El cuerpo del joven fue encontrado 78 días después a 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. La causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Este viernes la causa dio un nuevo giro luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia definiera  reabrir por segunda vez la investigación por la muerte del joven artesano que había sido cerrada a fin del año pasado.

El tribunal revocó la resolución que dispuso el archivo del expediente y el sobreseimiento de todos los implicados, dictada en noviembre pasado. Y ordenó apartar al juez que intervenía, Gustavo Lleral, según publica Infobae.

Los jueces Javier M. Leal de Ibarra y Aldo Suárez, habían ordenado  ampliar las medidas de investigación pendientes en el fallo previo, pero subrayaron que quedó  descartada la hipótesis de la desaparición forzada de persona, que impulsaban las querellas y tal como ya lo habían señalado en 2018.

La decisión de reemplazar al juez Ibarra surgió, según la cámara federal, a partir de una larga “inactividad” en el expediente y apuntaron a la “reticencia” que habría demostrado el juez Lleral “en agotar los medios de prueba que tenía a su alcance”, tal como se le había ordenado en un fallo anterior. “Es necesario agotar las medidas pendientes”, señalaron fuentes a Infobae.

Ahora el expediente volverá a investigarse pero ahora en manos del juez federal de Ushuaia  Federico Calvete. Será el tercer magistrado que tenga la causa.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo.

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería Nacional para reprimir una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut. El cadáver del joven fue encontrado 78 días después, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez, en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado en reiteradas oportunidades, ya había sido rastrillada en tres ocasiones a través de una búsqueda que incluyó helicópteros, drones y perros rastreadores sin encontrar nada.

En diálogo con Télam, su hermano, Sergio Maldonado, expresó su preocupación por el estancamiento de la causa y porque siga en manos de Lleral, el juez que cerró una investigación plagada de irregularidades en 2018 y que, pese a haber sido recusado varias veces y de haberse inhibido, vuelve a tener el expediente en sus manos por tercera vez.

«A seis años de la desaparición de Santiago nos encontramos sin ninguna investigación ni avance en la causa habiendo varios imputados por el fiscal, con total impunidad, con la responsable número uno Patricia Bullrich (entonces ministra de Seguridad) siendo candidata a presidenta y sin un juez imparcial que se digne a investigar», fue la síntesis que hizo Maldonado sobre cómo los encuentra este sexto aniversario a él y a su familia.

La incertidumbre que sigue atravesando la familia Maldonado se hace evidente en las palabras de Sergio: «Ya pasaron seis años y estamos cada vez más alejados de lo que necesitamos que es la verdad y la justicia, saber qué pasó con Santiago y qué hicieron con él durante 78 días».

Tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que «no hay nada definitivo» en la causa y que por lo tanto debe seguir con el curso de la investigación bajo la carátula que lleva el expediente por desaparición forzada de Santiago, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo a Télam que «mientras esté en manos de Lleral son pocas las expectativas de que avance la investigación», en tanto «él mismo ya dijo que no hay nada que investigar».

Heredia subrayó que además de estar imputado en la causa el gendarme Emmanuel Echazú por su participación en el operativo de represión del 1 de agosto, hay otros seis actores involucrados en el proceso y señalados por el Ministerio Público Fiscal para que sean sindicados.

Se trata del comandante Juan Pablo Escola, el sargento ayudante Víctor Vaquila Ocampo y el cabo Marcelo Ferreyra, quienes ya han designado como abogado defensor al mismo representante legal de Echazú, Manuel Barros.

Aún se espera una definición por parte de Lleral sobre si citará a comparecer a los otros tres involucrados: el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti y los exdirectivos de la Gendarmería Gerardo Otero y Ernesto Oscar Robino.

«Durante todo este tiempo la familia no sólo tiene el dolor de haber perdido a Santiago, sino el dolor que genera la impunidad y todo el tiempo transcurrido sin respuestas, más todos los agravios que han sufrido como familia», expresó la abogada que trabaja hace 20 años con casos de desaparición forzada.

En este sentido, la letrada consideró que lo que tiene este caso en particular es que «más allá de estar politizado, está partidizado».

