Uruguay aprobará este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia y se convertirá en el primer país en América Latina en legalizar este proceso.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en agosto, en una sesión maratónica, con el respaldo de legisladores de diferentes partidos políticos. Este miércoles se trata en el Senado, una cámara en la que la coalición izquierdista Frente Amplio –que está a favor de la iniciativa­– tiene mayoría.

Como sucedió en Diputados, la votación estará dividida dentro del bloque opositor. Los históricos partidos Nacional y Colorado tienen diferentes posturas en su interna. La blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda, por ejemplo, votarán a favor de la iniciativa, informó este miércoles el diario El País.

El colorado Robert Silva, en tanto, pedirá licencia para darle paso a su suplente Ope Pasquet, quien en la legislatura pasada fue el promotor de que se trate este proyecto de ley, que llegó a ser aprobado en la Cámara de Diputados pero no fue tratado en el Senado.

“Después de tanto luchar será parte”, dijo Silva, en declaraciones al diario uruguayo.

En las barras del Palacio Legislativo estará presente este miércoles Beatriz Gelós, una paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace 19 años y que está a favor del proyecto.

Su historia, que fue publicada por Infobae hace casi dos años, fue un argumento utilizado en la Cámara de Diputados. Gelós no puede bañarse sola, escribir a mano, rascarse ni tomar agua por su propia voluntad cuando tiene sed. Tampoco puede ocuparse de nadie, en especial de sus nietos, a quienes nunca les cambió el pañal ni los pudo hacer dormir en sus brazos. Esta docente de 71 años sería feliz si pudiera hacer cualquiera de estas actividades, pero la ELA que padece hace 19 años se lo impide.

Gelós también estuvo en las barras de Diputados durante la discusión.

Se prevé también la presencia de grupos como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que han sido promotores del proyecto. Prudencia Uruguay, que está en contra, también dirá presente.

El proyecto de ley que se discute en el Plenario este martes establece que la eutanasia podrá aplicarse en determinadas circunstancias. Las personas que podrían acceder serían las mayores de edad aptas psíquicamente, que padecen una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida”. El proyecto está pensado para aquellas personas que tienen sufrimientos “insoportables” y apunta a que tengan una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad.

El procedimiento para aplicar la eutanasia es de ocho etapas. La iniciativa debe surgir de un paciente, que se lo tiene que expresar personalmente a un médico. Luego de la evaluación de un primer profesional, es necesaria una segunda opinión médica, de un doctor que no tenga vínculos con el primero que lo vio. Después de esta instancia, habrá una segunda entrevista con el paciente para que ratifique su disposición y luego una fase para expresar su “última voluntad”. Luego de eso, el médico actuante procederá a cumplirla.

Durante la discusión en Diputados, los promotores del proyecto de ley defendieron que la propuesta “regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo”. Además, consideran que cada persona tiene el “derecho” de definir qué hacer con su propio destino y “evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal”.

Los que rechazan la propuesta, sin embargo, consideraron que el debate no puede ser tan simplista de considerar “sufrir o morir” y rechazan que las personas tengan el derecho de “disponer de la propia vida”.

 La acción se extendería por 15 días en una primera etapa y afectará a las provincias de Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía y en la provincia de Arauco en la región de Bío Bío en el sur de Chile.

Hechos como el ataque incendiario a las Termas de Pemehue en Collipulli el pasado 8 de octubre, la quema de camiones y maquinaria al interior de la Forestal Mininco en Loncoche un día después y la quema de 18 camiones al interior de una empresa en Temuco fueron parte de los argumentos tomados por las autoridades para decretar la medida. A estas acciones se suman las tomas de terrenos registradas en los últimos meses, ente ellas la violenta toma de un fundo en la ruta R-444 en la Provincia de Malleco, que finalizó con camiones incendiados y fuego cruzado entre Carabineros y desconocidos.

En la mayoría de estos hechos han actuado encapuchados con elementos incendiarios y armas, dejando además panfletos alusivos a la causa mapuche y sus demandas territoriales por parte de la organización Weichan Auka Mapu.

Uno de los que celebró la medida, es el senador Francisco Chahuán de Renovación Nacional (RN) quien durante las últimas horas fue quien confirmó la noticia, indicando que “el gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la Macrozona sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer la paz social. Las comunidades mapuche estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de las causas de los pueblos originarios”.

Chahuán agregó que “se lo veníamos pidiendo hace semanas, meses y finalmente el Gobierno entendió que tenía que terminar con la impunidad de la violencia rural generada”. El presidente de RN anunció además que presentarán una querella contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) para que se persigan “todas y cada una de las responsabilidades”.

