El fiscal general Omar Rodríguez destacó el carácter de funcionario público de Barbato y el cumplimiento de su palabra al prestar juramento en el Gobierno provincial con el mandato de que “si así no lo hiciera que la Patria me lo demande”. Concluyó en este aspecto el fiscal que, en este caso, “la Patria lo demandó, a través del sistema judicial y el proceso penal puesto en marcha.

Para Carlos Barbato, primero los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez pidieron la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, multas por el doble del dinero con el que se enriqueció (2.514.000 pesos que serán actualizados en caso de quedar la sentencia firme) a su paso por la función público entre los años 1016 y julio de 2019, el decomiso de un dúplex en Playa Unión, el secuestro de cuatro vehículos, además de inhabilitación perpetua para cumplir cargos públicos.

Para su esposa, la pena solicitada en función del delito de enriquecimiento ilícito como interpósita persona, fue de dos años de prisión en suspenso, además de la realización de un curso vinculado con la ética y la corrupción.

Para Alex Williams, el hecho cometido fue “grave” teniendo en cuenta que la Argentina ha adherido a convenciones interamericanas y de las Naciones Unidas que coinciden en castigar con dureza estos casos que “atentan contra la democracia, ya que afectan la confianza que depositó la sociedad en los administradores de los bienes públicos.

Los fiscales coincidieron también en que hasta tanto la sentencia quede firme (el defensor Fabián Gabalachis ya anticipó públicamente que apelarán el veredicto del Tribunal), la vivienda de la calle José Coronel 1254 de Playa Unión, dos camionetas Chevrolet S10, un BMW y un cuatriciclo queden bajo custodia de la Justicia provincial para evitar la degradación por el paso del tiempo.

En su alegato, el defensor Fabián Gabalachis cuestionó los agravantes expresados por los fiscales, a los que consideró como “voluntaristas y demagógicos”, además de citar condenas de los tribunales del Chubut y a nivel nacional en casos de enriquecimiento ilícito en donde las penas finalmente resueltas por los jueces, resultaron ser inferiores a las pedidas por los fiscales.

La resolución del Tribunal respecto de las penas, las multas y las inhabilitaciones solicitadas por los fiscales, se conocerá el próximo viernes en horario a confirmar.

En este sentido, señaló -en diálogo con LU20– que “la ciudadanía se queja porque escuchó las condenas y las ratificaciones luego en segunda instancia, sin embargo, se los ve trabajando a quienes fueron encontrados culpables como si nada hubiera pasado”.

“Si bien puede ser irritante, no hay más remedio que esperar los tiempos de la Justicia que pueden tardar entre 2 y 3 años hasta que recorra todo el camino”, dijo.

En este marco, el fiscal recomendó a los estamentos públicos que al menos “busquen caminos sustitutivos que pueden ser suspensiones o quita de parte de los sueldos”.

En otro orden, se refirió a la causa que tiene como principal imputado al ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn. “El juicio arrancó, pero fue suspendido por los planteos que hicieron las defensas, por lo que estimó que recién para el mes próximo podría reiniciarse el debate”, concluyó finalmente Rodríguez.

Ambos fallos se dieron de manera unánime en los veredictos de los tribunales de la localidad de Rawson, capital de esta provincia.

En tanto Érica Perrone también fue hallado culpable por el jurado, aunque en su caso la decisión fue dividida.

En su fallo, el Tribunal marcó una diferencia de varios millones de pesos entre los gastos y los ingresos declarados por Carlos Barbato.

Fuente y foto: Diario Jornada

En el marco de la Causa Royal Canin, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gómez fueron encontrados penalmente responsables de los delitos por los que fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de Chubut. Según informaron el próximo viernes 13 se conocerán las penas.

Se les imputa haber vendido, para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a la Casa del Chubut durante la emergencia climática que vivió nuestra ciudad en 2017.

Se trata de los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales que durante más de una semana estuvieron deliberando luego de las extensas jornadas de desfile de testigos y disputas entre los fiscales investigadores y los defensores de los imputados.