«Acá hay un partido político que claramente lo tiene como bandera creando ese ‘enemigo interno’, con su discurso violento y contra todo tipo de manifestación. El caso de Santiago fue uno de los ejes de campaña electoral en 2017 y hoy vuelve a serlo», opinó Heredia, con «la única diferencia» -añadió- de que la que en aquel entonces era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy se postula como precandidata a presidenta con el mismo discurso «de orden y mano dura».

El 25 de julio Santiago Maldonado hubiera cumplido 34 años. A su hermano «le cuesta imaginar» cómo sería él hoy, pero teniendo en cuenta «cómo entendía las cosas», consideró que «vivía mucho más adelantado de lo que hoy se ve o imagina».

«Lo que pasó con Santiago fue una punta de lanza de lo que hoy estamos viendo con todo el avance por la apropiación de los recursos minerales, el crecimiento de una derecha que ya es extrema derecha. La apertura de eso fue Santiago», sostuvo Sergio.

Para la abogada de la familia «Santiago es muy especial», un caso que la interpeló desde un lugar personal cuando «comenzó a conocerlo» al tomar la causa.

«Cuando tuve la oportunidad de empezar a ver lo que él hacía, cómo pensaba, a través de sus dibujos, canciones, poesías, su dulzura, me hizo acordar mucho a uno de mis hijos. Me conmovió esa inocencia por una utopía, su convencimiento que lo hizo poner todo el cuerpo», expresó Heredia.

Este martes se cumplen seis años del día en el que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez. Aún su familia no sabe qué pasó con él durante los 78 días que estuvo desaparecido ni cómo ni cuándo murió y sigue reclamando por verdad y justicia.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, señaló ante diputados que el pedido a las autoridades de Gendarmería para que “se realice una investigación disciplinaria interna» sobre el operativo que determinó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado «era una deuda con la sociedad argentina», según informa Télam.

La ministra destacó que esa indagación no se había llevado a cabo en 2017, cuando se produjo el caso en la comunidad mapuche de Pu Lof de Cushamen, en Chubut.

“Esa investigación disciplinaria era una deuda con la sociedad argentina, con la familia Maldonado, pero también con la propia fuerza, porque la actuación de Gendarmería en ese contexto fue a todas luces innecesaria, desmedida, sin contar con los recursos y la capacidad del personal que allí se estaba desempeñando», sostuvo la funcionaria en una videoconferencia con los miembros de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja.

En ese sentido, Frederic agregó que «la Gendarmería sabía que ese operativo se había desarrollado por afuera de todo protocolo y doctrina de la institución».

Por eso, esas actuaciones «deben ser analizadas», y eso es «una deuda del Estado con la institución y la sociedad», apuntó.

De esta forma, la funcionaria se refirió en la denuncia que el gobierno presentó contra el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich en esa cartera, Pablo Nocetti, al responder una pregunta formulada desde el bloque del Frente de Todos.

«La ministra de Seguridad nos está dando otra razón para seguir exigiendo una investigación imparcial por la desaparición y muerte de Santiago», dijo la abogada Verónica Heredia, consultada por Página/12 sobre el anuncio de Sabina Frederic.

La ministra de Seguridad dijo que va a revisar la actuación de los cuatro escuadrones de Gendarmería en el operativo del 1 de agosto de 2017 cuando reprimieron un corte de ruta de la comunidad mapuche de Cushamen ingresando con armas y vehículos a ese territorio recuperado y persiguieron a todos, incluso a Maldonado que había acudido a solidarizarse, hasta el río Chubut. El cuerpo sin vida del joven tatuador apareció sin vida 77 días después en esas heladas aguas.

«Vamos a revisar la actuación disciplinaria en ambos casos de los efectivos que participaron del operativo y toda la cadena de mando para deslindar o determinar responsabilidades de todos los que participaron», dijo la ministra en diálogo con radio Metro, al referirse también al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de ese año en Villa Mascardi por parte de una incursión armada del grupo de Prefectura Albatros.

