Uno por uno, se conocieron con nombre y apellido los legisladores que se negaron a votar a favor del acuerdo con el FMI y van desde el kirchnerismo hasta el liberalismo y la izquierda.

La jornada contó con más de 13 horas de debate en el recinto legislativo, donde en horas de la madrugada se conoció que 202 legisladores votaron a favor, 37 en contra y 13 se abstuvieron de dar su visión sobre el acuerdo.

Los 28 diputados del oficialismo que rechazaron el acuerdo con el FMI: Máximo Kirchner, Marcos Cleri, Constanza Alonso, Paula Penacca, Rodolfo Tailhade, Gabriela Esteves,Cristina Britez, Florencia Lampreabe, Rodolfo Iparraguirre, Mabel Carrizo, Lucio Yapor, Leila Chaher, Magalí Mastaler, Lucila Masin, Santiago Igon, Emiliano Estrada, Marisa Lourdes Uceda, Tomás Ledesma, Leopoldo Moreau, Alejandra Obeid del Huerto, Carolina Yutrovic, Gisela Marziotta, Mónica Macha, Agustina Propato (esposa de Sergio Berni), Juan Carlos Alderete, Lía Verónica Coliva, Federico Fagioli y Natalia Zaracho

Por parte del bloque de Juntos por el Cambio, el único que votó en contra fue Ricardo López Murphy.

Al economista mencionado anteriormente, también se agregan los libertarios como José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad), Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

Por último, del lado de la izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejadro Vilca, (Partido de los Trabajadores Socialistas) y Romina del Pla (Partido Obrero), son los que también negaron su apoyo al proyecto propuesto por el oficialismo que también fue acompañado por la oposición.

También hubo 13 abstenciones en la Cámara de Diputados esta madrugada. Los que ratificaron esa decisión fueron el bancario Sergio Palazzo, la sindicalista judicial Vanesa Siley, el dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el exministro de Salud, Daniel Gollán, y el economista Itaí Hagman. A estos, se sumaron Lisandro Bormioli, Pablo Carro, Gustavo González, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Jorge Verón y Natalia Zabala Chacur.

En otro tema, cuatro diputados de la oposición no se presentaron en Diputados: Fernando Iglesias, Martín Maquieyra, Francisco Sánchez, Héctor Stefani.

Manifestantes de izquierda arrojaron piedras y pintura a los vidrios de su despacho ubicado en el primer piso del Congreso mientras ella estaba en el lugar.

Los objetos arrojados también golpearon los despachos y dependencias de la planta baja, como también del segundo piso de la Cámara Alta.

Este evento sucedió horas después de que un grupo de manifestantes haya protagonizado esta tarde incidentes frente al Congreso de la Nación, donde se arrojaron piedras y se quemaron neumáticos, en el marco de una jornada de protesta en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está siendo tratado en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Hasta el momento se desconoce información acerca de la integridad de Cristina Fernández y si tuvo que ser evacuada en el momento donde su despacho sufría ataques con piedras.

En el caso de las oficinas de la presidencia provisional, fuentes legislativas comentaron que uno de los ventanales ciegos (no se pueden abrir ya que tienen rejas) sufrió el impacto de una bomba de pintura, quebrándose, lo que habría provocado daños al interior de las dependencias., publicó el diario La Nación.

Lo confirmó el Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Se llamará a una audiencia pública en abril.

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno confirmó que las tarifas de los servicios públicos de luz y gas subirán según la evolución de los salarios para los usuarios residenciales, al tiempo que habrá una reducción de subsidios para algunos consumidores, -según publica Ámbito-.

Mientras se espera que el memorando de entendimiento con el FMI para el pago de la deuda llegue al Congreso, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el acuerdo implica «lograr tarifas razonables y con criterios de ser aplicadas a los servicios de gas y electricidad».

La funcionaria detalló que para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, «frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior».

«Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios», argumentó.

En este contexto, Cerruti puntualizó que la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate:

Usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.

Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior.

Para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

Asimismo, durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), «si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto». Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

Cerruti también aseguró que se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: «(i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable’’.

Y ‘’(ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad», sostuvo.

Explicó, además, que para los usuarios residenciales el aumento será según el coeficiente de variación salarial. «El Gobierno convocará a una audiencia pública para fines de abril para avanzar de forma consensuada en una segmentación», anticipó.

