Los jueces  Miguel Caviglia, Jorge Novarino y Fabio Monti resolvieron por unanimidad hallarlos  responsables en casi la totalidad de los hechos investigados, a  Diego Correa, Diego Lüters, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Vanina Barale y los comerciantes Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, César Hugues y Bruno Taurelli Chiribao.

Entre otros aspectos de la resolución, el tribunal indicó que Lüters cumplía órdenes de Correa para armar los expedientes con ida y vuelta hacia Marcelo Suárez y Vanina Barale. Para ello en el fallo citaron a testigos, entre comerciantes, empleados y funcionares públicos, que dieron cuenta del armado de este circuito para el armado de los expedientes. 

“Se trata de maniobra con el armado de expedientes apócrifos con el objetivo de justificar contrataciones a fin de obtener un lucro indebido”, indicaron los jueces para agregar que “se armaron expedientes cuando aún ni siquiera había empezado a llover en Comodoro Rivadavia” y  sin que el ex gobernador Mario Das Neves “haya firmado los decretos declarando la emergencia climática”. Desestimaron los dichos de algunos de los imputados, como Marta Fracasso, al momento de hablar ante el tribunal sobre el final del juicio oral y público.

Destacaron en la mayoría de los hechos investigados, que “la hipótesis del Ministerio Público Fiscal ha sido debidamente acreditada mediante la reunión de pruebas exhibidas en el debate”.

La comerciante imputada Cecilia Sadaba fue absuelta al considerarse que los sobreprecios por los cuales estaba imputada “no constituye delito alguno”. En este hecho el resto de los imputados también fueron absueltos. Finalmente también fue absuelto Cristian Orsi por el hecho en el que se hallaba imputado, además de Guillermo Williams para quien los mismos fiscales habían reconocido no tener las pruebas suficientes durante el debate, al quedar desestimado un testigo que había sido clave para la investigación.

El tribunal convocó a las partes y a los ahora imputados hallados culpables, a la audiencia de cesura de pena que se realizará el martes de la próxima semana.

En este sentido, señaló que “la corrupción en sí es grave porque perjudica a toda una sociedad en su conjunto. Pero en el caso particular de la causa por la Emergencia Climática, se cometieron actos de corrupción en el marco de la necesidad de la gente de una situación que estaba viviendo la ciudad de Comodoro que era terrible”.

“Esa falta de empatía que han tenido los funcionarios públicos y los particulares que se prestaron para hacer este tipo de negocios, indudablemente le da un plus y un reproche penal mucho más elevado”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “nosotros tenemos estimado que la defraudación al Estado fue de más de 100 millones de pesos”.

“Más allá del perjuicio económico lo que le da dimensión a este caso es la circunstancia en la que se cometió”, indicó.

Finalmente, Rodriguez concluyó que “el jueves que viene se escuchará el veredicto. La corrupción no va a desaparecer en función de todas estas investigaciones pero nosotros tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estos actos”.

De las sensaciones que le quedaron por la situación de quienes eran sus responsables directos políticamente, como una ex ministra (Leticia Huichaqueo) y exfuncionarios, Alicia Dubreuil dijo que le queda una sensación de tristeza “porque es gente con la que nos conocemos desde hace muchos años, quizá con una relación no íntima o muy afianzada, pero éramos compañeros de militancia política”.

“Yo hago política desde muy chica porque vengo desde una familia de militantes y a ellos desde hace varios años que los conozco a algunos y en ese momento. Más allá de las diferentes opiniones que pudiéramos tener con mis superiores, ellos eran compañeros de trabajo”, expresó.

En ese marco, enfatizó al aire por FM La Petrolera 89.3 MHz que nunca pensó que iba a tener que estar como testigo en el Ministerio Público Fiscal en la situación que vivió ayer: “he cumplido funciones con mucha más responsabilidad, como haber sido legisladora durante dos mandatos, secretaria un mandato y nunca pensé que pasaría esto, por eso uno lo vive con angustia, con bronca y con desilusión, por supuesto”.

“El equipo y toda la gente que se acercó a trabajar, lo hicimos durante mucho tiempo, porque la catástrofe no fue de dos meses. Ese año fue muy duro para mí, perdí a mi papá, entonces me quedó muy marcado. Y uno siente un poco de desilusión y de impotencia, nunca pensé que iba a pasar esto”, insistió.

