jurdana y tenemos prevista una reunión vía zoom mañana para que nos pueda adelantar las conversaciones que viene llevando adelante con gente de la Subsecretaría de Energía de Nación”.

En ese punto el directivo advirtió que “también hay que mencionar que Gaiman solo tiene servicio de energía, el resto de las grandes cooperativas que mantenemos deuda con Cammesa somos multiservicio y hemos dicho en más de una oportunidad que tenemos como común denominador los servicios deficitarios que son agua y cloacas, que es lo que prácticamente nos ha llevado a esta gran crisis, sumado a los atrasos tarifarios que vienen sufriendo la mayoría de las prestatarias”.

Fabricio Petrakosky reveló que “hoy estamos pisando los 12 mil millones de pesos de deuda cuando no hace tanto tiempo, en julio del año 2018, eran 1.600 millones. No se le ha podido poner un freno” por lo que consideró que los beneficios del plan de nación “resultan insuficientes para Chubut”.

Recordó, en esa línea, que “en su momento habíamos tenido un avance del Ejecutivo provincial, un proyecto de Ley en Legislatura que no prosperó…. Pero todo eso es historia. Lamentablemente el arco político chubutense no se pudo poner de acuerdo. Acá hay que atacar la raíz del problema que es la imposibilidad de pagar mensualmente la factura que llega de Cammesa”, afirmó.

Pandemia

El también presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew recordó que “veníamos sufriendo toda esta situación que luego se hizo más profunda cuando entramos en la pandemia” y recordó que “todas las cooperativas, de manera forzada por el DNU 311, le dieron la posibilidad a los sectores vulnerables de que no se le corten los servicios. Muchas empresas recuperadas, cooperativas y otras…”

“Ni bien comenzó todo, las cooperativas chubutenses siendo solidarias y sin estar aún el DNU 311, comenzamos con ese beneficio de no cortar los servicios porque sabíamos que había un parate absoluto de actividad. Luego llegó el decreto presidencial con tres meses, después reemplazado por otro con seis meses y al final otro mes. Hoy vencieron y todas las cooperativas tienen ahora la posibilidad de brindarle a todos sus socios planes de pago, algo que nosotros ya habíamos planificado, previsto, ni bien comenzó esto”, agregó.

No obstante esto último, Petrakosky reconoció que “los niveles de recaudación han bajado notablemente” pese a lo cual “hemos sobrevivido a la pandemia y hemos apoyado a prácticamente todos los sectores, de una manera u otra hemos contribuido para sostener a la mayoría. Nadie quedó afuera, las cooperativas han sido solidarias en ese sentido sin recibir desde el gobierno Nacional esos beneficios que han recibido otros sectores privados como por ejemplo los ATP, el 50% para abonar los salarios a los trabajadores”.

Deuda, Futaleufú, Aluar

Fabricio Petrakosky dijo que el monto de la deuda global de las cooperativas de la provincia “se tendrá que discutir” porque desde la Federación Chubutense “entendemos que estos 12 mil millones de pesos conforman un monto que está súper inflado. Tiene intereses, intereses punitorios, resarcitorios, penalidades… Es una locura todo lo que se aplica. No sé en cuánto va a disminuir, pero por supuesto que lo hará”.

En ese punto recordó que “hemos planteado la situación de Hidroeléctrica Futaleufú en su momento, hemos hablado bastante del tema. Consideramos que el Gobierno de la provincia tiene que tomar una posición firme con esa empresa de la cual le corresponde un 33% del paquete accionario”.

Aseguró que “desde el nacimiento de Hidroeléctrica Futaleufú lo único que se ha hecho es beneficiar a la empresa Aluar, proveerle de energía en un 100%, desde la década del 70”.