Cerruti afirmó que el Gobierno «está en las últimas horas de la negociación» con el FMI «antes de plasmar en texto» el acuerdo con el organismo a fin de que sea enviado al Congreso «para su aprobación», y afirmó que el Ejecutivo «defiende punto por punto» los intereses de la Argentina.

La portavoz de la Presidencia reafirmó hoy, en el marco de una conferencia de prensa que ofrecía vía Zoom a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “no prevé ajustes, ni reformas previsionales y laborales”, y señaló que el organismo pedía “un aumento más elevado en las tarifas de servicios públicos” que el esquema que finalmente fue acordado.

En este sentido, señaló que “desde que comenzó el Gobierno de Alberto Fernández uno de los temas más importantes que teníamos por resolver era salir del desastre en el que nos dejó Mauricio Macri con un endeudamiento de cerca de 50 mil millones de dólares”.

“Este Gobierno Nacional intenta que la población pague el menor costo posible. Hoy se arribó a un acuerdo con el FMI y nosotros tenemos que apoyarlo para sacar a la Argentina de la situación en la que se encuentra”, dijo.

Finalmente, Luque concluyó que “en este proyecto político que es el Frente de Todos, todos los compañeros y compañeras discutimos los temas que son necesarios y eso es muy beneficioso para la gente”.

Estados Unidos ha advertido al presidente argentino, Alberto Fernández, que sus primeras medidas de política exterior podrían poner en peligro tanto el apoyo del Fondo Monetario Internacional como la inversión estadounidense en los vastos campos de shale gas del país.

Un alto funcionario de la administración Trump dijo que haber dado asilo al expresidente boliviano Evo Morales y comprometerse con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cruzaba un límite y podría costarle a Argentina el respaldo de nuevos fondos e inversiones del FMI en los campos de shale en Vaca Muerta. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el asunto es privado, dijo que mientras muchos de los asesores de Fernández son pragmáticos y entienden estos riesgos, la influencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández, dentro de la administración lo está acercando a líderes de izquierda no bien vistos por EE.UU.

Una portavoz del Tesoro de EE.UU. declinó hacer comentarios para esta historia. El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Miembros de la administración Trump expresaron sus preocupaciones a Fernández y sus asesores durante reuniones recientes en Buenos Aires, Ciudad de México y Washington. La oferta de asilo a Morales ha molestado a los funcionarios estadounidenses, además de las señales de que Fernández está alineando a Argentina más cerca de otros políticos de izquierda, entre ellos Miguel Díaz-Canel, de Cuba, Maduro, de Venezuela, y el ex líder de Ecuador, Rafael Correa.

Esta frustración escaló el mes pasado cuando Mauricio Claver-Carone, un asesor cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, voló a Buenos Aires pero luego obvió la asunción de Fernández después de enterarse sobre la asistencia de un funcionario venezolano sancionado.

El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, alto funcionario argentino involucrado en algunas de las conversaciones, declinó hacer comentarios. Los portavoces de la oficina presidencial de Argentina y el ministerio de Economía no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

EE.UU. tiene la mayor influencia en el FMI dado que es su mayor accionista y fue clave para ofrecer al entonces presidente de Argentina Mauricio Macri un rescate récord de USD 56.000 millones. Alberto Fernández criticó el acuerdo en ese momento, diciendo que estaba diseñado para ayudar a ganar la reelección de Macri, pero desde entonces ha reconocido la importancia de un diálogo “constructivo y cooperativo” con el fondo. Entretanto, ha insistido en que Vaca Muerta es esencial para impulsar el crecimiento en una economía que ha entrado y salido de recesión durante la última década.

Si bien Trump sorprendió a Fernández con una llamada de felicitación después de sus elecciones de octubre, los dos ya han estado en desacuerdo en una serie de cuestiones de política exterior, según comenta INFOBAE. Esa fricción llega en un momento delicado para Argentina. El gobierno de Fernández dijo que no puede pagar su deuda y está iniciando conversaciones con el FMI y los bonistas. Las autoridades estadounidenses habían aconsejado a Argentina que negociara con el FMI antes de comprometerse con los acreedores, dijo la fuente.

