El dirigente expresó que “todo eso apunta a la intención de Javier Milei de privatizar el Correo Argentino”, recordando que en Comodoro Rivadavia todo el servicio está centralizado en la sucursal de San Martín y Moreno, porque las de Kilómetro 3 y Kilometro 8, fueron cerradas”.

Al aire por Radiocracia, indicó que “la sucursal de Correo Argentino de Rada Tilly funciona con dos personas nomás: el encargado y un repartidor. Y obviamente no dan abasto”.

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Hubo también pagos de alquileres en beneficio de las dos firmas que son pilares del grupo empresario y, al revés, préstamos -por ejemplo- por 17 millones de pesos de ellas hacia el Correo. No habría explicación para semejantes operaciones. En otro informe, Boquín también detectó desvíos por 35 millones de pesos hacia estudios de abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas.

Lo que queda claro hasta ahora es que la empresa postal del Grupo Macri no paga su deuda y no quiere que se investigue si cometió algún tipo de fraude en el trámite del concurso de acreedores, ya que eso podría acarrear consecuencias para sus controlantes. La presentación de la empresa refuta la resolución de la Cámara Comercial que convalidó la actuación de la fiscal Boquín y dio vía libre para la investigación que ella solicitaba sobre las maniobras de vaciamiento detectadas.

Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini en sus últimas intervenciones respaldaron la actuación de la fiscal. A lo largo de la causa, paradójicamente, colaboraron con artilugios que hacen que pase el tiempo y la deuda siga impaga. Como ya informó este diario, con el gobierno de Macri el Correo llegó a firmar un acuerdo que licuaba el 98,87 por ciento de su deuda, pero fue frenado por la fiscal de Cámara, que dijo que era ruinoso y abusivo. Luego empezaron las dilaciones otra vez.

Los abogados que se presentan por el Correo son Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa, que están imputados en la causa penal por el intento de licuar la deuda de la empresa y señalados por Boquín en movimientos de vaciamiento. Argumentan para recurrir a la Corte que la investigación pericial le causará a la empresa un perjuicio irreparable y se afectan normas concursales, que son argumentos clásicos de estas presentaciones. Dicen que Socma Argentina y Sideco Sudamericana no son parte en litigio: sin embargo son controlantes del Correo y la fiscal ya detectó operaciones entre ellas y el Correo en plena etapa concursal y cuando ésta última se declara inactiva.

También cuestionan que la Cámara haya habilitado que la pericia la hagan expertos del cuerpo de peritos de la Corte en lugar de las sindicaturas (general, controlante y verificante) que intervienen en el concurso. Por lo general, éstas se han expedido a favor del Correo y propiciado todas las dilaciones. Una de ellas está a cargo de Julio César Rivera, abogado de larga data de la familia Macri. El planteo incluso dice que «un perito externo produciría una dilación de los tiempos y un expendio jurisdiccional». Es un argumento desconcertante en un proceso en el cual la empresa y el Estado han jugado siempre al paso del tiempo.

Hace ya dos años que se discute la investigación del vaciamiento. Respecto de Socma y Sideco, la fiscal Boquín detectó en 2017 que la propia jueza de primera instancia, Marta Cirulli –imputada también en la causa penal–, había autorizado cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos de las cuentas del Banco Ciudad, justo en los meses previos a la firma del acuerdo (28 de junio de 2016) que luego fue suspendido. Dijo la fiscal en ese entonces que eran «en beneficio de las empresas del grupo» y «en perjuicio de las cuentas del concurso».

Parte del dinero se utilizó para pagar mensualmente alquileres a Sideco, aunque el Correo no tenga actividad: oficinas por 144 mil pesos; 61.834 pesos en sueldos y cargas sociales; 113 mil pesos de gastos informáticos y contables; 65 mil de honorarios, entre tantos otros. El dinero salía de las cuentas del concurso, directo a Sideco, según la fiscal. Pero, además, Boquín detectó que Socma le vendió al Correo por 2 millones de dólares acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para negocios automotrices que nunca le dieron ningún rédito. Luego pagó un extra de 900 mil dólares más –según publica Página 12-.

Esos hallazgos habían dado el puntapié inicial para la investigación sobre vaciamiento, que de comprobarse implicaría fraude concursal, con consecuencias para las compañías del Grupo. Más recientemente, Boquín denunció otras maniobras similares, también para desviar dinero del Correo, 35 millones de pesos, hacia estudios de abogados, como el del diputado del PRO Pablo Tonelli; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; y el propio abogado Kleidermacher.

Ahora Boquin debe contestar el planteo del Correo para ir a la Corte y luego la Cámara decidirá si lo habilita o no.

