“De reversa mami de reversa, igual en mi barrio a esto le decimos se cago en las patas osea…”, escribió Viviana Navarro en su cuenta de Twitter.

Días atrás la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había acusado al Gobierno nacional de haber solicitado sobornos a la farmacéutica Pfizer para que llegaran las vacunas a la Argentina.

Luego de que desde el propio laboratorio Pfizer salieran a desmentirla y que el presidente Alberto Fernández anunciara que iniciaría un juicio contra Patricia Bullrich por su falsa denuncia, la presidenta del PRO rompió el silencio y admitió su mentira en una charla con Luis Majul.

Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, primo de Mauricio Macri, debió presentarse como imputado en la causa donde se investigan coimas en el soterramiento del tren Sarmiento. Está acusado de irregularidades para conseguir el direccionamiento de esa licitación en la que el fiscal Franco Picardi determinó que se pagaron coimas y el juez Marcelo Martínez de Giorgi presume que podría ser cierto. El empresario presentó un escrito y no contestó preguntas. En el texto, le echó la culpa a la brasileña Odebrecht, que era nada menos que su socia en aquel mega-emprendimiento.  “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, dijo, aprovechando que esa empresa reconoció sobornos millonarios a raíz del caso Lava Jato en Brasil. “La obra del soterramiento no fue ilegal”, añadió. La fiscalía, sin embargo, ya había presentado pruebas concretas sobre pagos y ahora –por un reciente convenio con Brasil– se incorporarán las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht, donde surge que las coimas eran manejadas por su socia argentina. Cuando Calcaterra se presentó muy tranquilo en la causa de los cuadernos Gloria, que goza de mucha mayor espectacularidad que la del Sarmiento, se ofreció como imputado colaborador y pintó otra realidad, en un expediente donde sabía que no había demasiadas evidencias concretas más que fotocopias de las anotaciones del chofer. Dio la versión de que había aportado dinero para campañas del kirchnerismo, y que lo hizo bajo presión, como si fuera una víctima. Luego lo complicó Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, cuando lo incluyó a su empresa el Club de la obra pública y sus retornos, en un período que también abarca a sus dueños anteriores, los Macri.

Cuando declaró por los cuadernos, sabiendo evidentemente que volvería como si nada a su casa, Calcaterra buscaba evitar quedar comprometido por su ex subordinado en Iecsa Javier Sánchez Caballero, que estaba preso y tratando de convertirse en arrepentido para recuperar su libertad. Ambos terminaron unidos en la versión de los pagos para la campaña el lunes de la semana pasada. Sánchez Caballero, también está imputado en la causa del soterramiento, debe declarar en dos semanas, y en hay algunos elementos contundentes que incluso colaboran con desvirtuar el relato ofrecido en la causa de los cuadernos Gloria. Por ejemplo, existen e-mails secuestrados de la computadora del ex director de Odebrecht en Brasil Mauricio Couri Ribeiro, donde decía que sus tratativas para conseguir contratos en Argentina eran a través de la socia local y que Sánchez Caballero le pedía 20 millones de dólares. Lo que se detectó en esta investigación, según explicó en un dictamen el fiscal Picardi, es que efectivamente hubo pagos que se hicieron a una sociedad fantasma llamada Controles y Auditorías Especiales (CAESA), por auditorías inexistentes. Ese sello de goma era manejado por Manuel  Vázquez, que era mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Calcaterra alega que Iecsa asentó esos pagos en sus balances, pero para la fiscalía no es prueba de nada, sólo una posible forma de blanqueo, ya que dio por constatado que la sociedad en cuestión era una simple pantalla. Según la policía brasileña hubo coimas recibidas por CAESA llegaban a través de un circuito de empresas y sociedades offshore, lo que incluye a las firmas Pribont Corporation S.A y Klienfeld Services Ltd).

Otro tema que amaga con complicar la situación de Calcaterra, Sánchez Caballero y otros de los involucrados en el soterramiento, es que serán incorporadas al expediente las declaraciones que ofrecieron bajo la modalidad de delación premiada los ex ejecutivos de Odebrecht en Brasil. El acuerdo ya está firmado y ahora resta que cada fiscalía avance en su propio pacto con sus pares del país vecino. Para este caso, será clave la confesión de Luiz Antonio Mameri, quien dijo que las coimas eran manejadas por su socia argentina, o sea, Iecsa (aunque la unión de empresas adjudicatarias también incluía a la italiana Ghella y a española Comsa).  Picardi ya le pidió también a Bonadio las fotocopias de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación– para determinar si en ellos hay información útil para su investigación. Baratta y De Vido, están citados a indagatoria también por Martínez de Giorgi, igual que Jaime y empresarios de Ghella, Comsa y Odebrecht. Ya desfilaron otros, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, que se negó a declarar, y Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación, negó sobornos.  Los brasileños que fueron delatores en Brasil, con el nuevo acuerdo de cooperación con ese país, no podrán ser involucrados aquí.

