La intervención en el precio del crudo y del dólar para el sector petrolero decretada por el gobierno nacional impactó con la baja de nueve equipos perforadores en las áreas de la Cuenca Neuquina.

Es el último número acerca del nivel de actividad en la industria petrolera, que también tiene su correlato en una cantidad no oficializada de sets de fractura fuera de servicio y el parate de las pymes que son parte de la cadena de valor en el sector hidrocarburífero.

Según pudo saber +e en un relevamiento con fuentes de la industria, en la previa del actual escenario de transición política a octubre había en la Cuenca Neuquina un total de 53 equipos.

Es el contexto que imperaba el 31 de julio, a días del resultado electoral de las PASO, luego del cual el gobierno nacional congeló el precio del barril de petróleo en el país en 59 dólares y fijó un tipo de cambio de $45,19 para la moneda estadounidense, unos 15 pesos por debajo del tipo de cambio oficial. Así intentó contener una suba de las naftas en medio de una devaluación del 20% en un solo día, según dijo el secretario de Energía Gustavo Lopetegui.

Las fuentes consultadas indican que en el total de áreas en la Cuenca Neuquina hoy son 44 los equipos perforadores en actividad. Tal como lo consigna el gráfico que acompaña esta nota, la principal petrolera del país, YPF, pasó de tener 27 equipos perforando a contar con 24. Uno de los equipos desafectados estaba en el área Rincón del Mangrullo, otro en Estación Fernández Oro y un tercero en Loma La Lata.

Tecpetrol fue otra de las empresas que dejó equipos “stand by”. Uno estaba en actividad Los Bastos, un área convencional donde la compañía buscaba ampliar el horizonte productivo perforando en la formación Vaca Muerta, en tanto que un segundo equipo se encontraba en Fortín de Piedra, el área emblemática del shale gas del brazo petrolero del Grupo Techint.

También Vista Oil & Gas dejó dos equipos fuera de actividad, uno de ellos en el área Médano de la Mora. La compañía fue la única en manifestar públicamente que las medidas tomadas afectarían el nivel de producción. Es más, llegó a anticipar a través de su CEO Gastón Remy que no se salvarían los costos de producción.

En el caso de Total, el equipo que dejó stand by es del área Aguada Pichana.

Pluspetrol, por su parte, pasó de cuatro a dos perforadores en la Cuenca Neuquina: contaba con tres en La Calera, de los cuales ahora tiene uno, mientras que tiene otro en El Corcovo Norte, según pudo saber +e.

Las petroleras ahora esperan por la resolución de las restricciones internas al precio, en un escenario internacional en el que hay un factor de presión adicional: las tensiones en Medio Oriente parecen indicar que no es descabellado pensar en posibles saltos en el precio del crudo, si bien por ahora se mantiene estable en torno a los u$s 60.

Luego de emitir un decreto que provocó la paralización de las inversiones, y dañó el nivel de confianza, el gobierno nacional trató de dar señales para recomponer el escenario.

Primero quiso dar un subsidio para atenuar el efecto del precio interno a la baja, pero le adosó a tal posibilidad la necesidad de dejar de lado cualquier litigio contra el Estado por la afectación que pudiera haber provocado el nuevo marco normativo.

Luego, amplió la cotización del dólar para el sector, que llegó a los 50 pesos, si bien con el mismo techo al precio del Brent. Autorizó así una suba de las naftas, del orden del 5 por ciento.

Es un parche en medio de un camino hacia la resolución del contexto político caracterizado por la palabra incertidumbre. Es la más mencionada por lo bajo entre los referentes del sector.

Respecto de la etapa previa, el decreto le puso un freno de mano a un proceso en el que el dilema era saber en cuanto tiempo el país podría salir al mercado internacional con más barriles de crudo y colocaciones de gas en firme. Las estimaciones más conservadoras hablaban de una suba de la producción del 15% anual en el shale oil de Vaca Muerta.

La baja de los equipos es un efecto del cambio de escenario hacia uno como el actual, en el que las petroleras hacen la cuentas y esperan por tener certezas de cuál es la política energética que regirá en el nuevo proceso político luego de las elecciones de octubre.

Mientras tanto, van a lo seguro: perforan los pozos que garanticen el crudo que colocarán en el mercado interno, y sobre todo hasta el mes pasado, el que les permite responder al momento del año del mayor consumo de gas.

