Tal como le pidieron los abogados de Cambiemos, el juez federal (subrogante) con competencia electoral de La Plata, Adolfo Ziulu, insistió en sostener que debe ser su juzgado el que lleve adelante la causa sobre aportantes truchos a las campañas del partido gobernante en 2015 y 2017 y no la justicia penal, donde otro juez, Ernesto Kreplak, investiga posible asociación ilícita y lavado de dinero. Su resolución pide, además, que sea la Cámara Electoral la que resuelva el conflicto de competencia. De hecho, subestima y prácticamente descarta que se hayan cometido delitos y dice que el expediente se enmarca en la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, que solo prevé multas y sanciones. Todo este tironeo ocurre cuando en el expediente penal ya se comprobó que al menos 1147 personas pobres, beneficiarias de planes sociales y monotributistas sociales, figuran haciendo aportes de campaña que niegan, y también comenzó a declarar otro grupo de ciudadanos de clase media, que aparece con donaciones a través del sistema bancario –en cajeros de dos sucursales del Banco Nación, una en Recoleta y otra a metros de la Casa Rosada– que tampoco reconocen.

En la causa que tramita Kreplak fueron denunciados desde la gobernadora María Eugenia Vidal, como responsable del PRO en la provincia de Buenos Aires, los encargados económicos de la campaña bonaerense, hasta la ex contadora del gobierno provincial y tesorera del partido María Fernanda Inza. Esta última es la única que hasta ahora se presentó en el expediente y de hecho reclamó que el caso solo sea tratado como una infracción a las normas electorales. La causa que instruye Kreplak tiene como querellantes a un grupo de personas cuyos nombres aparecieron en las listas de aportantes a la campaña de Cambiemos en 2017, a algunos de los cuales incluso les inventaron una afiliación al PRO. Pero también está bajo la lupa la campaña presidencial de 2015, donde aparecieron candidatos a cargos de consejeros, concejales y hasta intendentes aportando dinero que dicen que no donaron. Los denunciantes iniciales, como La Alameda, que hizo su primera presentación en el fuero federal porteño, señalaron la hipótesis de lavado de dinero, también la senadora Teresa García y la diputada Florencia Saintout plantearon la posible existencia de una asociación ilícita.

¿Qué dice la resolución de Ziulu que se conoció ayer? “Es fácil concluir que la actividad desplegada por los denunciantes, sin perjuicio de las hipótesis delictivas que puedan haber desplegado en su presentación, se enmarca, claramente, en el procedimiento previsto en la ley 26215 (financiamiento) y a cargo de la competencia electoral”. Agrega que el juez penal no tiene ninguna obligación de ceñirse a lo que diga quien denuncia.  Luis Alén, uno de los abogados de las personas cuya identidad fue usurpada para justificar dinero de origen desconocido, dijo a este diario: “Es claro que aquí hay una maniobra de Cambiemos para matar la investigación y Ziulu se presta a ese fin, al negar que haya delitos penales. Sin embargo, Kreplak probó que los aportantes no habían aportado y que se les utilizó la identidad. Mis asistidos tienen otro delito del que se quejan, ya que los afiliaron falsamente al PRO, poniendo sus datos en fichas de afiliación, y eso es claramente un delito. Pero el juez Ziulu no dice nada de eso, ni le interesa saber de dónde salió el dinero, y si hubo lavado”.

La Cámara Electoral tendrá que definir, en primer lugar, si le corresponde intervenir en este caso a pesar de que ya lo hizo la Cámara Federal de La Plata. Luego, si acepta avanzar, tendrá que decir si pueden seguir tramitando dos expedientes en paralelo: uno electoral y otro penal, o si Ziulu y los abogados de Cambiemos tienen razón y es él quien debe concentrar todo. Uno de los argumentos a favor de esa salida es que él también tiene competencia penal. Pero en su resolución queda claro que por lo pronto descartaría avanzar en esa línea, lo que ayudaría a licuar las responsabilidades más graves, que podrían acarrear penas para los responsables. Un caso con algunos puntos en común que pasó para la Cámara Electoral es el de la campaña 2007 del Frente para la Victoria: ahí había una investigación penal que tenía entre sus principales implicados a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud, y otro expediente electoral. La jueza María Servini de Cubría decía que como la causa penal peregrinaba por distintos juzgados y no se definía, ella no podía avanzar. Lo concreto es que no avanzaba nada. Con ocho años de delay fue procesado Capaccioli por lavado, cuando el juez Ariel Lijo dio por constatado que hubo dinero que se destinó a esa campaña que provenía del tráfico de efedrina. En el ínterin, el tribunal de alzada le decía a la jueza que avanzara, pero nada cambiaba.