El decreto de Estado de Estado de Excepción Constitucional es una facultad otorgada al Presidente de la República en caso de grave alteración del orden público o por daño o peligro para la seguridad de la nación y por ley tiene una duración de 15 días corridos que pueden ser prorrogados por otros 15 días. Más allá de ese plazo, se debe contar con la autorización del Congreso para una nueva prorrogación.

El Estado de Excepción implica –entre otras medidas- que las zonas declaradas quedan bajo la dependencia de la Defensa Nacional y el Presidente puede además restringir las libertades de locomoción y de reunión mediante toques de queda. En tanto el Jefe de Zona tendrá facultades como: dictar normas para evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; autorizar reuniones en lugares de uso público y velar por que tales reuniones no alteren el orden; controlar la entrada y salida de la zona declarada en Estado de Emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de obras de arte y servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros e impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona.

El tema de la violencia que se registra en el sur de Chile fue una de las materias centrales en el debate presidencial que se realizó la noche del lunes. José Antonio Kast (Partido Republicano) planteó la necesidad de aplicar la Ley Antiterrorista para combatir a los grupos armados que operan en la zona, mientras que Sebastián Sichel (UDI y RN) afirmó que la zona ya está militarizada y que es deber del Estado Garantizar la seguridad en el sur del país.

Por su parte Gabriel Boric (Frente Amplio y Partido Comunista) afirmó que no hay que seguir “incentivando la violencia” pues la situación puede abordarse “con diálogo, con conversación, reconstruyendo las confianzas tal como están haciendo hoy organismos internacionales en conjunto con las iglesias y las universidades. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo”. El candidato también se refirió al video en el que se ve a un grupo armado que estaría vinculado a la Alianza Territorial Mapuche, que se tomó la Reserva Nacional de Malleco. Al respecto dijo que “todo delito debe ser perseguido con toda rigurosidad. Si hay uso de armas ilegales, por supuesto que tiene que ser perseguido. No tengo ninguna duda al respecto. Hechos de violencia y crímenes de sangre tienen que ser perseguidos”, sentenció, agregando que “el punto y lo que defiendo es que es el diálogo el camino para avanzar hacia una solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.

Violencia en la Araucanía

En tanto el candidato de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, Sebastián Sichel, planteó un punto de vista contrario afirmando que “decir que se va a militarizar la Araucanía es vivir en una montaña de privilegios, estar en el Congreso y no entender lo que viven las personas allá, que no duermen tranquilas, que ven armamento de guerra todos los días”, afirmando que “la zona ya está militarizada, el problema es por qué como Estado no hemos hecho nada. En democracia es deber del Estado garantizar la seguridad”, sentenció.

Por su parte, el gobernador de la zona Araucanía, abordó el eventual decreto de Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur, a raíz de los hechos de violencia que se han registrado. “Yo espero que este Estado de Excepción sea utilizado como un apoyo, principalmente a la labor de las policías y ahí, lamentablemente era una opción lo que en Contraloría no prosperó, que eran estos patrullajes mixtos eran una buena opción”, dijo Rivas.

Allí reiteró que es un perseguido político, acusó a Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) de sumarse a un golpe de Estado en su contra, y volvió a decir que no participará de las próximas elecciones, aunque criticó el nuevo proceso de cara a los comicios que lleva adelante el gobierno interino de Jeanine Áñez.

“Las acusaciones de terrorismo y sedición son netamente políticas. No me están procesando por corrupto, no soy ningún delincuente (…) Quieren desmantelar el estado plurinacional porque el fascismo no acepta la diversidad de culturas y pensamiento”, denunció ante la prensa mexicana.

“La Interpol me está buscando en América del Sur por delitos que no existen (…) Para el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas”, agregó.

Asimismo, comenta INFOBAE que Morales sostuvo que la oposición boliviana y parte de la comunidad internacional -con EEUU a la cabeza- nunca le perdonarán haber “apostado a la nacionalización de los recursos naturales” y por “haber cambiado a Bolivia”.

En esa línea, señaló que durante su gobierno llevó adelante una “revolución democrática y cultural”: “La revolución ahora se hace con conciencia del pueblo, por eso es una revolución democrática”.

Se refirió, además, a los logros económicos durante sus 13 años de gobierno: “En el tiempo de mi Gobierno tuvimos un gran crecimiento económico, ahora lo están destruyendo”.

Evo Morales también habló sobre las nuevas elecciones que habrá en el país. “No puede haber elecciones libres si hay perseguidos políticos, acusados de terrorismo. Si hay otras elecciones, ¿cuál es el miedo a que sea candidato? Esto es una persecución política, cuando corruptos con sentencia se escaparon de Bolivia”.