En ese marco, quien no quiso quedarse afuera de la polémica fue el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, quien a través de su consultora emitió un durísimo informe especial en el que no sólo advierte que la forma en la que se resolvió el sostenimiento del precio de los surtidores debe ser modificada en forma urgente sino que es «es un desincentivo a la inversión» que podría terminar siendo perjudicial para los consumidores.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció hoy que tiene preparada la medida cautelar para presentar en la Corte Suprema de Justicia en rechazo al congelamiento del precio del petróleo y los combustibles, así como la eliminación del IVA a productos alimenticios básicos, entre otras medidas aplicadas por el Gobierno la semana pasada.

«Nosotros tenemos preparada una medida cautelar para presentar en la Corte Suprema, en caso de que no sean modificadas», declaró a la radio ‘La Red’.

Weretilnek asistirá hoy por la tarde a una reunión convocada por la Secretaría de Energía, junto a las empresas petroleras y otros mandatarios provinciales disconformes con el congelamiento por 90 días para el precio de los combustibles y el barril de crudo.

En tanto, mañana asistirá a la reunión de gobernadores peronistas prevista en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires para analizar el impacto de las medidas impositivas anunciadas por el Gobierno para dar alivio frente a aumentos de precios por la disparada de la cotización del dólar.

«El congelamiento de combustibles y las demás medidas nos perjudican. Son 1.100 millones de pesos, y no nos sobra nada», remarcó hoy Weretilneck.

«Hay distintas alternativas jurídico-económicas para poder mantener el congelamiento del precio del combustible, pero no a expensas de algo tan sensible como fijar un tipo de cambio de 49 dólares», agregó el mandatario rionegrino.

Por otra parte, expresó su deseo que la asunción del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, «genere confianza» en los mercados para que entren «en un camino de normalización» hasta las elecciones generales del 27 de octubre próximo.

Además, destacó la «actitud de responsabilidad del movimiento obrero, las organizaciones sociales y del peronismo, para colaborar en lo que pueda la oposición para que el país camine por una senda normal».

Los costos del congelamiento

Si bien todos acuerdan en mantener el beneficio en los combustibles, hay diferencias sobre quién debe ceder. Las provincias no quieren perder regalías, por lo tanto van por la liberación del barril.

A las 17, en las oficinas de la secretaría de Energía, se realizará la reunión entre las provincias petroleras, las compañías y el gobierno nacional para revisar el asunto.

Las versiones que se hicieron circular en la previa anticipan una mesa caliente. Hay acuerdo general en una medida que alivie los bolsillos de los argentinos, pero no pasa lo mismo respecto de quién debe asumir los 700 millones de dólares que costará la iniciativa.

Tal como surge del DNU 566/19, la cuenta es sencilla: por ahora el costo lo asumen las provincias con regalías y las operadoras y refinadoras con sus ganancias. Claro que los fríos números no contemplan el daño colateral que significa para Vaca Muerta un cambio de reglas de juego en un sector con inversiones de riesgo y tampoco la perspectiva de una caída de la actividad y la consiguiente amenaza en los puestos de empleo.

Sin embargo, según publica esta mañana el diario ‘Río Negro’, no existe evidencia que anticipe un cambio de actitud del gobierno Nacional para asumir parte de los costos vía herramientas impositivas, pese a que el esquema para los combustibles está diseñado con ese objetivo, por lo que la descarga de los costos quedará entre productoras, refinadores o los Estados provinciales.

A las provincias petroleras les sirve acompañar la postura de los primeros porque las regalías se pagan sobre el precio del barril y no de los combustibles.

En el país las dos grandes refinadoras, YPF y PAE -a través de Axion-, concentran casi el 70 por ciento del mercado y son lo que se denominan petroleras integradas: extraen crudo y refinan combustibles. En el sector se viene instalando la idea de que son las compañías que más espalda tienen para soportar la medida.

Sin embargo, 90 días de precios congelados y el aumento de costos por inflación tendrá un impacto negativo en los balances de las compañías que, según anticiparon, solo puede mitigarse con una desaceleración en los proyectos y la inversión.

Neuquén insistirá con la creación de un sendero de precios para llegar al plazo de los 90 días con los precios empalmados. En la previa la iniciativa se aplicaría solo al barril de crudo por lo que los costos del congelamiento lo pagarían las refinadoras sino es que Nación utiliza, como se sugirió, un bono u otro método financiero.

