En un discurso grabado, el Presidente dijo que los ministros del área económica comunicarán a partir de mañana el detalle de las iniciativas. Anticipó que se constituirá un “fondo de estabilización” para que no se traslade la suba internacional de precios.

Finalmente, el discurso de Alberto Fernández en el que prometía comenzar la “guerra contra la inflación” no tuvo medidas concretas para impulsar la baja de los precios. En un discurso grabado, el Presidente resaltó que el Congreso aprobara el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda contraída por Mauricio Macri e hizo alusión al impacto que va a tener en los insumos y commodities la invasión de Rusia a Ucrania, indica Infobae en su nota.

A raíz de esto, hizo hincapie en las consecuencias que podría tener el aumento del trigo: “Haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos consumen. Y no se trata de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aún más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica”.

Por eso, anticipó que se constituirá un “fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas” y dijo que los ministros del área económica van a tomar las medidas necesarias y se encargarán de comunicarlas a partir de mañana.

“He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento”, expresó el mandatario.

Además, tal como anticipó Infobae, ratificó que convocará desde este lunes a representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil.

Sobre el final, amenazó con medidas unilaterales desde el Estado en caso no llegar a un entendimiento con todos los sectores involucrados: “Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.

“Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”, insistió.

Y agregó: “No me cansaré de repetirlo: nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y les transmitiré los caminos que estamos recorriendo. Es hora que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de la Argentina”.

Luego enumeró las metas que planea conseguir con estas medidas que se conocerán a partir de mañana: “Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para contener los precios y mejorar los ingresos”.

Buena parte del discurso estuvo dirigido a las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania: “Rusia y Ucrania son dos países muy importantes en la producción mundial de cereales. Proveen casi el 30 % de las exportaciones mundiales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces el conflicto termina afectando al mundo entero, porque afecta a la producción de materias primas, centrales en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, el pan, los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana”.

Y continuó: “Por eso, rápidamente todos los países comienzan a procurar proveerse de ese bien y los precios rápidamente comienzan a subir. Un dato les permitirá dimensionar la gravedad del problema. La tonelada de trigo costaba, antes del 20 de febrero, el día en que estalló la guerra, menos de 300 dólares. El inicio del conflicto inició un alza inusitada que lo llevó a niveles récords. En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a los 400 dólares la tonelada”.

Para traerlo al plano argentino, el jefe de Estado ejemplificó: “El precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los 26.000 / 27.000 pesos por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los 30.000 pesos apenas iniciado el conflicto, y en los últimos días supera los 35.000 pesos por tonelada”.

“Esto claramente nos afecta y se suma a los muchos problemas que ya tenemos y que ya todos conocemos. Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica aún más las cosas. La inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas. La guerra lo agrava”, sentenció.

El Presidente también puso el foco en la formación de precios: “. Nosotros producimos muchos de los alimentos que consumimos en nuestros hogares. Pero la formación de sus precios no depende, enteramente, de nosotros. Estos se forman en los mercados internacionales, cuyos valores han trepado y lo seguirán haciendo y, consecuentemente, ya están presionando sobre los precios internos”.

Y añadió: “Es por ello que como Presidente de la Nación tengo la obligación y la responsabilidad de proteger de esas consecuencias económicas a la mesa de los argentinas. Nuestro objetivo debe ser, por un lado, garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla. Y, por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para las familias argentinas. En nuestro país ninguna familia sobra y por lo tanto ninguna familia quedará sola”.

En este sentido, señaló que “nosotros no queremos estar por debajo de la inflación, Hicimos un esfuerzo muy grande para poner a la Provincia de pie”.

“Yo veo que hay una coalición que está queriendo sacar al país adelante. Nosotros desde el primer día estamos enrolados en un Frente a nivel nacional y el acompañamiento es pleno”, dijo.

Asimismo “no es agradable negociar con un acreedor como el Fondo Monetario Internacional”.