La Corte Suprema decidió cerrar el año con un respaldo a la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, la primera en denunciar el acuerdo que protagonizó el Gobierno para perdonarle el 98,87 por ciento de la deuda al Correo Argentino, empresa de la familia Macri. El planteo de Boquín logró frenar ese pacto que implicaría una pérdida cercana a los 4 mil millones de pesos –el monto adeudado– para el Estado pero, además, con posterioridad detectó maniobras de vaciamiento de las sociedades controlantes, Socma y Sideco, cuya investigación el grupo empresario apostó a bloquear con cuestionamientos a su actuación e intentos de apartamiento. La resolución del más alto tribunal, que fue unánime, es clave para la continuidad de ese aspecto de la causa, donde aparecen grandes movimientos de dinero en la firma postal que supuestamente se encuentra inactiva. Es todo un gesto adverso para el Poder Ejecutivo –mientras avanza la causa penal por este tema con un llamado a indagatoria contra el ministro Oscar Aguad– y para los intereses del Correo.

El último acuerdo de la Corte en 2018 tuvo un tono más amable que el que se esperaba entre los supremos, que se juntaron a las cuatro de la tarde y resolvieron firmar decenas de fallos y empezar a discutir una agenda para 2019 (ver aparte). La semana pasada había estado marcada por la sentencia contra la Anses, a favor del reclamo de un jubilado que se extenderá a otros 150 mil, y por la acordada con la que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda resolvieron limitar el poder del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, al establecer que las decisiones administrativas y de superintendencia ya no las podrá tomar él por su cuenta sino que requerirán las firmas de tres de los cinco jueces. En el medio hubo amenazas de denuncias de Rosenkrantz hacia el resto y de Elena Highton hacia Lorenzetti, a quien acusó ante terceros de presionarla, pero fueron perdiendo cuerpo.

El fallo que respalda a Boquín tiene apenas diez renglones pero una vital importancia. El Correo, de la familia Macri, planteaba su falta de “legitimación” para pedir medidas de prueba, como peritajes de los libros contables de las empresas Socma y Sideco, y lo que hizo la Corte –desde el punto de vista formal– fue rechazar el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra lo que en Derecho se llama “sentencia definitiva”. El efecto práctico de la decisión es que Boquín podrá continuar interviniendo y avanzar con algunos pasos fundamentales de investigación, aún en el contexto del concurso de acreedores.

El caso del Correo tiene, a esta altura, tres aristas diferentes:

En el expediente comercial, que lleva 17 años, el Correo debe pagar su deuda. Intentó hacerlo en todos estos años cuatro veces con fórmulas que el Estado rechazó por inconvenientes. Recién con el gobierno de Macri el Gobierno aceptó una oferta que era calcada de la última presentada bajo la administración anterior. La aceptó un representante del ex Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, y terminó frenada cuando la fiscal Boquín denunció que era “ruinosa y abusiva” por implicar el perdón que la deuda casi completa. El presidente Macri, ante el escándalo, mandó a dar marcha atrás, pero luego el propio Estado promovió nuevas dilaciones a favor del Correo. Aún no hubo nuevo acuerdo por la deuda.

Por aquel pacto hay expediente penal, en el que el ministro Aguad fue citado a indagatoria, junto con Mocoroa, el ex titular de Correo Jaime Cibils Robirosa y el abogado de la empresa Jaime Kleidermacher. Están imputados por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que los funcionarios pactaron con el Correo antes del acuerdo en tribunales. Kleidermacher es el abogado que impulsó el apartamiento de Boquín.

La cuestión del vaciamiento es clave. Las primeras maniobras fueron detectadas también por Boquín. Ella advirtió que habían existido retiros de fondos de las cuentas del Correo en medio del concurso de acreedores, con la posible anuencia de la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, durante 2016, en plenas negociaciones para el acuerdo denunciado. En un dictamen, la fiscal señaló retiros por al menos 10 millones de pesos “en beneficio de otras empresas del grupo” y en “perjuicio de las cuentas del concurso”. La empresa está inactiva, lo cual era doblemente llamativo. Boquín pidió peritar los libros de Socma y Sideco –empresas clave del grupo Macri–. La jueza sólo quiso peritar los del Correo, con síndicos. La fiscal insistía en analizar todo, con peritos de la Corte, o ajenos al proceso en cuestión. Y fue en medio de esa pulseada que la empresa de los Macri comenzó a intentar sacarla del juego y cuestionar su legitimación. La decisión de la Corte Suprema de respaldarla debería despejar el camino para esa investigación crucial sobre el verdadero papel de esta empresa.