Lo que está claro es que la idea inicial, de hacer pequeños ajustes en los surtidores, no tiene espacio en esta paradoja de aliviar bolsillos pero sin asumir costos.

En la industria creen que Nación no utilizó el esquema impositivo para congelar los surtidores por sus compromisos fiscales con el FMI.

El gobierno nacional buscó con el congelamiento de los combustibles no sólo calmar los castigados bolsillos de la ciudadanía, sino también evitar el traslado de una suba del gasoil a todos los productos que se transportan.

Sin embargo la forma por medio de la cual resolvió hacer el congelamiento terminó cuajando en la imagen de quien busca apagar un incendio echando nafta.

Por un lado algunas empresas aseguran que trabajarán a pérdida y por ello ya resolvieron la baja de dos equipos de perforación en Vaca Muerta. Por el otro lado, esta menor actividad implica inevitablemente despidos que van mucho más allá del sector netamente petrolero y que tienen a las pymes de servicios como las más perjudicadas.

En la reunión de hoy Nación tendrá la oportunidad de oir propuestas y llegar a un consenso que además frene un frente de reclamos judiciales ante una medida que escala mucho más allá del sector petrolero y que pone incluso en riesgo el pago a los estatales.

Mientras, los sindicatos petroleros de la Cuenca Neuquina se reunirán hoy en una asamblea en la capital provincial. Ayer se llevó a cabo un encuentro de la comisión directiva de la organización que conduce Guillermo Pereyra. El objetivo de terminar la asamblea antes del encuentro de las 17 es sumar presión a la discusión por el impacto que la iniciativa nacional tiene en Vaca Muerta. Incluso no se descarta el anuncio de medidas de fuerza.

En paralelo, la participación de las provincias petroleras como un bloque, reflota la abandonada Ofephi, una organización que funcionó coordinadamente durante el kirchnerismo y que se discontinuó cuando Nación volcó su favoritismo por Neuquén.

El congelamiento «es un desincentivo a la inversión»

La consultora que encabeza el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, realizó un informe especial sobre el decreto que congeló el valor del barril, y sostiene que «es de suma importancia subsanar el DNU».

La consultora que encabeza se llama ‘Energy Consilium’ y emitió un durísimo informe especial en el que no sólo advierte que la forma en la que se resolvió el sostenimiento del precio de los surtidores debe ser modificada en forma urgente sino que es «es un desincentivo a la inversión» que podría terminar siendo perjudicial para los consumidores.

El informe especial fue emitido esta mañana en la víspera de la reunión con los funcionarios del Gobierno de Macri.

En el texto, la consultora destaca que la medida ataca la estabilidad y seguridad jurídica que requieren las inversiones en el sector y en Vaca Muerta que son las que pueden generar el ingreso de divisas con su actividad y señala una serie de alternativas para modificar su implementación sin modificar los precios en surtidor.

«Consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética. Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector», indica el informe. Y remarca que «es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias».

«Tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva (como fue el caso de los productos de primera necesidad), o haciéndose cargo de las diferencias (como con los créditos UVA)».

Esto se debe a que para el extitular de Energía e impulsor del libre mercado y la liberación del precio del crudo en el país, «el DNU significa una alteración significativa en la política energética y es incompatible con el avance hacia una política energética sustentable que permita enfrentar los grandes desafíos que tiene la Argentina y el mundo respecto a su relación con la energía y el cambio climático».

Además advirtió que «las provincias productoras de hidrocarburos, así como las empresas productoras de petróleo crudo, evaluarán la oportunidad y pertinencia de encarar acciones administrativas y judiciales para anular o limitar los alcances del DNU. De ocurrir esto, tanto las demandas de inconstitucionalidad como los reclamos atarán a la industria en un conflicto legal que puede perdurar durante años como ha ocurrido luego de la Emergencia Pública que rigió la economía de nuestro país desde el 2002 al 2017».

El informe destaca por un lado que la medida podría extenderse más allá de los 90 días al plantear que «sería difícil explicar los motivos para no extender el plazo de esta intervención», situación que potencia la incertidumbre generada.

La oportunidad para la Argentina de desarrollar un sector exportador hidrocarburífero relevante a partir del petróleo y el gas natural proveniente de Vaca Muerta requiere de condiciones de estabilidad regulatoria que permitan la toma de decisiones de inversiones multibillonarias.