Al ser consultada sobre la responsabilidad de Gendarmería en la muerte de Maldonado, Frederic contestó: «Sí, sí, creo que el operativo fue pésimamente realizado, tuvo decisiones desacertadas y fuera de los protocolo, y hubo responsabilidades».

«Todas las decisiones estuvieron mal y los oficiales lo saben”, consideró. Y agregó que entregarán “toda la información a la justicia para esclarecer el hecho».

Mientras prepara el recurso extraordinario federal contra el fallo de la Cámara de Casación que ratificó la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la abogada Heredia explicó que «uno de los argumentos que plantearemos ante la Corte Suprema es justamente lo que está diciendo la ministra de Seguridad. El Estado es uno solo, van cambiando las personas, ahora desde ese Ministerio lo que se había negado, que es la participación de Gendarmería en la desaparición y muerte de Santiago, ese mismo Ministerio dice que sí, que hay responsabilidad de Gendarmería».

Y agregó: «Nos están dando a cuentagotas la verdad de lo que venimos diciendo desde el primer momento, la injerencia del Poder Ejecutivo en estos hechos y la falta de respuesta del Poder Judicial para llevar adelante una investigación imparcial e independiente».

La familia de Santiago Maldonado rechazó la designación del juez Gustavo Lleral que dispuso la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa que investiga la muerte del joven artesano que estuvo desaparecido durante 77 días tras un violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut, hasta que su cuerpo fue hallado sumergido en el río.

«Otra vez los jueces se nos ríen en la cara. Está semana fuimos noticados que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que debía designar un nuevo juez en la causa de Santiago, designó nuevamente al juez Gustavo Lleral, cuando éste ya se había inhibido de ser el juez de instrucción de la causa», indicó la familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

El pasado 12 de diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal había avalado la reapertura de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, al señalar que quedan por hacer medidas de prueba, e instó a que se designe un nuevo juez para que instruya el expediente.

La Sala IV de Casación convalidó por unanimidad la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que había revocado el sobreseimiento dictado en primera instancia respecto del gendarme Emmanuel Echazú, por considerarlo prematuro.

En un comunicado, la familia Maldonado recuerda que el juez Lleral «es el mismo que rechazó todas las medidas de prueba que pidió la familia Maldonado, el mismo que no realizó ninguna investigación ni efectiva ni exhaustiva y mucho menos imparcial, y el que cortó la cadena de custodia del DNI de Santiago y que, en un fallo totalmente absurdo, sentenció que Santiago se había ahogado solo y que no había ningún culpable de ese hecho».

«Ahora la Cámara quiere que ese mismo juez siga investigando, cuando ya tiene una posición parcial sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, y que además nunca le importó investigar realmente el caso», agregó la familia.

En ese marco, la familia de Santiago Maldonado anunció que «debido a esta decisión absurda de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia» solicitó la recusación del juez Lleral.

«Seguimos luchando en desigualdad contra un sistema judicial que en algún momento deberá cambiar, no solamente por el caso de Santiago y por nuestra familia, si no por todas las familias que lo padecen y que no encuentran ni verdad ni justicia», concluyeron en el comunicado.

Las pericias sobre los 70 teléfonos de los gendarmes que participaron de la represión el 1 de agosto en Chubut involucran aún más a la fuerza de Seguridad en la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora se dio a conocer un audio en que un efectivo reconoce que el Sargento Sergio Sartirana llevaba en su camioneta al joven artesano.

«Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a [Santiago] Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana». Las palabras fueron dichas por un gendarme y enviadas en un audio de Whatsapp a un compañero. Ahora los detectives judiciales que investigan la desaparición de Santiago Maldonado analizan en qué contexto fue dicha la frase.

Audio de Gendarmería: "Dijo que el que tenía a Santiago Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana". pic.twitter.com/CpvY2vDLBH

— El Destape (@eldestapeweb) September 22, 2017

Según pudo averiguar La Nación, cuando el emisor nombra a «la sargento», en realidad se refería a Sergio Sartirana, sargento y chofer de una camioneta Ford Ranger que participó el 1° de agosto pasado del desalojo en la ruta 40 que terminó con un operativo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, en el departamento de Cushamen. Sartirana integraba la patrulla con Emmanuel Echazú, que terminó herido a pedradas; el cabo Darío Zoilán, y su compañero Juan Carlos Pelozo.