Mario Das Neves

Dubreuil señaló que “hay un respeto que yo sigo teniendo porque no soy juez para decir estas cosas. A mí nadie me vino a querer hacer parte de algo ni se me insinuó serlo. En los años que milito la política, no me pasó; entonces hay quienes creen que todos actúan o sienten de la misma manera que uno por eso hay cuestiones que uno no imaginaba”.

“Cuando trabajábamos, todos íbamos mirando para adelante y no para los costados, porque había que trabajar y dar soluciones a los vecinos que habían perdido absolutamente todo. Mi visión y mi sentimiento y opinión para con quién era mi dirigente Mario Das Neves, no va a cambiar porque yo conocí a un hombre respetuoso, que me respetó y que valoró sobre todo mi trabajo y mi honestidad”, concluyó.

Sigue la ronda de testigos en el juicio oral por la causa de la Emergencia Climática. Ayer habló la exresponsable de la delegación del Ministerio de Familia en Comodoro Rivadavia durante el temporal, Alicia Dubreuil, quien ratificó que le habían falsificado la firma y el sello. La exconcejal y exfuncionaria aclaró que a ese lugar nunca llegaba mercadería comprada por el Estado sino donaciones.

Según su declaración, se confeccionaban fichas con los pedidos de las familias que necesitaban nylon, botas, palas y con ese papel, los damnificados retiraban la mercadería en el Predio Ferial, describe Diario Jornada. Las fichas se hacían a mano porque carecían de los elementos para imprimir; se confeccionaban por duplicado para tener un registro, y se volcaron a un Excel que está en la dependencia.

Dubreuil fue muy firme al responder que no recibió mercadería con alimentos frescos, mucho menos carne. Y desconoció la firma que figura en un remito donde se menciona la entrega de varios kilos. Dijo que el sello que tenía ese remito era distinto al que usaba habitualmente.

Su dependencia había pedido que enviaran alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras, pero esto nunca ocurrió. Sólo recibieron una donación de pescado de trabajadores del puerto y fue enviada a una institución de Comodoro.

Este testimonio “cierra el círculo” consideró el fiscal Alex Williams, sobre la maniobra para estafar al Estado con falsas compras de mercadería. “La testigo desconoce haber firmado dos documentos, uno es un remito que hacía constar la entrega de 1.889 kilos de carne, de paleta, en un remito que tiene un trazo y un sello aclaratorio y la testigo desconoció e incluso su sello”.

“Sucedió algo parecido con otro documento que acreditaría la entrega de mercadería en un plazo del 29 de marzo al 20 de abril. Era un remito genérico que asegura la entrega de alimentos, colchones, productos de higiene, pero la testigo desconoce esa certificación”. Los remitos que la testigo desconoce indican que esa mercadería no se entregó.

Recordó Williams, en relación a la supuesta compra de esta carne que, “quien supuestamente fue el proveedor desconoce haber entregado ni un kilo. Explicó que sufrió un apriete de Diego Lüters para cobrar una deuda que el Estado tenía con él, le hizo entregar una factura. No había dónde tener 10 mil kilos de carne, lo dijeron los contadores Owen, Flores, Matanzo; a quienes les empezó a llamar la atención de dónde podía trasladarse y guardarse. El testimonio de Dubreuil cierra el círculo respecto que a Comodoro nunca llegó nada”.

El fiscal remarcó un informe de la AFIP que señala que las empresas proveedoras de los productos que La Agrícola le habría vendido al Estado “tienen domicilio en una usina de facturas truchas, de una empresa en Córdoba”. En ese mismo domicilio se constituyeron 200 empresas. “Surge con toda claridad que esa facturación respaldatoria de la mercadería por el caso, la leña y el pasto, lo vendió Puente Velero y lo transportó Paradisus Trip, empresas fantasmas que nunca vendieron nada”. Figura que venden por $ 28 millones “pero no tienen ninguna transferencia a su favor”.

Para el fiscal general Héctor Iturrioz el delito cometido “fue grave porque además de darse en una situación de emergencia, afectó a todos los ciudadanos del Chubut representados en el Estado. Además los imputados sabían muy bien qué estaba mal y qué estaba bien, además de la fina sensibilidad social que requería ocupar los cargos que ocupaban” en alusión al Ministerio de Familia. Destacó también que entre las consecuencias hay que tener en cuenta la afectación “a la democracia y a la república”.