El directivo dijo que “hoy Aluar ya no requiere del 100% de esa energía, está a las claras porque las 55 torres caídas durante julio del año pasado con el temporal aún siguen así y la empresa sigue funcionando. Se sirve de sus parques eólicos, de la autogeneración, entonces las Cooperativas consideramos que se debería hablar de la renovación del contrato de concesión. Consideramos que ese 33 % del paquete accionario que le corresponde a la provincia se podría transformar en generación destinado a vendérselo a las cooperativas a un precio muy por debajo del mercado que es con el que históricamente Aluar se ha beneficiado. Es una discusión que hemos puesto en la mesa y nadie ha recogido el guante hasta ahora, estamos esperando que lo haga el Gobierno de la provincia”, puntualizó.

Cooperativa y Educación

El Presidente de la entidad, Fabricio Petrakosky, se reunió con María Luisa Cardoso, del ministerio provincial. Ante el inminente inicio del ciclo lectivo en la provincia, dispuesto por las autoridades para marzo próximo, desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew se trabaja en conjunto con Educación en la realización de los trabajos necesarios para que los servicios públicos de los establecimientos de la ciudad se encuentren en óptimas condiciones.

En la «dirección correcta», pero «no alcanza». Así se pronunciaron este miércoles los 2 grupos de bonistas con la posición más dura en la negociación respecto a la última oferta hecha por el Gobierno para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera. Entre esos fondos de inversión se encuentra el gigante BlackRock. 

“La oferta revisada de reestructuración de deuda de Argentina es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los acreedores más importantes de Argentina”, indicó un comunicado emitido por los grupos Ad Hoc y Exchange Bondolder, que actúan en tándem. 

Señalaron que además “no fueron consultados sobre los términos de la propuesta», que sí fue aceptada, en cambio, por los fondos Gramercy y Fintech.  «Como consecuencia, la propuesta no refleja el aporte vitalmente necesario de los grupos de acreedores más grandes de Argentina para entregar a Argentina una reestructuración de la deuda exitosa“, agregaron. 

Más allá del nuevo rechazo, los fondos expresaron su vocación a seguir dialogando para conseguir «una  reestructuración consensuada».

“Si bien no aceptamos la última propuesta de Argentina, es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo. Estamos preparados para entablar debates sobre modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes”, ampliaron.

El comunicado indicó que “una reestructuración consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital y un futuro económico sostenible para el país y su gente”.

“Como inversores a largo plazo que desean continuar invirtiendo en Argentina en los años venideros, seguimos unidos en nuestro deseo de alcanzar una solución que no solo brinde al gobierno el apoyo inmediato que necesita, sino también el marco económico y legal necesario para alentar futuras inversiones en el país”, ampliaron.

“Nosotros, como los acreedores más grandes de Argentina, seguimos listos para abordar los debates finales con responsabilidad y buena fe, e instamos a Argentina a unirse a nosotros en ese esfuerzo sin demora”, sostuvieron. 

Miguel Arnaudo, el Presidente de ISSyS, dijo que la obra social viene respondiendo a las inquietudes del sector de odontología, pero “no hemos podido dar respuestas a todas las inquietudes porque hay dificultades financieras, pero hemos acompañado al sector, incluso el viernes cancelamos el 100% de las obligaciones exigibles del mes de mayo, unos 13 millones de pesos”.

Además confirmó que «como se viene pagando con tres meses de retraso, lo que se termina de cancelar son las prestaciones de febrero».

El Gobierno extendió hasta el 24 de julio el término para que los tenedores de bonos acepten el programa para reestructurar unos US$ 66.300 millones en títulos emitidos bajo legislación extranjera, luego de que venciera hoy el plazo anteriormente dispuesto.

Así lo anunció esta tarde el Ministerio de Economía a través de un comunicado en el cual también dio cuenta que informó de esta decisión a la SEC, el equivalente a la Comisión Nacional de Valores, de los Estados Unidos.

Esta es la quinta prórroga desde que el Ministerio de Economía presentó la propuesta de reestructuración el 21 de abril, en un proceso en que hubo acercamiento tanto de parte de los acreedores como del Gobierno pero que aún no permiten el cierre de un acuerdo.

