En este sentido, señaló -en diálogo con FM Del Lago– que “me llama la atención que Javier Milei que ofrece un gran cambio en la sociedad impulse a Lijo”.

“Es contradictorio de su parte la presentación de ese pliego”, dijo.

Asimismo, aclaró que “la verdad es que el pliego de Lijo no lo esperábamos, pero somos cautos del proceso que prevé la Constitución para la elección de los jueces de la Corte. Por ahora, se siguen desempeñando las audiencias públicas correspondientes”.

“Hay que ser consciente de que un juez de la Corte como mínimo va a estar 25-30 años en funciones. Claramente va a trascender el Gobierno de Milei”, indicó.

En este marco, destacó que “me parece importante de que tome una decisión responsable y muy bien pensada”.

“No hay una posición tomada al respecto pero Lijo tiene procedimientos sin resolver en el Consejo de la Magistratura, lo cual a mi parecer le resta muchos puntos”, concluyó finalmente Cristina.

Esta mañana, Luis D’Elía se sumó a las críticas hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación que días atrás habían expresado Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En esta oportunidad, el dirigente se refirió a la relación entre el Máximo Tribunal y la vicepresidenta. “O metemos una Corte nueva a como dé, o en febrero Cristina está en cana. Hay que tomar conciencia, más temprano que tarde. Hay que unificar las estrategias, hay que salir de esta mirada tonta, ingenua, de que las cosas por sí solas se van a desbordar”, dijo el dirigente kirchnerista.

D’Elía agregó: “O ganan ellos y Cristina es, en febrero, detenida, metida en cana, de manera injusta, arbitraria, o nosotros dejamos a estos cinco jueces y nombramos a seis jueces más y pasamos a ser mayoría”.

Sus declaraciones fueron efectuadas en el programa que conduce de lunes a viernes de 7 a 9 en Radio Rebelde. “O los ‘comandantes del lawfare’, en febrero, basados en condenas truchas, campañas de difamación, desafueros… Yo cuando hablo de desafueros algunos me dicen: ‘No seas boludo, Luis, ¿no ves que tenemos mayoría en el Senado? También teníamos mayoría cuando desaforaron a (Julio) De Vido. Y hoy De Vido se comió más de un año en cana. Entonces yo no subestimo nada”, sostuvo D’Elía.

Luego continuó: “Ahora ellos, ¿Macri nombró a dos jueces de prepo para asegurarse la mayoría y el funcionamiento de la actual Corte? Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ‘Bueno, pero eran dos’ Bueno metamos seis, muchachos. ¿Haberle ganado por diez puntos no significa nada en las elecciones? ¿Quién mierda elige a los jueces de la Corte? ¿Quién mierda elige a los jueces?”.

“No soy un técnico jurídico ni lo quiero ser, ni me importa. Siempre creo que la Justicia de los hombres va a ser imperfecta. Ahora, tenemos que terminar esto. Fuimos más de 20.000 (personas) a la Corte Suprema a decir basta de lawfare. Ahora, con esta Corte no termina el lawfare, el lawfare se consolida”, indicó el piquetero.

Y remarcó: “Estos jueces están al servicio de los peores intereses. El Poder Judicial no tiene un carajo que ver con la independencia necesaria a la hora de llevar adelante la administración de justicia. En el medio, hay otros problemas. Se viene una elección. Y en el escenario del año que viene empiezo a ver algunas luces. Ellos van a querer meter presa a Cristina en febrero, a más tardar marzo, y ahí empezar a atacar la economía”.

La semana pasada, tras publicar una carta por el primer año de gestión del Gobierno, Cristina Kirchner criticó duramente al Máximo Tribunal: “La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, redactó.

“Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, dijo la Vicepresidenta.

Dos días después de que la expresidenta difundiera su escrito, el presidente Alberto Fernández también apuntó contra el Máximo Tribunal: “En la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”.

El máximo tribunal estableció que las medidas del Gobierno nacional por IVA y Ganancias no pueden afectar la coparticipación.

Según publica el diario Jornada, la Corte Suprema estableció ayer que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias, incluida en las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional tras las PASO del 11 de agosto pasado, “no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias”, según se informó oficialmente a través del Centro de Información Judicial.

Con la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti (Carlos Rosenkrantz votó en disidencia), el máximo tribunal dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales AFIP n° 4546/19 y n° 4547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional.