Cuando Morales renunció como líder de Bolivia en noviembre, Fernández se alineó con Venezuela, Cuba y México, criticando a Trump por aplaudir lo que tildó de golpe militar.

EEUU “retrocedió décadas” en política exterior y “volvió a lo peor de la década de 1970, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares”, dijo Fernández a un programa de radio argentino en ese momento. Pocos días después de asumir el cargo, su gobierno aceptó la solicitud de asilo de Morales en Argentina.

El líder argentino también plantea un obstáculo potencial para los objetivos políticos de Trump en Venezuela. En enero pasado, EE.UU. reunió a la mayoría de los jefes de Estado de la región, incluido Macri, para apoyar al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, en un esfuerzo por derrocar a Maduro. Pero Fernández se abstuvo de llamar a Maduro un dictador y sugirió que Argentina podría adoptar un enfoque más neutral hacia Caracas.

La pobreza superó el 29 por ciento antes de mitad de año (según cifras oficiales no difundidas) y, a la luz de la evolución de los precios y del panorama laboral de estos meses, ya habría superado el 30 por ciento, estimándose que podría terminar el año entre el 33 y el 35 por ciento, según proyecciones aún no divulgadas. Esta situación, suficientemente conocida tanto en Buenos Aires como en Nueva York y Washington, es lo que explicaría el sorprendente discurso de Mauricio Macri del jueves último, tras conocerse los indicadores oficiales del primer semestre, en el que admitió que se había retrocedido en la meta de bajar la pobreza, anticipando además que las mediciones de los próximos dos semestres “también van a mostrar retrocesos”. Algunos partidarios del gobierno consideraron que fue “un error de lectura” hablar de una suba en el índice de pobreza, ya que la comparación interanual (estacional) entre primer semestre de 2017 y 2018 le otorga un resultado favorable al gobierno. Pero en esta política de “doble comando” tras el acuerdo con el FMI, el consejo desde Washington parece haber sido no disfrazar el mal resultado, como ha hecho el gobierno en tantas otras veces. De hecho, el dato estadístico desagregado del Indec (no publicado) muestra que la pobreza en el primer trimestre de este año fue del 25,5 por ciento, y en el segundo trimestre del 29,1, marcando el deterioro de la situación. Del promedio de ambos surge el informado 27,3 por ciento.

Mientras que los datos dados a conocer por Mauricio Macri y el Indec en la semana pasada muestran una tasa de pobreza del 27,3 por ciento, sólo por arriba de la del segundo semestre de 2017 (25,7 por ciento) y aún por debajo de la medición de la primera mitad del año pasado (28,6), las mediciones no divulgadas del organismo estadístico mostrarían una realidad mucho más dura. Según informó a Página 12 el ex diputado nacional y dirigente de ATE Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, “el 27,3 por ciento de pobreza que presentó el Indec de manera almibarada para el primer semestre de este año, es resultado de un promedio entre lo que se vivió en el primer trimestre, el último de suba de la actividad económica, y lo que se midió en el segundo”, es decir el período abril-junio, inicio de la actual recesión. “El primero midió 25,5 por ciento y el segundo trimestre ya mostró que la pobreza trepó al 29,1 por ciento”. El ex diputado puntualizó que, de acuerdo a este resultado, “la pobreza ya está en torno al 30 por ciento, dado que las mediciones anunciadas aún no han relevado los efectos de la segunda corrida cambiaria, ni de la recesión profunda y prolongada que le espera a la Argentina en el marco del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional”.

Una evaluación de las consecuencias del acuerdo con el FMI elaborado por economistas del peronismo, que ya circula entre legisladores e incluso ya está en manos de contactos de éstos en Nueva York, Washington y Londres, da cuenta del impacto que se espera de lo que denomina “un shock recesivo”. “Será un programa muy costoso para el sector privado en empleos y actividad económica”, apunta, concluyendo que en particular en materia de pobreza, el resultado sería que a fin de año alcance al 35 por ciento de la población.