Con estos aspectos consideró que “la mayor responsabilidad le cayó a Leticia Huichaqueo” para la que pidió una pena de cinco años sea de efectivo cumplimiento, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de 90.000 pesos que –sugirió el fiscal- sean destinados a alguna asociación protectora de animales de Rawson o Comodoro Rivadavia.

Para Juan Carlos Gómez pidió la pena de cuatro años y seis meses de prisión y por último, contra Marcelo Suárez pidió tres años y seis meses de prisión, “por el alto cargo que ocupaba” y el doble de ese tiempo para ocupar cargos públicos.

Los querellantes, Rodrigo Miquelarena en representación de la Fiscalía de Estado, y Vivanco Saiegh de la Oficina Anticorrupción, coincidieron con los argumentos y las penas que pidió el fiscal general Iturrioz.

La defensa de Huichaqueo

Javier Romero, defensor de la ex ministra de familia, adelantó que puede haber una “eventual impugnación” a la pena que recaiga sobre su cliente. Dijo que “el número de víctimas es indefinido” y calificó algunas de las fotografías exhibidas por Iturrioz como las de “unos pocos pichichos mojados” o “unos pobres perros que no sabemos siquiera si son de Comodoro Rivadavia”.

Aludió también a la diabetes y otras “graves” enfermedades que padece su cliente para luego solicitar la pena de dos años de prisión de prisión y la mitad del monto de la multa que refirió el fiscal Iturrioz. Para el fiscal general Iturrioz las enfermedades alegadas que sufriría Huichaqueo, “no fueron debidamente certificadas” y que “no sufrió violencia de género al ser investigada”.

El defensor de Suárez

El defensor Miguel Moyano asistió durante las audiencias a Marcelo Suárez. Dijo que su cliente tiene como atenuantes la falta de antecedentes penales o problemas con la Ley y confió en que el Tribunal “habrá una justa valoración de la prueba y va a concluir en una pena de ejecución condicional”. Agregó que las penas de encierro “no tienen ningún beneficio ni para el imputado ni para la sociedad y sirven para flagelar a los que son destinados a prisión”. Concluyó en solicitar una pena de un año de carácter condicional además de ofrecerse para realizar tareas de beneficencia en un comedor comunitario por el tiempo que el Tribunal decida.

A su turno el defensor oficial Pablo Sánchez, que en el debate representó a Juan Carlos Gómez, pidió la pena de dos años de prisión de tipo condicional, como partícipe necesario del delito investigado, “teniendo en cuenta además, que no tiene antecedentes penales de ningún tipo”.

Fuente: Mil Patagonias

“Lisandro Benitez dijo que la forma en que se contrató “es habitual en la administración pública”, que su asistido Diego Lüters, “ni siquiera tenía firma en este sistema de contrataciones” y que los fiscales no podrán probar el cargo de “coautoría” en los delitos que se les endilga. Benitez se preguntó por qué no está en el banquillo de los acusados Alberto Gilardino, el Ministro de Coordinación de Gabinete, lugar donde se debió controlar la compra y entrega de los materiales, y sí su cliente, “que ni siquiera tenía firma”.

Para el defensor Miguel Moyano que asiste a Vanina Barale y a Marcelo Suárez, el juicio demostrará que sus asistidos actuaron bajo la cobertura legal. Omar López defiende a Bruno Taurelli Chiribao y dijo que “los hechos son todo lo contrario a lo relatado por el Ministerio Público Fiscal” y que existe contraprueba que demostrará que los elementos fueron entregados, “incluso los que no se pagaron”. También defiende a Marta Fracasso por quien también adelantó el pedido de sobreseimiento. Antes lo hicieron los abogados Fabián Gabalachis (defiende a Diego Correa y a Estanislao Finiguerra), Javier Romero (defiende a Leticia Huichaqueo) y Romano Cominetti (defensor de Cristian Orsi).

Para el defensor Damián D’Antonio “no hay que meter a todos los imputados en la misma bolsa” destacando que Cecilia Sadaba (Kiosco Emanuel) está involucrada en su solo hecho, la venta de agua mineral. Negó “la existencia de sobreprecios en la venta de mercadería y la connivencia con los otros imputados”.