En cuanto a los plazos de renegociación de la deuda emitida bajo legislación extranjera, el presidente Alberto Fernández dijo que, en el almuerzo que compartió a comienzos de junio con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, recordaron que, en 2005, la primera oferta se había hecho en enero y que, finalmente, «el proceso se cerró en diciembre» de ese año. Por eso, calificó de «insólito» que lo estén «acusando de demorar, de dilatar» y reiteró que «se está en una negociación» en la que no se pueden adelantar plazos.

«Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa», remarcó el Palacio de Hacienda y agregó que el 27 de julio será la fecha en que se divulgarán los resultados.

Este viernes, el presidente Alberto Fernández confió en que se llegará a un entendimiento, pero reconoció que se avanza a los «tironeos» en la dura negociación. También pidió quitarle dramatismo a la cuestión y hasta afirmó que la falta de un convenio en el corto plazo no cambiaría la situación porque la Argentina de todas manera carece de financiamiento externo.

Esta semana, el ministro de Economía resolvió en acuerdo con los grupos de bonistas levantar la confidencialidad de las propuestas y allí empezaron a notarse las diferencias que existen entre lo que piden los acreedores y lo que el Gobierno está dispuesto a aceptar.

Según estimaciones que se manejan en el mercado financiero, la diferencia económica superaría los u$s 7.000 millones, una cifra en la que nadie cree que pueda ser el factor determinante para cerrar un entendimiento. Pero, a esa discrepancia, se le sumó otra de carácter legal, ya que los acreedores pretenden que los títulos a emitir se ajusten por cláusulas legales similares a las del canje 2005, lo cual mejoraría la situación de los bonistas si es que en un futuro inician reclamos legales.

Por el lado de los bonistas, los más agresivos y firmes parecen estar en el influyente fondo BlackRock, cuya negociadora es ahora Jennifer O´Neill, quien asumió ese rol en reemplazo del duro negociador mexicano Gerardo Rodríguez, por expreso pedido de Guzmán a Larry Fink, cabeza del grupo. Reclama un pago del 56,5% y también exigió el cambio en las cláusulas legales, cuestiones que Guzmán rechazó de plano por «inconsistentes» con el objetivo de sustentabilidad del pago de la deuda.

Hasta ahora, el Gobierno, a través de Guzmán, ofreció pagar hasta u$s 49,90 por cada lámina de 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones. Esta propuesta cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, reiteró en los últimos días el apoyo a la Argentina y pidió a los acreedores que acepten la oferta.

Durante la semana, tras el levantamiento de la claúsula de confidencialidad, el grupo Ad Hoc Argentina Bondholder, conformado entre otros por los fondos Black Rock y Ashmond, advirtió que si el Gobierno no atiende los reclamos podría iniciar demandas judiciales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró hoy que la oferta argentina a los bonistas es «consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda».

A través de un «comunicado técnico» emitido hoy por el organismo multilateral, el FMI señaló que «preparó un análisis de la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas como parte de la asistencia técnica en curso», en apoyo a la propuesta de deuda presentada por el gobierno a los acreedores, publicó la agencia Télam.

El pronunciamiento se conoció un día antes de que venza la tercera prórroga fijada por la Argentina para que los acreedores informen si aceptan ingresar a la reestructuración de títulos bajo ley extranjera, por un monto total estimado en US$ 66.000 millones.

El análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad», expresó el FMI, en referencia a la nueva oferta presentada por el gobierno la semana pasada.

El organismo sostuvo que existe «solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI».

El pronunciamiento del FMI representa un importante respaldo a la propuesta presentada por la Argentina, ante el inminente vencimiento del plazo.

La Argentina se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración de su deuda con sus acreedores privados. En ese marco, la semana pasada elevó una nueva propuesta que mejoró la oferta original presentada ante la Comisión de Valores de Estadso Unidos (SEC) el 17 de abril pasado, que fue rechazada por los principales grupos de acreedores.

Para el FMI, «restablecer la sostenibilidad de la deuda pública con alta probabilidad es esencial para que Argentina regrese a un crecimiento económico sostenible e inclusivo».