Luego de un acuerdo de juicio abreviado, Gonzalo Carpintero reconoció ser culpable de los delitos que investiga la Fiscalía y se comprometió a pagar cerca de 70 millones de pesos. Además no podrá ejercer nunca más cargos públicos.

El ex secretario privado de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero admitió haberse enriquecido durante la gestión y ofreció pagar 70 millones de pesos en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con FM La Petrolera, el fiscal Marcos Nápoli sostuvo “Hemos llegado a un acuerdo de juicio abreviado con dos de los imputados, con Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, por el cual suscribieron comprometerse a reconocer que son culpables de los delitos que nosotros hemos investigado y por eso se hace una negociación sobre la pena”.

En este sentido, el fiscal indicó que “A Pablo Oca se le impone una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este es un acuerdo prejudicial que queda sujeto a la decisión del Juez”.

Cabe destacar que en el caso de Carpintero se estableció y acordó una pena de 3 años de efectivo cumplimiento, reconociendo él ser el autor del delito de enriquecimiento ilícito con una multa fijada en aproximadamente, porque la valuación de los inmuebles ha sido en dólares, en 70 millones de pesos, lo que implica la devolución de dos propiedades de inmuebles y un vehículo de alta gama. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El Fiscal que investiga las causas más importantes de corrupción en la provincia, recordó que cuando comenzó la causa “Revelación”, los diputados provinciales Conde, Meza Evans y Dufour eran querellantes, pero luego de las elecciones todos abandonaron las querellas.

Esta mañana, en diálogo con FM La Petrolera, el fiscal de la causa “Revelación” Marcos Nápoli se refirió a los querellantes de la causa. En este sentido opinó que “se presentaron en pleno proceso electoral cuando se realizaron las detenciones, creo que la única intencionalidad fue política para conseguir popularidad, conocimiento por parte de la población, pero hoy no quedó nadie de eso, todos han abandonado las querellas y hemos quedado quienes estamos obligados legalmente desde el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía Anti Corrupción y la Fiscalía de Estado”.

Según Nápoli “Ninguno de los demás querellantes, como (Eduardo) Hualpa, (Eduardo) Conde, (Blas) Meza Evans o (Gabriela) Dufour, ha continuado en la querella”.

El fiscal de la causa recordó que en aquel momento “Eduardo Conde hizo un alegato extenso en una de las audiencias donde se quejaba de las probation, no sé cuántos recursos más iba a presentar, pero lo cierto es que no solo no continuó con la causa, sino que no se escuchó nunca más su voz, respecto a los actos en contra de la corrupción. Esto es doloroso porque ha quedado demostrado con hechos que el interés que tenían solo era hacerse notar en los medios de comunicación”.

Hace una semana, los abogados de Comodoro Rivadavia, Gastón Bordier y Cynthia Castro, radicaron una denuncia contra la ex ministra de Familia y Desarrollo Social de Chubut, Cecilia Torres Otarola, al ministro de Gobierno, José María Grazzini y  al dueño de una empresa –según publica ADN Sur-. Le adjudican un nuevo delito que estaría encuadrado en la figura provisoria de “administración fraudulenta”.

La denuncia fue radicada ante el fiscal general Héctor Iturrioz, por una presunta administración fraudulenta en la compra directa de alimentos durante a emergencia por Coronavirus.  Según indicaron los letrados, se utilizó un decreto de emergencia que tenía vencidos los plazos y parte de ese alimento no había entrado a la provincia. A la fecha que se publica el Decreto que autorizaba la compra directa ya había caído el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de la Emergencia Alimentaria.

“Al fundarse el decreto simple en un DNU que ya había perdido vigencia, la norma es ilegal. La compra directa tiene irregularidades porque se hizo sorteando los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado”, explicó Iturrioz. Mientras aclaró que  está viciada de nulidad”.

La compra de alimentos fue por un total de $12.300.000. “También se dice que el proveedor no tenía los bienes de libre disposición y dudan que haya ingresado a los depósitos provinciales”, manifestó.