Si bien ambas investigaciones aluden coimas en obra pública, la metodología elegida por los jueces y fiscales es bien distinta. En la causa del soterramiento nunca hubo detenidos aunque se ha producido prueba y hay llamados a indagatoria. Ni Martínez de Giorgi ni Picardi consideran que hay peligro de fuga o entorpecimiento de los ex funcionarios o de los empresarios. Un dictamen de Picardi aseguraba la existencia de un mecanismo de cartelización y tomaba como referencia la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, de que pagó en Argentina 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014. En la causa de los cuadernos hay detenidos que se espera que “canten”. El que dice algo que les interese al juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que apunte –por ejemplo a Néstor y Cristina Kirchner o a Julio De Vido– sale en libertad. El secreto de sumario por ahora dificultó saber si hay otras pruebas que respalden las supuestas coimas que, en rigor, solo reconoció el empresario Wagner.

Calcaterra debía presentarse hoy por el soterramiento, pero se anticipó ayer con un escrito donde niega el pago de coimas y dice que si existió alguna irregularidad fue “administrativa”. Insistió con que no hubo nada ilegal y cuestionó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero no tuvo margen, por el encuadre de la investigación, para argumentar supuestos pagos voluntarios ni le convenía decir que le dio dinero a Sánchez Caballero, porque el material del expediente muestra otra cosa. Acá optó por echarle la culpa a la empresa, que admitió coimas, pero que casualmente era su socia.

El affaire de (las fotocopias de) los cuadernos del ex chofer del ministerio de Planificación, pica cerca de los negocios de la familia de Mauricio Macri, aunque es evidente que los empresarios vinculados a ellos que quedaron implicados, por ahora les son funcionales y sólo se muestran como supuestas víctimas de las administraciones kirchneristas. El diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) pidió que Juan Carlos de Goycoechea, el ex CEO de Isolux Corsán que fue excarcelado ayer después de firmar un acuerdo para colaborar como arrepentido, sea citado también para declarar bajo esa misma figura en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos, a través de una maniobra del ministerio de Energía, favoreció a empresas del Grupo Macri en la venta de seis parques eólicos. La denuncia que originó ese expediente señalaba que los seis parques que llegaron a quedar en manos de Isolux, fueron vendidos a firmas creadas para la ocasión, vinculadas a los Macri, sin licitación y con ganancias estimadas en cerca de 48 millones de dólares.

Una de las principales sospechas en esta investigación, que se inició con una publicación de la periodista Emilia Delfino, en Perfil, es que habría existido un pacto previo entre Isolux, Sideco (del Grupo Macri) y el ministerio de Energía. Lo que plantea Tailhade es que es altamente probable que De Goycochea, el ex CEO de Isolux en teoría implicado en estos negociados, debería poder aportar información como arrepentido, la misma figura que se usa en la causa de los cuadernos para que algunos de los hombres ligados a históricos contratos de obra pública, hablen. Por eso le plantea al fiscal Eduardo Taiano que lo cite con esa posibilidad.

En el momento en que asume Macri la presidencia, Isolux estaba en una muy mala posición, en crisis y con sospechas de corrupción en España, su país de origen. Durante el kirchnerismo había obtenido licitaciones para la construcción de cuatro parques eólicos, aunque avanzó solo en la construcción de uno. Pese a que era una empresa en retirada, investigada y cerca de la quiebra, el gobierno de Cambiemos le daría dos contratos más.  La hipótesis que planteó en su dictamen original Taiano es que cuando Isolux entró en crisis habría negociado en forma secreta la transferencia de sus concesiones de parques eólicos al Grupo Macri y, para que no apareciera la familia en forma tan evidente, hicieron un armado societario para camuflar la adquisición. Según publicó Delfino, de esa ingeniería se habría ocupado un contador llamado Mariano Payaslian, de confianza de los Macri, síndico de Sideco y de Iecsa (la empresa que tuvo al frente a Angelo Calcaterra), y de una sociedad entre Isolux y Iecsa. Las firmas fueron creadas desde el 29 de diciembre de 2015, apenas asumió Cambiemos. Primero se creó Usir Argentina, luego en marzo de 2016 Parques Eólicos Miramar, Sideli y  Sidsel. La sospecha, reconocida en parte a Perfil por el contador, es que Sideco controlaba buena parte de estos negocios. Las empresas ligadas al grupo familiar adquirieron los parques pero finalmente en 2017 vendieron todo a Genneia y la china Goldwind, lo que les habría generado una ganancia cercana a los 50 millones de dólares.