El Fondo reveló que, en el contexto de las actuales negociaciones de la deuda con los acreedores privados y como parte de la asistencia técnica continua del FMI, las autoridades argentinas solicitaron que el personal técnico del FMI evalúe su propuesta revisada de reestructuración de la deuda del 26 de mayo en relación al marco establecido en la Nota Técnica del personal sobre la sostenibilidad de la deuda pública que se publicó el 20 de marzo de 2020.

De esta forma, el staff del FMI consideró que los supuestos macroeconómicos contenidos en la Nota Técnica elaborada en marzo pasado -cuando el organismo evaluó que la deuda argentina era «insostenible» y que se debía implementar una «quita sustancial»- continúan «sujetos a incertidumbres excepcionales, particularmente con respecto al impacto de la pandemia del Covid-19, que implica considerables riesgos a la baja para las perspectivas económicas, la posición fiscal y, potencialmente, la capacidad de carga de la deuda».

El equipo técnico del FMI -al momento de emitir este nuevo pronunciamiento- utilizó además el marco macroeconómico elaborado en la Nota Técnica de marzo y los cotejó con los supuestos de financiamiento contenidos en la propuesta revisada de reestructuración de la deuda presentados la semana pasada a los acreedores.

Para el FMI, «la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades del 26 de mayo daría como resultado necesidades brutas de financiamiento y servicio de deuda denominado en moneda extranjera que caen marginalmente por debajo de los umbrales de mediano plazo del 5 por ciento del PIB y del 3 por ciento del PIB, respectivamente, que se considera necesario para restablecer la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad».

Esto sugiere que hay un «muy leve margen para mejorar la oferta sin caer en una propuesta de deuda que torne a la misma en insustentable en el tiempo», sostuvo el organismo.

Además, el cociente deuda/PIB se mantendría estable más allá de 2030; las necesidades brutas de financiamiento y el servicio de deuda en moneda extranjera seguirían siendo manejable después de 2030; y el servicio de la deuda a los acreedores privados en 2020-24 sería lo suficientemente bajo como para mitigar los riesgos de refinanciamiento a corto plazo.

También analizó el problema bajo los supuestos de financiamiento del FMI contenidos en la Nota Técnica de marzo, que «daría como resultado necesidades brutas de financiamiento y servicio de deuda denominado en moneda extranjera que exceden los umbrales de mediano plazo del 5 por ciento del PIB y del 3 por ciento del PIB», lo que sugiere que los cálculos iniciales del Fondo efectuados en marzo habrían sobre estimado levemente las condiciones de la Argentina.

En la nota técnica emitida en marzo pasado, el FMI fijó potenciales escenarios, en donde la Argentina debía lograr un alivio sustancial de la deuda de entre 50.000 millones de dólares a 85.000 millones de dólares, para tornar dicha deuda en sustentable.

Por último, el organismo recordó que tanto «la Nota Técnica de marzo como el análisis de la oferta emitido hoy, «son una forma de asistencia técnica en virtud del Artículo V, Sección 2 (b), de los Artículos de Acuerdo del FMI».

La petrolera de mayoría estatal YPF deberá afrontar en los próximos doce meses una deuda por 1880,1 millones de dólares y 22.609 millones de pesos (equivalentes a casi US$ 340,9 millones al tipo de cambio mayorista de $ 66,32 por dólar) por las distintas emisiones de títulos en el mercado local e internacional que realizó a partir de 2013, casi todas para financiar el desarrollo de Vaca Muerta.

En condiciones normales de mercado los vencimientos no deberían significar inconvenientes para la que en su momento supo ser la empresa más grande del país, pero con el Estado Nacional de Argentina al borde del default, la crisis del petróleo en el mundo y la pandemia de covid-19, la obtención de los ingresos para hacer el clásico roll over no está asegurada.

En lo que resta del 2020, YPF deberá pagar 15.042 millones de pesos por nueve títulos, de los cuales el primer vencimiento llegará este jueves 30 de abril por $ 2.250 millones, por un título emitido hace siete años, en 2013.

