Después de un mes de negociaciones y de amenazar con un paro sectorial, el Sindicato de Camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano, acordó hoy un aumento de 107% anual que se pagaría en cuatro cuotas y que regirá desde el 31 del mes en curso hasta el 1° de noviembre de 2023. Además, el gremio se garantizó el pago de un bono de fin de año de $100.000 y un 10% extra para los choferes de larga distancia de cargas generales.

El sindicato de los Moyano, que representa a unos 200.000 trabajadores, negoció con los representantes de la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac). El apretón de manos y la firma se acta se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo, en Alem al 600, con la presencia de Raquel Kelly Olmos, la flamante ministra del área con la que Pablo Moyano tuvo un cruce mediático por su pasado menemista y por sus diferencias en lo relativo a la dinámica inflacionaria y a los bloqueos como método de presión sindical.

El acuerdo se cerró ayer de palabra con la Faetyl y la Catac, pero no con Fadeeac, con la que se mantuvo hasta último momento la diferencia por el 10% extra para los choferes de larga distancia de cargas generales. La Fadeeac, que nuclea a 44 cámaras y supo ser la más poderosa, está hoy poblada de pymes. La Faetyl, en cambio, reúne a los rubros más importantes: caudales, combustibles, recolección de residuos, correo, aguas y gaseosas, y logística. La Catac, en tanto, es la de menor peso y a la que en el sector se la identifica como “cercana al gremio”.

Con este acuerdo, Moyano ratifica la volatilidad del mapa salarial y confirma que las negociaciones ya se negocian por encima del 100 por ciento. Significa el triple del índice de inflación anual [33%] que proyectó Martín Guzmán en el presupuesto 2022, que no pasó el filtro del Congreso, y un 20% por arriba de la última pauta salarial de referencia que estableció el Estado en su rol de empleador, hace dos meses, cuando pactó una suba de 80% para los trabajadores de YPF.

Los otros acuerdos top

Existen hoy dos sindicatos que en sus acuerdos interanuales ya superaron el 100% de aumento salarial. Uno es el de Sanidad, para la rama laboratorios. Héctor Daer, el referente del gremio y uno de los líderes de la CGT, cerró en abril un incremento anual de 45%, aunque con una salvedad: todo el aumento se abonó en los primeros cuatro meses y para después estableció dos cláusulas de revisión, una en octubre y otra en febrero. En julio el aumento interanual del salario de convenio llegó al 96% y para fin de año superará holgadamente el 100%.

El otro caso es el del Sindicato del Seguro. Lasubainteranual de los salarios entre enero de 2022 y enero de 2023 sería de 109,72%, según se informó en un comunicado gremial. Jorge Sola, el secretario general de la organización, no quiso mostrar a LA NACION el acta acuerdo homologada por el Ministerio de Trabajo para verificar si es que el alza incluye un período mayor a 12 meses y si es que contempla otros adicionales que impulsaron el porcentaje por arriba del 100%. Viejas mañas sindicales para exhibir un trato más beneficioso de lo que realmente es.

Pueden sumarse al podio el gremio de los bancarios y el de los aceiteros. Sergio Palazzo, referente de los bancarios, anudó una suba de 94,1%, con una revisión pendiente a fin de año, lo que podría acercarlo al umbral de las tres cifras. Además, logró un piso de $185.500 por el Día del Bancario, lo que elevaría aún más el porcentaje salarial.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que lidera Daniel Yofra, y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo salarial con los representantes de las tres cámaras del sector [CIARA, CIAVEC y CARBIO] que consistió en una suba de 98% anual, lo que elevó el salario inicial del sector a $221.760.

Las camaristas Gloria Pasten de Ishihara y María Cecilia Hockl resolvieron que la sanción al gremio estuvo «incompleta» y que en lugar de calcular el castigo por el total de camioneros afiliados, solo corresponde estimar el monto sobre la cantidad de trabajadores que poseen las cuatro empresas inspeccionadas.

«No tenían permiso para ejecutar ninguna orden (de embargo) porque estaba mal confeccionada», dijo Daniel Llermanos, abogado de Moyano, a este medio. «Si le corresponde la multa es por las cuatro inspecciones, donde constataron la supuesta violación a la conciliación», agregó.

Un mes atrás, el juez laboral de primera instancia José Ignacio Ramonet autorizó un embargo preventivo a la Federación de Camioneros e hizo lugar al pedido de ejecución de la sanción impuesta. Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que «traben la medida» por una suma de $ 266.930.023, que se calcula para responder intereses y costos, y así la multa al gremio de Moyano superaría los $ 1.000 millones con los intereses. Ahora, la Cámara ordenó levantar el embargo de inmediato y reponer las cuentas bancarias de la organización –según publica Ámbito-.

Desde Sichoca aseguran que las cuatro firmas transportistas representan el 0,03% del total de choferes sindicalizados. Si la multa se aplica sobre el 50% del salario mínimo, vital y móvil por cada chofer de las empresas inspeccionadas, el monto de la «factura» se calcula en apenas 1 millón.

Al mismo tiempo, el letrado defensor recordó que en otra causa que tramita el juez f3ederal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello, el ministro Triaca fue «imputado» por varios delitos el delito, tras la aplicación de la multa.

El juez laboral José Ignacio Ramonet autorizó un embargo preventivo de casi 810 millones a la Federación de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, a raíz de una presentación del Ministerio de Trabajo por haber incumplido una conciliación obligatoria en diciembre del año pasado.

