La semana pasada, de forma semipresencial, se llevó adelante la audiencia de cesura o imposición de pena en el juicio por lesiones leves agravadas y amenazas a Lorena Paredes que tiene como declarado responsable a Luis Vidal.

La fiscal solicitó en ese momento, en base a las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, la pena de 3 años y 6 meses de prisión para Vidal; en tanto que la defensa pidió un año de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, tratamiento psicológico y prohibición de acercamiento con tobillera electrónica.

Finalmente el juez integrante del tribunal pasó a deliberar y fijó fecha para hoy martes 22 de junio, en horas del mediodía, para dar a conocer su veredicto de pena, que finalmente fue de tres años y tres meses de prisión efectiva.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Vidal fue ejercida por Ivo Di Taranto y Lilian Borquez, defensores públicos.

El veredicto

El mediodía del presente martes el juez penal Miguel Caviglia resolvió condenar a Luis Vidal a la pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. En la pasada audiencia de cesura de pena la fiscal solicitó, en base a las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, la pena de 3 años y 6 meses de prisión para Vidal; en tanto que la defensa un año de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, tratamiento psicológico y prohibición de acercamiento con tobillera electrónica.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Vidal fue ejercida por Ivo Di Taranto y Lilian Borquez, defensores públicos.

La fiscal en su alegato de pena recordó que ya Vidal fue declarado autor penalmente responsable por el delito de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género, y amenazas”. Se debe considerar la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad para establecer la pena dentro de una escala penal de 6 meses a 4 años de prisión. Debemos tener en cuenta la intensidad o gravedad del injusto, como la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla. Éste fue un hecho de violencia extrema, un hecho brutal, que si bien fue catalogado como lesiones leves hubo una sucesión de golpes con distintos medios y esto debe ser considerado como agravante de la pena, agregó la fiscal Blanco. También se debe considerar la violencia psicológica ejercida como las amenazas con prenderla fuego, sabiendo del miedo de la víctima al fuego. El doble agravante del delito, de la relación de pareja y el contexto de violencia de género, nos permite alejarnos del mínimo de la escala penal. El daño psicológico en la víctima, al día de hoy casi tres años después del hecho, no ha sido superado, esto también debe ser considerado como agravante; como también la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir. “Nada justifica el ataque que sufrió Paredes en ese momento”. Como único atenuante la fiscal consideró la falta de antecedentes penales de Vidal. En función de todo esto solicitó la pena de 3 años y 6 meses de prisión para el imputado.

Por su parte los defensores expresaron que es distinta la escala penal que maneja la defensa, de seis meses a dos años de prisión, en virtud del concurso de los delitos. “No hubo explicación de porqué se cambia de criterio respecto del concurso de delitos, de real a ideal, desde el alegato de apertura al alegato de clausura. Esto afecta el principio del derecho a defensa en juicio” argumentaron los defensores. En igual sentido argumentaron que “el fin de la pena es la resocialización” de la persona, y “no un castigo”. Se debe tener en cuenta el comportamiento posterior de su asistido ya que no existe ningún incumplimiento”, concluyeron los defensores. Por lo cual pidieron “un año de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, tratamiento psicológico y prohibición de acercamiento con tobillera electrónica” para Vidal.

Tras un voto dividido, el tribunal de juicio declaró culpable de abuso sexual con acceso carnal contra una menor a Darío Gustavo Aleuy, hijo del exintendente de Trevelin, Omar Aleuy. El hecho ocurrió el 6 de octubre del 2019, cuando él tenía 38 años y la menor, 17.

Los jueces Jorge Novarino y Fernanda Révori votaron a favor de declararlo culpable, mientras Jorge Criado lo hizo en disidencia, postulando la absolución por el beneficio de la duda. El próximo martes se realizará el debate por la pena.

Novarino explicó que el voto mayoritario encontró probado, en lo sustancial el caso postulado por la fiscal María Bottini. Sostuvo que se comprobó la ingesta alcohólica de la joven a partir del aporte de los testigos, “aunque nadie supiera con precisión cuánto bebió”.