“Las consecuencias de no negociar con el FMI y entrar en default son gravísimas”, indicó.

En este marco, destacó que “entiendo perfectamente al Gobierno Nacional porque a nosotros nos pasó en la Provincia. El no acordar durante dos o tres años para reestructurar la deuda hizo que todos los chubutenses terminemos perjudicados”.

“El grado de responsabilidad y de coherencia que han demostrados tanto los diputados como los senadores nacionales, es digno de personas que defienden a la Patria”, expresó el mandatario provincial.

A su vez, recordó que “hay una diversidad de opiniones e ideologías que yo respeto. Pero en lo particular apoyo la negociación con el Fondo”.

“Debemos entender las consecuencias de entrar en default. Hay que agachar la cabeza y seguir trabajando mirando para adelante todos juntos”, concluyó finalmente Arcioni.

El proyecto recibió 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Los senadores del Frente de Todos ligados a La Cámpora y al cristinismo no acompañaron la ley, que ahora el Gobierno deberá promulgar cuanto antes, teniendo en cuenta que deberá ser tratada por el board del organismo internacional.

Sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y con un quórum de 48 senadores que aseguraban los dos tercios necesarios para iniciar el tratamiento sobre tablas, el Senado de la Nación comenzó pasadas las 14 horas a dar el debate que terminó con la sanción por 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, del proyecto que le otorgó el permiso al Gobierno para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo a una nota publicada por Infobae.

Dentro de los legisladores del Frente de Todos que no acompañaron la ley, hubo algunos que se abstuvieron, pero de acuerdo con las reglas del recinto cuando ocurre esto son considerados como votos negativos.

Cuando estaba exponiendo el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff, la Cristina Kirchner tomó sus pertenencias y se retiró del Congreso, por lo que el momento de la votación fue coordinado por la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala.

Luego de más de nueve horas de debate, llegó el momento de la votación y la expectativa estaba puesta en qué iban a hacer los legisladores ligados al cristinismo o La Cámpora y finalmente votaron como estaba previsto. La novedad es que, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, algunos de lo que se opusieron al proyecto tomaron la palabra.

“No se le iba a negar la palabra a ninguno, el acuerdo es que tratáramos que los discursos no sean incendiarios”, explicó un senador del Frente de Todos que votó de manera favorable. “La bajada fue simple, hay libertad de acción, pero también había una idea clara de no ir al choque porque nadie quiere que se diga que Cristina Kirchner detonó el acuerdo”, agregó.

Y 4 de los 14 señalados que al principio de la sesión se señalaban como los que iban a votar en contra se anotaron como oradores. Las senadoras María Inés Pilatti Vergara, Nora Del Valle Giménez y María Eugenia Catalfamo anticiparon su voto en contra mientras que Silvia Sapag confirmó su voluntad de abstención.

La senadora kirchnerista Nora del Valle Giménez (Salta) dijo que no votaba “en contra del gobierno, del presidente ni de la vice. Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Macri y del FMI. Las deudas se honran, pero las estafas se denuncian”, dijo.

Algo similar fue el caso de la neuquina Silvia Sapag quien aseguraba que “esta es una deuda odiosa, donde están en connivencia quien otorga el crédito y quien lo pide. Fue el plan perfecto”, dijo.

Pero quien fue la primera en anunciar, sin rodeos ni metáforas, que votaría en contra fue la senadora Nora del Valle Giménez, quien justo en el momento en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retomaba su lugar como presidenta de la Cámara, aseguraba “señora presidenta, adelanto mi voto negativo. Pero que nadie se confunda, mi voto no es en contra de mi gobierno, no voto en contra de mi presidente ni de mi vicepresidenta, ni voto en contra del Frente al cual pertenezco”.

Por el lado de la oposición también hubo sorpresas porque, aunque habían adelantado que los 33 senadores de Juntos por el Cambio iban a votar en la misma línea y eso era apoyando el proyecto de ley, durante el transcurso del debate aparecieron varias voces que adelantaban sus abstenciones, como el caso de la senadora Lucila Crexell.