La decisión implica que el Estado no puede afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Con esta resolución, esos 15 estados recuperarían los fondos que perdieron por los decretos presidenciales y el Estado devolvería a las provincias más de $35.000 millones. A Chubut le corresponderían $ 554 millones en función del reparto asignado en la coparticipación.

La Corte Suprema de Justicia estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el gobierno nacional luego de las elecciones primarias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

El fallo es interpretado como un revés para la gestión de Mauricio Macri si bien afectará las finanzas del próximo presidente, y surge como respuesta a un reclamo realizado por 15 provincias que acudieron a la competencia originaria del máximo tribunal.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En minoría quedó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. La jueza Elena Highton no votó.

En su decisión, el fallo dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. El máximo tribunal analizó puntualmente el caso de Entre Ríos, aunque el criterio se hace extensivo al resto. Se trató de una medida cautelar, sin pronunciarse aún sobre la inconstitucionalidad o no del Decreto 567/19, que estableció la eliminación del IVA de un grupo de alimentos; y del 561/19, que modificó el alcance del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

Al analizar puntualmente el caso de Entre Ríos, el tribunal hizo referencia a un informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimó que las medidas tributarias redundarían en una disminución de aproximadamente $1.000 millones de los recursos, lo que pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales y la atención de las necesidades básicas de su población.

A criterio de la Corte, el daño a las arcas de Entre Ríos “podría resultar irreparable, en la medida en que –según explica– los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión cautelar”.

“Frente a la concreta dificultad de financiamiento de necesidades públicas provinciales de significación social alegadas por la actora, la magnitud del perjuicio invocado y lo señalado en cuanto a la verosimilitud en el derecho, cabe tener acreditada la configuración de los extremos exigibles a toda pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión de fondo debatida, por lo que los costos fiscales de la aplicación de los decretos y las resoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias actoras”, se argumentó.

Los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosatti entendieron que existía un peligro acreditado que podría producirse en caso de demorarse su otorgamiento. Los argumentos se basaron en “la regla básica de la Constitución Nacional que organiza un estado federal y, en particular, la significación del régimen de coparticipación federal de impuestos, al cual los constituyentes reformadores de 1994 otorgaron un explícito reconocimiento constitucional como uno de los instrumentos en cuya observancia descansa la efectiva vigencia de ese sistema”.

En ese fallo, la Corte sostuvo el alcance y jerarquía de las leyes, que no pueden ser modificadas unilateralmente. Y advirtió que de tener que “detraer –como excepción– recursos coparticipables”, debe ser el Congreso el que lo haga “cumpliendo los requisitos constitucionales”.

Por su parte, el juez Rosenkrantz votó en minoría por rechazar el planteo. Dijo que primero había que analizar si la provincia estaba habilitada para demandar. Y allí concluyó que “la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación entre la Nación y las provincias no otorga a estas últimas derecho ni expectativa alguna respecto de un determinado nivel de recaudación por parte del Estado Nacional, ni tampoco confiere un derecho a que se establezcan determinados impuestos, ni a que determinadas actividades se vean alcanzadas por tal o cual impuesto coparticipable o estén exentas de él”.

Según sostuvo, la Ley 23.548 establece sólo el derecho de las provincias adheridas “a participar en el producido de los impuestos” comprendidos en el régimen. “Fuera de este derecho a la distribución de la masa coparticipable, esto es, a la distribución de los recursos fiscales recaudados por la Nación, la ley únicamente reconoce a las provincias la posibilidad de ‘intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional’, a través del ejercicio de las funciones de la Comisión Federal de Impuestos de la que forman parte junto con la Nación. Por lo tanto, del texto de la ley se deriva claramente que las provincias carecen por sí solas de todo derecho jurídicamente exigible a determinar la política recaudatoria que encara el régimen tributario nacional”.

El juez Rosenkrantz concluyó así que la demandante no puede aspirar a que esta Corte condene al Estado nacional a restablecer el IVA sobre los alimentos de primera necesidad y a suprimir la reducción de la base cálculo del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Por las mismas razones, tampoco puede pretender que se obligue al Estado a compensar la eventual merma en la recaudación nacional –e indirectamente en la cuota que le correspondería a la provincia–, por fuera de los supuestos previstos en el artículo 7 de la Ley de Coparticipación.

