Antes de subirse al avión que lo llevó a Europa, Alberto Fernández habló con sus abogados y activó la estrategia para cerrar la causa judicial por la Fiesta en Olivos: ofreció donar $1.600.000 para el sistema de salud público. La decisión estaba tomada hace mucho tiempo: faltaba elegir el momento y pulir la cifra final. Si no hay sorpresas, en pocos días deberá transferir el dinero a una cuenta bancaria. A eso habría que sumarle la donación ofrecida por Fabiola Yañez, que no tiene ingresos como Primera Dama. En total son $3 millones para un presidente que declaró tener un patrimonio de poco más de $5 millones. ¿De dónde saldrá el dinero? Según pudo saber Infobae, el Presidente evalúa pedir un crédito, aunque no es la única opción.

La causa judicial arrancó en Comodoro Py pero al poco tiempo saltó a la Justicia federal de San Isidro, donde hubo un tironeo entre dos jueces. Para ese entonces, Alberto Fernández ya había recibido su primera imputación como Presidente por violar los decretos que él mismo había firmado. Fue el 26 de agosto del año pasado. Ese mismo día, en una jugada sincronizada, el Presidente se presentó en la causa y pidió su sobreseimiento por “inexistencia de delito”. La estrategia fracasó rotundamente.

A partir de ese momento, el objetivo de los abogados que asesoran al Presidente fue esquivar su indagatoria y la de la primera dama. El plan comenzó a gestarse antes de fines del año pasado. Luego de la feria judicial, la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de $200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Dominguez y abrió la puerta para la segunda etapa del plan.

El mes pasado se sumaron otros tres protagonistas del cumpleaños de Yañez: el actor y modelo Fernando Consagra junto a su pareja Emmanuel López ofrecieron $150 mil cada uno para ser sobreseídos, y Santiago Basavilbaso, que se fue a vivir a Barcelona (España), propuso donar $220 mil. Inesperadamente, el fiscal rechazó los montos ofrecidos.

A partir de ese momento, varios de los abogados que figuran en la causa desfilaron por su despacho para intentar llegar a un acuerdo. En representación del Presidente, fueron los dos abogados designados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso.

El monto de la donación se fue modificando hasta llegar a $1,6 millón, muy por encima del primer ofrecimiento que había hecho el Presidente en agosto del año pasado, cuando propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. “El Ahora 4″, lo bautizó el abogado Mauricio D’Alessandro, que defiende a una de las imputadas. En ese momento, representaban unos $630 mil. Ahora, sería casi $1 millón tomando un sueldo aproximado de $470 mil.

Como el Código Penal no prevé ningún parámetro, se tuvo como referencia un informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre el costo de los respiradores contra el COVID-19. “La cifra variaba entre 6 mil y 11 mil dólares”, explicó una fuente judicial.

La donación en realidad es una reparación económica prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal.De esa manera, se evita la indagatoria por violar las restricciones a la circulación que él mismo había firmado.

“La mayoría de las causas que tramitaron en San Isidro por el artículo 205 terminaron de esa manera. No hay ningún privilegio para el Presidente ni para la primera dama. Es lo que contempla la ley”, respondió esta semana en una entrevista radial Juan Pablo Fioribello, que defiende a Yañez junto a su socio Mariano Lizardo.

En el caso de la Primera Dama, el monto de la reparación fue más complejo porque no cobra un sueldo fijo. Se llegó a un acuerdo para avanzar con 1,4 millón, un escalón por debajo del Presidente. ¿Quién la pagará?. La presentación ante el fiscal Dominguez solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, deberá hacerse cargo el Presidente.

De esa manera, se trata de una donación total de $3 millones.Aunque se llegue a un acuerdo para pagarlo en cuotas, se trata de una suma que debe estar justificada en el patrimonio de Alberto Fernández.

Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de $5,7 millones, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas $13.362 de dinero en efectivo y bienes del hogar por $223.360.

La donaciones ofrecidas esta semana representan casi la mitad de ese patrimonio declarado. Por eso surgió la posibilidad de conseguir un crédito. Otra opción sería vender algún bien a su nombre, pero eso llevaría mucho más tiempo. En la presentación que hizo ante el fiscal, según pudo saber Infobae, el Presidente se comprometió a depositar la donación dentro de los diez días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo.