El juez también repasó las declaraciones que dan cuenta de intoxicación alcohólica y se refirió al relato de la víctima en torno a sus recuerdos, como el hecho de manifestar que no quería ir a la casa del imputado. Luego se produce un lapso que no recuerda, hasta el momento en que se encuentra sin ropa en la cama del imputado.

El juez indicó que pese a que varios testigos vieron una conducta cariñosa entre ella y Aleuy en el bar, “ninguna de esas conductas puede ni debe ser tenida como un consentimiento para tener un encuentro sexual, menos aún su primer encuentro sexual”.

El relato de la joven presenta coherencia según las pericias psicológicas. “Es creíble, no fabulado y no se detectó interés en causar un perjuicio”, se indicó.

“El consentimiento debe ser claro, libre e inequívoco, nunca bajo ningún punto de vista puede presumirse”, expuso Novarino. “La joven mientras estuvo en pleno uso de sus facultades, o hasta donde ella recuerda, afirmó no querer ir a la casa de Aleuy”, añadió indicando que el imputado dijo que ella dudaba.

“Aun dándole la derecha en que la joven hubiera en algún punto dado un consentimiento esa noche, en atención al estado de intoxicación alcohólica comprobado, del que tenía conocimiento el imputado, ese consentimiento habría estado condicionado”, concluyó.

Este martes, poco después del mediodía, Marco Antonio Lasserre fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su pareja Laura Silvana Rivero y su hijo de 6 años, a quienes mató a puñaladas hace casi dos años en una casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Esta mañana, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Lomas de Zamora lo condenaron por los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y alevosía, en perjuicio de Rivero y homicidio agravado por alevosía, respecto al hijo de ella, Thiago Castro.

Tras el veredicto, dictado a través de una videoconferencia, sus familiares gritaron “¡Laura Rivero presente! ¡Thiago Castro presente!”. “Estamos muy conformes y satisfechos con la sentencia. Se hizo justicia y ahora mi hermana y mi sobrino podrán descansar en paz”, dijo Lorena Rivero, hermana y tía de las víctimas respectivamente, quien se mostró “muy agradecida” con el fiscal de juicio Andrés Procopio y con la fiscal Marcela Juan, quien fue quien lo detuvo

“Sentí como un alivio, pero a la vez mucha angustia. Sentí felicidad y tranquilidad. Tuve escalofríos como si mi mamá estuviera al lado mío. Se me vinieron las caras de ellos a la mente, la risa de Thiago. La verdad, fue un momento muy duro pero mis angelitos descansan en paz”, expresó en diálogo con el diario Info Región Sofía, la hija mayor de Laura, que estaba embarazada de dos meses cuando su madre y su hermana fueron asesinados.

Lasserre, de 42 años, llevaba cuatro meses en pareja con su víctima, que ya le había manifestado a su familia que tenía pensado separarse, cuando, en la madrugada del 3 de abril de 2019, se trenzó en una fuerte discusión con ella, que había ido junto al menor de sus hijos a cenar a su casa en la calle Federico García Lorca al 100 en el barrio de Parque Barón.

Mientras Laura y Thiago agonizaban, Lasserre pidió ayuda a los gritos a la familia que vivía en la casa donde él alquilaba una habitación. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, los miembros de esa familia se encontraron con los cuerpos de la mujer y el menor en medio de un gran charco de sangre y entre restos de botellas de bebidas alcohólicas. A sus vecinos, el hombre no solo no los dejó salir, sino que los mantuvo como rehenes durante 40 minutos, en los que los amenazó de muerte también.

“Ya maté a dos y puedo matarlos a todos ustedes”, les dijo. Después Lasserre se dirigió a bordo de la camioneta Renault Express blanca de sus vecinos a la casa donde vivía Laura y, a pocos metros del lugar, en la calle Schafino al 400, perdió el control del vehículo y chocó violentamente contra un árbol, en el que la camioneta quedó incrustada. Lasserre, de nacionalidad uruguaya, en ese momento empleado como vigilador privado, fue trasladado a un hospital y detenido esa misma tarde.

El pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, integrado por los jueces Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Alejandro Defranco, confirmó este lunes por unanimidad, en todos sus términos, las sentencias de primer y segundo grado en contra de Rodrigo Nieves, por el homicidio del mecánico Jorge Olivera acontecido el 3 de enero  de 2019 en Comodoro.

La causa tenía “doble conforme”, es decir la sentencia condenatoria del tribunal de grado, y la confirmación de dicha sentencia por la Cámara en lo Penal local. Rodrigo Nieves fue condenado por el tribunal de juicio a la pena de 14 años de prisión al haber sido declarado penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en perjuicio de Jorge Olivera; y luego los jueces de Cámara resolvieron confirmar parcialmente la sentencia condenatoria de primer grado, readecuando la pena en 11 años de prisión.

En su fallo, los jueces del STJ se refirieron a la autopsia realizada por la forense Eliana Bévolo, que concluyó que la muerte de Olivera fue producto de una herida de arma de fuego en el cráneo, sin orificio de salida. Respecto de la autoría del homicidio, se valoraron las declaraciones de dos testigos presenciales del hecho que pudieron observar el rostro del autor de los disparos. “Otro de los indicios que se tuvo en cuenta fue las amenazas previas que recibió la víctima por parte del menor de la familia Nieves, circunstancia que la había contado el propio Olivera”, sostuvieron. Luego se practicaron ruedas de reconocimiento de personas, las que dieron positivo para Nieves.

Según detalló este martes el Ministerio Público Fiscal, respecto del encuadramiento legal en uno de los votos los jueces expresaron que concordaban “con la calificación, legal que estableció el, Tribunal de mérito y, luego, confirmó la Cámara en lo Penal. Rodrigo César Pedro Nieves fue el ejecutor de los disparos que impactaron sobre la humanidad de Jorge Feliciano Olivera, provocándole su muerte. La acción descripta encuadra perfectamente eh la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

En cuanto al monto de “la pena impuesta, respeta el rango previsto por el Código de fondo para el delito enrostrado”, concluyeron.

El Hecho

El homicidio ocurrió el 3 de enero de 2.019, siendo las 20.00 hs aproximadamente, cuando Jorge Feliciano Olivera se encontraba en el taller mecánico de la calle San Martín, intersección con la calle Las Rosas de esta ciudad, junto a su hermano, otra persona y un cliente. En ese momento arribó al lugar Rodrigo Pedro Cesar Nieves, a bordo de un Peugeot 206, frenó afuera del taller, extrajo un arma de fuego por la ventana del conductor y con claras intenciones de dar muerte a Olivera realizó al menos tres disparos hacia el interior del predio.

Como consecuencia del ataque armado efectuado por Nieves, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Jorge Feliciano Olivera, provocando su muerte el día 6 de enero de 2019, a las 03.30 hs., siendo la causa eficiente de muerte por “traumatismo contuso penetrante en cráneo producido por herida de arma de fuego”. 

Es la condena que se le impuso a Elías Sandoval, quien fue declarado penalmente responsable por el asalto cometido el 2 de diciembre de 2018 a un drugstore ubicado en la avenida Kennedy. Su cómplica Axel Soriani ya había recibido una pena de 6 años y 8 meses de prisión en un juicio abreviado.

El jueves se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia de cesura o imposición de pena en el debate por el robo agravado a un drugstore de la avenida Kennedy, ocurrido el 2 de diciembre de 2018, recuerda El Patagónico.

En la causa fue llevado a juicio Elías Sandoval a quien se le impuso una condena de cuatro años y seis meses de prisión. La fiscal solicitó que hasta que la sentencia quede firme se mantenga la prisión preventiva del imputado sobre la base de la pena impuesta y el peligro de fuga existente.

El tribunal declaró la responsabilidad penal de Sandoval bajo la calificación jurídica de “robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada” en calidad de “coautor”. El coimputado en la causa, Axel Soriani, había sido condenado previamente, mediante juicio abreviado, a la pena de 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

En el caso de Sandoval, la fiscal Verona Dagotto sostuvo que la escala penal por el delito en que se lo declaró responsable va de 3 a 10 años de prisión. Se refirió a la naturaleza de la acción, la intimidación de las víctimas, la sustracción de elementos. Como agravante se refirió a la violencia ejercida para cometer el hecho y amenazas con un arma de fuego. Asimismo, se refirió al medio empleado y al grado de madurez que tenía Sandoval al momento de cometer el delito. A la vez, la acusadora pública se refirió a los antecedentes penales que pesan sobre él desde 2017 mediante un juicio abreviado, por tres causas, por delitos contra la propiedad. Por esto la fiscal solicitó la pena de 6 años y 8 meses de prisión para Sandoval.