El audio de Whatsapp entre los gendarmes surgió en el peritaje realizado sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto pasado. La fecha de envio es del 16 de agosto, según informaron los voceros consultados.

El Ministerio de Justicia de la Nación dejará de entregar dinero a la familia de Santiago Maldonado, cuyos gastos se hallaban amparados en la Ley de Derechos y Garantías a las Víctimas de Delitos por la supuesta Desaparición Forzada del artesano.

El juez federal Gustavo Lleral determinó que el joven falleció ahogado y en soledad sin la intervención de terceros. Con esto quedó descartada no solo la Desaparición Forzada sino también cualquier delito que justificara la ayuda estatal para la familia.

A lo largo de un año y tres meses los Maldonado recibieron un total de 1,5 millón de pesos en concepto de gastos vinculados a la causa. Entre ellos figuran el pago de pasajes de avión, hoteles y viáticos utilizados en comida, papelería y otros.

El beneficio monetario se cortó desde el momento en que el juez Lleral determinó que no existió un crimen.

“La ayuda terminó porque el juez dejó establecido que no hubo delito. Nosotros colaboramos en todo momento con la familia y creemos que nuestro compromiso cubrió sus necesidades. Hemos cumplido con ellos como ministerio”, le indicó a Clarín, Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia.

“Los Maldonado no son la única familia que se ayudó desde el ministerio. Hay otros casos, las familias del ARA San Juan, por ejemplo. Lo que pasa es que en un momento ellos estuvieron en el foco de los medios y resaltó este beneficio, pero nosotros estamos colaborando con las familias que son víctimas”, explicó.

Benítez descartó que se tratara de un dinero fijo por mes, tal como trascendió en un momento. Sin embargo, la suma se entregó a un promedio de 100 mil pesos mensuales.

“A través de análisis científicos, testimonios, el juez reunió toda la prueba con la que se concluye que no hubo delito”, resaltó Benitez.

En un fallo de casi 300 páginas el juez Lleral afirmó que el joven falleció ahogado, afectado por la temperatura del agua y la adrenalina de verse atrapado. “En suma, analizada la sólida prueba reunida, y establecida con certeza la realidad de los hechos, corresponde descartar por completo la hipótesis criminal acerca de la presunta desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado”, indicó Lleral.

“Y tampoco se advierte la comisión de ninguna otra acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con los hechos objeto de la presente causa. Porque, en definitiva, no se constató la participación penal de persona alguna en los desgraciados hechos que se investigaron”, concluyó.

La familia Maldonado informó este miércoles a través de su abogada, Verónica Heredia, que apeló el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia Si la Cámara rechaza el recurso a los Maldonado le quedarán las instancias de la Cámara Federal de Casación Penal y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Aunque Heredia adelantó que su plan es acudir a tribunales internacionales.

En el comunicado que difundió en su sitio web, la organización aseguró que la decisión de un tribunal de justicia argentino de cerrar la causa por desaparición forzada en el caso de Santiago Maldonado, sin antes esclarecer las causas que llevaron a su muerte o investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades, “contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.

“Para la justicia argentina, nadie es responsable por la muerte de Santiago Maldonado, lo cual resulta inadmisible. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En ese sentido, indicó que “desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina”.

Maldonado estuvo desaparecido por 70 días desde el 1 de agosto de 2017 tras la violenta represión de Gendarmería Nacional a la comunidad Mapuche Pu Lof, en el Departamento de Cushamen, Chubut. Pese a la constatación de que su muerte se dio en el marco de un violento operativo de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la sentencia omite el contexto en el ocurrió su muerte –según publica ADN Sur-.

Para el juez Lleral el artesano “murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”.