Con las presentaciones realizadas esta semana, ahora la decisión está en manos del fiscal. Al final de esta semana, el abogado Alejandro Sarubbi Benitez, el mismo que denunció la Fiesta en Olivos ante la Justicia de San Isidro, le pidió al fiscal que rechace el acuerdo. “El ofrecido es dinero obtenido de la función pública, y resulta por demás irrazonable que se ofrezcan a reparar económicamente sus delitos con dinero obtenido del bolsillo de los propios damnificados”, sostuvo.

Sin embargo, ya hubo un acuerdo de palabra con los abogados y el desenlace estaría sellado.

Con la aprobación del fiscal, solo restaría que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo y decida qué. Unas horas después, el Presidente y la primera dama quedarán sobreseídos por unos de los mayores escándalos de su gestión.

En el caso de Consagra, Emmanuel López y Basavilbaso, esta semana actualizaron sus propuestas y ofrecieron montos cercanos a los $250 mil. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.

El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el ex camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harán un ofrecimiento en los próximos días, pudo saber este medio. En cambio, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.

Los fiscales investigan una supuesta negligencia médica o impericia con el especialista como principal sospechoso.

Este domingo, efectivos de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la PFA, allanaron la casa particular y el consultorio privado de Leopoldo Luciano Luque, el neurocirujano que actuó como el último médico personal de Diego Armando Maradona que este miércoles 25 de noviembre al mediodía falleció cerca del mediodía en una casa del barrio privado San Andrés, del partido bonaerense de Tigre, según publica Infobae.

Las actuaciones fueron autorizadas por el juez de garantías de San Isidro Orlando Díaz tras un pedido de la fiscal de Benavídez Laura Capra, a cargo del caso, junto al fiscal general del distrito John Broyad y los adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La investigación ahora es por el delito de homicidio culposo y los operativos surgen tras las declaraciones testimoniales que brindaron este sábado Dalma, Giannina y Jana, las tres hijas de Maradona.

El principal objetivo para indagar sobre las causales de muerte y la intervención de los profesionales era el historial clínico. Ese documento, la historia clínica del astro, apareció y fue secuestrado en la casa particular de Luque, en la calle 30 de septiembre al 1800, en la localidad de Adrogué, junto con cinco computadoras tipo notebook, tres teléfonos celulares, documentaciones varias y recetarios.

En paralelo, con el apoyo de la división de Investigación de Delitos Contra el Orden Constitucional, la Justicia allanó el consultorio privado de Luque en la clínica ubicada en la esquina de Avenida del Libertador y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano, donde también se secuestró una computadora de escritorio, una notebook, un legajo personal del neurocirujano y un sello médico.

La Justicia empezó una investigación por supuestas irresponsabilidades en el cuidado del paciente desde su internación en la clínica Ipensa de La Plata, donde se internó el 2 de noviembre para realizarse chequeos generales por un evidente deterioro en su salud. Luque habló, por entonces, de un cuadro de deshidratación y de anemia: especificó que no comía y que estaba en pasando un mal momento a nivel psicológico.

La abogada de los docentes, Silvia de los Santos, impugnó la medida porque no llegaron las notificaciones y además no se resolvieron impugnaciones presentadas ante la Cámara Federal, por lo cual el acto que se pretendía realizar hoy en el juzgado federal de Parcio podría resultar abstracto.

La letrada expuso que no fueron notificados y que además no se resolvieron cuestiones impugnadas en la Cámara de Apelaciones Federal. Solo declaró Mauricio Yáñez, otro de los imputados.

A la salida de la presentación, Yáñez confirmó: “me negué a declarar. La verdad es que habiendo antas cosas importantes en la ciudad y en la provincia, que te citen por esto… Yo hoy necesito cobrar mi sueldo atrasado. Soy un luchador social y me da bronca que la Justicia se dedique a estas cosas. Es el país de mierda que tenemos. Me hacen sentir como que maté a diez mil personas”, sentenció.

La denuncia del vicegobernador desnudó una fuerte trama de espías y servicios de inteligencia en Chubut. Uno de los informantes de Sastre está involucrado en una causa federal que tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por espionaje contra el gobernador Mariano Arcioni.

Según publica diario El Chubut, las presuntas amenazas y espionaje contra el vicegobernador Ricardo Sastre y su familia, abrió un nuevo capítulo en la trama secreta de espionaje en Chubut, realizada por agentes de la Policía del Chubut.

El procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena, confirmó que un comisario que le hizo llegar a Sastre por interpósita persona “está involucrado en una causa federal que tramita el juez Canicoba Corral por presunto espionaje contra el gobernador Arcioni”.

El juez federal envió a Miquelarena un oficio porque habían detectado que con la IP que estaba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, habían ingresado a Migraciones para conocer las entradas y salidas del país al gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni.

A partir de ese momento, Miquelarena empezó a recabar información y en paralelo abrió un sumario administrativo porque no existía ninguna causa en donde se lo investigue a Arcioni y en donde haya un pedido a Migraciones sobre la entrada y salida del país por parte del Gobernador.

En el sumario administrativo, de acuerdo a los IP de los dispositivos con los cuales habían entrado a la base de datos, Miquelarena averiguó a quién correspondía esa IP.

Desde Telefónica le brindaron al procurador el nombre y apellido de la persona de donde se registró el IP: era el padre del policía que había actuado como informante del vicegobernador Ricardo Sastre en los recientes hechos por presuntas amenazas, espionaje y persecución.

A partir de ese momento, Miquelarena solicitó que al policía (supuesto informante de Sastre) se le revoque la adscripción. No querían que siga estando en el equipo multidiscplinario del Ministerio Público Fiscal.

Se trata de una vivienda, vehículos 4×4 y de alta gama de Carlos Barbato. También la inmovilización de cuentas bancarias. Fiscales sospechan que el ex funcionario intenta desprenderse de los bienes.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pidieron el embargo de dos camionetas 4×4, un BMW y una casa en Playa Unión; así como la inmovilización de cuentas y congelamiento de bienes para el ex presidente del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut, Carlos Barbato, según publica diario El Chubut.

El ex funcionario de la actual gestión provincial es investigado por enriquecimiento ilícito.

Los fiscales sospechan que el exfuncionario que ejercía funciones en Lotería, está intentado desprenderse de bienes, en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Específicamente, el pedido firmado por los fiscales solicita la indisponibilidad absoluta de bienes, el congelamiento e indisponibilidad de las cuentas y que se ordene el levantamiento del secreto bancario.

ENRIQUECIMIENTO
El artículo 268 del Código Penal prevé con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que «no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público».

«La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho», agrega la ley.

INVESTIGADO
Barbato ya tenía una causa en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión en el IAS, cargo que dejó hace algunos meses.

Sin embargo, el ex presidente de Lotería no renunció al cargo por aquella investigación, sino por una denuncia posterior en su contra formulada por quien era su pareja, por violencia de género.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó los pedidos de suspensión del juicio a prueba para imputados de la denominada causa El Embrujo que investiga hechos de corrupción en el Estado provincial.

Según publica diario El Chubut, la resolución firmada por los ministros Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet, rechazó ayer miércoles el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por los defensores de Juan Carlos Ramón, Cristian Gisande y Jorge Godoy, imputados en el marco de la causa El Embrujo. Los magistrados rechazaron los recursos presentados por los defensores por inadmisibles y de esta forma se confirmó la resolución dictada por la Cámara Penal.

Los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams, a cargo de la investigación por hechos de corrupción, enfatizaron en que se trata de una decisión fundamentada y razonada. «Este caso impone la necesidad de llevar a todos los acusados a juicio oral y público, para llegar a la verdad y afianzar la credibilidad en las instituciones. La probation descongestiona el sistema penal pero claramente no se orienta a estos casos donde se investigan los hechos de corrupción contra el Estado y la sociedad», destacó Williams.

Los acusados
En la causa se encuentran acusados los exfuncionarios públicos Diego Correa, Diego Luters, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, quienes deberán afrontar el juicio oral y público acusados de diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y usurpación de título público.

En la mañana de este lunes se llevó a cabo el inicio del juicio en el que se acusa a ex funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia y a un jefe de la policía de permitir el funcionamiento de un prostíbulo a cambio de dinero.

La causa que tiene como imputados al Comisario Omar Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa, y los ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal: Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos.

Durante el inicio de la primera audiencia, el abogado defensor de Antonio Zuñiga realizó un llamativo planteo, en el que asegura que el ex funcionario municipal se golpeó la cabeza en agosto del 2018 y perdió la memoria. Por este motivo pidió se suspenda el juicio contra su cliente.

Ante esta situación, el Tribunal integrado por Gladys Olavarria, Jorge Odorisio y Monica Garcia decidió suspender el juicio hasta el 18 de marzo.