• Aires acondicionados

Climatizadores de aire y/o ventilación

Lavavajillas

Lavarropas

Secarropas

Cocinas

Hornos y anafes

Calefactores y estufas

Termotanques y calefones

• Heladeras, congeladores y freezers

Entre sus considerandos la norma establece que el programa Ahora 12 fue creado «con el objeto de estimular la demanda de bienes y de servicios, mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo, dirigidas a los usuarios y consumidores, para la adquisición de bienes y servicios de diversos sectores de la economía».

Y señala que «como ha sido señalado en las anteriores prórrogas el Programa se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes e incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local, y consolidar la creación de más y mejor empleo».

Destaca además que «los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el Programa han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de las y los consumidores».

Y advierte que «ciertos bienes tecnológicos como los monitores, se han convertido en imprescindibles para el desarrollo de actividades laborales y educativas en formato virtual, a raíz de las condiciones que ha impuesto la pandemia», por lo que se sumaron al listado de productos que pueden adquirirse por medio de este programa.

Fuente: minutouno

El gobierno decidió extender la prohibición de los despidos y las suspensiones de personal por otros 60 días, por lo que la medida estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre. El decreto correspondiente será publicado mañana en el Boletín Oficial, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1 de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.

El decreto renovará la prohibición de despedir con exactamente las mismas condiciones en que viene rigiendo hasta ahora. Así, las empresas seguirán sin poder echar a sus trabajadores sin justa causa, por los motivos de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

Con esta decisión, el Gobierno sostener los puestos de trabajo existentes en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. No obstante, la pérdida de puestos de trabajo es importante. De acuerdo con la información del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Cabe destacar que estos datos no comprenden a los trabajadores del sector informal.

A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700, despidos con o sin causa). En ese período, las suspensiones alcanzaron las 568.000.

Según la Cámara de Comercio, durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

El decreto 624/2020, que mantiene la prohibición hasta el 30 de septiembre dispone en su artículo 4° que «los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. Ese principio “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”, se aclaró.

Los fundamentos de la medida, sostenidos a lo largo de las renovaciones, enfatizan que la decisión se toma “en el marco de la emergencia pública” generada por la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. “Esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”, expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto 624. Y agregó: “Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”.

Oposición empresarial

Desde que se sancionó el decreto original, el 1° de abril, las empresas siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no cumplen con su objetivo, ya que los despidos se producen de todas maneras. “La realidad es que por más que por ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, señaló días pasados a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

“Esta norma no ayuda para nada porque el Gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo” apuntó Grinman, quien destacó que según las estimaciones de la CAC durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, apuntó que las empresas “están reorganizándose” y enfrentando el problema de «digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el directivo. La industria perdió en estos meses unos 40.000 trabajadores (4% de 1 millón), una cifra similar a los del período 2015-2019.

El decreto del Gobierno que reforzó la asistencia a las empresas para el pago de salarios puso en suspenso las negociaciones entre gremios y empleadores por suspensiones durante la vigencia de la cuarentena. En esa instancia quedaron las tratativas de mercantiles, metalúrgicos, mecánicos y textiles, entre otros sectores impactados por el parate económico. La excepción fueron los petroleros patagónicos, que alcanzaron un acuerdo con una cámara de productores de hidrocarburos de sostén del nivel de empleo hasta fin de mayo a cambio de una rebaja de sueldos mayor al 50%.

La persistencia de las medidas de aislamiento social alumbró una suerte de nueva ronda de paritarias pero orientada únicamente a pactar licenciamientos masivos. En casi todos los sectores involucrados surgió un número común: los trabajadores dispensados de acudir a sus puestos pasarían a cobrar 70% de sus salarios netos en función de las negociaciones en marcha. Incluso el grueso de las negociaciones contó hasta ahora con el aval del Gobierno al incluir pagos no remunerativos, en teoría prohibidos por la normativa vigente, comenta Ambito.

Pero el escenario varió drásticamente el domingo a la noche. Fue con la difusión del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 376 que amplió los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (el denominado ATP) al incorporar la posibilidad de que el Estado pague el 50% de los sueldos en las empresas golpeadas por la crisis, entre otras medidas. En los gremios advirtieron que esa alternativa obligó a repensar la modalidad de suspensiones planteada al amparo del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo.

Esta noche continuaban los intercambios por videoconferencia entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y cinco cámaras patronales de la actividad, así como los del sindicato de mecánicos (Smata) con las fábricas de autopartes nucleadas en AFAC. En ambos casos, con particularidades, el debate estaba centrado en reconvertir la dispensa de trabajo de la gran mayoría de los operarios en suspensiones efectivas con derecho al cobro del 70% del salario y garantía de estabilidad laboral por entre tres y seis meses.

El viernes pasado se cayó un acuerdo que la UOM tenía casi anudado por la negativa de algunas seccionales a convalidar las rebajas salariales, con el argumento de que los primeros DNU firmados por Alberto Fernández garantizan la integralidad de los sueldos y prohíben despidos y suspensiones. El DNU 376 le dio a la jefatura del gremio una razón para reanudar las conversaciones a partir de la chance de utilizarlo como refuerzo del salario de suspensión. Este martes seguirán los intercambios entre el sindicato que lidera Antonio Caló y las cámaras Adimra, Camima (pymes), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Caiama (aluminio) y Fedehogar (electrodomésticos). Lo mismo intentaban Smata y AFAC.

En el caso del sindicato de Comercio la reunión virtual que debía producirse este lunes con las entidades patronales pasó para el martes para generar un espacio de análisis bilateral del DNU. Después del mediodía se concretará el intercambio con la Cámara de Comercio y la Confederación de la Mediana Empresa sobre la misma base que los gremios industriales: suspensiones al 70% de los sueldos de convenio, vía pagos no remunerativos convalidados por el Ejecutivo.

Otro gremio que se incorporará al pelotón de las discusiones por licenciamientos será la Asociación Obrera Textil (AOT), que venía de una debacle profunda de la actividad durante la gestión de Mauricio Macri (redujo de 40 mil a 30 mil la cantidad de operarios en todo el país en ese lapso) y que en la actualidad atraviesa una parálisis del 90% de la actividad. Hugo Benítez, el secretario general del gremio, confirmó que la discusión con la Federación de la Industria Textil (FITA) girará en torno de la posibilidad de disponer suspensiones con pagos de entre el 67% y el 70% de los salarios de convenio.

Incluso el sindicato de Pasteleros, que la semana pasada firmó con la cámara de cadenas de comida rápida (McDonald’s, Burger King, Starbucks entre otras) un mecanismo de licenciamientos al 70% del salario neto (de bolsillo los gremialistas dijeron que quedaría 85 por ciento) volverá a analizar hoy ese entendimiento bajo el prisma del nuevo decreto de asistencia a las empresas.

Más allá de la nueva medida del Gobierno, este lunes hubo un acuerdo entre los sindicatos petroleros patagónicos y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para reducir a poco menos de la mitad los sueldos de los operarios que permanecen en sus hogares a partir de la cuarentena. Lo suscribieron los gremios de Neuquén, Río Negro y La Pampa (el mayoritario de la actividad, a cargo de Guillermo Pereyra) y el de Chubut. Entre ambos nuclean a más del 80% del total de trabajadores del rubro. Pereyra le dijo a este diario que los trabajadores licenciados, que cobraban salarios netos de 90 mil pesos, pasarán a percibir durante la vigencia de la cuarentena, entre 42 y 45 mil pesos no remunerativos.