“Es inaceptable que el Gobierno deje desprotegidas a las familias y ceda ante delincuentes” afirmó Rodríguez Larreta.

Pablo Antriao representa una de las familias de La Angostura cuyas tierras fueron usurpadas. Pablo es descendiente directo del titular original y desde el 2003 reclama por la sucesión de los terrenos. Hace tiempo viene denunciando que los grupos usurpadores no son originarios del lugar sino que vinieron a La Angostura en los últimos años.

El conflicto escaló cuando Vialidad Nacional, a la hora de negociar la expropiación de tierras en el marco de las obras de circunvalación a la Ciudad, desconoció la titularidad de Antriao y dio lugar a los reclamos de los usurpadores.

“Usan mi apellido y mi documentación para hacer un reclamo ilegítimo” explicó Pablo.

El conflicto en la localidad neuquina es uno de los tantos que se repiten en el sur del país.

“En Villa Mascardi y en otras regiones vemos a diario las usurpaciones, incendios, cortes de rutas y hasta cobro de peajes ilegales para circular” reflexionó Larreta. “No podemos permitir que familias como la de Pablo vivan con miedo; es terrorismo”, sentenció.

En esa línea y sobre la detención de Jones Huala, quien estaba condenado, prófugo y “fue protegido por el kirchnerismo”, el mandatario afirmó: “es un paso adelante hacia un país libre donde no haya lugar para la violencia.“

Sin embargo, agregó que no es suficiente: “Nos estamos preparando para gobernar. Necesitamos un Gobierno nacional que sea capaz de cuidar a los argentinos. Un gobierno que tiene que poner toda la firmeza, todas las fuerzas, para defender el derecho de los verdaderos propietarios de la zona.”

“Las familias argentinas como la de Pablo merecen vivir libres y en paz, y el Estado nacional tiene la obligación de garantizarlo” cerró Larreta.

A través de una carta presentada al Presidente Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora ex funcionaria dijo -según publica Infobae– que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En el texto, Gómez Alcorta se manifiesta de manera crítica por “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”, ya que “constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”. Y si asegura que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo “responsabilidad directa” en las instrucciones del desalojo, “la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional”.

“En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, sostiene en la carta.

La periodista comentó en diálogo FM La Petrolera 89.3 MHz, la tremenda tensión que se vive en el lugar: “Entre las 3 y 5 de la mañana de hoy comenzó un procedimiento de desalojo en Villa Mascardi, esta zona, desde el 2017, es una zona de conflicto. El ministro Aníbal Fernández confirmó este operativo y desde ya tempranito las fuerzas ya empezaron con el operativo hacia el tema de la usurpación”.

Además, explicó que en el territorio hay 200 agentes y que por el momento, aproximadamente, hay 8 detenidos.

Ruta Nacional N°40

“En este momento se encuentra cortada, no nos dejan avanzar incluso acá al lado mio hay transporte de pasajeros, camiones… en realidad, dejan pasar muy pocas personas que quizás están viniendo de la provincia del Chubut para acá, pero muy pocas personas por todo este operativo. Imagínense que hay como 250 agentes de la PSA, Gendarmería, Prefectura, hubo incluso gases en el lugar y por eso no nos están dejando acceder al lugar”, sostuvo

Ataque a prensa

Durante las últimas horas, se dio a conocer que manifestantes mapuches agredieron con piedras a los periodistas que se acercaron al lugar.

“No lo puedo contar fehacientemente sino que me lo ha contado una fuerte de adentro del lugar donde también esta trabajando colegas y es verdad. Se escucharon gritos, incluso tuvo que entrar prefectura con escudos por el tema de las piedras. Se vivió y se vive momentos bastantes tensionantes”, sostuvo la periodista de la zona.

Sobre los vecinos, que pidieron medidas urgentes para sacar a los usurpadores, Chiarandini expresó: “Un vecino, Frutos, nos ha relatado en distintas circunstancias que se ha complicado muchísimo la situación, los vecinos viven con miedo. Toda la vecindad de Villa Mascardi vive estos momentos desde el 2017”.