Antes de pasar a un cuarto intermedio para las primeras horas de la tarde en que se comenzarán a escuchar los primeros testigos, las partes y los jueces coordinaron algunos aspectos vinculados con los días en que se sesionará y en los horarios. Al respecto existe plena predisposición de las partes de escuchar cada día a la mayor cantidad de testigos posibles.

Cabe destacar que por pedido de los defensores, se suspenderá la transmisión en directo de la audiencia que se venía haciendo a través de facebook de la Oficina Judicial de Rawson.

En primer lugar, tomó la palabra Iturrioz, quien manifestó que “se trata de un caso de corrupción”, agregando que “la pareja de Huichaqueo vendía los alimentos donados, y también se vendían otros elementos”.

En sus alegatos finales en el marco del juicio, expresó que “a la ciudad de Comodoro no llegó donación, es increíble con la impunidad que se han manejado, es indignante. Leticia Huichaqueo administraba esos bienes”, indicó.

“La situación en Comodoro era desesperante, había gente alojada en gimnasios, nunca llegaron las 300 bolsas a la ciudad y la encargada declaró que recibió órdenes de Huichaqueo y Suárez de que debía firmar el recibo, pero nunca llegaron las bolsas de alimentos”, manifestó Iturrioz.

Y agregó finalmente que “la Justicia de Chubut es un ejemplo en causas de corrupción. Leticia Huichaqueo y Juan Carlos Gómez, son acusados por el delito de peculado como coautores en delito continuado, y por encubrimiento para favorecimiento personal con fondos públicos a Marcelo Suárez”.

Seguidamente tomó la palabra Romeo, dando cuenta del perjuicio que han generado estos tres funcionarios públicos al estado Provincial, en referencia a quienes estaban en el banquillo (Huichaqueo, Suárez y Gómez).

“No fueron dos bolsas las que donó Royal Canin. Lo dijo Rodrigo Miquelarena por la Fiscalía de Estado durante la campaña ‘Todos por Comodoro’ durante la Emergencia Climática, y alegó que nunca llegó una bolsa de alimentos de esa marca a Comodoro Rivadavia”, enfatizó.

Por último, y antes del cuarto intermedio sostuvo: “también dio cuenta que en la chacra de Huichaqueo alimentaban a los chanchos a tutucas. Manejaban el Estado como si fuera la alacena de su casa”, lo dijo Rodrigo Miquelarena durante los alegatos finales en relación a los tres funcionarios.

Casi de manera puntual y ante los jueces Jorge Novarino, Miguel Caviglia y Fabio Monti, se inició el juicio oral y público contra 12 imputados entre funcionarios provinciales y comerciante de Trelew, en la causa en donde se investigan hechos de corrupción con fondos públicos que estaban destinados a paliar la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se trata de la llamada causa “madre” ya que en su origen lo documentación analizada mereció otras investigaciones, algunas de ellas con sentencia firme respecto de las personas investigadas.

Las audiencia coordinadas y organizadas por personal de la Oficina Judicial de Rawson, se realiza en una de las salas de la Casa de Retiro Espirituales con la que cuenta la Iglesia de la capital provincial.

Expedientes falsos

Se trata de un caso en donde se investigó el acuerdo existente entre funcionarios provinciales y comerciantes de Trelew y que consistió en la emisión de remitos y facturas para la posterior confección de expedientes de elementos que supuestamente iban a ser destinados para ayudar a los vecinos de Comodoro Rivadavia afectados por una grave emergencia climática, entre marzo y abril del año 2017.

Según la investigación en muchos casos esos elementos nunca se adquirieron. Sin embargo los pagos desde el Estado se realizaban en menos de una semana por haber sido declarada la emergencia climática a través de sendos decretos firmados por el ex gobernador Mario Das Neves. El dinero obtenido por compras inexistentes, era repartido entre los ahora imputados, según lo investigados por los fiscales que también determinaron que, en otros casos, los elementos se adquirieron pero con marcados sobreprecios.

Los expedientes creados de manera ficticia fueron para adquirir, entre otros elementos, agua mineral, leña, colchones, carne, frazadas. El dinero generado se cree en beneficio personal de los imputados rondaría los 18 millones de pesos.