El defensor, en cambio, propició que se le imponga el mínimo de la pena para el delito por el cual se lo declaró responsable. “La pena debe ser según la Constitución para la seguridad y no para el castigo. Debe servir para la reforma y readaptación de las conductas. No se puede renunciar al principio de humanidad de la pena y de igualdad en función del hecho”, argumentó el defensor. Consideró así que se le debía imponer a Sandoval tres años de prisión.

Finalmente, este viernes al mediodía el tribunal, luego de deliberar, dio a conocer su veredicto de pena y le impuso 4 años y 6 meses de prisión.

El tribunal de debate estuvo integrado por los jueces penales Mariano Nicosia, Alejandro Soñis y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

El tribunal de juicio, integrado por los Dres. Marcelo Orlando, Marcela Pérez y Gustavo Castro, condenó a Juan Luis Ale a una pena de 8 años de prisión por los delitos sexuales cometidos en perjuicio de dos menores.

Ale fue condenado como autor material de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de las hijas de su ex pareja.

Los hechos ocurrieron entre 1998 y 2001, en Puerto Madryn.

En su fallo, el tribunal rechazó por improcedente el planteo de prescripción efectuado por la defensa del acusado y puso énfasis en la valoración, no solo del testimonio de las víctimas, sino también de los distintos informes periciales respecto al daño sufrido por ambas hermanas abusadas.

En ese sentido, señalan en el fallo que es relevante considerar la proporcionalidad entre la magnitud de la pena y el daño sufrido por las víctimas, teniendo en cuenta la índole del delito y la afectación psicológica que en consecuencia genera.

“Luego de tantos años, el abuso sufrido en la infancia ha impactado en su vida de tal manera, que ha impedido el desarrollo pleno de sus capacidades e intereses”, sostuvo uno de los magistrados, en tanto que se deja constancia que ambas víctimas en su relato dieron cuenta “de cómo continuaron sus vidas, luego de los episodios sufridos y las consecuencias que les trajeron aparejadas, como ser; inestabilidad emocional, problemas psicológicos y psiquiátricos” en uno de los casos, además de enumerar situaciones de rebeldía, dificultades para estudiar, de relación con sus parejas, entre otros.

Los magistrados expresan en su resolución que también se ha atendido a la importancia de la relación que existía entre víctimas y victimarios. En ese punto, entienden que el caso se agrava “no sólo en virtud de la relación de confianza entre el autor y las víctimas, sino especialmente por la mayor indefensión en que quedaron colocadas las víctimas , que no pudieron defenderse ni adoptar ningún tipo de precaución, puesto que de ninguna manera se pudieron imaginar que la pareja de su madre, iba a realizar los hechos que finalmente realizó”, dice el fallo y remarca que “la relación asimétrica existente donde el adulto tiene el poder y por momentos resulta su agresor sexual, se combina con el lazo afectivo entre ambos, construido en el vínculo de convivencia”.

Sobre las condiciones personales de Ale, los magistrados argumentaron que “tenía educación y formación conforme la carrera que debió cumplimentar, no solo en cuanto a conocimientos sino de valores en pos del bien común”.

“Se trata de una persona con el aplomo que la edad y la formación le proveyeron, lo que demuestra que contaba con margen de autodeterminación para obrar de modo distinto al que lo hizo, en perjuicio de las hijas menores de su pareja.Ello he de ponderarlo como un agravante”, señala uno de los jueces en su voto.

Jorge Olivera fue baleado el 3 de enero de 2019 cuando estaba en su taller mecánico. Rodrigo Pedro Cesar Nieves es el único imputado. El pasado jueves se realizó la jornada de alegatos y el  viernes el Tribunal dictaminó su responsabilidad penal sobre el homicidio, conociéndose este lunes la pena dispuesta: 14 años de prisión.