Además, “te cuento, hay otro asentamiento que justamente ellos decían que ellos eran mapuches y que los mapuches cuidaban, no destruían. Un mismo asentamiento que esta ahí hace años, preocupados por la situación. Es como vos decías, estos seudomapuches, ellos se hacen llamar mapuches, la justicia dirá quiénes son’’, concluyó.

LA NACION. – La puesta en marcha de un operativo de seguridad esta mañana elevó la tensión una vez más en la zona de Villa Mascardi y María Nahuel, la representante mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu, con presencia en la zona, envió una dura advertencia a las autoridades ante el desalojo. “Por más que nos saquen vamos a volver”, sostuvo Nahuel, quien ya responsabilizó por cualquier cosa que pueda ocurrir en esa zona de Río Negro a la gobernadora Arabela Carreras y sostuvo: “Que el Estado argentino vea que voy a hacer justicia si me llegan a desaparecer a alguien o si llega a morir un bebé”.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron esta mañana al predio del exhotel Mascardi, que pertenece a Parques Nacionales y que está ocupado desde 2017 por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Allí detuvieron a tres mujeres, entre ellas la “machi”, una jefa del lugar. “A las 7.40 la machi me avisaba que estaban a los tiros y me dijo: ‘Están acá en la puerta’. En su casa, que es lo que está en juicio con Parques Nacionales. Creo que ya la machi está detenida con su bebé de cuatro meses, tiene un nene de tres años. Estaban rodeadas las casas de cada familia”, afirmó sobre esa situación Nahuel, quien llamó a los mapuches “a que se manifiesten” dada esta situación. “Hoy han tocado nuestra machi”, se quejó. En esa zona, y en el marco del operativo, actúa la defensora de menores.

“Prefectura está de vuelta en el lugar, son todos asesinos, mataron hace más de cinco años a Rafael Nahuel y seguro quieren ir a matar a otro. Cualquier cosa yo hago culpable a la gobernadora Arabela Carreras, antimapuche racista, que se va a besuquear con nuestra gente en el campo humilde, con nuestra gente que no tiene nada”, aseveró la representante de la comunidad, que es tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado al ser baleado por la espalda en un operativo del grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017.

En esa misma línea, María Nahuel continuó con su fuerte mensaje sobre el desalojo de esta mañana: “Hay niños, hay una mujer embarazada que está por tener y que sufre presión alta, que tiene que hacer su cesárea y tenía que venir a internarse. Si ella llegara a perder su bebé o le pasa algo, el Estado siempre es el asesino, no nosotros. Nosotros no tenemos armas”.

Dado a las usurpaciones de propiedades en Villa Mascardi, se registró desde hoy a la mañana un operativo de Gendarmería en aquel sector de Río Negro, según publica La Nación.

En la zona crece la tensión debido a que posiblemente se derive a un incipiente desalojo de grupos mapuches que están activos en la zona y que serían los que ocuparon las tierras privadas.

La comunidad que estaría en la zona es Lof Lafken Winkul Mapu. Los rumores de los días previos sobre un posible desalojo en la zona se aplacaron hoy luego de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 637-22 del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece la creación del Comando Unificado de Seguridad.

Ayer, un avión Hércules y un Fokker arribaron a esta ciudad con pertrechos de seguridad y policías de fuerzas federales. Antes de las 7 de la mañana, a través de un operativo, ya habían cortado la ruta 40 en el km.

Y alrededor de las 8, efectivos de la Policía Federal ingresaron al predio del ex Hotel Mascardi, perteneciente a Parques Nacionales y ocupado desde 2017 por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Silvina Domínguez, jueza federal, se encuentra en el lugar. Actualmente hay tres mujeres detenidas, entre ellas, la «machi», la jefa del lugar. Igualmente, actúa la defensora de menores.

No se confirmó aún si las fuerzas federales ejecutarán el desalojo de los predios tomados. Entre las múltiples causas abiertas en la zona de Mascardi, existe una orden de desalojo pendiente, que es la del Obispado de San Isidro, ocupado en abril de 2020.

En octubre de ese año, a pesar de que el juez de garantías Juan Martín Arroyo había ordenado la restitución del lugar, a través de un comunicado firmado por el vicario general de la diócesis, presbítero Mariano Caracciolo, el obispado de San Isidro pidió a las autoridades que se postergue el desalojo.