Si se sigue la evolución de los datos publicados por el Indec y las mediciones desagregadas para el último semestre, se observa que de un pico inicial del 30,3 por ciento en la segunda mitad de 2016, se pasa al 28,6 en el primer semestre de 2017, a 25,7 en el segundo semestre del mismo año y al 25,5 por ciento en el primer trimestre de este año. No había indicadores para compararlos con los semestres anteriores a 2016, puesto que el gobierno de Cristina Kirchner había interrumpido la publicación de los datos de pobreza. El gobierno de Macri hizo una proyección hacia atrás muy tirada de los pelos, que ubicó la pobreza de 2015 en el 32,2 por ciento. Es imposible suponer como valido que entre el segundo semestre de 2015 y el segundo de 2016 la pobreza haya subido, con la megadevaluación y el salto inflacionario que provocó el regreso de las políticas neoliberales en 2016.

La pobreza se extiende de la mano de la inflación, el encarecimiento de los alimentos y servicios y la pérdida de ingresos de la

La situación empieza a cambiar dramáticamente a partir del segundo trimestre de este año. Según las mediciones del Indec no publicadas, del 25,5 por ciento del primero se pasó al 29,1 por ciento en el trimestre siguiente, que coincide con las primeras manifestaciones de la recesión. Así lo señalan los indicadores de actividad económica y de producción industrial que elabora y difunde el Indec. Pero, además, a partir de la última semana de abril se inició una corrida contra el peso con un proceso de devaluación explosiva, con manifestaciones abruptas entre mayo y junio. El impacto inflacionario empezó a sentirse a partir de junio, con reflejo en los meses posteriores.

La medición de la pobreza se realiza a partir de comparar los ingresos estimados de la población con el costo de la canasta básica total para una familia tipo. La indigencia, por la comparación entre esos mismos ingresos y la canasta básica alimentaria. De acuerdo a los propios datos del Indec, desde fines del primer semestre en adelante se fue acelerando el índice de inflación tanto de los alimentos como de otros insumos esenciales de una familia vulnerable por ingresos (servicios del hogar, salud). El índice de precios al consumidor (IPC) de agosto arrojó un aumento del 3,9 por ciento. En los dos meses previos, el 3,1 por ciento en julio y 3,7 en junio. Teniendo en cuenta que la medición de pobreza del segundo trimestre es un valor promedio, parece válido como aproximación considerar también la inflación de junio para estimar el aumento de la canasta para el trimestre siguiente.

El aumento acumulado del IPC en estos últimos tres meses es, en consecuencia, de poco más del 11 por ciento. Es razonable suponer que, en el mismo período, el aumento de los ingresos de la población no puede haberse ni siquiera aproximado a ese porcentaje. Por lo tanto, es inevitable esperar que la pobreza haya crecido no menos de un punto en el tercer trimestre que acaba de terminar, o quizás dos. Ello arrojaría un indicador de pobreza más cercano al 31 por ciento.

El nivel de indigencia, que el Indec ubicó en el 4,9 por ciento en el primer semestre, habría tenido una muy escasa variación entre el primer y segundo trimestre, según señaló el economista Claudio Lozano, sin haber alcanzado al 5 por ciento en este último. Sin embargo, se observa en los meses de junio, julio y agosto que, precisamente, el rubro Alimentos ha sido uno de los más afectados por la aceleración de los índices de precios. Siempre según el IPC del Indec, el rubro registró un aumento del 5,2 por ciento en junio, 4 en julio y cuatro, otra vez, en agosto. En total, un acumulado del 13,8 por ciento, más lejos aun del probable aumento de los ingresos medios de la población en el período, con indudable impacto negativo en el nivel de indigencia que resultaría para el tercer trimestre. De ahí en más, es decir desde hoy, será el plan recesivo del FMI el que haga el resto.

Argentina recibirá 36.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional entre lo que resta de este año y todo 2019, y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país. A cambio, el gobierno no sólo ratifica el plan presupuestario restrictivo para 2019, que elimina el déficit fiscal primario, sino que además asume una drástica política antiinflacionaria del Banco Central que reduce a cero la emisión monetaria desde ahora hasta junio de 2019, y pasa a un esquema de libre flotación cambiaria que limita las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado mayorista. La escasez de dinero circulante debería actuar como freno a la inflación, pero al costo de una fortísima caída en la actividad económica. El nuevo acuerdo con el Fondo fue anunciado por la directora gerente del Fondo junto a Nicolás Dujovne desde Nueva York. La instrumentación de la estrategia monetaria fue explicada, minutos más tarde, por el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, en Buenos Aires.