Uno de los momentos más festejados por el bloque de Juntos por el Cambio fue al comienzo del debate en donde el senador Martín Lousteau hizo su exposición. Luego de confirmar que votaría a favor del proyecto de acuerdo con el FMI, apuntó contra el gasto público y ejemplificó:“Mientras la provincia de Corrientes se incendiaba, la Secretaría de Ambiente se gastó 30 millones de pesos para explicar todo lo que no hicieron por los correntinos”. La parte más destacada fue cuando leyó varios fragmentos del libro “Sinceramente”, que escribió Cristina Kirchner en 2019, antes de ser candidata a vicepresidenta. El senador reprodujo los pasajes donde la ex presidenta se refería a la gestión del patrimonio familiar, en movimientos que, para el kirchnerismo, se trataría de “fuga de capitales”.

Así lo afirmó la diputada nacional Ana Clara Romero, quien votó a favor del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Corrían las primeras horas del viernes cuando en el Cámara de Diputados de la Nación se votó el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida obtuvo 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones.

Uno de los votos afirmativos fue el de la diputada nacional chubutense, Ana Clara Romero, quien aseguró que su voto –y el de Juntos por el Cambio en general- estuvo encuadrado en la “responsabilidad institucional”.

“Votamos en contra del default que nos traería más pobreza, ausencia de financiamiento. Un default perjudicaría a todas las provincias, incluida Chubut, a los trabajadores, a las empresas…a todos. Los argentinos ya lo atravesamos una vez y no podemos volver al mismo lugar”, argumentó la diputada en sus redes sociales tras cumplir sus tareas legislativas.

Sin embargo, no dudó en remarcar que “desde Juntos por el Cambio rechazamos el plan económico del Gobierno”. “Creemos q salir de la crisis requiere madurez para dar la discusión de los grandes temas, siempre postergados, como la reducción del gasto, incentivos para el blanqueo del mercado laboral informal, baja de impuestos, educación”, añadió Romero por último.

Los mercados –según publica TN– mostraron una primera reacción positiva a la media sanción en Diputados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que logró una parte del oficialismo junto al principal bloque opositor.

La Bolsa de Comercio porteña abrió el viernes con un alza de 1,3% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 91.400 puntos y ya acumula una mejora en pesos del 9,5% en lo que va del año, superior a la inflación.

Luego de haber mantenido su posición en el más estricto hermetismo durante toda la tarde, Máximo Kirchner y los diputados de su espacio optaron –según publica Infobae– por bajar al recinto a último momento. La Cámpora votó negativamente, al igual que los tres legisladores de Patria Grande. El Frente de Todos tuvo 28 votos negativos

También rechazaron el proyecto los diputados Libertarios -con fuertes discursos de Javier Milei y José Lus Espert-, los dos de la Corriente Clasista y Combativa, Ricardo López Murphy y los cuatro del interbloque del Frente de Izquierda. La votación finalmente llegó pasadas las 3 de la madrugada.

Al término de la sesión, desde Juntos por el Cambio volvieron a cuestionar la irresponsabilidad del kirchnerismo. “Si no estábamos acá esta noche la Argentina entraba en default”, aseguraron.

Por su parte, en la bancada del oficialismo se mostraron satisfechos por la cantidad de votos afirmativos totales y destacaban que el resultado confirmó que eligieron “la estrategia de negociación correcta”. Cabe destacar que si Juntos por el Cambio decidía abstenerse como planteó antes de llegar a un acuerdo con el oficialismo, los votos positivos (77) habrían sido menos que las abstenciones totales.