En tanto que da cuenta de que la medida podría no ser beneficiosa para los consumidores, al entender que en «el control de precios no es un mecanismo adecuado para proteger a los consumidores, resultando habitualmente en mayores perjuicios para ellos», entre los que enumeraron la reducción de la oferta, problemas de asignación de los combustibles, reducción de la calidad y aparición de mercados paralelos.

Pero la consultora señala también algunos mecanismos para modificar la aplicación del decreto de congelamiento. Nación «tiene facultades para disminuir la carga tributaria sobre los combustibles en hasta un 10% conforme los establece el art. 5 de la Ley 23.966.

También se indicó que el gobierno «puede disminuir los derechos de exportación establecidos por la Administración a través del Dto. 793/2019 hasta el 31/12/2020 (como ya se hizo para beneficiar a ciertas economías regionales) de forma tal de mejorar la ecuación económica del sector y mitigar los impactos de la devaluación en los precios internos».

Funcionarios del área de Legales del Ministerio de Hacienda están reunidos por estas horas redactando las resoluciones para congelar por 90 días toda la cadena de precios del sector petrolero. Es una de las medidas que anunció hoy el presidente Mauricio Macri para recuperar a la opinión pública que le dio la espalda en las PASO. Entre las petroleras la decisión causó estupor. No lo esperaban bajo ningún escenario

La mayoría de las empresas descontaba que el gobierno iría llevando los precios a través de YPF, la compañía controlada por el Estado, que marca la pauta de precios de las naftas y gasoil por ser el mayor jugador del mercado de los combustibles. Esa es la estrategia que tácitamente viene aplicando la Casa Rosada desde mayo del año pasado, cuando la devaluación desalineó los precios locales con sus referencias internacionales.

Sin redactar ninguna regulación —es decir, técnicamente sin intervenir sobre el mercado—, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y sus colaboradores validaban mes a mes con directivos de YPF el aumento que se trasladaba a las estaciones de servicios. El resto de las renadoras (Axion, Shell, Puma) siguen esa línea. Y los productores no integrados (Chevron, Pluspetrol, Vista Oil&Gas y Sinopec, entre muchos otros) monitorea al detalle esos números para negociar sus precios de venta de crudo al downstream.

Ese esquema ad hoc fue aceptado —no sin críticas de todo tipo, claro está— por las empresas de toda la cadena. Por eso, frente a una nueva devaluación como la del lunes, los privados descontaban que el gobierno apelaría la misma fórmula. Pero no. Algo cambió.

Ayer por la noche, la mesa chica del gobierno desestimó la propuesta de YPF de aumentar un 4,5% los combustibles a partir de las cero horas de mañana jueves, tal como publicó este medio el martes a primera hora. La propuesta de YPF contaba con el respaldo de la mayoría de los actores la industria.

La suba (en la banda del 5%) era muy inferior al atraso en surtidores generado por la devaluación, que ya llega la 30% en algunos productos, y el 1% de la suba se utilizaría para trasladar un incremento pendiente del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Era una propuesta razonable porque la economía ya indexó a un 10% o 15% y la industria planteó una suba del 4,5%. Incluso le planteamos al gobierno que espere hasta el 30 de agosto a ver cómo evoluciona la macroeconomía”, explicó el gerente general de una empresa. Pero por la noche de ayer, Lopetegui desestimó la propuesta. En rigor, la decisión no la tomó él. Se decidió directamente en Presidencia.

Ley de Abastecimiento

Por estas horas, el jefe de Legales de Hacienda, Ignacio Pérez Cortés, lidera al equipo que está redactando el conjunto de resoluciones para instrumentar la medida. Respetado por su estatatura profesional entre los abogados de las empresas, es probable que termine escribiendo una resolución que marque a fuego la relación del Ejecutivo con el sector. Entre los considerandos, las resoluciones terminarán apelando a la Ley de Abastecimiento, uno de los pocos recursos normativos que autoriza al Ejecutivo a fijar los precios de los combustibles.

“Es terrorífico lo que está pasando”, se sinceró un funcionario de la Secretaría de Energía. Difícil arrancar del imaginario colectivo la vinculación de esa norma con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Habrá que ver cuál es la reacción de las petroleras. En sus tiempos como presidente de Shell, Juan José Aranguren cuestionó la constitucionalidad de esa ley en la Justicia. En respuesta, Moreno llegó a trabarle unas 50 denuncias penales, que luego fueron desestimadas. Después Aranguren asumió como ministro de Energía y prometió que el gobierno nunca más intervendría sobre el mercado de combustibles. Hasta hoy.