El escándalo de las presuntas coimas en el Gobierno sigue haciendo ruido en el Congreso. El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño pidió la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Salud, Mario Lugones, por la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la salida de su titular, Diego Spagnuolo.
La iniciativa se suma al pedido de citación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la propuesta de creación de una comisión investigadora.
El caso que se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo ya forma parte de la agenda legislativa de esta semana. El miércoles está prevista la presencia de Francos en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión.
Pero Agost Carreño busca que el funcionario y su par de Salud vuelvan a presentarse en el recinto, esta vez para ser interpelados por lo que definió como “un audio que atribuye presuntas solicitudes de dádivas y/o cobros indebidos vinculados a la tramitación de prestaciones, autorizaciones, contrataciones y/o pagos del área de Discapacidad, incluida la ANDIS”.
En el pedido de interpelación presentado ante Diputados —de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional—, el legislador solicita, entre otros puntos, información sobre las denuncias penales presentadas, la autenticidad de los audios, la identificación de funcionarios involucrados, los mecanismos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), los circuitos de pago a prestadores, la existencia de manuales de procedimiento y controles internos, los protocolos de integridad y canales de denuncia, los presupuestos ejecutados, la deuda acumulada y los planes de reforma en el área.
Además, Agost Carreño exige explicaciones sobre las medidas adoptadas para preservar pruebas y proteger la integridad del sistema. “Cómo se resguarda la integridad de la documentación —sea física o virtual— que gestiona la cartera. En el caso de la documentación y/o expedientes electrónicos, indique trazas y registros de acceso así como auditorías informáticas practicadas”, solicitó el diputado por Córdoba.
En los fundamentos del proyecto, advirtió que “de confirmarse, los hechos comprometen las obligaciones del Estado argentino respecto de una población especialmente protegida, cuyo acceso oportuno y transparente a prestaciones, apoyos y servicios es un mandato jurídico y ético”.
Y agregó: “La gravedad del interés comprometido, los derechos de personas con discapacidad y el uso irregular de recursos públicos justifican sobradamente la citación de los funcionarios”.
El cuestionario propuesto se centra en varios ejes: la denuncia penal del Estado y las actuaciones preliminares; la identificación de responsables y la cadena de mando; la revisión de procesos críticos (CUD, auditorías, autorizaciones, nomencladores, pagos); el control de contrataciones e intermediaciones; la evaluación de protocolos de integridad y canales de denuncia; la preservación de pruebas y trazabilidad de sistemas; la continuidad de prestaciones; la ejecución presupuestaria y un plan de reformas con plazos y responsables.
El pedido deberá ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoráz, y cuenta con el respaldo de los diputados Miguel Pichetto, Alejandra Torres, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Juan Fernando Brügge.