“Vamos a seguir apoyando nuevas elecciones. Repito: no voy a ser candidato en las nuevas elecciones, y ahora por instrucción de EEUU no quieren que Evo vuelva a Bolivia. No permiten que vuelva Evo ni Álvaro, no dan salvoconducto”, fustigó el ex mandatario, quien también cargó contra Luis Almagro y la OEA, a quienes calificó de “golpistas”.

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, quedó en libertad el viernes, después de que el juez federal Danilo Pereira Junior dictaminara así lo dictaminara, después de 19 meses en prisión, como parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción.

La decisión, publicada a las 4:15, hora local, se produjo después de la sentencia del Tribunal Supremo (STF) el jueves, que determinó que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles.

“Queridos compañeros y compañeras, no tienen dimensión de lo que significa para mi estar hoy aquí con ustedes”, comenzó Lula da Silva, en sus primeras palabras pronunciadas en libertad. “Toda mi vida conversé con el pueblo brasileño, y no me imaginé que el día de hoy iba a estar aquí conversando con los hombres y las mujeres que durante 580 días estuvieron diciendome ‘buen día, Lula’, ‘buenas tardes, Lula’, ‘Buenas noches, Lula’, no importa si llovía, si hacían 40 grados o si hacían cero grados, todo el santo día sus voces eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir”.

Citando la decisión del máximo tribunal judicial, el magistrado de ejecución de penas determinó en un fallo de menos de dos páginas que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”.

El fundador del Partido de los Trabajadores salió de la sede de la Policía Federal de Curitiba en la que estuvo recluido en medio de la ovación de cientos de miles de seguidores que se habían congregado a la espera de la liberación.

Comenta INFOBAE que la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, había adelantado que Lula tenía la intención de “agradecer” a las personas que se encuentran allí para dar su apoyo “desde hace 580 días” y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo el sábado, donde inició su carrera política.

Minutos después de que se conociera la decisión de Pereira Junior, desde la cuenta oficial de Twitter de Lula da Silva compartieron un video en el que se ve al ex presidente brasileño entrenando con la canción Eye of the tiger, de la banda estadounidense Survivor, que es parte de la banda sonora de la película Rocky III.

La defensa del ex presidente había acudido a la prisión de Curitiba el viernes por la mañana y, tras una reunión con Lula, había hecho la solicitud formal de su liberación.

La decisión recayó en Danilo Pereira porque la jueza que administra la sentencia diaria de Lula, Carolina Lebbos, está de vacaciones, informó el diario brasileño Folha de S. Paulo.

La liberación de Lula este viernes no significa el final del juicio sobre el triplex Guarujá, por el cual fue condenado por corrupción y lavado de dinero en primera instancia en julio de 2017. Por el contrario, el ex mandatario esperará el juicio sobre las apelaciones que aún están pendientes en el Tribunal Superior de Justicia.

En el entorno del líder petista aseguran que su objetivo es obtener la anulación completa del caso, con el argumento de que el ex juez Sergio Moro, artífice del Lava Jato, no fue imparcial a la hora de juzgarlo. En efecto, el magistrado fue duramente cuestionado cuando aceptó el ofrecimiento del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que lo convirtió en ministro de Justicia de su Gobierno.

El viernes, Moro afirmó que la decisión de la suprema corte “debe ser respetada”, pero sostuvo que “continuará” defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. “El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley” para permitirlo de nuevo, agregó.

Uno de sus abogados, Cristiano Zanin, dijo que Lula “está muy sereno”. “La decisión de la corte suprema le dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica, nuestro foco, es obtener la nulidad del proceso”, agregó.

Según analistas, Lula en libertad fortalecerá tanto al PT como, paradójicamente, a Bolsonaro, que supo captar el odio de una parte del electorado hacia el exlíder sindical, prometiendo incluso hacer que el exmandatario se “pudra en la cárcel”.

“Para Bolsonaro es una buena noticia, porque refuerza la polarización ideológica que lo eligió. Veremos a Lula más presente en el escenario político y eso permitirá que Bolsonaro refuerce su papel de líder del campo anti-PT”, dijo el analista Thomaz Favaro, de Control Risks.

Bolsonaro hasta ahora no reaccionó, pero sí dos de sus hijos.

“Miles de presos serán liberados (…) generarán graves consecuencias sociales y económicas internas y externas”, escribió el concejal Carlos Bolsonaro.

También el diputado Eduardo Bolsonaro criticó la nueva situación a la que se ve confrontada el poder judicial, aunque entre los 4.895 posibles beneficiarios de la decisión del STF muchos permanecerán en la cárcel, en régimen de prisión preventiva, debido a su peligrosidad.