El momento de mayor estrés para la caja de la petrolera estatal será el martes 7 de julio del corriente año, cuando venzan los 750 millones de dólares de un bono emitido en 2016.

Después, el mayor peligro lo correrá el martes 23 de marzo de 2021 (dentro de once meses), cuando deba pagar 1000 millones de dólares por un título también emitido en 2016.

Fuera del plazo de los próximos doce meses, YPF tendrá otros dos vencimientos en 2021, por 5.005,5 millones de pesos y 3,9 millones de dólares.

Una curiosidad es que de estos 17 bonos de deuda de la petrolera estatal que vencen entre 2020 y 2021, todas las emisiones locales se registraron en períodos en los que la Argentina como Estado estuvo fuera de los mercados internacionales de crédito por encontrarse en default o tener un riesgo país tan alto que hizo imposible financiarse a tasas normales (menores al 10% anual en dólares).

Asimismo, YPF aprovechó los períodos de gracia para los bonos soberanos para también emitir títulos de deuda privados y acceder a préstamos en dólares en el mundo.

Estos números reflejan la importancia de que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, puedan llegar a un acuerdo con los acreedores de la Argentina para no caer en un default.
Pese a que el Estado Nacional está desde principios de 2018 afuera de los mercados internacionales de crédito a tasas razonables (y por eso tuvo que recurrir a un programa de salvataje con el Fondo Monetario Internacional –FMI–), algunas empresas privadas pudieron emitir títulos hasta agosto de 2019, previo a que el dólar saltara de $ 45 a $ 60 y el riesgo país se disparara desde 800 a 2000 puntos básicos con el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El día clave es el 7 de julio. La que la operadora deberá saldar el mayor bono de este año por 750 millones de dólares.

Aunque es posible que aún con un acuerdo la Argentina no vuelva pronto a tomar préstamos en el extranjero, sí lo podrían hacer sus empresas.
Los costos multimillonarios del desarrollo de Vaca Muerta entre 2013 y 2019, al inicio con el error de los pozos verticales durante la gestión de Miguel Galuccio, impulsaron la deuda de YPF, que ahora no tiene caja para afrontar esos vencimientos y debió reducir inversiones.

Con el derrumbe de las ventas de combustibles –su principal ingreso–, la petrolera estatal tiene una capitalización bursátil de apenas 1.400 millones de dólares. Se avecinan tiempos duros.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hoy las estimaciones económicas sobre las que se apoya el programa de sustentabilidad de la deuda y si bien adelantó que el coronavirus afectará las proyecciones para 2020 y seguramente también 2021, no modificará las perspectivas de mediano y largo plazo, agrega INFOBAE.

En una presentación que realizó en inglés por videoconferencia debido a la cuarentena generalizada que se decretó ayer, el ministro presentó los números que sustentan el plan de sustentabilidad de la deuda y reafirmó que pese a la pandemia que afecta al mundo, es la intención del Gobierno avanzar rápido con la reestructuración.

En este sentido, adelantó que no podrá realizar, por obvias razones, el road show previsto por varios países para presentar la oferta, pero que sí hará la semana próxima encuentros virtuales con los bonistas para intercambiar puntos de vista sobre los números que acaba de mostrar. Vale aclarar que los acreedores venían insistiendo en que no conocían el plan del Gobierno que les garantizara que si entraban al canje iban a poder cobrar. Ahora, Guzmán mostró los números y los discutirá con ellos la semana que viene, precisó el ministro.

“Nuestro compromiso es hacer una reestructución sustentable. No queremos hacer una operación que en unos años nos requiera hacer una nueva. Es el objetivo de esta administración ponerle un punto final al tema y fijar condiciones de estabilidad de largo plazo. Queremos hacer esto de forma ordenada y que el proceso sea transparente”, aseguró el ministro, mientras mostraba un extenso power point con los números de la economía de los últimos años y las proyecciones hacia adelante.

Guzmán reiteró que el gobierno quiere actuar de buena fé y “rápido”, por lo que insistió en la necesidad de “cooperación”. “Publicamos el cronograma de acciones, entendemos que fue ajustado, pero lo que determinó la urgencia fue la situación real de la economía”, reiteró el funcionario.