Al parecer, según comentaron algunos abogados, esa orden podría requerirse y ejecutarse en cualquier momento. Tambien, la primera orden de desalojo que se dictó cuando comenzó el conflicto hace 5 años -por la causa de usurpación en el ex Hotel Mascardi- quedó pendiente de ejecución.

La sede operativa del Comando Unificado de Seguridad en Villa Mascardi -conformado por la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria- se estableció en Bariloche.

En este marco, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue cauto y se limitó a decir que deben “regularizar esa situación porque no es la correcta”. También confirmó la creación de un comando unificado en esa región del país, algo que fue oficializado hoy a través de una publicación en el Boletín Oficial.

“Nosotros vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que entendemos es que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, afirmó esta mañana Fernández a TN.

“Estamos haciendo algunos movimientos”, indicó por su parte el titular de Seguridad nacional.

Esta mañana el Gobierno informó la creación del Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, a través de la Resolución 637/2022 publicada en el Boletín Oficial.

Estará destinado “a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en esa localidad y, en su rol de auxiliar de la Justicia y bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, va a prestar “colaboración en las dirigencias que pudieran disponerse judicialmente, a efectos del aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”.

Este comando estará conformado por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); y tendrá sede operativa en Bariloche, a aproximadamente 11 kilómetros de Villa Mascardi.

“Se disolverá cuando lo determine su coordinación”, indicaron en la resolución y agregaron que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, desde donde se conducirán los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo.

La titular de esa secretaría, Mercedes La Gioiosa, será quien designe la nómina de abogados que cumplirán la función de enlace con las autoridades judiciales de turno y con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), de acuerdo a lo que establece la decisión oficial.

El Gobierno Nacional, igualmente, instruye a la ministra de Justicia y Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, que designe un representante de los cuerpos policiales para integrar el comando, y convoca al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Bariloche para que nombre a sus funcionarios de enlace.

Luego de que ayer se supiera que los mapuches reclutan gente para ocupar todas las propiedades que mantienen ocupadas en Villa Mascardi, la Gobernadora Carreras admitió -según publica Infobae– que “la frecuencia y virulencia de los ataques es mayor” respecto a los primeros ataques, y por ello se encuentra en constante diálogo con el Gobierno Nacional para encontrar una solución en el corto plazo.

“Estamos trabajando muy firmemente para que el Estado Nacional protagonice la seguridad en la zona”, aseguró hoy Carreras, durante una entrevista.

Frente a este escenario adverso, ayer el Gobierno anuncio el inminente armado de un comando con las cuatro fuerzas de seguridad para controlar los ataques. Al respecto de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Carreras calificó al ministro Aníbal Fernández como “un interlocutor de alta escucha”, pero al mismo tiempo reiteró la importancia de que “se materialice” la conformación de un comando integrado por las distintas fuerzas federales. Según comunicaron desde la cartera de Seguridad, el bloque estará conformado por miembros de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Carreras destacó el compromiso de Gendarmería Nacional -cuatro días atrás incendiaron un puesto móvil en Villa Mascardi- ante los constantes ataques mapuches, aunque lamentó: “Hay actores de la política que no son claros en su accionar”. Con estas declaraciones, la mandataria provincial hizo referencia a Magdalena Odarda, ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y a Luis Pilquiman, su sucesor en el cargo luego de que fuera removida por el Presidente Alberto Fernández.

“Odarda tenía un discurso muy contrario a lo que esperamos sea la solución del problema”, dijo sobre la ex senadora nacional. Y sobre Pilquiman, recordó: “El funcionario a cargo del INAI fue detenido por la Policía trasladando personas y mercadería a la toma”.

Por último, la Gobernadora Carreras pidió “que no se permitan expresiones ambiguas sobre la integridad territorial de la Patagonia”. Y concluyó: “Detrás de estas situaciones hay una hipótesis de pérdida de soberanía que no es admisible”.

Actualmente, la autodenominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu ocupa seis estructuras edilicias en Villa Mascardi, además de los dos lotes pertenecientes a Parques Nacionales. Sin embargo, se les dificulta la logística para mantener presencia en todos los predios a la vez.