Los jueces supremos deben definir la constitucionalidad de cobro del Impuesto a las Ganancias a los abuelos. Hay $ 1.600 millones de recaudación en juego. En caso de eximir a todos los jubilados, deberán definir si corresponde un reembolso de lo ya descontado.

La Corte Suprema definirá este martes si unos 200.000 jubilados y pensionados seguirán pagando o no el Impuesto a las Ganancias.

El denominado caso “García” se incluyó en febrero en una agenda de 11 temas a tratar durante este año. “Se discute si resulta constitucional la aplicación del Impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios y de pensión”, señalaron los magistrados en la hoja de ruta judicial.

En rigor, los cinco supremos tratarán la causa que inició María Isabel García en la Justicia federal de Concepción del Uruguay en 2015. En un principio, el juzgado N° 2 declaró la inconstitucionalidad del cobro, pero la AFIP apeló. Dos años más tarde la Cámara Federal de Paraná confirmó la decisión al rechazar el planteo del organismo recaudador. Los camaristas determinaron que la jubilación «no constituye ganancia» y ordenó reembolsar lo descontado más intereses.

Para justificar el reembolso, los jueces de Entre Ríos que fallaron a favor de García recordaron un argumento de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social en el caso Calderale: la jubilada ya había pagado Ganancias durante su vida activa. Disconformes con la medida, la agencia de recaudación volvió a apelar y así se llegó a la Corte. Si bien la sentencia se adoptará para García en particular, la definición se amplificará.

Hasta diciembre de 2018 el mínimo no imponible de seis haberes mínimos se aplicaba por recibo. Para estar alcanzado, un mayor tenía que recibir más de $ 55.854 mensuales de jubilación y/o de pensión, contabilizado por separado. Pero desde 2019, el mínimo se cuenta por beneficiario y se deben sumar los montos de los dos recibos para saber si está alcanzado. El nuevo tope para marzo, abril y mayo es de $ 62.462.

En la ANSES aseguran que solo lo pagan los jubilados con ingresos más altos y temen por el costo fiscal que tendría una decisión adversa. Un cierre definitivo a la demanda de García fijará precedente “cascada” en tribunales inferiores, al mismo tiempo que generará una jurisprudencia sobre la aplicabilidad del impuesto en términos conceptuales a la clase pasiva. Se cuentan unos 2.000 expedientes a la espera de este fallo.

Abogado de 59 años, recibido con honores en la Universidad de Buenos Aires en 1983, Rosenkrantz completó su carrera en los Estados Unidos. Con la naciente democracia integró junto a otros jóvenes juristas un grupo liderado por Carlos Nino, que influyó en varias iniciativas legales del presidente Raúl Alfonsín. En 1991 representó a la Comunidad Homosexual Argentina en un litigio contra la Inspección General de Justicia menemista, que con argumentos homofóbicos pretendía denegarle la personería jurídica. En 1994 trabajó como asesor de la Convención Constituyente de Santa Fe.

En los años previos al desembarco en la Corte, lejos de aquellas causas, patrocinó desde el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados a empresas nacionales y multinacionales, en muchos casos en juicios contra el Estado. Entre el listado de clientes que desapareció del portal del estudio cuando la prensa comenzó a hurgar en su pasado estaban Clarín, La Nación, McDonald’s, YPF, Cablevisión, América TV y La Rural de Palermo. En paralelo desde 2008 se desempeñó como rector de la Universidad de San Andrés.

El decreto de Macri para sentarlo en la Corte (junto con Horacio Rosatti) sin el aval del Senado generó un escándalo que derivó en la marcha atrás y el respeto de los pasos legales. La mayor parte de las impugnaciones provinieron de organismos. El CELS advirtió su reticencia a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos (en particular los antecedentes que derivaron en los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de impunidad), su rechazó a que los tribunales se pronuncien sobre la obligación estatal de garantizar derechos económicos y sociales, y su interpretación restrictiva del derecho a la protesta.

En las audiencias en el Congreso, Rosenkrantz afirmó que jamás hubiera aceptado jurar ante la Corte sin previo acuerdo del Senado, afirmación que no solo contradijo su silencio tras el decreto de Macri sino también la palabra del ministro Germán Garavano, que en varias entrevistas confesó haber consensuado la medida con ambos candidatos. En junio de 2016 el Senado aprobó su pliego por 58 votos a favor y 12 en contra. El 22 de agosto juró por “la patria y el honor”, levantó los brazos en señal de triunfo y ordenó sacar a los periodistas de la sala para que no hubiera testigos molestos de los abrazos con quienes celebraban su designación. Entre los presentes estaba el jefe de gabinete Marcos Peña, a quien asesoró sobre cómo moverse en ámbitos académicos, según narró Hernán Iglesias Illia en su libro “Cambiamos”.