Tailhade aportó algunos datos nuevos a la causa, que hasta ahora no marchó con la premura de los expedientes contra ex funcionarios del kirchnerismo: entre ellos, dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de noviembre de 2017 que acreditaría que Sideco estaba detrás de todas las sociedades  y que la operación de compra (para obviar la licitación) fue autorizada por la Secretaría de Comercio.

De Goycoechea, como “arrepentido” en la causa de los cuadernos, se enfocó en decir que otorgó dinero bajo presión, que es menos que lo que dicen los escritos atribuidos a Centeno, que el eje era que se trataba de dinero para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y que además le pedían plata para entregarle los certificados de obra de la central termoeléctrica Río Turbio. Se presentó, como el resto, como víctima de supuestas extorsiones.

«No habló». «Ni hablaron ni se vieron». «Cien por ciento decisión de Angelo«.  Los voceros oficiales del Gobierno aseguraron que Mauricio Macri y su primo hermano, el ex dueño de IECSA, una de las empresas mencionadas en los cuadernos de Oscar Centeno, no tuvieron ningún contacto que lo haya llevado a Calcaterra a presentarse a las 7:20 de la mañana en el despacho del juez Claudio Bonadio para asumir sus responsabilidades en el escándalo de las coimas.

Sin embargo, una versión contraria circuló durante el fin de semana en boca de los amigos del arquitecto que es hijo de María Pía Macri, la única hermana de Franco Macri, llevado al lugar de jefe de las empresas de la familia una vez que Mauricio Macri decidió dedicarse a la política y abandonar cualquier posibilidad de dedicarse a los negocios.

Según publica hoy Infobae, a su redacción llegó el domingo por la tarde  la información de que esa comunicación había existido. Habría sido escueta y concreta. Una pregunta, tal vez un anticipo de una decisión que Calcaterra había tomado.  Un amigo de ambos, incluso, precisó: «Mauricio no lo incentivó, no fue necesario».

Durante la semana, el Gobierno envió mensajes muy claros a favor de que los empresarios se acojan a los beneficios de la ley del arrepentido y facilite el accionar de la justicia. La Unidad de Investigación Financiera y la Oficina de Anticorrupción se pusieron a disposición de la investigación y los ministerios de Justicia y Seguridad reforzaron en la opinión pública la nueva capacidad del Estado para llevar adelante una investigación de alta complejidad.

Además, habían tenido la posibilidad de conocer la manera en la que actuó Emilio Odebrecht, el patriarca de la compañía brasileña que promovió la aprobación de la ley del arrepentido en su país, consciente de que los nuevos tiempos de la transparencia exigían nuevas generaciones de empresario. Se presentó ante la justicia y dejó en falsa escuadra a su propio hijo, que siguió negando su participación en las coimas aun después de condenado, hasta que finalmente no tuvo más remedio que confesar y negociar una megamulta que la compañía se comprometió a pagar en cuotas, durante 23 años.

Hoy por la mañana, una diputada de Cambiemos que sigue especialmente las causas contra la corrupción no ocultaba su satisfacción por la decisión de Calcaterra de presentarse a la justicia. «El Presidente es un faro en este momento, porque queda claro que tomó la decisión de que no haya más impunidad en la Argentina y está entregando a su familia, que es lo que siempre a uno más le duele. No solo desde los distintos ministerios se está aportando prueba fundamental, sino que dio la instrucción de que aquellos empresarios que no se arrepientan no seguirán siendo parte del registro de proveedores del Estado, un golpe muy grande porque muchas de estas empresas viven de la obra pública».

Agregó que «es recontraloable de parte de él haber salido hacia arriba, haberse puesto a liderar esto, y también a ordenar a algunos dentro de Cambiemos que no querían dar esta batalla y a los que estaban negociando con Pichetto una ley de extinción de dominio que esté atada a la condena firme, o sea que tardaría añares en ejecutarse, y Macri tomó el tema y lo está encauzando».