En cuanto a las cifras, el ministro mostró un cuadro con las estimaciones que tienen para los próximos diez años. Respecto del crecimiento, las perspectivas apuntan a que este año la economía caería entre 1% y 1,5%, pero luego comenzaría a recuperar hasta estabilizarse en torno a 1,5% a 2% por año a partir del 2023.

Guzmán reconoció que estos números fueron estimados antes de la explosión del coronavirus y que, por ende, posiblemente sean revisados. Lo mismo que los de 2021, para cuando estaban previendo un crecimiento de entre 2,5% y 3%. No obstante, remarcó insistentemente que esta situación excepcional no modificará las perspectivas de mediano y largo plazo, con lo que buscó dar tranquilidad a los acreedores de que, aún en este contexto adverso, la Argentina crecerá y podrá pagar su deuda.

Respecto del escenario fiscal, el Gobierno apunta a alcanzar el equilibrio fiscal recién en 2022 y obtener un superávit de entre 0,1% y 0,5% del PBI al año siguiente. La proyección es que año a año el resultado mejore para consolidar un superávit primario de entre 0,8% y 1,2% del PBI entre 2027 y 2030.

“La Argentina ya ha hecho muchos esfuerzos. Hubo muchos ajustes en el gasto en los últimos años. Pasó del 24% del PBI en 2015 al 18,6% del producto el año pasado. Eso no hizo que vuelva la confianza, sino que cayó la demanda, la recaudación, subió el desempleo. Ya no hay espacio para más ajuste. Este gobierno está comprometido con la recuperación de la economía”, señaló Guzmán.

La balanza comercial será superavitaria, pero el excedente respecto del PBI se irá reduciendo en los próximos años hasta confluir, a partir de 2024, a una banda de entre 1,5% y 2% del producto. Crecer demandará mayor crecimiento de las importaciones, aseguró Guzmán. De todos modos, también insistió en que es fundamental que también crezcan las exportaciones, de modo tal de no comprometer el nivel de reservas, que llegarían a los USD 65.000 millones en 2024.

Luego de la conversación entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que ambos expresaron su «ansia» por comenzar a trabajar muy pronto en un nuevo programa para intentar terminar de encarrilar la economía, que cerrará otro año recesivo con inflación y pobreza en alza.

Fernández habló ayer con Georgieva, directora Gerente del Fondo, por primera vez para comenzar a definir las pautas dentro de las cuales se llevará adelante la nueva negociación entre el Fondo y la Argentina, que actualmente tiene vigente un programa por US$ 57.000 millones, el mayor en la historia del FMI. Ese acuerdo quedó congelado tras las primarias presidenciales.

«Creo que ambas partes expresaron su ansia por comenzar a trabajar muy pronto», dijo Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI, en una entrevista con Bloomberg.

Werner insistió en que esperab ver el programa del nuevo gobierno para «poder colaborar con ellos» para aportar en el «diseño» del plan.

«La inflación en Argentina podría terminar siendo del 57 por ciento este año, y ese ha sido un gran impulsor del aumento de la pobreza, por lo que sería muy importante para Argentina tener un programa integral que ayude a reducir la inflación, impulsar el crecimiento y mejorar significativamente la pobreza, eso ha empeorado mucho», agregó.

Werner insistió en que quieren ver «todo el plan en su integridad».

«La deuda ha aumentado mucho, y es por eso que se ha hablado mucho sobre esta operación de deuda de errores que tendrá que llevarse a cabo, pero esperaremos hasta que veamos todo el plan, para ver si el plan es realmente consistente, si la política fiscal es consistente con los niveles de deuda que tendrán en cinco años», indicó.

Acerca de si hubo acuerdo finalmente con las cooperativas para poder avanzar con el salvataje que va a hacer la provincia, el funcionario indicó a FM La Petrolera 89.3 MHz que no hubo coincidencias “porque todavía estamos en el intercambio de opiniones y de propuestas. Ayer recibimos una propuesta desde la Federación, no estaba representada la SCPL cuyos directivos tienen una visión diferente del conjunto, algo que me lo habían hecho saber hace algunos días”.