La nueva impronta en la Corte se transparentó en febrero de 2017, cuando una nueva mayoría cambio la jurisprudencia en relación al sistema interamericano. En un caso de libertad de expresión, los supremos dispusieron que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son de cumplimiento obligatorio. En abril ordenó revocar una sentencia que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un militar condenado por crímenes de lesa humanidad. El 3 de mayo, junto con Rosatti y Elena Highton, firmó el fallo para aplicar el 2×1 (computar dobles los días en prisión sin sentencia firme) a condenados por delitos de lesa humanidad. Una semana después cientos de miles de personas se manifestaron en plazas de todo el país en respaldo al reclamo de los organismos, el Congreso aprobó en tiempo récord una limitación expresa a la aplicación de ese beneficio y hasta el gobierno, que había avalado la decisión, tomó distancia del fallo que había gestionado en las sombras el ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Lorenzetti dejará de presidir la Corte Suprema después de once años, tras una votación interna que recortó su mandato, que debía terminar el 31 de diciembre pero culminará el último día de septiembre. El nombre del sucesor elegido, Carlos Rosenkrantz, permite entender que desde el punto de vista político lo ocurrido representa un fuerte triunfo del Gobierno, que encontraba en Lorenzetti una amenaza constante, no sólo a través de fallos pendientes sino por sus muestras de aspiración personal. Rosenkrantz, uno de los dos jueces que Mauricio Macri intentó nombrar por decreto (aunque finalmente debió intervenir el Senado), tiene como sello personal el de haber sido abogado de un amplio abanico de grandes empresas y llegó al máximo tribunal postulado por un hombre ligado a esas corporaciones y clave en la mesa chica de asuntos judiciales del Presidente, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.  Ya como juez, fue promotor de la sentencia que estableció el beneficio del 2×1 para los genocidas que intentó poner en jaque el modelo de “memoria, verdad y justicia”, y nunca fue revertido  por la Corte pese a la condena social. En Tribunales reina la impresión de que la cabeza del Poder Judicial va camino a retrotraerse a una modalidad hermética, con un nuevo titular de buenos vínculos con el establishment, además de afinidad con la Casa Rosada.

Los mismos tres jueces que votaron el 2×1 para los genocidas en mayo del año pasado, son los que llegaron al acuerdo de la Corte de ayer con la decisión de desbancar a Lorenzetti: además de Rosenkrantz, la jueza Elena Highton de Nolasco –quien le debe al Gobierno su continuidad en el tribunal después de la edad jubilatoria de 75 años– y Horacio Rosatti, el otro juez nombrado por Macri, en su caso a instancias de Elisa Carrió. La dirigente de la alianza gobernante fue una de las que más celebró la decisión de ayer (ver recuadro).

Desde varias semanas antes, el propio presidente saliente planteaba a sus colegas que se debía hacer la elección de autoridades para “dar muestras de fortaleza”. Ese era un concepto recurrente de Lorenzetti, que entre sus consejos habituales a los jueces de Comodoro Py –los reyes de las causas con efecto sobre la vida política– les planteaba que su gran fuente de poder era el de generar miedo. Cuidaba celosamente, de todos modos, su relación con el mundo empresario y se juntaba a comer con los principales referentes. Sin embargo, algo se quebró, y en el Palacio de Justicia, en varios despachos las deducciones señalaban que el respaldo público a la causa de las fotocopias de los cuadernos, que empiezan a apuntar a la familia Macri, así como la difusión de un anuncio de procesamientos aún no dispuestos, influyó en su suerte. El establishment se volcó a jugar su partido con el Gobierno, confiado en esencia en que se carguen las tintas contra Cristina Fernández.