Rodrigo Nieves es penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El hecho que se le imputa sucedió el 3 de enero de 2019 a las 20 hs aproximadamente, cuando Jorge Feliciano Olivera se encontraba en el taller mecánico sito en calle San Martín, intersección Las Rosas, junto a su hermano, otra persona y un cliente. Hasta el lugar arribó Rodrigo Pedro Cesar Nieves a bordo del rodado marca Peugeot 206, frenó afuera del taller, extrajo un arma de fuego por la ventana del conductor y con claras intenciones de dar muerte a Olivera realizó al menos tres disparos hacia el interior del predio.

Como consecuencia del ataque armado efectuado por Nieves, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Jorge Feliciano Olivera, provocando su fallecimiento el día 6 de enero de 2019, a las 03.30 hs., siendo la causa eficiente de muerte por “traumatismo contuso penetrante en cráneo producido por herida de arma de fuego”.

Fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso e inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años y medio. La Jueza Eva Parcio adelantó el veredicto, en tanto que el próximo 16 de octubre a través de una videoconferencia se dará a conocer el fallo completo.

Este viernes terminó el juicio contra el médico legista por la divulgación de fotos del cuerpo de Santiago Maldonado. Se trata de Werther Aguiar, quien fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años y medio.

Según detalló EQS Notas, la Jueza Eva Parcio adelantó el veredicto, en tanto que el próximo 16 de octubre a través de una videoconferencia se dará a conocer el fallo completo.

Tampoco hizo lugar a los planteos de nulidad e inconstitucionalidad interpuestos por la defensa.

«Me declaro absolutamente inocente. Yo no divulgué las fotos de la pericia», había manifestado el médico en su declaración.

Hoy en los Tribunales de Trelew se realizó el debate de la pena contra Carlos Archie Phillips, quien fue declarado culpable del femicidio doblemente agravado de Evelyn Lehr. El tribunal de enjuiciamiento resolvió que el 30 de septiembre a las 12 del mediodía dará a conocer la sentencia definitiva que le cabe al acusado.

En ese marco, Maza trazó esta mañana un balance de la actuación defensa planteó anticonstitucionalidad de la prisión perpetua: “era previsible un planteo de esta naturaleza, respondimos a todas las cuestiones que trajeron a discusión en colación a eso. A los 35 años se podría pedir la libertad condicional, como lo marca el Art. 13 del Código Penal; y una vez cumplidos cinco años de libertad condicional, la pena quedaría extinguida”, explicó.

Y agregó en declaraciones reproducidas hoy por FM La Petrolera 89.3 MHz que “lo de los 50 años del monto punitivo, es una interpretación antojadiza que hizo la defensa en relación a otra discusión, dada en función de las reglas del concurso, algo que ya ha sido desechado”.

Considerando lo contundente del fallo del viernes y por qué el tribunal se tomará los cinco días para dar la cesura de pena, indicó que “es porque la deliberación de los jueces discute la culpabilidad o inocencia de una persona, haciendo un análisis de la prueba en función de lo producido en el juicio como para arribar a un veredicto de culpabilidad o inocencia, pero el desarrollo de los argumentos requiere más tiempo en el sentido de que cada uno de los jueces tiene que exponer y desarrollar cada una de las razones por las cuales toma la decisión que toma”.

“Si los jueces se mantienen en la calificación escogida por este MPF, de prisión perpetua, son mínimo 35 años. Si ellos acogen favorablemente la anticonstitucionalidad, ahí deberán evaluar cuál es la pena”, dijo Maza mientras que sobre si hay jurisprudencia en la provincia de un fallo así, recordó que hay un caso reciente en Comodoro.

El fiscal remarcó que “trabajamos muy bien, con mucho cuidado, tratando de no dejar cabos sueltos y eso se reflejó en el juicio. La sentencia al menos acompañó el veredicto de culpabilidad. Nosotros hacemos nuestro trabajo, reconocemos que ha sido un hecho de una crueldad y violencia inusitadas. No escapamos ni dejamos de ser sensibles a esta situación. Nos conmueve a todos y ni hablar a la familia”.