El grupo está conformado por unas ”20 personas”, según afirmó hoy Carreras, y varios menores de edad quienes, a través de prácticas violentas, vandaliza propiedades, vehículos y estructuras edilicias, públicas y privadas, sin distinción.

El grupo es comandado por los hermanos Colhuan, quienes ya fueron imputados por algunas de las usurpaciones que protagonizaron desde 2017. Uno de los integrantes de la banda es Matías Daniel Santana, el mapuche de los binoculares que aseguró haber visto cuando agentes de Gendarmería Nacional se llevaban a Santiago Maldonado. Poco después fue imputado por falso testimonio, ya que sus dichos no eran más que un invento.

En una de las dos últimas viviendas que usurparon esta semana, Los Radales, colocaron una barricada en el ingreso, la casilla de Gendarmería Nacional que incendiaron el domingo a la noche y mantienen de forma permanente una fogata en una chimenea situada en el interior de la estructura, pero no hay presencia de mapuches.

Con piedras, palos e incluso disparos -de acuerdo a lo que afirmaron vecinos de la zona-, los agresores sorprendieron a los cinco uniformados que estaban en el puesto móvil, quienes tuvieron que retirarse para no resultar heridos -según publica Infobae-.

De acuerdo a lo que expresaron los pobladores del paraje ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, se produjo un enfrentamiento entre integrantes de la Agrupación Winkul Lafken Mapu, que desde 2017 usurpa tierras públicas y privadas de la zona, e integrantes de la fuerza de seguridad.

Fuentes de la Justicia Federal se limitaron a confirmar que “no hubo heridos”. Por pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, Gendarmería Nacional custodiaba – desde hace dos semanas – una propiedad privada, lindera a la ocupación mapuche, que fue destruida por integrantes de la misma agrupación.

La casilla incendiada estaba dentro de la propiedad. Los encapuchados la rodearon y arrojaron líquido combustible para provocar el incendio e hicieron lo propio con un galpón situado en la misma propiedad.

Luis Dates, propietario del predio, confirmó: “Mis vecinos escucharon disparos, hubo un enfrentamiento, no quedan dudas sobre quiénes son los autores de este y otros 20 incendios que hubo en la zona”.

La Corte Suprema de Chile rechazó el recurso de amparo que había presentado la defensa de Facundo Jones Huala y el activista mapuche deberá volver a la cárcel de Temuco y cumplir el total de su condena en un penal chileno.

En un escrito firmado este martes en Santiago, los jueces de la Corte revocaron «la sentencia apelada de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco» que había permitido la salida de Jones Huala de esa cárcel en libertad condicional.

Entre los argumentos del fallo, firmado por cinco jueces -uno de ellos en disidencia- de una de las salas que componen el tribunal de veinte miembros, se sostiene que la condición de miembro de un pueblo originario no es suficiente para aliviar la pena en el tipo de delito por el que se lo juzgó a Jones Huala. El argentino fue condenado a la pena de 6 años de prisión en diciembre de 2018 por haber incendiado una vivienda en 2013 y a otros tres años por portación ilegal de un arma de fuego (de fabricación casera). Esa pena termina el 26 de junio de 2024.

El 21 de enero, la Justicia chilena le concedió a Jones Huala un pedido de amparo que habían presentado sus abogadas en Chile, argumentando que una medida de la Gendarmería de ese país mostraba que Jones Huala cumplía las condiciones para poder salir del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde estaba preso. Con ese amparo, Jones Huala salió en libertad condicional.

La decisión de la Corte Suprema de Chile revierte ese fallo, y en consecuencia también el proceso que había iniciado su defensa para que Jones Huala pudiera cumplir en la Argentina su condena en libertad condicional hasta 2024.

En octubre del año pasado, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue muy criticado, incluso por funcionarios argentinos, por haber participado en persona en una de las audiencias ante la Comisión de Libertad Condicional en las que se pedía que Jones Huala pudiera salir de prisión. En esa audiencia específica en la que participó Bielsa, la Comisión le negó a Jones Huala el acceso a la libertad condicional, argumentando, entre otras cuestiones, que el condenado no ha hecho un proceso de aceptación del delito que cometió y que no avanzó en su proceso de «reinserción social».

lmneuquen – Desde las 6 de la mañana, comunidades mapuche realizan seis bloqueos simultáneos a yacimientos petroleros de Vaca Muerta en reclamo de la realización del relevamiento territorial. Las medidas se realizan en Fortín de Piedra, Loma La Lata, La Calera y Rincón de los Sauces.