Asimismo, el fiscal aclaró que realizará un primer análisis de los elementos de la denuncia. “Tengo que ver si hay un delito o no acorde al artículo 269 del Código Procesal. La primera medida es el conteo exacto de los cómputos para ver si es cierto que el DNU había perdido eventualidad jurídica o no. Tenemos el artículo 156 de la Constitución Provincial que habla de días corridos para elevar el DNU a la Legislatura y después de 30 días sin alusión alguna para su aprobación o rechazo. Entonces, tenemos que contabilizar los plazos. Si pasaron los 30 días, habrá una norma infundada y si no los pasaron, no la habrá. Es una cuestión cronológica y matemática”, detalló.

Por último, Iturrioz aseveró que se trata de dos hechos claramente definibles. “Supongamos que hubieran pasado o no los 30 días, que tenía eventualidad el DNU que está cuestionado por su vigencia. Eso no me inhibe para investigar si ingresaron o no los bienes que se compraron”, puntualizó.

Los denunciantes –según publica Diario Crónica– son el doctor Gastón Bordier y su socia, la doctora Cintya Castro. Bordier, en breves declaraciones que hizo ayer confirmó que el pasado 5 de Agosto hicieron la presentación ante la Fiscalía del fiscal Iturrioz, en Comodoro Rivadavia.

El abogado se excusó de brindar mayores detalles de lo que exponen en esa denuncia dado que allí piden una serie de diligencias que podrían estarse realizando en las próximas horas.

“Hay una serie de hechos ilícitos que hemos corroborado, sobre los cuales hemos agregado prueba y obviamente el fiscal que lleva el caso hará las medidas preliminares y las diligencias correspondientes para la averiguación de la verdad sobre estos hechos”, dijo Bordier.

“Esto es total y absolutamente independiente de las causas que Otarola tiene en el Valle con respecto al manejo que hacía de los supuestos ‘ñoquis’, de otorgarle funciones a personas que no las cumplían, pero podemos decir que esto (lo que él y su socia denuncian) es mucho más grave en el monto en que habría estafado a la administración pública”, afirmó.

Torres respecto a esto manifestó «Hay que repudiar a la corrupción, se hizo un reconto de los últimos 20 años, de las causas de corrupción más importantes que han habido. Reconocimos que el caso de la mega causa el propio Radicalismo fue quien lo denunció».

Asimismo agregó «Yo lo que quiero mostrar con ese reconto es el daño que hace la corrupción, que es un esquema sistémico donde, incluso el poder real, detrás de los empresarios prevendarios del Estado, que no reconocen al gobierno de turno, que son siempre oficialistas, generan un daño enorme».

Expresó también que ese daño hoy lo padecemos «porque la provincia del Chubut hoy está como está producto de un esquema de financiamiento de la política que responde a actores corruptos, empresarios que durante muchísimos años se han beneficiado a través de este esquema revelado en muchas de las causas» de público conocimiento.

Sobre la misma línea dijo «Hoy tenemos muchísimos organismos de control pero que terminan siendo cantera de legisladores en vías de jubilarse o retirarse, por acuerdos legislativos, que en definitiva están condicionados al poder de turno, producto del poder Legislativo, por lo tanto hecho la vista gorda en innumerables hechos de corrupción».

«Tenemos muchísimos organismos que cuando uno ve los nombres o nombramientos, son parte de esa estructura política donde hay gente verdaderamente preparada, de carrera que tiene la capacidad de auditar y de controlar a los Ejecutivos de turno y lamentablemente no llegan a los cargos más importantes porque son producto de acuerdos partidarios», manifestó el diputado Nacional Torres.

Agregó el funcionario «muchas veces se burocrátiza todo para tener más lugares para acomodar a los amigos del poder, esto está visto en distintos actos de nepotismo, donde hay apellidos que responden a familias del poder o incluso acuerdos de ex diputados, que terminan en esos lugares».

Aclaró que lo mencionado anteriormente se ve cuando hay diputados que cambian de opinión de un mes a otro «y es inexplicable, porque uno puede evolucionar en el tiempo, pero eso lleva un tiempo e implica que haya algún argumento detrás de ese cambio de posición».