Con la bandera argentina a su espalda, y el ministro de Hacienda a su izquierda, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, encabezó en el consulado argentino en Nueva York el anuncio del nuevo acuerdo con Argentina “para fortalecer el Programa Stand By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado”. Dueña absoluta de la situación, Lagarde asentía con leves movimientos de cabeza la lectura del comunicado que hizo Dujovne. “El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7100 millones con respecto al acuerdo previo”, indicó el ministro. “Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por 36.200 millones de dólares; con respecto al acuerdo previo, se incrementa en 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019”, explicó. Desembolsados ya 15.000 millones en junio, quedarían, en consecuencia, unos 6000 millones de dólares pendientes para 2020. Como en anteriores ocasiones, Dujovne se centró en explicar la “consistencia del programa financiero” entre los compromisos y las fuentes de financiamiento, pero sin considerar su impacto nocivo sobre la economía real.

Por el contrario, el ministro de Hacienda volvió a afirmar que el brutal ajuste y política de endeudamiento que presentó ayer forman parte de “un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina”. Desde la mirada del actual equipo económico, Argentina padece dos problemas que están por encima de cualquier otro: déficit fiscal e inflación. En coincidencia plena con el FMI, las medidas anunciadas ayer buscan “resolver” de manera drástica ambos conflictos, sin detenerse en los costos sociales que traerán aparejados. Lo fundamental para su sostenimiento está dado en “el apoyo de la comunidad internacional, que permitirá dejar atrás este camino de turbulencias”, y la decisión del FMI de “continuar respaldando la atención a los sectores más vulnerables”, señaló Dujovne, desviando la mirada hacia Lagarde en busca de aprobación. La recibió.

Lagarde solo tuvo una breve intervención verbal en la conferencia en el Consulado. Tras ello, Dujovne la excusó “por compromisos de agenda” y continuó solo. Antes de irse, la titular del FMI anunció que el acuerdo había sido “aprobado por la Gerencia” del FMI, incluyendo los desembolsos anticipados. Indicó que el programa Stand By acordado estaba “respaldado por un presupuesto adecuado y sustentable”. También se refirió al compromiso del Banco Central con una política de tipo de cambio flexible sin intervención e indicó, ante una pregunta, que “la clave del nuevo acuerdo está en las cifras 19 y 19: los 19.000 millones de dólares que Argentina recibirá por adelantado hasta 2019, con lo que conseguirá estabilizar su economía”.

“Hemos acordado avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal para 2019”, anunció Dujovne, como contrapartida del adelanto del cronograma de desembolsos para atender las urgencias financieras del gobierno a partir de la corrida iniciada en mayo y que no se frenó con el primer acuerdo.

“En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y un recrudecimiento de la inflación”, expresó luego el ministro. “En ese marco –anunció–, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”. Más tarde, en conferencia de prensa en el Salón Bosch del BCRA (ver nota aparte), su nuevo titular explicaba la implementación de “una banda de no intervención” ajustable por una “tablita” de aquí a fin de año, y una participación limitada cuando el valor mayorista saliera fuera de las bandas. “Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, dijo confiado Dujovne.

El programa económico que surge del nuevo acuerdo con el FMI representa la renuncia del gobierno al “control de daños”. Asume todos los riesgos y sin red. Va hacia un recorte brutal en el gasto público en medio de un proceso recesivo. Se mete de cabeza en un proceso inflacionario, motorizado principalmente por la megadevaluación de los últimos cinco meses, soltando las amarras con las que pretendía controlar el dólar. Juega todas las fichas a la sequía monetaria, es decir congelar la emisión de dinero para que no haya dinero para convalidar nuevos aumentos de precios. Pero el propio Sandleris reconoció que hay un rezago de la devaluación previa que impactará en el nivel de inflación de septiembre, octubre y, “en parte”, en noviembre. La secuencia es previsible: aumentarán los precios, seguirá subiendo el dólar, se atrasarán los salarios, se profundizará la caída de la actividad y se expandirá la recesión con mayores suspensiones y despidos. Ahí, recién ahí, con muchas víctimas del desempleo y de la pérdida de capacidad de consumo, la escasez del dinero circulante podrá traducirse en atenuación de la inflación. Los costos en materia social son imposibles de proyectar. En los cementerios, dicen, no hay inflación.

«Bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por USD 36.200 millones», explica un comunicado oficial.