“Un hecho de estas características impacta en nuestro trabajo, sin embargo debemos poner el foco en ser muy prolijos, ir a fondo y evacuar todas las hipótesis en la investigación, que fue lo que hicimos, para llegar al juicio con un trabajo sólido”, concluyó.

Alberto Samid fue condenado a cuatro años de prisión efectiva al ser encontrado culpable de asociación ilícita. Otros tres acusados, entre ellos Alicia Samid, hermana del empresario, recibieron penas de hasta tres años en suspenso, mientras que otros cuatro juzgados fueron absueltos.

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que dará a conocer los fundamentos el próximo 26 de abril. Los jueces también determinaron que Samid se haga cargo de los 282 mil pesos que costó el operativo para repatriarlo desde Belice, donde se había fugado mientras era buscado por la justicia argentina.

En cuanto al pedido de la defensa de Samid para otorgarle la prisión domiciliaria, los magistrados postergaron la decisión, aunque sin precisar la fecha.

Horas antes, y al decir sus últimas palabras en el proceso, el empresario de la carne se quejó de las condiciones de detención y amenazó con suicidarse: «Si sigo encerrado así, me voy a cortar las venas», aseguró.

Samid afirmó que lo mantienen aislado en una habitación del Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza. «Si me siguen teniendo así, que me peguen un tiro por la espalda», agregó.

Finalmente esta tarde se conocerá el veredicto en el juicio a Alberto Samid, acusado de conformar una presunta asociación ilícita junto a otras siete personas. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 dará su resolución a las 16.30 horas en los tribunales de Comodoro Py.

Al decir sus últimas palabras en el proceso, el empresario cárnico se quejó de las condiciones de detención y amenazó con suicidarse. «Si sigo encerrado así, me voy a cortar las venas», sostuvo Samid, al tiempo que aseguró que está aislado en una habitación del Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza.

Samid está detenido en Ezeiza desde la semana pasada luego de ser expulsado de Belice, conde fue apresado tras estará prófugo de la justicia. El empresario dijo que desde entonces está aislado en una habitación del HPC sin contacto con otras personas y que solo le permiten salir 10 minutos para hablar por teléfono. «La única visita que tuve fueron cucarachas y hormigas de todos los colores», dijo Samid. Y agregó que no le permitieron a su familia entregar remedios y agua. «Una noche grité `remedios, remedios` y me contestaron `Remedios de Escalada queda en Matadores`», contó.

«Si me van a seguir teniendo así prefiero que me peguen un tiro por la espalada, total después la ministra lo justifica», dijo sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

José Michilini, presidente del Tribunal, le dijo a Samid que ya habían enviado un oficio al Servicio Penitenciario Federal para que se modifiquen las condiciones de detención ya que no está ni incomunicado ni aislado.

El tribunal tiene que resolver un pedido de prisión domiciliaria, sobre la que Samid hizo referencia. «Si me mandan a la cárcel con mis 71 años y mis problemas de salud más que a la cárcel me mandan a la Chacarita», señaló mientras lo escuchaban su hermana Alicia -también acusada y que salió de la sala llorando-, su esposa y sus hijos.

La audiencia comenzó con la decisión del Tribunal Oral de rechazar el pedido de prescripción que hicieron las defensas. Luego se hicieron las «dúplicas» y las últimas palabras de los acusados.

Samid también negó haber formado parte de una asociación ilícita. «En la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y la plata. Vivo en la misma casa hace 50 años, jamás tuve cuentas en el exterior ni blanquee plata», se defendió sentado en la segunda fila con una carpeta verde con anotaciones.

En el proceso se juzga una asociación ilícita a través de la cual evadían el impuesto al IVA en la comercialización de carne. La acusación por la evasión prescribió.

El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que Samid sea condenado a seis años y medio de prisión y que junto con el resto de los acusados paguen una multa de 23 millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante, pidió una condena de siete años. Las defensas solicitaron las absoluciones y apuestan a la prescripción de la causa.

Los jueces Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari darán el veredicto a las 16:30

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