Otra decisión previa, funcional a la competencia electoral y a diluir las responsabilidades penales, pero que se produjo en Comodoro Py, la tomó el camarista Martín Irurzun, cuando decidió mandar el expediente a cargo de Sebastián Casanello –originado con la denuncia de La Alameda– al juzgado de Ziulu. Casanello se quedó con un tramo de la pesquisa sobre aportes truchos en la Ciudad de Buenos Aires.

El juez Kreplak tiene un enfoque muy distinto al de su colega Ziulu, porque algunas de las medidas que adoptó apuntan a conocer el origen del dinero camuflado con aportantes truchos, además de los responsables. La semana pasada le tomó declaración al periodista Hugo Alconada Mon, quien ratificó lo que escribió en su libro La raíz de todos los males: que cuando estaba en campaña Mauricio Macri les pedía a los empresarios el 1 por ciento de su patrimonio, y que fuera en negro. También aportó nombres de empresas.

El juez también detectó maniobras de bancarización de aportes truchos: los días 4 y 5 de octubre del año pasado aparecen depósitos en cajeros de dos sucursales del Banco Nación (una en Recoleta y otra en Plaza de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno) con donaciones de montos que rondan los 20 mil pesos. Sólo en la sucursal de Avenida Alvear, ingresó 1 millón de pesos de estos supuestos aportes que se les atribuyen a distintas personas de clase media (comerciantes, monotributistas y algún empresario). La semana pasada declararon cinco de ellos: tres dijeron que nunca aportaron nada. Uno suponía que sacaron sus datos porque alguna vez se anotó para participar de los timbreos, pero negó vínculos con Cambiemos. Otros dos admitieron aportes en una cena de recaudación, pero dijeron que lo entregaron en efectivo, no depositaron nada. Uno dijo que no lo declaró en la AFIP porque no le dieron recibo. El otro dijo recordar que sí, por lo que se pidió la documentación al ente recaudador.

Una vertiente clave se abre en la investigación sobre los aportantes truchos que aparecen en las rendiciones de fondos de las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, y apunta directamente a Mauricio Macri. El periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, ratificó ante el juez platense Ernesto Kreplak que cuando era candidato, el Presidente les pedía a los empresarios el 1 por ciento de su patrimonio para financiamiento electoral y les aclaraba que debía ser en negro. Es lo que cuenta en su libro La raíz de todos los males, donde también detalla distintos métodos de recaudación y algunas de las empresas más entusiastas, entre ellas varias contratistas del Estado, y parte incluidas en la causa de las fotocopias de los cuadernos. En el expediente que tramita en el juzgado federal de La Plata, ya hay constancias de que un cuarto de los aportantes de campaña en 2017 que fueron declarados por Cambiemos son personas de bajos recursos cuya identidad fue utilizada para justificar donaciones de origen desconocido. Son 1147 beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales, sobre un total de 4721 aportantes. Otro hallazgo reciente reveló que en solo dos días –4 y 5 de octubre del año pasado– hubo casi 200 depósitos por los cajeros automáticos de dos sucursales del Banco Nación, una de ellas a metros de la Casa Rosada, de dinero de la campaña bonaerense.  También comenzaron citaciones por esos extraños movimientos.

La declaración testimonial de Alconada fue requerida por Noemí Viera, una de las querellantes en la causa que instruye Kreplak, cuya identidad fue utilizada para justificar aportes de campaña que ella asegura que nunca hizo. Viera vive en Villa Itatí, tiene cinco hijos y es beneficiaria de un plan social, por lo que supone que sus datos fueron tomados de esa base. En base a declaraciones que había hecho el periodista pidió que fuera convocado, ya que “describió un modus operandi” que “se habría utilizado para el financiamiento de las campañas de la Alianza Cambiemos”. Kreplak investiga posibles delitos como asociación ilícita y lavado de dinero. Una de las imputadas, María Fernanda Inza, ex tesorera del PRO y ex contadora general de la gobernadora María Eugenia Vidal –también denunciada–, pugna porque la causa quede únicamente en manos de la justicia electoral, lo que implicaría licuar responsabilidades penales y que las consecuencias se limiten a multas o sanciones. En el fuero federal porteño, gracias a una decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, buena parte de la investigación por lavado que tramitaba allí fue derivada al juez electoral platense, Adolfo Ziulu. Casanello se quedó con una parte: investiga aportantes truchos en la Ciudad de Buenos Aires. Ziulu hasta el momento mostró fuertes gestos por poner fin a la causa penal y quedarse con un expediente electoral.