La protesta afectan obras de infraestructura que hay marcha en las aéreas. En el caso de Fortín de Piedra, se debieron parar y poner en condición segura dos sets de fractura (uno de Halliburton y uno de Tenaris) y un equipo de coiled tubing al no poder realizarse los relevos de los turnos del personal.

Desde la Confederación Mapuche explicaron que se busca «llamar la atención de la sociedad, de la industria hidrocarburífera, de las autoridades judiciales y en especial un llamado al gobierno de Neuquén ante el incumplimiento de lo comprometido en Convenio firmado el 15 de octubre del año pasado» entre autoridades de Provincia y de Nación para poner en marcha la ejecución del relevamiento en 10 días.

«Han transcurrido tres meses y medio sin una mínima comunicación ni acción, a pesar de las comunicaciones desde los Consejos Zonales y el reiterado pedido del INAI para conformar el Equipo Técnico Operativo (ETO) y dar inicio al urgente relevamiento», denunció la Confederación.

Y aseguró que «el relevamiento territorial es un principio de solución para los numerosos conflictos territoriales que el permanente actuar ilegal del gobierno provincial ha causado por entregar títulos y concesiones en territorio mapuce».

La Confederación indicó que Nación días atrás informó a las comunidades que ya está hecho el depósito del dinero necesario para comenzar con las tareas.

«La semana pasada las autoridades de los seis consejos zonales de la Confederación Mapuce intimaron al gobierno de la provincia de Neuquén ante el incumplimiento del convenio. Hasta el momento no han contestado», indicó.

Las comunidades informaron que seguirán con los bloqueos hasta que el gobierno de Neuquén y el fiscal José Gerez, que ofició de mediador en el acuerdo firmado el 15 de octubre pasado, fijen fecha y hora de la conformación del equipo técnico que relevará los territorios.

La Justicia le otorgó la libertad condicional a Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche. Estaba en la cárcel de Temuco, Chile.

Había sido condenado el 21 de diciembre de 2018 a nueve años de prisión por haber participado en 2013 del incendio de una propiedad.

Fuente: TN

El Gobierno prorrogó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la suspensión de desalojos a comunidades indígenas. Vencía el 23 de noviembre y regirá hasta esa misma fecha por otros cuatro años, hasta 2025.

La extensión de la medida se produce en medio de un fuerte conflicto con un sector de la comunidad mapuche en Río Negro por la toma de tierras, que incluye hechos de violencia y denuncias por terrorismo de parte de la gobernación a cargo de Arabela Carreras.

Qué dice el DNU que prorroga la suspensión de desalojos a comunidades indígenas

El DNU 805/2021 prorrogó la Ley Nº 26.160, que declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de cuatro años”. Está firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros.

El texto establece que “mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025″.

Incluye un plazo de relevamiento de las áreas de ocupación de las comunidades indígenas. El DNU menciona: “En la actual gestión del Gobierno Nacional, a pesar de la pandemia, “se han culminado 73 relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron 7 convenios interjurisdiccionales” con Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.

El conflicto con los mapuches en Río Negro: ataques y denuncias por terrorismo

La prórroga del DNU que suspende desalojos a comunidades indígenas fue en medio de la tensión y el conflicto con sector de los mapuches en Río Negro, con múltiples ataques y denuncias de terrorismo que hizo la gobernación.

Uno de los últimos ataques en la provincia patagónica fue cerca de un mes atrás en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, que terminó destruido por las llamas.

Cerca de ese lugar la policía encontró panfletos con mensajes contra la gobernadora, el intendente Bruno Pogliano, el empresario británico Joe Lewis y la familia Benetton.

Carreras confirmó que se trató de un incendio intencional y que hicieron una nueva denuncia ante la justicia federal. Escribió en Twitter: “No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones”.

El DNU que prorroga la suspensión de desalojos a comunidades indígenas

Fuente: TN