Los imputados

Los imputados con funciones en el Gobierno Provincial son: Diego Correa, Leticia Huichaqueo, Diego Lüters, Marcelo Suárez, Vanina Barale y Cristian Orsi, y los comerciantes los siguientes: Bruno Taurelli Chiribao (“La Agrícola”), Cecilia Sadaba (“Super Kiosco Emanuel”), Marta Fracasso (“Blanquería Matices”), Franco Finiguerra (“Mall Don Bosco”),   César Hughes y Guillermo Williams (“Casa Maza”).

Antes del inicio del desfile de los primeros de los 245 testigos previstos, algunos defensores insistieron con que los plazos procesales están vencidos y que por lo tanto los imputados deben ser sobreseídos. Dijeron que la ampliación de los plazos “es inconstitucional”. Los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez insistieron en que la ampliación de los plazos estuvo justificada en la complejidad de la investigación y el proceso judicial, con muchos imputados con distintas responsabilidades en las maniobras, además condicionado por las restricciones por COVID 19.

Luego de escuchar los planteos de los defensores de algunos de los imputados Fabián Gabalachis y Omar López, y las respectivas posiciones de los fiscales, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles en que dará a conocer su decisión sobre el pedido de sobreseimientos debido a los que consideran el vencimiento de los plazos procesales.

En carácter de querellantes la Fiscalía de Estado está representada por el abogado Rodrigo Miquelarena y la Oficina Anticorrupción su apoderado Eduardo Conde.

De esta forma, Alarcón no podrá volver al Estado y sus bienes serán decomisados.

“Soy una madre de familia y cabeza de hogar, siempre fue una militante. En Gaiman siempre me respetaron por ser una familia de condición muy humilde, y como Ministra tuve mucho contacto con la gente”, señaló Leticia Huichaqueo esta mañana desde el banquillo de acusados.

Y agregó: “a mí no me tienen que contar qué significa no tener un plato de comida. A mis hijos los crié sola y por esta causa tuve una condena social importante, recibí violencia de género, pero siempre respeté las leyes”.

“Durante la catástrofe en Comodoro Rivadavia, tuve dos hechos donde el agua casi me lleva y debieron ir a rescatarme. Hasta hoy tengo ataques de pánico ante las tormentas”, indicó.

En tal sentido, recordó que “la logística de los recursos para la emergencia estaba a cargo del Ministerio de Coordinación de Gabinete y de la Secretaría Privada del Gobernador, y yo en Comodoro estaba bajo las órdenes del vicegobernador Mariano Arcioni”.

“Mi trabajo era recorrer las tareas afectadas, porque había otros equipos que se ocupaban de la logística de los recursos. No tenía por qué estar atenta a que los medios dijeran una donación para tal o cual lugar”, enfatizó.

Huichaqueo añadió que el director de la Casa del Chubut a ella nunca le informó de la donación del alimento: “me enteré con los allanamientos; en esta catástrofe esta Ministra estaba ocupándose de contener a las familias que estaban perdiendo todo”, sostuvo.

“En ese contexto, yo estaba trabajando al lado de la gente sabiendo que me podía ir con el agua y que había hijos que me esperaban. Mi capital está a la vista: ninguno de mis hijos trabaja en el Estado”, argumentó.

Hostigamiento

“Conmigo hubo violencia de género, pero siempre estuve de pie y no me tiré a la cama a llorar. Exijo que haya justicia que se diga la verdad. Voy a respetar el trabajo del Fiscal, pero siento que conmigo se equivocaron”, esgrimió Huichaqueo, quien expresó que “muchos medios quieren hablar conmigo, pero primero quería estar ante los jueces”.

Asimismo, subrayó que tuvo más de diez viajes a Comodoro donde iba y venía para las reuniones y para ver a sus hijos, porque dependían de ella. “Cada viaje en auto se aprovechaba para llevar cosas porque en esta catástrofe nada alcanzaba, ningún vehículo se iba vacío y se aprovechaba cada espacio”, concluyó.

La próxima semana comienza el juicio por la causa “Royal Canin” y a principios de agosto por los sobreprecios y contrataciones directas durante la “Emergencia Climática”.

Además, quedan pendientes una docena de causas por corrupción que involucran a ex funcionarios.