La insistencia en precipitar la elección de autoridades finalmente puede haberse vuelto en contra de Lorenzetti. En el acuerdo de ayer dijo que quería seguir en la presidencia, pero sus colegas le exhibieron una larga lista de reclamos y reproches. La reunión duró casi cuatro horas, algo inusual. En el plano institucional, plantearon la mala imagen del Poder Judicial –que las encuestas sitúan en un rechazo del 70 por ciento–, la gestión personalista y su amague con convertirse en una alternativa política en un escenario de debilidad del Gobierno. También el cajoneo de causas por largos períodos como herramienta de presión, la falta de avances en supuestos compromisos de reforma –algunos pactados con el Gobierno– como la renuncia a privilegios (como el pago de impuesto a las ganancias, que rige a medias) y la extensión del horario de tribunales, incluso el cambio del régimen de feria, y los esfuerzos puestos en estructuras como la de las escuchas telefónicas (para la que pidió cuatro veces más de presupuesto). El hecho de que la mayoría suprema de la era Macri pida pluralismo en el manejo de las decisiones internas, no implica una apertura hacia la sociedad ni a sus necesidades. De hecho, todo se encamina en sentido inverso, como con los juicios laborales, con mayoría de fallos contrarios a los trabajadores. Rosenkrantz trata de mostrar bajo perfil y no es afecto a comunicar. El día de su jura impidió el ingreso de periodistas a la sala donde se realizaba la ceremonia. Un abismo respecto de Lorenzetti.

Highton, que en otro tiempo fue una aliada de Lorenzetti a quien acompañó como vicepresidenta, puso sobre la mesa ayer la candidatura de Rosenkrantz. Este la propuso a ella como su vice. Se votaron mutuamente, luego apoyó Rosatti, y también Lorenzetti, quien optó por la diplomacia para quedar menos expuesto. Juan Carlos Maqueda, en cambio, propuso un nuevo mandato para Lorenzetti. La acordada no explicita las razones por las que se resolvió cortar antes el mandato. Solo dice que aunque el mandato vencería el 31 de diciembre “es aconsejable, mediante la presente acordada, excepcionar en este caso lo dispuesto por el reglamento de tal modo que las nuevas autoridades comiencen su mandato de 3 años a partir del 1 de octubre”.

El Gobierno dejó expuesta su intención de empujar la caída de Lorenzetti en junio pasado, cuando hizo circular versiones de que dejaría la presidencia después de un almuerzo con Macri en la Casa Rosada. En ese entonces, rápidamente llegó una desmentida, pero la tensión se percibía. Eran días en que crecía la preocupación oficial por los juicios de jubilados que reclaman actualizaciones: ya hay unas 150.000 demandas pendientes y los supremos demoran la decisión. Los antecedentes supremos no ayudan al Gobierno, ya que la Corte supo respaldar el índice ISBIC (el de salario de la industria y la construcción) que Anses no quiere aplicar, ya que el RIPTE, que arroja haberes inferiores. Fue un tema clave –aún pendiente– en la pulseada, pero no el único.

Desde fines de 2015 la Corte jugó en línea con el Ejecutivo en temas como los juicios laborales (donde Rosenkrantz siempre vota a favor de las empresas o no vota), pero no ha sido lineal en asuntos como el de los tarifazos. Por otro lado, todo se encamina hacia el crecimiento de reclamos vinculados con derechos sociales (salud, vivienda, educación, entre otros). El manejo de la agenda pasará ahora a manos de Rosenkrantz y Highton. El temario también incluirá la discusión sobre las prisiones sin juicio, el Correo Gate, el caso para que Farmacity opere en provincia de Buenos Aires y llegarán los cuadernos.

El ocaso de Lorenzetti empezó ya en el último año del gobierno de CFK, pese a que estaba enfrentado a ella. Por eso convocó a una elección de autoridades anticipadísima: se hizo en abril, cuando además la salida de Carlos Fayt era un hecho pero necesitaba su voto. Ahí se lo eligió para el mandato que debería terminar a fin de este año. La llegada de Rosenkrantz y Rosatti, que encarnó la primera medida importante del gobierno de Macri, empezó a jaquear el poderío que construyó durante más de una década. Las denuncias de Carrió fueron de las peores pesadillas para el supremo. El fallo que mandó la causa de Alberto Nisman al fuero federal, fue sello inaugural de la nueva Corte. Pero lo que marcó su impronta renovada y un nuevo mapa de poder interno que demostró las ambiciones de Rosenkrantz, fue el del 2×1. Lorenzetti fue parte de una Corte ejemplar, inaugurada por Néstor Kirchner, que construyó una jurisprudencia caracterizada por ampliar derechos cuya desconfiguración empieza a perfeccionarse.