“Quiero el 1 por ciento de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano, normalizaremos el país y el 99% restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más”, es la frase que Alconada Mon le atribuye al presidente Macri, en los tiempos en que “pasaba la gorra” y preparaba su campaña para llegar a la Casa Rosada. También agregaba Macri, según cuenta el periodista, que los aportes no debían ser en blanco.  Aquella campaña, dice el libro, costó 1760 millones de pesos pero que el monto reportado a la Cámara Nacional Electoral fue once veces más bajo. Alconada ratificó todo este relato, resguardando la fuente, cuando fue a declarar ayer al juzgado de Kreplak. Según su relato, Vidal también pedía directamente aportes a los empresarios: 500 mil pesos en cash. La investigación incluye las campañas del kirchnerismo, pero la causa penal en cuestión está enfocada en el dinero recibido y manejado por Cambiemos. El periodista explicó que las modalidades de recaudación eran variadas: así como había aportes de dinero en negro, en efectivo, también los había en especies –desde el uso de aviones hasta catering–, aportes voluntarios de militantes y funcionarios y también de proveedores del Estado. Precisó que el equipo de recaudación de la campaña presidencial fue liderado por el empresario Nicolás Caputo y el ex funcionario Edgardo Cenzón, que fue director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño y luego se conoció que en esa misma época era titular de un fondo de inversión (no declarado) en las Islas Bermudas. Entre las empresas que pusieron dinero en negro para campañas Alconada menciona y reiteró en el juzgado: “los Rocca (Techint), los Bulgheroni y los Roggio, así también como Eduardo Eurnekian y Daniel Vila y Jorge Born (h)… como antes lo fue Amalia Lacroze de Fortabat y Enrique Pescarmona conoció tiempos mejores”. Añade a la Cámara de los Laboratorios Farmacéuticos. Y aportes que aparecen a título personal  para el PRO corresponden, dice, a empresas como Trafigura con un récord de 3,1 millones de pesos de uno de sus más altos ejecutivos y agrega a un grupo de contratistas de la ciudad de Buenos Aires: Irsa, Raghsa, Isolux, Vialmani, Impsa y Caputo Hermanos. Son sólo algunos de sus ejemplos.

Como las empresas no pueden hacer aportes para las campañas electorales, suelen aparecer nombres de particulares. O puede suceder, como en las investigaciones en marcha, que se usurpen identidades y se las use para justificar donaciones. El hallazgo de decenas de nombres de personas de bajos recursos que aparecían aportando a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires en fue del periodista Juan Amorín, del El Destape. El juez Kreplak, a través de un cruce de datos estableció que de 4721 aportantes (personas físicas) el 24 por ciento son beneficiarios de planes y monotributistas sociales. Durante la pesquisa fueron apareciendo casos distintos: candidatos a concejales, consejeros  escolares y hasta intendentes que dijeron no haber aportado nada pero figurar en los listados confeccionados por Cambiemos. En la causa a cargo de Casanello, se sospecha que hay funcionarios que entregaron datos de empleados o funcionarios de segunda línea para justificar dinero de empresas, posiblemente contratistas. La declaración de Alconada Mon será importante para empezar un posible rastreo del dinero.

Días atrás, además, el juzgado se topó con otro movimiento dudoso, que –además– viene a desacreditar la teoría de la gobernadora Vidal según la cual la “bancarización” de aportes transparenta los procedimientos y soluciona todo. El juzgado platense descubrió que el 4 de octubre de 2017 se hicieron depósitos en dos cajeros contiguos por un millón de pesos en una sucursal del Banco Nación en la avenida Alvear, en Recoleta. Era plata para la campaña de la provincia de Buenos Aires, a nombre de 24 supuestos aportantes. Un día después, hubo más depósitos sucesivos de dinero para la campaña bonaerense en una sucursal del mismo banco en Plaza de Mayo, muy cerca de la Casa Rosada. En total fueron casi 200 depósitos en solo tres cajeros de dos sucursales, en pocas horas. Una cuenta de Cambiemos está en la sucursal La Plata del Banco Nación, pero la bancarización se hizo en el centro porteño. Este descubrimiento muestra que hubo aportes en efectivo que se introdujeron en el sistema bancario. Las cámaras de seguridad ya no están, pero el rastreo de la ruta de esa plata continúa. Esta semana declaran algunos de los supuestos aportantes que figuran allí.