El juicio por la denominada causa Royal Canin arrancará el lunes venidero. Hay cuatro acusados y se les reprocha el haber vendido para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a Casa del Chubut durante la emergencia climática.

Los cuatro acusados son la ex Ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; el ex Subsecretario de Promoción Social, Marcelo Suarez; Juan Carlos Gómez (quien era pareja de Huichaqueo) y la ex titular del Sindicato de Amas de Casa de Rawson, Micaela Cordero.

Continuidad

El próximo lunes 2 de agosto está previsto el inicio del juicio oral y público en la causa conocida como ‘Emergencia Climática’, que juzgará sobreprecios y contrataciones directas durante el temporal que atravesó la provincia en marzo de 2017.

En este caso, son 12 los acusados: Diego Correa y Diego Luthers, ex integrantes de la Secretaría Privada; la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsecretario de Promoción social, Marcelo Suarez; los integrantes del área Cristian Orsi y Vanina Barale.

También están acusados los proveedores Estanislao Finiguerra (Mall Don Bosco), Marta Fracasso (Blanquería Matices), Bruno Taurelli Chiribao (empresa Agrícola), Guillermo Williams (Casa Maza), Cecilia Sabada (Kiosco Emanuel) y César Hughes (Casa Maza).

Asimismo, hay varias causas que involucran a ex funcionarios que se encuentran en etapa de investigación o que ya fueron elevados a juicio y esperan fecha de debate. Por ejemplo, Lotería, Servicios Públicos, ‘Ñoquis Calientes’, Escuelas y causas por enriquecimientos ilícito.

La misma fue resumida de la siguiente manera por el citado organismo judicial:

-“Contamos con una prueba fundamental que son los cartulares, es decir los cheques utilizados para pagar los retornos. Ahora bien no es la única prueba que hemos de contar”

– “El testigo Eduardo Loza- empresario de la construcción  propietario de la firma Emecco Loza-, refirió  con lujo de detalles como debió efectuar el pago de retornos a Diego Correa…  agregando que  fueron cinco los cheques que utilizo para el pago de retorno exigido por  el funcionario Publico… Le fueron exhibidos los cartulares 150082744 y 15008247 reconociendo de manera palmaria su firma en dichos instrumentos”.

– “Luthers refirió como anotaba los numerosos cheques narrados, detallando cómo  ese ya famoso porcentaje de 3% y 5 % , siendo esto también coincidente con los declarado  por los empresarios de la construcción Laborda Parasitada etc.”

-“En la pericia informática 593/18, 592/18 en quedó registrado de manera palmaria  la vinculación entre Federico Piccione y Diego correa, teniendo como  meta principal apropiarse del canal 9 de la ciudad de comodoro Rivadavia, no utilizando nada más y nada menos que cheques derivados de la obra pública , los cuales obtenían al exigir los retornos”.

-“El testigo Adrián Muñoz, chofer de la Unidad de Gobernador, dijo en este juicio que se encontraba a cargo de Diego Correa. A preguntas de la fiscalía narró que Diego Luthers le daba cheques para cobrar en la sucursal del Banco de la ciudad de Rawson, reconociendo sin ninguno tipo de dudas el endose realizado en dicho instrumento, comprobándose de esta manera que los choferes de dicha unidad eran usados a los fines de cobrar los cheques que prevenían de la asociación ilícita encabezada por Diego Correa”.

– “Por otro lado el accionar ilícito tanto de Diego Correa como de Martín Bortagaray queda demostrado a través del testimonio de la contadora Sandra Torres, del Instituto Provincial de la Vivienda, refiriendo que en la época que estaba Juan Martin Bortagaray de presidente, las planillas referidas a la obrar publica y en las  cuales de se disponía que pagar y eran enviadas también al secretario diego correa de la unidad del gobernador por encargo de quien era presidente,  no siendo ello para nada normal que desde un instituto autárquico como lo es el IPV se envié a un secretario de un gobernador.

-“La declaración que prestara Diego Luthers en este Juicio oral y público quien refirió que en el IPV se implementaba en mismo sistema de planillas en relación al pago de retorno por parte de empresarios de la construcción. Lo narrado no hace más que poner en evidencia la autoría de Diego Correa y la participación del hecho narrado de Juan Martín Bortagaray quien a ese momento estaba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda”.