Al inicio de la jornada, la ausencia de Máximo Kirchner durante el llamado para dar quórum había sido una primera señal de alarma para el oficialismo, que todavía desconocía su posición a la hora de votar. El líder de La Cámpora, que hace poco renunció a la jefatura del bloque en rechazo al acuerdo, estaba en su oficina pero decidió no participar del debate. La sesión comenzó con 129 diputados en el recinto, número exacto para poder iniciar el debate.

La silla vacía de Máximo Kirchner alimentó especulaciones durante toda la tarde sobre la posición que asumiría el kirchnerismo duro, ya que una veintena de diputados podía ausentarse, abstenerse o directamente votar en contra. Finalmente se confirmó la última alternativa, que representa un duro golpe a la unidad del Frente de Todos y a la gobernabilidad de Alberto Fernández de cara a los próximos dos años.

Promediando la tarde en el oficialismo reconocían que una votación unánime nunca estuvo en los pronósticos. Un diputado dijo que Germán Martínez tuvo un solo pedido a los miembros del bloque que iban a hacer uso de la palabra: transitar el debate con tranquilidad y evitar los exabruptos. Algo que se respetó.

Otra señal de la fractura dentro del oficialismo llegó minutos antes de las 19, cuando los jefes de los bloques terminaron de acordar la cantidad de oradores individuales: entre los 80 diputados que pidieron hacer uso de la palabra no estuvieron Máximo Kirchner ni ningún legislador identificado con La Cámpora.

Durante las primeras horas del debate, en las inmediaciones del Congreso hubo incidentes con los grupos de izquierda que se concentraron en la plaza para rechazar el acuerdo. Encapuchados quemaron gomas, tiraron piedras contra las ventanas del frente del edificio y arrojaron una bomba molotov a los uniformados. La Policía de la Ciudad terminó desalojando la zona. El caos que se vivió en las calles no se filtró al interior del recinto y el clima fue calmo durante toda la tarde.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, encabezaron las negociaciones con la oposición para poder avanzar en el plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas con un dictamen unificado.

El Gobierno cedió a los reclamos de Juntos por el Cambio y eliminó de la redacción todas las referencias al programa económico diseñado por Martín Guzmán y negociado con el staff técnico del oficialismo. Los anexos que contenían el plan y las metas negociadas con el staff del FMI quedaron excluidos del proyecto. Esa había sido la principal objeción de la oposición desde el anunció del acuerdo. Solo se aprobó el empréstito.

“Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del “Acuerdo Stand By” oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”, marcaba el párrafo acordado.

En este sentido, señaló –en diálogo con La Cien Punto Uno– que “desde mi punto de vista ha sido un día importante. Para nosotros era fundamental poder cerrar el acuerdo con el FMI”.

“Le envié un mensaje al Presidente Alberto Fernández felicitándolo por haber podido cerrar esta etapa”, dijo.

Asimismo, aclaró que “somos un frente electoral con diferentes fuerzas políticas y pensamientos, y en ese sentido me parece crucial  entender las diferencias en las opiniones y respetarlas”.

“Ahora habrá que trabajar este proyecto en el Senado de la Nación”, concluyó finalmente Luque.

La diputada nacional por la provincia del Chubut, Ana Clara Romero, dialogó con «Fuerte Y Al Medio» de Radiocracia para opinar acerca del proyecto presentado por el Gobierno Nacional en la Cámara de Diputados, en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI.

En ese marco, remarcó que «desde nuestro lugar vamos hacer todo lo posible para que Argentina no caiga en default pero por otro lado, no podemos apoyar este plan del Gobierno.»

«Hablan de un 80% de aumento de tarifas para un determinado sector, un 10% de la población que por su supuesta capacidad económica dejaría de recibir subsidios.», ejemplificó.

La diputada de JxC cuestionó: «Esto no está ni siquiera segmentado. Hemos preguntado hasta el cansancio cual era la proyección a futuro y no hay forma de que nos den esas precisiones, lo cual preocupa mucho más.»