“La llamo primero a usted para que no se entere por los medios, estoy siendo extorsionado”. Ese es el diálogo, entre la madre de Santiago y el magistrado, que reprodujo en un comunicado la familia del joven que murió tras la represión en la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen. El intercambio se produjo “alrededor de las 9,10”, aclara el texto, apenas unas horas antes de que se publicara el fallo de 263 hojas firmado por el magistrado, en el que asegura que Santiago se “hundió” y sobresee al único imputado en la causa, el gendarme Emmanuel Echazú.

Lleral se comunicó con la familia en dos oportunidades. Primero habló con Estela, la madre de Santiago y luego con su hermano, Sergio. A Estela le confesó que “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa (…) por eso debo hacer esto”. «No sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos; los hechos no configuran delito; espero que ahora haga el duelo tranquila”, son otras de las frases que dijo el juez durante la conversación con la madre del joven desaparecido el 1 de agosto del año pasado. A los pocos minutos, a las 9,27, se comunicó con Sergio y le informó que ya había cerrado la causa.  La familia denunció que la resolución, anticipada  hace días por Infobae y Clarín, «solo demuestra que estamos ante un crimen de Estado, ante una desaparición forzada seguida de muerte, donde cada una de las personas del Estado que intervinieron desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha en las causas 8232/2017 y 8233/2017 son responsables”.

“Esta resolución, dictada en el marco del G20, con todas las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo y ancho del país, demuestra que saben de su injusticia y arbitrariedad, que saben de nuestra fortaleza como del acompañamiento del pueblo y que saben que resistiremos”, aseguraron.

El fallo de Lleral consideró que el fallecimiento de Santiago se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que «nadie fue penalmente responsable por su muerte». “Los hechos que se presentaron en el presente caso no constituyen delito. Nadie forzó la desaparición de Santiago. Nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte”, indicó la sentencia que se dio a conocer esta mañana. El fallo llegó un día después de que llegara el informe sobre el DNI periciado, aquella prueba que la familia impugnó desde el primer momento.

“La resolución consta de 263 páginas y tiene fecha 29 de noviembre de 2018. Le antecede una constancia del secretario de fecha 28 de noviembre de 2018, en la que recibe 63 hojas vía correo electrónico del Ingeniero Giménez del INTI”, explicó la familia en el comunicado. Allí aclaran que ese mismo día el juez incorpora a la causa el informe correspondiente. “Inmediatamente dicta la resolución con fecha 29 de noviembre donde dispone rechazar todas las pruebas que habíamos ofrecido, sobreseer a Echazu, y disponer el archivo de las dos causas”, destacaron.

La familia de Santiago Maldonado recibió una ayuda económica estatal de 1.552.715,76 pesos para el pago de viáticos, hospedajes, gastos de defensa y honorarios de un perito forense en las dos causas que todavía se sustancian en Chubut por la desaparición del joven tatuador. Fue a lo largo de once meses de pesquisa.

En el marco de la Ley Nacional 27.372 de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, tanto Sergio Maldonado como su esposa, Andrea Antico, su abogada, Verónica Heredia, entre otras personas que asistieron a los familiares en las querellas accedieron a viáticos y pasajes aéreos, hospedajes y alquiler de vehículos en Bariloche, Esquel y Buenos Aires.

Según informó Infobae, los Maldonado habrían sido hasta ahora los mayores beneficiarios de esa ley que también asistió con pasajes a los familiares de María Cash y de los tripulantes del ARA San Juan y del pesquero el Repunte -hundido frente a las costas de Rawson-aunque en menor proporción.

La ayuda estatal se inició el 28 de agosto de 2017 con pasajes aéreos, hospedajes pagos y dinero para viáticos en Esquel y se extendió hasta el 30 de julio de este año para aéreos y gastos en Comodoro Rivadavia, donde la abogada Verónica Heredia defendió ante la Cámara de Apelaciones sus argumentos sobre la supuesta ilegalidad de las escuchas en el caso Maldonado, lo que fue rechazado finalmente por el tribunal.

La continuidad o no de esa ayuda económica dependerá ahora de los pedidos concretos de la familia y de lo que disponga el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), creado meses atrás para gestionarla.