«Hemos visto cambios de 180 grados sin ningún tipo de fundamentos y después vemos que detrás de eso hay ascripciones, que hay contratos, son discusiones muy mezquinas y hay que terminar con eso, porque sino el esquema sistémico del que hablo no tiene que ver los partidos que gobiernen sino con un esquema de construcción del poder que se basa en los amiguismos y en lo peor de la maña política», declaró por último Torres.

El fiscal general Omar Rodriguez afirmó que la investigación a la recientemente ratificada en la dirección del Ministerio de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, sigue en curso y ya se han reunido más pruebas que incriminarían a la funcionaria en hechos de corrupción.

Este martes, luego de una reunión privada entre el gobernador Arcioni y Cecilia Torres Otarola, la ministra de Desarrollo Social, que es investigada por la justicia por fraude a la Administración Pública, fue ratificada en su cargo.

Mientras, el fiscal general Omar Rodriguez anunciaba en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera que «hay elementos nuevos que se suman a los que presumíamos cuando se inició la investigación», y señaló que el gobierno provincial tomó conocimiento del caso a través de la publicidad que tuvo el proceso.

«Nosotros ya hace algunos días estamos trabajando recolectando todo tipo de información respecto a una causa que se inicia con una presentación por otro hecho en Esquel, una extorsión. De ahí deriva o surgen elementos que tenían que ver con posibles hechos de corrupción acá en la ciudad de Rawson», detalló sobre el inicio de la causa.

El fiscal detalló que en la investigación pudieron constatar que «se ha contratado y se ha nombrado a gente que pertecene a la planta política con distintos cargos como director o subsecretario, que no prestan ningún tipo de servicios. Esto está confirmado».

Entre ellos, Rodriguez describió que «una persona de nacionalidad paraguaya que reside en Buenos Aires tiene el rango de director y cobra por un asesoramiento que no presta. También la madre de un exfuncionario que estaba relacionado a causas de corrupción», y anticipó que «no son solamente esos dos casos, hay muchos más».

El apriete a Sandoval, testigo clave

El denunciante que inició esta investigación, Martín Sandoval, sufrió la presión del gobierno provincial para desistir de la denuncia a una de las integrantes del gabinete.

«Sandoval denunció haber recibido aprietes por parte del gobierno provincial para que dé de baja la causa. Recibió un llamado en un tono elevado, como una suerte de presión para que de alguna manera deje de hacer declaraciones públicas».

En ese sentido, el fiscal aseguró estar atento a «cualquier situación de apremio o peligro» y no dudó en afirmar que intervendrán «rápidamente para darle un manto de protección porque es un testigo en una causa de corrupción».

Rodriguez aseguró que hay pruebas suficientes para sostener la denuncia y la hipótesis, por lo que consignó: «Formularemos una apertura de investigación que tiene que ver con la intimación o la imputación concreta a la persona o las personas que han participado de un hecho delictivo».

Por último, finalizó apuntando que «en este caso serían funcionarios y otras personas que prestaron el nombre para que el Estado les pague por un servicio que no se presta, ese es el nucleo del fraude a la Administración Pública».

Los rodados entregados en calidad de depósito judicial fueron ploteados con la frase “vehículo recuperado de la corrupción – El Embrujo”.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut entregó en carácter de depositario judicial vehículos que fueran decomisados en primera instancia en la causa “Embrujo” y confirmado por los jueces de la Cámara Penal de la ciudad de Trelew, estos vehículos han sido entregados en calidad de depósito judicial hasta tanto la sentencia de Cámara quede firme, según publica el diario Jornada.

Se espera lo mismo con los inmuebles decomisados en la misma causa. La Oficina de recupero de activos fue creada por el Procurador General Jorge Miquelarena, se ocupará de parte de las ejecuciones de los bienes.

En este sentido, el recupero de bienes surge del decomiso en la causa “Embrujo” que condenó a Diego Miguel Correa y otros nueve integrantes por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y defraudación al estado Provincial a través de las empresas Sepat, Dual Corel y Mezeta Consulting. Miquelarena indicó que “una cosa es tener sentencia que sostiene que se decomisa un bien a favor del Estado y otra cosa es ejecutarlo.