De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato que había presentado la cartera que dirige Jorge Triaca. El fallo judicial tuvo lugar luego de que Hugo Moyano se mantuviera en su postura de no abonar la multa y apelara la sanción.

Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que «traben la medida» por una suma de 266.930.023 pesos, que se calcula para responder intereses y costos, y así la multa al gremio de Moyano superaría los  1.000 millones.

La tensa calma entre el Gobierno y el clan Moyano no da tregua. El Ministerio de Trabajo presentó en la Justicia un pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria.

A través de un comunicado, la cartera laboral anunció que «se encuentra en curso un segundo procedimiento sancionatorio» contra Camioneros por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día martes 5 de junio de 2018. Desde Trabajo anunciaron que el próximo viernes «se realizará una audiencia para que los representantes del gremio realicen su descargo».

El 19 de julio pasado, Trabajo fijó una multa de casi 810 millones de pesos por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017, durante una protesta de Camioneros en reclamo de un bono de fin de año. El monto se estableció según la ley 25.212, que indica que el cálculo es del 50% del salario mínimo vital y móvil al momento del incumplimiento (4.430 pesos) multiplicado por la cantidad de afiliados (182.797).

Tras estas disposición, Hugo Moyano sostuvo que su gremio no iba a pagar la multa (el plazo vencía el jueves último) y su hijo Pablo amenazó con lanzar un paro nacional, al tiempo que denunció «persecución» del Gobierno contra ese Sindicato.

La compañía OCA debe el pago de impuestos y a sus acreedores por miles de millones de pesos, con lo que se encuentra en concurso. Por esto, el Enacom recientemente le quitó la licencia para continuar operando, por lo cual, también realizarán una movilización al Enacom a partir de las 10 horas del jueves 26/04. Los camioneros protestarán «de forma masiva» frente a esa dependencia y exigirán «la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo» en Oca, ante la proximidad de una decisión oficial sobre una nueva prórroga o caducidad de su licencia para operar.

Ese mismo jueves se reunirá el directorio del organismo para decidir si le da una nueva prórroga a la empresa postal o le da de baja su licencia. En este último caso, OCA no podría seguir operando con lo cual podrían llegar a quedar en la calle 7.000 trabajadores camioneros. También cabe la posibilidad de que la Enacom espere a que le llegue el informe del interventor judicial, previsto para mayo, y recién después tomar una decisión que no sea apelable ante la Justicia. En marzo pasado, una resolución del ente se había aproba do una prórroga temporaria en la licencia de OCA, por «30 días corridos, a fin de acreditar la cancelación de las obligaciones previsionales y sociales exigibles y pendientes de pago».

El conflicto se da en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y los Moyano, que incluyó movilizaciones de los líderes camioneros contra las políticas del macrismo y también el avance de investigaciones de la Justicia contra los sindicalistas.

Por su parte, días atrás el presidente de OCA, Patricio Farcuh, se refirió a las imágenes que trascendieron recientemente, aunque correspondientes a 2016, en las que él era echado de su oficina en la sede de la empresa de correos por un grupo de hombres que acompañaban a Hugo Moyano. «Yo lo quise invitar (a Moyano) a mi oficina para explicarle que lo estaban utilizando como una herramienta, que no le habían dicho la verdad. Él me discutía que yo estaba gestionando mal mi empresa», comentó a la prensa el empresario sobre esas imágenes.

«Moyano fue (a la oficina) para sacarme», sostuvo Farcuh, quien remarcó que el camionero logró ingresar a la sede de la empresa a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, al tiempo que aclaró que finalmente recuperó la empresa el año pasado «acompañado por 500 agentes de Gendarmería».

Pese a los dichos de Farcuh, la Justicia investiga el vínculo entre ambos. La Unidad de Información Financiera (UIF) analiza una serie de transferencias bancarias entre ellos. Así, mientras la AFIP le reclama a OCA un total de $3.400 millones, el organismo antilavado detectó el pago de $ 7,4 millones a través de cheques endosados por la Organización Coordinadora Argentina SRL a una cuenta de la firma Dixey SA en el Banco Francés, entre julio y octubre de 2017. L a fecha coincide con el período en que Farcuh dice que Moyano «copó» la firma.

Los camioneros finalmente abandonaron la playa de tanques de YPF, en Km.3, y el movimiento de camiones es normal, pese a que todavía los trabajadores no tuvieron respuesta a su reclamo. Trascendió que mantendrán esta tarde reuniones con las empresas, al igual que la semana que viene para destrabar el conflicto.

El Sindicato Camionero de Chubut realiza una retención de servicios con presencia en la playa de tanques de combustibles de YPF, en Km 3. Al mismo tiempo, hubo alerta entre los automovilistas por lo que se registraron largas filas en las estaciones de servicio ante el temor de quedarse sin nafta.

El gremio de Jorge Taboada apunta contra la operadora de bandera por el incumplimiento del pago de un bono de 10 mil pesos, que el gremio señala haber acordado con varias empresas de distintos rubros.

Si bien la protesta arrancaba hoy a las 6, la posibilidad ya se tanteaba anoche. Por ese motivo, los automovilistas se ubicaron en las diferentes estaciones de servicio para abastecerse. Sin embargo, la medida de Camioneros no consiste en un bloqueo de la salida de camiones preparados para distribuir combustibles.