«Hablan de que no van a aumentar la alicuota de Bienes Personales pero lo cierto es que toman el compromiso de pasar los bienes a valores reales, supuestamente paulatinamente, pero esto implicaría en algunos casos subas superiores al 200 o 300%», remarcó como otro ejemplo.

«No quiero ser irresponsable a la hora de marcar estas cosas, pero que cualquiera tome su boleta de pago inmobiliario y piense lo que vale realmente el lugar donde vive, y si a esa alicuota tendría que aplicársele el valor real.», señaló.

«Entonces, claramente ahí tenemos fuertes diferencias respecto del plan económico que plantea el gobierno nacional, supuestamente para respaldar este nuevo endeudamiento que está tomando, porque no es una refinanciación.», expresó.

«Toman nueva deuda para aplicar a los pagos de esta deuda que se tomó en 2018, a su vez para pagar deudas que tenían larga data, tanto del gobierno kirchnerista como de anteriores.», aclaró respecto al nuevo acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI.

«La deuda externa en nuestro país es un problema estructural», agregó.

Este martes, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, junto a otros mandatarios provinciales, acompañó al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, en su visita al Congreso de la Nación, donde se encuentra en tratamiento el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), remitido por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esa misma mañana, Arcioni mantuvo reuniones junto a gobernadores de otras provincias, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para dialogar sobre la visión del Entendimiento con el FMI en el Congreso.

En diálogo con la prensa, Arcioni expresó que “todas las conversaciones que venimos manteniendo con el Jefe de Gabinete y con el Gabinete económico del Gobierno nacional, nos mantienen informados de todo a los Gobernadores; como también, nuestros diputados que son parte de la Cámara y de la Comisión nos vienen informando”, y añadió: “lo que más nos preocupa ya fue aclarado, justamente, todo el tema de tarifas, y lo que puedan ser obras públicas”.

“Estamos acá para acompañar el crecimiento de la Argentina, acompañar al señor Presidente y a todo su Gobierno, para lograr este consenso”, aseveró Arcioni.

“Vamos a estar esperando las conversaciones y los consensos que se logren en la Comisión, vamos a participar e ir viendo, pero lo cierto es que hay que escuchar a todos, absolutamente todas las posturas”, sostuvo Arcioni y repasó que “más allá de las opiniones que se puedan tener por el acuerdo, lo que ya se logró a lo largo de mucho tiempo de negociación por el Ministro Guzmán con el Presidente-, me parece que son las cuestiones que tienen que estar en discusión, para aprobar o no el acuerdo”, manifestó el Gobernador.

Este lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán brindó su exposición en el marco de la primera jornada de debate en Diputados por la aprobación del nuevo proyecto acordado entre el Gobierno Nacional y el FMI.

En ese marco, el ministro destacó que «desde lo fiscal se apunta a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito y de nuestra moneda».

«Por eso es importante ir bajando el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Se trata de un camino necesario», sentenció Guzmán.

«Aquí en este acuerdo no ha ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral», destacó.

Según publicó Télam, el objetivo del oficialismo es lograr el dictamen para este mismo miércoles, para que el proyecto pueda ser tratado en la Cámara Baja en una sesión especial a más tardar este jueves o viernes.

El pasado viernes, ingresó el nuevo acuerdo entre el Gobierno y el FMI, compuesto de 137 páginas en las que se encuentra el proyecto de ley con cuatro artículos.

Según la letra del proyecto enviada al Parlamento, el nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y consiste en una refinanciación de la deuda tomada en 2018 durante la gestión de Macri.

El acuerdo con el FMI exige al Gobierno un fuerte ajuste para 2023, año de elecciones presidenciales, y los inversores desconfían que se cumpla. La oposición llega dividida a la votación en el Congreso.

El gradualismo que tanto se le criticó a Macri vuelve a ser la receta elegida en esta ocasión por el Gobierno y avalada por el propio FMI. Pero incluso la reducción del déficit primario de 3,1% el año pasado a 2,5% este año no parece sencilla. El acuerdo carga las tintas sobre las tarifas, según publica Infobae.

Mauricio Macri se la jugó el último año de su mandato y le salió mal. Para seguir recibiendo desembolsos del FMI y calmar la situación cambiaria buscó llegar al déficit cero casi de la noche a la mañana, reimplantando retenciones, suspendiendo baja de impuestos y achicando la estructura del Gobierno. Pero en agosto de 2019 se chocó con una derrota de 14 puntos en las PASO que no pudo remontar. Ahora el FMI no le exige tanto a Alberto Fernández, pero sí lo obliga a un ajuste fiscal adicional en medio de un año electoral. Su antecesor lo hizo y perdió. ¿Estará dispuesto a seguir la misma receta?

Incluyendo el ajuste previsto para grandes usuarios, a duras penas se podría alcanzar un recorte de 0,4% del PBI por la eliminación de subsidios. Claro que semejante ajuste tendrá claros efectos sobre la inflación, que según el economista Fernando Marul agregará 3,5 puntos adicionales para 2022.

El acuerdo estipula que para el 1 de junio ya deberán estar eliminados los subsidios energéticos para los hogares más “ricos”. La suba de luz y gas generará un doble impacto en los precios. Por un lado, hay fuertes subas que se aplicarán de manera directa, por ejemplo en luz y gas. Pero, además, como los grandes usuarios tendrán sustanciales aumentos en el costo de la energía, trasladarán ese incremento de costos a los consumidores.

El Gobierno también se comprometió ante el FMI a mejorar la eficacia a la hora de recaudar, se pondrá el foco en reducir la evasión y también avanzará en un revalúo inmobiliario para acercar el valor fiscal de los inmuebles al precio de mercado. Sin embargo, es muy poco o casi nada lo que estas medidas aportarán a mejorar los ingresos en un corto plazo.

Todo conduce a que la baja del rojo fiscal que se precisa para este año la aportará la inflación que apunta a estar un par de escalones arriba en relación al año pasado. Esto es fundamental para el objetivo del Gobierno, porque infla nominalmente la recaudación cada vez que el consumidor compra algo. Y en segundo lugar provoca un silencioso recorte del gasto público, porque tanto el pago de los empleados públicos como de las jubilaciones van quedando rezagados en relación al incremento de precios.

¿De 55% para arriba?
El Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a febrero arrojó una estimación de inflación del 55% para el 2022. Sin embargo, la estimación de las consultoras económicas que participan aún no había incorporado en el análisis la invasión rusa a Ucrania, junto con el aumento récord del precio de las materias.

Está en marcha un tridente que hará volar la inflación este año: tarifazo, suba récord de productos primarios y aceleración del dólar oficial, que el Gobierno también comprometió ante el FMI. Semejante combo presagia un aumento inflacionario muy por encima del registrado en 2021. Según algunas estimaciones preliminares que ya circulan entre economistas, podría llegar al 60%. En febrero (mes de estacionalidad baja) no habría bajado del 4% y en el caso de los alimentos la suba se habría ubicado en torno al 5,5%. Todo esto antes de la guerra.

Todas estas consideraciones no tienen en cuenta la suba de los precios de la energía a nivel global, que también se trasladarán, aunque más lentamente a la Argentina. Habrá presión para que sigan aumentando los combustibles y además la importación de energía en invierno demandará de más dólares y también gatillará un aumento de costos para las empresas.

Los recientes anuncios sobre el acuerdo con el FMI agrandaron la puja entre los funcionarios del sector energético, donde varios responden a Cristina Fernández de Kirchner.

Los recientes anuncios sobre el acuerdo con el FMI y sobre cómo se implementarán las subas de las tarifas de gas y electricidad a lo largo de 2022 agrandaron aún más la interna entre los funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, donde varios responden a la vicepresidenta, según publica Infobae.

Para nada es un tema más: además de ser crucial en los gobiernos de CFK y para muchos una de las claves de que Mauricio Macri perdiera las elecciones en 2019, la cuestión energética estuvo sobre la mese de discusión con el FMI hasta último momento. Es que desarmar la madeja de subsidios y sobrevivir a los tarifazos parece una verdadera misión imposible para cualquier gobernante argentino.

Como si la pelea del año pasado entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y unos de sus subalternos, Federico Basualdo, cercano a La Cámpora y subsecretario de Energía, no hubiera sido suficiente, el mismo día que el ministro envió el acuerdo con el Fondo al Congreso, renunció uno de sus asesores energéticos, Javier Papa, con duras críticas a las medidas de corto plazo del Gobierno. Guzmán echó a Basualdo y luego tuvo que volver sobre sus pasos: el funcionario de tercer rango sigue en funciones y que el apoyo del ala dura de la coalición gobernante.

Tarifas
En conferencia de prensa, esta semana la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, informó que durante 2022 y 2023 la suba de tarifas para los usuarios residenciales iba a ser menor al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, que en 2021 fue del 56,5%.

Los usuarios de mayor poder adquisitivo (se calcula un 10% del total) dejarán de recibir subsidios; los beneficiarios de la tarifa social tendrán un incremento total del 40% del CVS, que rondaría el 22,6%. Y el resto de los usuarios, una suba equivalente al 80% del CVS, un 45,2% aproximadamente.

Esta decisión borró el tope de aumento del 20% que a fines del año pasado habían anunciado los funcionarios del área energética que tienen línea directa con la vicepresidenta; una decisión que no parecía tener el aval de Guzmán, del cual depende la Secretaría de Energía.

El tema tarifas fue clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que reclamaba una reducción de subsidios. Y desde el inicio se sabía que el aumento propuesto del 20% era insuficiente para acercarse a ese objetivo. Con todo, a fines de 2021 al secretario de Energía, Darío Martínez, no le quedó otra opción que ratificar el tope del 20% a través de su cuenta de Twitter.

Otro cortocircuito entre los funcionarios del área se dio a comienzos de febrero de este año, cuando desde el sector cercano al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), dieron a conocer un esquema de segmentación de tarifas por zonas. Abarcaba a 487.000 usuarios residenciales del AMBA, un 10% del total. La mayoría en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Villa Devoto y unas manzanas de Caballito.

Funcionarios cercanos a la vicepresidenta y al Instituto Patria
Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica: Logró permanecer en su cargo a pesar de que a mediados del año pasado se anunció oficialmente que el ministro Guzmán le había pedido la renuncia. Incluso por varias horas se había confirmado que estaba fuera del Gobierno. El conflicto, según trascendió, fueron los escasos avances en la segmentación de tarifas que debía aplicarse desde su área. Es un cuadro de La Cámpora y en el comienzo del Gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo del ENRE (entre 2014 y 2015 ya había sido parte del organismo durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner).

Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas): Está al frente del organismo que regula las tarifas del gas en todo el país. Y es uno de los vocales del Instituto Patria que lidera la vicepresidenta.

Soledad Manín, interventora del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE): llegó al ente en reemplazo de Federico Basualdo. es abogada, investigadora y docente de la UBA. Está especializada en Derecho Administrativo y en Derecho de Consumidores y Usuarios. “No tengo dudas que va tener un excelente desempeño”, dijo Basualdo cuando la nombraron.

Agustín Gerez, presidente de IEASA (la Ex Enarsa): En su cargo, es el encargado de la importación de gas para abastecer al mercado local, entre otras funciones. Asumió en febrero del año pasado. En 2013 comenzó a trabajar en la entonces Enarsa hasta la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, donde fue reemplazado.

La última renuncia
El viernes, mientras el Gobierno daba los detalles finales al acuerdo con el FMI, se hizo pública la carta de renuncia de Papa. Fue la segunda: el año pasado había dejado el cargo de Subsecretario de Planeamiento Energético.