“Vamos trabajando, tenemos limitaciones muy grandes y lo más importante a rescatar es que el Gobernador está cumpliendo con la manda constitucional de asegurar la prestación de los servicios básicos a toda la población. En este caso, su decisión de asumir una deuda de las cooperativas de las cinco grandes ciudades más Sarmiento, y hacer frente a esa deuda con nuestros propios fondos, implica también por parte de las cooperativas el sacrificio de pagar las facturas corrientes de CAMMESA y además de eso en el caso de los municipios y concejos deliberantes, tendrán que también participar de los convenios porque son los poderes concedentes, y deberán asegurar el cambio de tarifa de acuerdo a las necesidades de la misma cooperativa para hacer frente a las deudas que se le presentan, así que la situación no es tan sencilla”, analizó Tarrío.

Por último, pidió aclarar que “nosotros no le debemos a las cooperativas 3.300 millones sino que debemos mucho menos. Igualmente es un compromiso importante para la Provincia, que debe tomar un crédito previa autorización de la Legislatura como cualquier movimiento de fondos que realice en beneficio de entidades privadas, así que la situación para llegar a un acuerdo todavía está lejos, tenemos todavía muchos trámites y varias reuniones que vamos a tener que hacer”.

El ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, explicó que para refinanciar la deuda se requiere de la aprobación de la Legislatura. Se mostró confiado en que se logre. “Los diputados están muy alineados, les mostramos todo el proyecto y por lo que dieron a entender nos van a acompañar en el desafío”.

Mecanismo

El funcionario explicó que la operatoria implica que la Provincia presta el dinero a las cooperativas para sanear la deuda y las empresas en el mismo período “nos van a devolver ese dinero en cuotas, de tal forma que la Provincia siga recaudando sus regalías como corresponde porque si no, estamos perdiendo las regalías y no podemos darnos ese lujo”.

Uno de los principales desafíos que plantea el acuerdo es que si bien Provincia abonaría la deuda total en cuotas, para que se mantenga el plan las cooperativas no deben atrasarse en el pago corriente de sus consumos. Y eso es lo que no se puede asegurar.

Garantizar

“Lo que las cooperativas deben asegurar es el pago corriente a Cammesa. Si no es posible llevarlo adelante no es posible cualquier tipo de negocio porque así son las condiciones de Cammesa”, explica Chicala. Esta situación complejiza el posible acuerdo porque “alguien nos tiene que avalar, garantizar que ese pago corriente se haga como corresponde. Y es un gran tema que debe charlar el gobernador, por eso estamos armando una reunión, con todos los intendentes de las cooperativas grandes y con todos los presidentes de los Concejos Deliberantes, para ver qué piensan y fundamentalmente nos den su apoyo en el pago del corriente, si no no podemos hacer nada. Hay que estudiar cooperativa por cooperativa y ver cuáles son sus déficit y ver qué tarifa hay que mejorar y actualizar”.

Cifras

El ministro Chicala confirmó que la deuda al mes de agosto era de 2.040 millones de pesos entre todas las cooperativas. Esa deuda se va a pagar “con el 20% de regalías de lo que generamos en generación hidráulica, Futaleufú fundamentalmente, pero eso se paga en especies, en kw/h. Entonces nosotros hacemos una compra y venta de energía y con ese saldo a favor es que pagamos las cuotas que acordemos con Cammesa”, detalló.

“Los cálculos dicen que quizás lo podemos pagar en 60 o 72 meses pero Cammesa permite hasta 84 cuotas así que vamos a ver hasta dónde nos alcanza ese recurso. Como Provincia salimos al auxilio porque sabemos que todas están en una situación muy crítica donde no pueden pagar Cammesa y algunas de ellas ni la AFIP”.

Resta ahora que el acuerdo se pueda cerrar y que las empresas de servicios públicos se comprometan a no discontinuar sus pagos por la energía que distribuyen.