Otros asuntos

Entre otros asuntos resueltos por el tribunal ayer, hay un rechazo a un planteo de Cristina Fernández de Kirchner que cuestionaba el sorteo del Tribunal Oral Federal 2, que la juzgará por supuesto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz. También fue desestimado un planteo del ex secretario de Obras Públicas José López, que pretendía su excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito. Fue rechazado un planteo de recusación del sindicalista Marcelo Balcedo (detenido en Uruguay) contra el juez Ernesto Kreplak. Quedó confirmado el sobreseimiento de Diego Bossio y el tribunal rechazó planteos de excarcelación de Gladis Díaz y Mirta Guerrero en una de las causas contra Milagro Sala.

A través de decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri oficializó la designación de nueve conjueces para la Corte Suprema, entre los que se registran algunos nombramientos llamativos. Un caso es el de Julio César Rivera, que no sólo es abogado personal del propio Macri sino que está imputado en la escandalosa maniobra en la que el Ejecutivo intentó licuar la millonaria deuda del Grupo Macri por el Correo Argentino. Otro caso es el de María Angélica Gelli, quien actuó como defensora del Grupo Clarín en las recordadas audiencias públicas por la ley de medios. También figura entre los designados como conjuez Guillermo Lipera, el presidente del conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo, un fervoroso activista por la destitución de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

Los conjueces, con matrículas de abogados, son suplentes de los miembros de la Corte cuando alguno de los titulares renuncia, toma licencia, se excusa o no puede desempeñar la jurisdicción en determinados casos como, por ejemplo, los que involucran intereses de los magistrados. En una ocasión así, el tribunal se completa hasta el número necesario para fallar mediante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. En el caso de que por alguna razón no se pueda completar de esta forma entran en juego los conjueces, que pasan a integrar la Corte para resolver ese expediente.

Hasta junio de 2015 se elegían por sorteo, pero desde entonces el Consejo de la Magistratura envía su propuesta pero es el Poder Ejecutivo quien decide, aunque siempre con la aprobación final del Senado. Un senador del peronismo consultado ayer por estas designaciones, confesó que habían votado la lista que llegó desde la Casa Rosada, sin detenerse demasiado en los nombres.

Al tope de la lista de las designaciones cuestionables está Rivera, quien, por citar un antecedente, patrocinó a Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy, en 2005. Además, junto a Beltrán Louge, está a cargo de la sindicatura del concurso de acreedores del Correo Argentino. Es decir, debe controlar la legalidad del proceso aunque está muy vinculado a una de las partes, el Grupo Macri. No es de extrañar, entonces, que como síndico haya hecho la vista gorda a las maniobras para vaciar la empresa y evitar pagar su deuda, como denunció la fiscal de Cámara Gabriela Boquin. En esta causa, el ahora conjuez Rivera está imputado, lo mismo que Macri, el ministro Oscar Aguad y los directivos de las empresas del grupo de la familia presidencial como Socma, Sideco y Correo.

Ya el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tiene como antecedente notable en su currículum haber sido abogado del Grupo Clarín. Ahora se agrega como conjueza María Angélica Gelli, otra defensora del multimedio. En las audiencias celebradas a mediados de 2013 ante la Corte por la ley de Medios, Gelli sostuvo que la norma le impedía a Clarín brindar un servicio y que “se desbarata a un medio que es una puerta al mundo”. El Grupo se aseguró representación titular y suplente en la Corte.

El Colegio de Abogados de la calle Montevideo representa a lo más conservador del establishment judicial y se anotó varios socios en la lista de conjueces, empezando por el de su titular, Guillermo Lipera, de público alineamiento con el gobierno de Cambiemos e integrante de Será Justicia. A través de esta organización motorizó varias denuncias en el Consejo de la Magistratura contra camaristas y jueces que no eran del agrado del Gobierno. Uno de sus blanco principales fue la ex procuradora Gils Carbó.

También es socio de este Colegio de Abogados el ex camarista y dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, quien es presidente del consejo consultivo que asesora al ministro de Justicia Germán Garavano en la puesta en marcha del programa Justicia 2020. Como abogado defendió a la vicepresidenta Gabriela Michetti y patrocina a la AFIP y a la provincia de Jujuy en una acusación contra la dirigente social Milagro Sala. El senador jujeño Guillermo Snopek impugnó su designación como conjuez por su pertenencia a Cambiemos y sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

En la lista de conjueces también figuran el ex procurador del Tesoro Alberto García Lema y, seguramente la figura de mayor prestigio, la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci.